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Historia de una infamia negra como el petróleo

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La historia del Lote 1-AB, ahora denominado Lote 192 por razones de fuerza mayor, resume una historia negra de infamia, de entreguismo de nuestros gobernantes hacia el poder de las empresas transnacionales, constituye una fuente de corrupción, es un sinónimo de contaminación ambiental con históricos pasivos contra el equilibrio natural de la Amazonía que nadie asume en serio, a pesar de casi cuarenta y cinco años (45) de explotación privada desde 1973 al 2017.

Son responsables de tal realidad el Estado, capturado por el capital privado, con el organismo regulador Perupetro como también las empresas Occidental Petroleum (OXY), que sería la mayor contaminante, y también la quebrada canadiense Pacific Stratus Energy que adopta otros nombres para despistar, que desde fines del 2015 tiene la responsabilidad sobre el Lote 192.

Es más, a nivel laboral el Lote 1-AB, ahora Lote 192, expone la cruda explotación laboral, en el aislamiento de la selva, con jornadas atípicas de trabajo y enajenación de la participación de las utilidades a los trabajadores que en lugar de percibir como actividad extractiva el 8 por ciento de la utilidad imponible, les han distribuido apenas el 5 por ciento de la utilidad imponible, como si fueran trabajadores de una actividad de servicios tipo comercio.

A ello debe sumarse el despido de más de trescientos trabajadores de parte de Pacific Stratus que operaban el Lote 1-AB con reconocida experiencia petrolera, pues muchos de ellos provenían de las operaciones de OXY, a los cuales no se les ha reconocido la estabilidad del trabajo en las operaciones, para contratar a jóvenes con menores remuneraciones.

Así, desde inicios de los años setenta del siglo pasado con la OXY de Arnold Hammer, pasando por Pacific Stratus el Lote 1-AB siempre ha estado bajo gestión privada, cuando por mandato de la ley de hidrocarburos debió ser transferida a la petrolera estatal Petroperú en agosto del 2007, tal como lo disponía la ley de hidrocarburos vigente en 1986.

La importancia del Lote 1-AB, ahora llamado Lote 192, al cual se le han sumado miles de hectáreas, está ubicado en la selva norte en la localidad de Andoas, en la provincia Datem del Marañon, en el departamento de Loreto y hasta el año 2015 ha sido el lote responsable de la mayor producción de petróleo crudo y es también el lote que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo, probables y posibles del país, que en última instancia determinan su valor.

Con el cuadro y gráfica correspondiente a “Producción de Petróleo en el Lote 1-AB” se puede captar el comportamiento de la producción desde 1995 a cargo de la Occidental con una producción diaria promedio de 53 mil barriles, con una tendencia a la disminución crónica, pues en el 2000 se producía un poco más de 36 mil barriles diarios para seguir en bajada a los 26,660 mil barriles en el 2007, para ubicarse en los 9,510 barriles en el 2015 y llegar a 3,000 barriles diarios como promedio en el período enero/agosto del 2017.

Al margen de la tendencia decreciente de la producción debemos señalar los problemas del Oleoducto Norperuano de Petroperú, con atentados de terceros recurrentes desde el 2015, que explican la mínima producción de crudo del Lote 1-AB, ahora denominado Lote 192.

Sin embargo a pesar de los problemas del Oleoducto Norperuano, las reservas probadas y probables del Lote 192, con sus instalaciones determinan que tenga un gran potencial económico que se potenciaría con la modernización de la refinería de Talara-Petroperú a partir del 2021.

Refinería de petróleo y gas en la selva

¡GRAVE CONTAMINACIÓN SIN RESPONSABLES!
Los diversos grupos étnicos de la Amazonía desde el 2009 de forma recurrente toman sus instalaciones como medida de protesta ante la inopia y desinterés del propio Estado de solucionar positivamente la grave contaminación ambiental, pues recién en dicho año, por la presión social, se impone la reinyección de las aguas residuales con contenido de aceites, aditivos que hasta ese entones se vertían irresponsablemente en los ríos, lagunas, contaminando el ambiente.

Los nativos aguarunas, achuares, jíbaros etc. están hastiados de la grave contaminación ambiental, cansados de las “múltiples mecidas” de los propios representantes del Estado para resolver el grave problema ambiental, donde se verifican más de 90 pasivos ambientales que no tienen solución hasta ahora y ninguna valorización sobre el costo de remediación por asumir, tanto de parte de las empresas, ni de parte del Estado ni del organismo regulador y promotor de la inversión en el sector de hidrocarburos: Perúpetro.

En la renegociación contractual de 1986 con la OXY durante el gobierno de Alan García, ni la negociación del 2001 en el gobierno de transición, ni en el 2015 con el gobierno de Humala se asumió con seriedad resolver el problema de los pasivos ambientales; la política ha sido siempre “soplar la pluma” es decir, derivar hacia más adelante la remediación ambiental.

