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Historia del despojo del gas y el petróleo

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La lucha patriótica contra el saqueo a Petroperú del Lote 192 para privatizarlo y entregárselo a Frontera/Pacific.

El 2017 Pacific (con el nuevo nombre de Frontera), aliada con funcionarios del Gobierno de PPK, pretende conquistar su gran objetivo: despojar al Perú de las rentas estratégicas de petróleo y gas. El asalto al Lote 192 es el primer paso que pretenden para un objetivo estratégico más amplio de capturar las rentas estratégicas de petróleo y gas del Perú.

El Oficio de la Contraloría General de la República, en el marco del Control Simultáneo de la Contraloría, en relación al Lote 192 y Frontera/Pacific, saca a luz esta estrategia general y constituye otra prueba plena de los graves delitos que están cometiendo la empresa Pacific/Frontera con funcionarios del Estado. Devela la ilegal trama que han estado urdiendo para despojar a la patria de estos recursos. Ampliaré mi Denuncia Constitucional ya presentada contra Ministros del Gobierno, por los graves cargos confirmados.

Las graves faltas de Directorio y Funcionarios de Perupetro el 2017 para tratar de adjudicar el Lote 192 a Pacific/Frontera.

En reciente Informe del 04 de octubre del 2017 la Contraloría señala las siguientes gravísimas observaciones, que denomina “situaciones de riesgo”, lo que no son otra cosa que actos premeditados para descalificar a Petroperú y favorecer dolosamente a la empresa Pacific/Frontera.

Primero, en relación a la carta del 7 de julio 2017 de Petroperú enviada a Perupetro para calificar como empresa Petrolera a fin de asumir el Lote 192, como manda la Ley 30357. La respuesta de Perupetro es descalificar ilegal y tramposamente a Petroperú.

Para esto tergiversan los balances de Petroperú en la calificación, para subordinarla a Pacific/Frontera. Alteran la Presentación de los Balances Generales 2014, 2015 y 2016 de Petroperú.

Advierte la Contraloría que donde dice “Total Pasivo” debía decir “Patrimonio Neto”, y donde dice “Patrimonio Neto” debía decir “Total Pasivo y Patrimonio#. También se alteró el valor de la capacidad de contratación de Petroperú al considerar los últimos 2 años cuando, señala la Contraloría, debía considerarse los últimos 3 años.

Segundo, para completar el fraude en la calificación, inventan un “documento de flujo de caja”, que señala la Contraloría no está previsto en los lineamientos de Calificación de las empresas Petroleras, para descalificar ilegalmente a Petroperú, y favorecer a Pacific/Frontera.

Señala la Contraloría que tergiversó la calificación económica financiera de Petroperú. Basó su conclusión en la información obtenida del Flujo de Caja proyectado al 2025 que presentó Petroperú, cuando, como señala la Contraloría, “el documento denominado Flujo de Caja no está previsto en los lineamientos para Calificación de Empresas Petroleras, como elemento para la calificación económica financiera, por lo que su utilización evidencia un incumplimiento de dichos lineamientos por parte de los funcionarios que tuvieron a su cargo la calificación económica financiera de Petroperú.”

Tercero, en relación a la carta del 31 de julio 2017 de Petroperú y Pacific/Frontera planteando a Perupetro las autorice asociarse para luego negociar un contrato de licencia en Lote 192, con 28% y 72% respectivamente, Perupetro asume directivas ilegales y tramposas para declarar insolvente a Petroperú los primeros 3 años del contrato, para establecer ilegalmente que Pacific sí está calificada, por lo que ella debe asumir el 100% los primeros 3 años.

Señala expresamente la Contraloría: “La calificación conjunta efectuada habilitó a las empresas Petroperú y Frontera (Pacific) para asumir el 28% y el 72% de participación en el contrato del Lote192, respectivamente, lo que pone en riesgo el cumplimiento de los compromiso relacionados con el Programa Mínimo de Trabajo (PMT), ya que según la calificación individual de dichas empresas ambas carecían de capacidad económica financiera para asumir el control del Lote 192, situación que se mantiene independientemente que para efectos de la calificación conjunta los porcentajes de participación se hayan reducido a 28 % y 72 %, respectivamente. En el caso de Petroperú, la carencia de información respecto al Patrimonio Neto Residual impide determinar si califica desde el punto de vista económico financiero para asumir el 28% de participación del Lote 192. En lo que respecta a Frontera (Pacific), según su calificación individual solo acreditó capacidad para asumir el 25 % del Programa de Trabajo Obligatorio”.

