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Industria de hidrocarburos en pleno desastre climático

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Contaminación ambiental petrolera

Solo entre 2016 y lo que va del 2018 la Amazonía peruana enfrentó más de 15 derrames de petróleo.

El cambio climático tiene origen antropogénico, es decir, la acción humana la ha acelerado de manera desmedida los últimos 40 años, donde la quema de petróleo constituye una quinta parte de los gases de efecto invernadero (IPCC) sin contar todos los impactos ambientales que conlleva su extracción, donde muchas veces termina en un desastre ecológico contaminando agua, suelo y aire. Solo entre 2016 y lo que va del 2018 la Amazonía peruana enfrentó más de 15 derrames de petróleo.

A contra corriente de esa realidad y de la reciente aprobación de la Ley Marco de Cambio Climático, Ley 30754, el Congreso de la República está a punto de aprobar la Ley de Promoción de la Industria de Hidrocarburos (PL 2145-2017-PE) una propuesta legislativa retrógrada a iniciativa de la exministra de Energía y Minas Cayetana Aljovín. Al parecer gran parte del Poder Ejecutivo y Legislativo se siguen equivocando al pensar que debilitando el marco de protección de derechos ambientales y sociales van a promover un mayor flujo de inversión, hasta el momento no hay evidencia de que ello ocurra y a mediano y largo plazo esto solo nos llevara a tener la inversión más sucia de la región.

Desde esa lógica perversa, promover la inversión a estas alturas es sinónimo de vulnerar derechos fundamentales adquiridos y conquistados históricamente incluso a costa de la vida. El proyecto de ley pretende realizar una serie de modificaciones a la legislación actual, que representan serios retrocesos para la institucionalidad gubernamental, que en un gobierno republicano están diseñadas, entre otras cosas, para equilibrar el exceso de facultades de un sector sobre el otro o de una autoridad fiscalizadora sobre la propia actividad. Sin embargo, la norma le otorga al Ministerio de Energía y Minas (Minem) una serie de prerrogativas que quiebran la institucionalidad para asegurar únicamente la promoción de la inversión de hidrocarburos.

El Minem desplaza la intervención de actores importantes, como el Ministerio del Ambiente, Ministerio de Cultura, el Ministerio de Agricultura y Riego, y limita competencias de los Gobiernos Regionales; incluso interferiría en el rol de entes fiscalizadores como OEFA u OSINERGMIN eliminando o restringiendo sus funciones reguladoras. Además, flexibiliza los procedimientos administrativos proponiendo el uso de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) como instrumento para la evaluación de actividades de exploración sísmica en lugar de instrumentos ambientales que den mayor seguridad de los impactos de la actividad como son los Estudios de Impacto Ambiental.

El proyecto va más allá, afectando la soberanía territorial y energética del Estado al prorrogar los plazos para las actividades de exploración y explotación de lotes de hidrocarburos hasta los 80 a 100 años; disminuyendo incluso las regalías; pero además el inversor puede realizar cualquier tipo de construcción de infraestructura sin la necesidad de ningún permiso, licencia ni fiscalización y para hacerlo con total tranquilidad el proyecto de ley dispone que el Ministerio de Defensa y Ministerio del Interior brinden al contratista la seguridad para realizar sus operaciones.

El proyecto no ha sido discutido ampliamente y no contó con la participación de actores cuyos derechos serán afectados como es el caso de los pueblos indígenas, además de no tener las opiniones de sectores importantes para llevar a cabo esta reforma. Por todo lo mencionado, este proyecto atenta contra la Constitución Política del Estado, la soberanía nacional en materia energética y control del territorio, pero además quiebra la institucionalidad, vulnera el derecho a un medio ambiente sano y equilibrado y atenta contra los derechos colectivos de los pueblos indígenas, contraviniendo tratados y acuerdos internacionales que promueven la protección de derecho fundamentales como el Convenio 169 de la OIT y recientemente el Acuerdo de París sobre el Cambio Climático.

Este tipo de proyectos nos lleva a reflexionar sobre las otras consecuencias que traerá el cambio climático, puesto que se agudizará la escasez de recursos, lo que generará estrategias de seguridad militar para hacerse con dichos recursos a través del control del territorio. Hay ciertos rasgos de esta norma que hacen presumir ello, sentando las bases legales del control de territorio y recursos por parte de corporaciones trasnacionales; amén de promover la deforestación, la quema de fósiles y contribuir al calentamiento global.

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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