Cabe recordar que según declaraciones de una empresa cuando operaba dicho lote ante la naturaleza de crudo pesado extraído del Lote 1-AB para poder extraer 3 barriles se hacía necesaria la inyección de 97 barriles de aguas tóxicas con químicos que una vez obtenido el crudo eran vertidas al medio ambiente contaminando ríos, lagos y lagunas emprobreciendo a la madre naturaleza.

Por ello, el gobierno de ese entonces, por la presión de las comunidades nativas comprometió a una empresa a ejecutar las inversiones en la reinyección de las aguas tóxicas cuestión que se práctica desde el 2010 mas los pasivos ambientales no han sido resueltos.

Refinería de petróleo y gas en la selva

UN POCO DE HISTORIA
Durante el gobierno de transición democrática 2000/2001 se llevó cabo una extensión contractual hasta agosto del 2015 por el lote 1-AB, a favor del nuevo operador que negoció con la OXY la transferencia de dicho contrato. Éste debía caducar en agosto del 2007 en razón de la renegociación alcanzada durante el primer gobierno del presidente Alan García (22 de marzo de 1986)

En el lote 192 antes 1-AB a diciembre del 2014 según el Libro Blanco de Reservas se reconocían un poco más de 134 millones de barriles de reservas de crudo pesado que tienen un alto valor de mercado así el crudo tenga un precio menor a los US $ 50 dólares el barril.

Para el 2017 si se descuenta la producción acumulada del 2015 un poco más de 3.4 millones de barriles y el 2016 menos de 0.5 millones de barriles, las reservas probadas explotables comercialmente bordean los 74 millones de barriles, pues con los precios internacionales deprimidos menores a los 50 dólares el barril, el valor económico del lote disminuye, pero siguen siendo rentables pues dicho lote con precios de 30 dólares el barril le generaba utilidades al operador.

Claro está si dicho lote hubiese sido transferido a PetroPerú en el 2007, la estatal se hubiese beneficiado con el ciclo alto de precios del petróleo que llegaron a bordear los US $ 100 dólares el barril con excepción de los niveles del 2009 por la crisis financiera, para luego recuperarse en 2011 hasta el 2014.

Se debe tener presente que el valor de las reservas probadas que se pueden explotar depende del precio de mercado y de la tecnología apropiada, y la producción del crudo del lote 192 antes lote 1-AB tenía que ser exportada a precios castigados pues no puede ser tratada por ninguna refinería que opera actualmente en el país.

En el caso del lote 192 con el nivel de reservas probadas al 2014 el horizonte de vida sería superior a los 20 años sin contar las reservas probables, posibles y recursos que se estiman superiores a los 400 millones de barriles, pues estamos ante el lote más importante del país a pesar de su antigüedad.. (Ver cuadro de Reservas Probadas)

En tal sentido, debe reconocerse que a partir del 2021 las reservas probadas y probables del lote 192 podrán ser tratadas por la refinería modernizada de Talara que contaría con una unidad de tratamiento de crudo pesados. Es decir, la fracturación del crudo pesado del lote 192, e incluso de otros lotes como del lote 67, lote 39 podría ser tratada en la refinería de PetroPerú.

Si el lote 192 fuese transferido a PetroPerú como así lo dispone la ley aprobada por el Congreso de la República en el gobierno anterior, la petrolera estatal contaría con la ventaja de contar con producción propia, tanto del crudo ligero proveniente del lote 64 como del 192, usando su propio oleoducto para el traslado del petróleo y dotaría de un mayor agregado al crudo tratado en su refinería para transformarlo en diesel 2 limpio con 50 partes por millón de azufre con mayores volúmenes de gasolinas.

Estas son las ventajas de la integración vertical de las actividades que el Congreso de la República aspiraba mediante la ley aprobada del 4 de setiembre del 2015 mediante la más amplia mayoría parlamentaria, cuando suscribía que “Autorícese a Perúpetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente Ley 30130 (….)

Sin embargo, las fuerzas oscuras de la antipatria, el interés privado por encima del público existentes en el organismo regulador PerúPetro, y el propio Ministerio de Energía y Minas le negan al país contar con la integración vertical, pues las reservas probadas del lote 192 tienen un mayor valor con la refinería modernizada de Talara, dado que la producción de dicho lote antes que ser exportada podría ser refinada en el país a partir del 2021, para bien de la acumulación interna.