Cuarto, la Contraloría enfatiza en su párrafo final del Informe, la gravedad de estas irregularidades: “Asimismo, por los antecedentes del Lote 192 y teniendo en cuenta que en el año 2015 este lote fue materia de una convocatoria a Licitación Pública Internacional optó por segunda vez en favorecer a Pacific mediante una negociación directa sin mayores explicaciones por parte de PERUPETRO comprometiendo la transparencia del proceso de contratación, más aun considerando que se trata de un lote con reservas identificada que demandan un escenario de competencia con fines de transparencia y obtener mejores condiciones para el Estado.”

Antinacional proyecto de Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos
Han logrado que en estos meses se apruebe por Perupetro un antinacional proyecto de Nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (NLOH), con la que alistan su entrada a controlar los negocios directos. Para ello, en la NLOH plantean que lo que era una oficina estatal de contratos en áreas delimitadas, se transforme en un titular de los lotes de petróleo y gas, para su administración y de los procesos de contratación, así como de normar, supervisar y gestionar las regalías estratégicas del Estado, en petróleo y en gas.

Quieren que esta columna vertebral, de interés público nacional sobre territorios y recursos, empresas y bienes de la nación, sea privatizada y manejada por ellos, desde las oficinas de Perupetro, poniendo y sacando gobernantes y administradores. Es lo que ocurre con la exportación del gas en el contrato con México. El directorio de Perupetro ha cambiado ilegalmente la forma de pago de la regalía, para que no se haga según el mandato conquistado por el Perú en el CIADI (que la regalía por la exportación se pague según el lugar final de desembarque para regasificación), imponiendo ahora, por decisión ilegal de Perupetro, una canasta mixta de precios informada y manejada por las empresas exportadoras, según mercados spot y lugares diversos de desembarque.

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Política

Nadie cree que AG sea un perseguido

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Allan Wagner - Julio María Sanguinetti

El panorama político se ensombrece para AG. La incertidumbre de las primeras horas que lo favorecía está dando paso a la toma de posiciones de personajes influyentes en el Perú en la política uruguaya, que no están en la línea de que exista persecución política en Perú.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

El excanciller Allan Wagner, quien fue cercano colaborador de García en sus dos gobiernos, dijo que lamenta que el expresidente Alan García haya solicitado asilo diplomático en lugar de colaborar con la justicia, como lo venía haciendo.

“No existe persecución política en el Perú y es indispensable que todos colaboremos para investigar y sancionar la corrupción”, añadió quien fuera canciller en el primer gobierno de García y ministro de Defensa en su última administración.

Respecto a los comentarios que señalaban que él se encontraría en un dilema por haber combatido la corrupción desde la Asociación Civil Transparencia y varias comisiones, y haber sido ministro de Alan García, enfatizó: “No estoy en un dilema: mi opción indeclinable es por la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, en una radio local Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay que había alentado el asilo, fue claro respecto al pedido de asilo de AG a su país.

“El tema es que no se trata naturalmente de un encausamiento por un tema político sino un eventual delito común, lo cual no está cubierto con la figura del asilo. Así que lo que se tiene que demostrar aquí es que hay una persecución, eso es lo que se tiene que demostrar”, aseveró el exmandatario.

SILENCIO DE LA OEA

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, fue enfático en señalar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería pronunciarse en torno al pedido de asilo político solicitado por García a Uruguay, porque los dos organismos internacionales no deberían guardar silencio.

“Creo que ha sido oportuno y adecuado el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra que, además, se hace dentro del contexto de la lucha contra la corrupción que es un compromiso de todos los países latinoamericanos. En ese sentido creo que organismos internacionales como la OEA no deberían guardar silencio”, aseveró.

Además, agregó: “La OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, no debería guardar silencio, porque, además, dentro de la agenda de la OEA, un punto importante es la lucha contra la corrupción”.

URUGUAY MAL PARADO

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaúnde, advirtió que si el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez le concede el asilo político al exmandatario Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional, y que es absurdo que el exjefe de Estado argumente persecución política.

“No se puede decir, en ningún momento, que hay una interferencia por parte del gobierno respecto a la justicia. Hay que ver que, en la realidad, a lo largo de todos estos procesos que tienen que ver con Odebrecht y la corrupción no tiene que ver solo con Alan García, han estado en la cárcel Ollanta Humala, Keiko Fujimori está detenida, Susana Villarán está encausada”, resaltó.

