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Indultos, amnistías y gracias de los virreyes y presidentes

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En el virreinato cobraban 4 mil pesos por indulto.

En la época virreinal el indulto, la coima o soborno iban juntas de la mano y tenían un precio especial impuesto por los virreyes. Alfonso Quiroz en su “Historia de la Corrupción en el Perú” afirma que: “los virreyes concedían indultos el día de su santo o de su cumpleaños, a una tasa acostumbrada de hasta cuatro mil pesos”.

Mariano Machado de Chaves autor de “Estado político del reino del Perú”, dice que en 1690 dos virreyes, uno en Perú y otro en México, compraron sus cargos a la corte española. Otro pagó 250 mil pesos para virrey del Perú pero falleció.

El indulto es una gracia del Estado, es la eliminación de la pena, el perdón o suspensión de la condena firme. No es un derecho del condenado. El indulto presidencial es una prerrogativa en el Perú desde 1979, pues antes lo fue exclusivamente del Congreso. La amnistía es el perdón del delito. El presidente solo podía indultar a presos por delitos políticos sociales cuando el Congreso entraba en receso.

En el incario los asesinatos, robos, adulterios, violación, coito con las Vírgenes del Sol, sodomía, bestialismo eran penados con la muerte. En el caso del adulterio, dice que si el marido engañado perdonaba a la mujer ésta era prácticamente indultada.

ERROR JURÍDICO
Javier de Valle Riestra en su apunte: “Amnistía, indulto y gracia: cosa juzgada irrevocable e irrevisable”, dice que Porras Barrenechea asegura que el primer “error jurídico” se cometió contra el conquistador de a pie Juan de la Torre acusado de haber escrito la copla: “Pues señor gobernador/, mírelo bien por entero/, que allá va el recogedor/ y aquí queda el carnicero/”.

La Torre fue condenado a muerte pero el marqués le conmutó la pena por deportación y laceración de la mano derecha. Luego se supo que la Torre era inocente y Pizarro mandó traerlo desde Santo Domingo y le otorgó un repartimiento de indios en Arequipa para reparar el “error jurídico”.

El pacificador Pedro de la Gasca declaró un perdón general en 1544 incluyendo al encomendero rebelde Gonzalo Pizarro quien depuso y decapitó al primer virrey Blasco Núñez de Vela en Añaquito, Ecuador. Gonzalo no se acogió al indulto y fue decapitado tras ser derrotado en la batalla de Jaquijahuana, Cusco, en 1548.

CRISTÓBAL TÚPAC AMARU 1782
Pero el indulto general más grande en Perú, por la cuantía de beneficiados, ocurrió en 1782 a favor de cientos de insurgentes del Cusco y el Alto Perú liderados por Diego Cristóbal Túpac Amaru, primo del cacique cusqueño que continuaba la rebelión y fue otorgado por el virrey Agustín de Jáuregui.

Diego Cristóbal se entregó con sus hombres y armas pero un año después en marzo de 1783 fue apresado con el pretexto que seguían conspirando y fue ejecutado con toda su familia.

Según Lavrenti Coronel Camino, en la Amnistía General en el Perú, dice que es la norma más antigua desde setiembre de 1822. La amnistía aparece en las doce constituciones del Perú desde 1823 a 1993. La Constitución de 1823, dada por el Congreso Constituyente y promulgada por el presidente José Bernardo Tagle en su Art. 60, dice que, “es facultad del Congreso, conceder indultos”.

LEGUÍA AMNISTIÓ A SUS ENEMIGOS
La primera amnistía general del siglo pasado fue otorgada por el presidente López de Romaña (1899-1903), para lograr la paz social y don Augusto B. Leguía dio la orden de amnistiar a los comprometidos en el golpe de Estado fallido contra su persona de 1909.

En 1930, el comandante Luis Miguel Sánchez Cerro autor del golpe contra Leguía, dio una amnistía para calmar revueltas políticas. Y lo mismo hizo el mariscal Óscar R. Benavides que permitió la repatriación de perseguidos políticos con una amnistía general. Víctor Raúl Haya de la Torre preso desde el 6 de mayo de 1932 fue puesto en libertad el 10 de agosto de 1933.

ATENTADO CONTRA SÁNCHEZ CERRO
El 7 de marzo 1932 el aprista José Melgar Márquez, atentó contra la vida del presidente Luis Sánchez Cerro en la Iglesia de Miraflores. Juan Seoane Corrales, hermano de los líderes apristas Manuel y Edgardo Seoane, que vivía cerca del lugar. Fue acusado de darle el arma a Melgar, y ambos fueron condenados a la pena de muerte.

Sánchez Cerro le conmutó la pena de muerte por la de internamiento. Seoane fue finalmente indultado en 1941, por Manuel Prado Ugarteche, quien dio otra amnistía general a los perseguidos políticos en 1956 que la firmó en la Plaza de Armas.

LOS INDULTOS DEL 70 Y LOS 90: VELASCO
El 21 de diciembre de 1970 el general Juan Velasco Alvarado dio una amnistía e indulto general “a todos los inculpados, acusados y sentenciados por delitos calificados como político-sociales y conexos”, que habían participado en levantamientos sediciosos y guerrilleros desde 1965 y que lideró Juan de la Puente Uceda. Al indulto de Velasco se acogieron Hugo Blanco, Héctor Béjar y otros. Blanco fue liberado y deportado a México.

Alejandro Toledo concedió el 14 de junio de 2006 la libertad a través del derecho de gracia al fujimorista Alfredo Jalilie Awapara, exviceministro de Economía condenado a 4 años de prisión por haber entregado ilegalmente 15 millones de dólares de CTS a Vladimiro Montesinos. El beneficiado dizque, tenía un cáncer al ojo.

SIMON Y CROUSILLAT
En 1998 el exparlamentario Yehude Simon, acusado de terrorismo, fue indultado por el presidente Valentín Paniagua. En el 2001 José Enrique Crousillat, accionista de América Televisión, fue capturado tras aparecer en un “vladivideo” recibiendo 1 millón 857 mil soles de Vladimiro Montesinos en una salita del SIN. Posteriormente en compañía de su hijo José Francisco Crousillat Carreño fugaron a Argentina. Extraditados al Perú purgaron prisión.

En el 2009 Alan García indultó a José Enrique Crousillat “por razones humanitarias”, pero en marzo del 2010 fue recapturado al descubrirse que no adolecía de ninguna enfermedad. Fue recapturado y en el 2014 abandonó el penal Castro Castro.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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