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Política

Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

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Aprueban bicameralidad pero sin confianza en el fujimorismo

La Comisión de Constitución aprobó el retorno a la bicameralidad del Congreso de la República, al establecer que estará integrado por dos cámaras: Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. De los 17 congresistas que participaron de la sesión, 13 votaron a favor y 4 se abstuvieron. No hubo ningún voto en contra.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso (APP), saludó el avance en el predictamen de la bicameralidad en la Comisión de Constitución, pero cuestionó la escopeta de dos cañones de Fuerza Popular porque,para ella, es una bancada que no piensa en los intereses del país sino en los partidarios.

“Los veo con ánimos de confrontar, si bien se avanzó con lo de la bicameralidad y parte del tema de los aportes a las campañas, tenemos que lograr el mayor consenso posible, porque estos son temas que tenemos que votarlos a conciencia porque le va a hacer bien al país y no de manera partidaria”, afirmó

GENERAN DUDAS

Indicó que tiene muchas dudas sobre el comportamiento de los congresistas de Fuerza Popular, porque ellos siguen con la actitud de insultar al presidente Vizcarra, incluso refirió que ayer uno de sus congresistas lo tildó de ignorante, y su bancada tuvo que protestar para que retire la frase.

“Ellos están viendo qué les conviene o qué no les conviene y no están pensando en que es lo mejor para el país, piensan en sus propios intereses, en dónde o cómo se ubican pero no están viendo qué le conviene al pueblo”, destacó.

La legisladora aseguró que el fujimorismo se ha repartido roles, uno para apurar la propuesta de reformas, otros para criticarlo.

“Como ejemplo están sus votos en la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, tuvieron votos divididos. Están jugando, dividen el voto de tal manera que tengan respuestas a favor y en contra”, aseveró.

EN NÚMEROS

Se pronunciaron a favor del restablecimiento del Senado los parlamentarios: Miguel Castro, Mario Mantilla, Luis Galarreta, Tamar Arimborgo, Úrsula Letona y Gilmer Trujillo de Fuerza Popular, Gilbert Violeta y Patricia Donayre de Peruanos por el Kambio y Javier Velásquez del Apra.

Asimismo, Marisa Glave de Nuevo Perú, Yonhy Lescano de Acción Popular, Gino Costa de No Agrupados y Marisol Espinoza de Alianza para el Progreso. Y se abstuvieron: Lourdes Alcorta, Nelly Cuadros y Luz Salgado de Fuerza Popular y Marco Arana del Frente Amplio.

ALGO MÁS

La decisión modifica el Artículo 90° de la Constitución Política del Perú y señala que “El Poder Legislativo reside en el Parlamento Nacional, el cual está integrado por dos cámaras, la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados”.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Informe plantea destituir al fiscal naranja

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Informe plantea destituir al fiscal naranja

Casi tres meses después que se revelaron los ‘CNM audios’ mediante IDL-Reporteros, recién parece abrirse paso la justicia. El informe acusatorio del parlamentario Juan Sheput, presentado ayer, propone que el fiscal de la Nación Pedro Chávarry, sea destituido e inhabilitado.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República debe aprobar pronto este informe y elevarlo a la Comisión Permanente.

El documento emitido por el legislador Sheput, dice como conclusión “que el fiscala Pedro Gonzalo Chávarry es autor de graves infracciones a los artículos 3º, 39º, 44º y 158º de la Constitución Política del Perú; así como el artículo 45º de la misma norma suprema”.

Asimismo, propone “que se le imponga la sanción de destitución del cargo de Fiscal de la Nación y la inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública”.

“Una vez que sea aprobado por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, remitiéndose el presente informe a la Comisión Permanente del Congreso de la República, a fin de que continúe el procedimiento establecido por el literal d.6 del artículo 89º del Reglamento del Congreso”, finaliza.

Pedro Chávarry es para muchos el candado que tiene Fuerza Popular para mantener la impunidad de su bancada, de la ‘Señora K’, de AG, y la herramienta para intentar doblegar al Ejecutivo. Por eso, lo más probable es que este sea el inicio de otro escenario de conflicto entre el Gobierno y el fujimorismo.

CHÁVARRY, BECERRIL Y RODRÍGUEZ

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales recibió además los informes finales sobre los casos del expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, y del parlamentario Héctor Becerril, de Fuerza Popular.

El grupo parlamentario convocará el lunes la sesión para la evaluación de los informes y el debate se realizaría entre el martes y el miércoles, previa coordinación con la Mesa Directiva.

César Vásquez, parlamentario de Alianza para el Progreso, quien trabajó el informe sobre Becerril, investigado por presuntamente haber tratado de influir en la elección del presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) en el año 2017, aseguró que en su investigación se han recogido los testimonios y pruebas suficientes para llegar a una conclusión objetiva.