Indicó que en realidad, es toda la clase política la que está implicada en este caso de corrupción, por eso no se puede hablar de persecución política, y es absurdo.

“La verdad es que si Uruguay le otorga el asilo a Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional. Además, en su momento Uruguay fue considerado una plataforma para el lavado de dinero, o sea hay varios aspectos que indican que Uruguay no quedaría bien parado y resentiría sus relaciones con el Perú”, añadió Belaunde.

ALGO MÁS

El exprocurador Julio Arbizu señaló que AG es una especie de Houdini de la política nacional, por ser el más eficaz escapista de la acción de la justicia.Añadió que es un sujeto que históricamente ha estado sometido a investigaciones y procesos, de los que se ha liberado no siempre por absoluciones ni por archivos, sino por contingencias y por el paso del tiempo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Parlamentarios oficialistas uruguayos dudan de AG

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Senadora Constanza Moreira.

Diversos legisladores del Frente Amplio de Uruguay coincidieron en señalar que dudan de la existencia de una ruptura institucional en Perú. Asimismo, manifestaron que su canciller debe tomar una decisión de acuerdo a la información entregada por el Ejecutivo peruano.

Ruben Martínez Huelmo, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), parte del FA, destacó la necesidad de esperar que el gobierno uruguayo reciba un informe por parte del gobierno de Martín Vizcarra sobre la situación de García.

Asimismo, indicó que, a partir de la información judicial aportada por Perú, Uruguay deberá definir si existe una persecución o si se pretende eludir el proceso judicial.

DUDAS

Martínez Huelmo también consideró que no da la impresión de que exista una ruptura institucional en Perú. En ese sentido, afirmó que para que haya una persecución tiene que estar muy bien probada.

Juan Castillo, senador del Partido Comunista, también integrante del FA, advirtió que “por los pocos datos que hay, no estamos hablando de un caso de persecución política, no parece ser un tema de derechos humanos ni parece ser de vida o muerte”.

Además, destacó que las “apreciaciones primarias indican que García está sujeto a un proceso por corrupción” y consideró que “no se puede estar diluyendo la figura del asilo político, que se tiene que prestar en algunas instancias y no parece esta una de ellas”.

Por su parte, Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, se pronunció mediante la cuenta de su red social Twitter: “Confiamos en que la Cancillería de nuestro país actuará atendiendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos que se han pronunciado sobre el caso” y que en el Perú rechazan el asilo.

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Política

“Vine, vi, huí”

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Alan García Pérez

Alan García ha sido insistente y reiterativo en reclamar, proclamar y presumir su inocencia en el caso Lava Jato. “Otros se venden, yo no”, ha sido el hashtag, lema y mantra en sus campañas, desde el twitter hasta el Congreso. Y con la misma actitud, si acaso más beligerante, llegó hace pocos días al Perú a declarar ante el equipo fiscal dirigido por José Domingo Pérez Gómez que investiga gran parte de este caso.

Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Ronald Martínez Pancevic).

El jueves 15 de este mes, García declaró: “Dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen, veinte millones menos ocho que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo!”.

Él no lo sabía aún, pero en esas horas, IDL-Reporteros acababa de publicar una nota que cambió en forma sustantiva el curso de la investigación: Poco antes de las diez de la mañana y luego de las larguísimas horas de los cierres de real importancia, en los cuales, sin que importe cuánto trabajo se haya hecho antes, todo se chequea y verifica de nuevo, IDL-R publicó “Alan García y la Caja 2”.

Si el expresidente desafió a que se presentaran pruebas si las había, ahí tuvo todas las necesarias y bastante más.

Hasta ese momento, Alan García había sostenido que él no había recibido dinero de Odebrecht y que todos los ingresos que tuvo, incluso la conferencia del 25 de mayo de 2012 en Sao Paulo, por la que le pagaron cien mil dólares, provinieron de hombres de negocios e industriales representados por un agente intermediario. En ese caso, el estudio de abogacía Spinola.

La nota de IDL-R demostró que García había mentido.

Fue Odebrecht quien pagó la conferencia. Y lo hizo a través de su Caja 2, utilizada primordialmente para el pago de coimas. El abogado Spinola trabajaba para el sector de operaciones estructuradas y, en este caso, hizo de testaferro a cambio de un honorario de 15 mil dólares.

La investigación de IDL-R no solo aportó los correos electrónicos en los que se decide hacer el pago clandestino para disfrazar la fuente de origen y se define y ejecuta luego el procedimiento para hacerlo.

