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Impunidad y frialdad

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La primera impresión que tuve cuando leí hace unos días la sentencia contra el economista Juan Mendoza por difamación contra su expareja, la periodista Lorena Álvarez, fue qué poco considera la justicia la reputación de una mujer, y me causó indignación que casi un año y medio después del intento de feminicidio de Mendoza contra Álvarez aún no haya un juicio contra el perpetrador.

En este tiempo en que las denuncias de Lorena Álvarez caminan a paso de tortuga en los pasillos del Poder Judicial, Mendoza ha vendido todas sus propiedades y ha huido del Perú.

A pesar que el caso Mendoza – Álvarez ha sido muy mediático, los jueces y fiscales actúan igual que en otros miles de casos de agresión física, sicológica y asesinatos contra mujeres; es decir con total displicencia e indiferencia con la víctima, alargando ad infinitum el trago amargo para ver si la denunciante se cansa y abandona la demanda, o como en el caso de Mendoza, el victimario tenga el tiempo suficiente de poner pies en polvorosa y huir del corto brazo de la ley.

No solo jueces y fiscales se muestran indiferentes ante el dolor de las mujeres, también en el sistema de salud hay profesionales que desde anteojeras ideológicas miran hacia otro lado y no velan por la integridad de cientos de niñas ultrajadas sexualmente que llevan un embarazo no deseado.

A inicios de este mes, una niña de 13 años murió en el hospital Regional de Ica, luego de una cesárea. Nadie le informó que hasta las 22 semanas podía hacerse un aborto terapéutico con todas las garantías que le ofrecen la ley y el sistema de Salud.

El mismo drama lo vive otra niña de 13 años de Villa El Salvador internada en varias ocasiones en el hospital de EsSalud de su localidad porque quedó embarazada producto de una violación, lo que le ha provocado un cuadro de depresión y tiene constantes problemas médicos de diversa índole.

La madre de la niña ha denunciado que en ningún momento le informaron que podía someter a su hija a un aborto terapéutico para salvarle la vida, solo le recomendaron reposo absoluto para seguir con el embarazo.

La ambigüedad que subsiste en cuanto a la difusión de la ley de aborto terapéutico que fue establecida en 2014, permite que los funcionarios de Salud se hagan de la vista gorda con estos casos tan graves, si es que no apelan a sus creencias religiosas e ideológicas. El interés por el futuro de la niña y su hijo es de frialdad ante el sufrimiento.

Impunidad y frialdad en el entorno del sufrimiento de las mujeres de parte de quienes representan al Estado. Impunidad para los agresores y frialdad para las víctimas. Por eso es que no avanza y no podrá avanzar ningún programa que pretenda erradicar la violencia contra las mujeres y enarbolar la igualdad de género.

Las instituciones y entidades deberán trabajar este tema desde la mirada de la víctima, de la sufriente. Lo primero, darle debida difusión a las leyes que las protegen y benefician, con cargo a sufrir una sanción administrativa y/o penal de ameritarse el caso.

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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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