Se aportó además la identidad de los funcionarios de Caja 2 que intervinieron en el proceso, a través de sus propias confesiones, especialmente la del propio Spinola que luego de cuatro años confesó en detalle sus trabajos clandestinos para Odebrecht. En esas confesiones, registradas en vídeo, que IDL-R obtuvo hace meses como parte de la red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado que esta publicación fundó, Spinola dio a conocer los seudónimos que él y otros utilizaron en el sistema encriptado Drousys, donde aparece como uno de los que discutieron cómo pagarle los 100 mil dólares a García en forma que pareciera un pago de otro origen.

Ante eso, Alan García no tuvo otro remedio que reconocer la fuente del pago. Lo hizo el sábado 17, en su última declaración a la prensa. Pero se justificó en la ignorancia, en no saber quién le pagaba y ni siquiera qué era la Caja 2 (él la llamó ‘la Caja B’).

Pero cuando lo dijo, sabía que la excusa era más que endeble. Porque la nota de IDL-R dejó claro que él participó en la operación de ocultamiento.

La conferencia se realizó el 25 de mayo de 2012. Los primeros mensajes cifrados de Caja 2 para disfrazar el pago fueron el 14 de junio siguiente. Hasta entonces Spinola no había intervenido para nada. Sin embargo, el contrato que recibió primero en borrador y que luego fue firmado por Alan García tuvo como fecha el 5 de abril. El recibo por el pago estuvo fechado el 24 de mayo. El pago se realizó solo en julio. En el proceso intervinieron funcionarios de Odebrecht que transmitieron los datos bancarios de García, le llevaron el contrato y recibo con fechas atrasadas para que lo firmara y después contactaron a Spinola y otros funcionarios para que realizaran el pago.

Fue imposible que García no se diera cuenta del juego de fechas, de la adaptación de documentos, del nuevo nombre del agente con el que nunca había hablado. Por poco inteligente que fuera, y no lo es, estaba claro que se trataba de disfrazar una transacción. Y él fue parte del proceso.

En esas horas, la decisión fue tomada. Es posible que haya estado presente la idea del asilo como plan de contingencia de último recurso. Pero, cuando el sábado 17, el juez le impuso impedimento de salida por 18 meses, García reaccionó con aparente calma. “Para mí no es un castigo ni un deshonor estar permanentemente en mi patria…”, dijo poco antes de fugar.

¿Por qué huyó, sabiendo el efecto de demolición que la fuga significaba para su imagen, liderazgo y prestigio?

Porque lo que publicó IDL-R representó la primera y decisiva brecha en su estrategia de negar toda responsabilidad en el caso Lava Jato. Ya había un caso, claro, demostrado, contundente y procesable.

En las investigaciones y los procesos, el primer gran hallazgo es lo importante. Luego vienen los demás. Había confesiones pendientes, sobre las cuales él ahora tenía ya una profunda y justificada inseguridad. Había colaboraciones eficaces en curso, delaciones premiadas también. La hora de la verdad se acercaba. Y a esas alturas, viendo los correos electrónicos del sistema Drousys de Odebrecht, que lo nombraban, García entendió que los 18 meses en Perú se iban a extender mucho más, en juicios y revelaciones, probables sentencias.

Por eso escapó. No de una dictadura, como pudo reclamar antaño, sino de una democracia por una vez funcional que avanzaba a descubrir, procesar y castigar delitos de corrupción.

En los años de la guerra fría cuando la ciudad de Berlín estaba dividida entre dos sistemas, se decía que los ciudadanos de Berlín Oriental, que no podían votar, proclamaban su preferencia votando con los pies. Es decir, huyendo a Berlín Occidental. En Lima, el 2018, Alan García no votó sino confesó con los pies.

García hace poco escribió que “como aprista, creo en la historia”, por más que la historia no sea materia de fe sino de estudio. Quizá la notable brevedad de su visita al Perú remita, por contraste, a los clásicos. Según Suetonio, Julio César resumió en tres palabras su informe al Senado sobre una batalla victoriosa en el año 47 A.C. “Vine, vi, vencí”. En el caso que vemos, las palabras pueden ser tres también: “Vine, vi, huí”.

Claro que su ejemplo no fue el de Julio César sino el de Bettino Craxi. En la historia, al fin, cada cual escoge sus maestros.

 

Gustavo Gorriti
IDL-Reporteros

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