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Política

Salaverry, Chihuán y el “cambiazo” sobre acuerdo de confianza dado al Gobierno

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Leyla Chihuán

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunicaron ayer al presidente Martín Vizcarra que “el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto, al mencionar el oficio 257, vincula legal y políticamente la cuestión de confianza a la aprobación de las cuatro reformas políticas planteadas por el Ejecutivo, aunque sin fecha límite y sin mención del proyectado referéndum del próximo 9 de diciembre.

PLAZO Y REFERÉNDUM

Esta rectificación del Congreso reduce entonces la controversia Ejecutivo–Legislativo a los temas del plazo de aprobación de las tres reformas pendientes (bicameralidad, no reelección de congresistas, financiamiento de los partidos políticos) y a la realización del referéndum del 9 de diciembre, para ponerlas en vigencia sin esperar su aprobación en una segunda legislatura.

En tal confrontación vigente, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva ha explicado que el Ejecutivo no incluyó en ningún documento oficial en plazo de aprobación de las reformas para evitar que ciertos congresistas lo tomaran como una imposición y porque ellos mismos se fijaron el 4 de octubre como límite. Villanueva reiteró que si todo va bien, el Gobierno no tiene en la cabeza cerrar el Congreso en son de golpe de Estado.

Esos dos puntos, no son poca cosa, en el contexto de versiones periodísticas respecto a que la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, habría ordenado dos operaciones encubiertas: la primera para sabotear la aprobación de las reformas y, sobre todo, el referéndum; y la segunda, para perjudicar al presidente Vizcarra haciéndole blanco de acusaciones de presuntos ilícitos.

LA ESTRATEGIA ‘K’

El sabotaje a las reformas y el referéndum habría sido encargado por Fujimori Higuchi al equipo formado por: Luis Galarreta, Héctor Becerril, Miguel Ángel Torres, Úrsula Letona, Karina Beteta, Rosa Bartra y Luz Salgado, todos coordinados electrónicamente (Marchand, Eloy, semanario H13. 2018).

Ellos se encargarán de desacreditar a Vizcarra acusándolo de golpista. Asimismo, buscarán posponer al máximo la aprobación de las reformas y de corromper el referéndum planteando que se pregunte temas que provocarían respuestas negativas de los electores.

Otro equipo de Fuerza Popular está acopiando información sobre todo tipo de gestión de Vizcarra, tanto privada y como en la gobernación de Moquegua.

La Comisión de Fiscalización citará al Presidente a declarar sobre el caso Chinchero para tratar de involucrarlo a partir de declaraciones del excontralor Edgar Alarcón, quien ya ha declarado ante un fiscal supremo, que siendo ministro de Transportes y Comunicaciones, Vizcarra lo visitó varias veces para presionarlo a fin de que emitiese una auditoría favorable al contrato del aeropuerto internacional de Chinchero, en el Cusco.

La historia del “cambiazo”

En su parte medular el oficio Nº 257- 2018-PR, enviado el lunes 17 al presidente del Congreso, Daniel Salaverry por el presidente Martín Vizcarra y el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, manifiesta:

“Referencia: convocatoria a legislatura extraordinaria. (…) En relación a los ejes 1 y 2 de la Política Genera de gobierno, aprobada por el Decreto Supremo Nº 056- 2018- PCM sobre la integridad y la lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentadas en los 4 proyectos de ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República a fin de que se debatan y aprueben, con carácter de URGENTE.

En ese contexto, estando a la facultad conferida por el inciso e) del artículo 115 de la Constitución Política del Perú, convoco al Congreso de la República a legislatura extraordinaria para el día 19 de setiembre a las 8:00 horas, a fin de que el presidente del Consejo de Ministros plantee cuestión de confianza sobre los ejes 1 y 2 de la Política General del Gobierno, haciendo uso de la facultad conferida en el artículo 133 de la Carta Magna”.

César Villanueva en el Congreso

Nuevo texto oficio Nº 070

El oficio Nº 070- 2018- 2019, con el nuevo texto rectificado fue recibido por la mesa de partes de Palacio de Gobierno a las 9:14 a.m. de ayer y en lo sustancial dice:

“Nos dirigimos a usted para comunicarle, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 de la Constitución Política del Perú y en los artículos 82 y 86 del Reglamento del Congreso de la República, que el pleno del Congreso por mayoría, acordó otorgar la cuestión de confianza planteada por el señor César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, referida en el Oficio N° 257-2018-PR”.

Este nuevo texto corresponde al acuerdo previo que tomó la junta de portavoces de someter al pleno como moción única, el contenido del pedido de confianza del Gobierno contenido en su oficio Nº 270 firmado por el presidente Martín Vizcarra y por el presidente del Consejo de Ministros.

César Villanueva.

PRIMERA VERSIÓN ‘TRUCHA’

Obsérvese que la primera versión del mismo oficio, enviada al Gobierno por Salaverry y Chihuán tan pronto el Congreso acordó conceder la confianza, es distinta, pues no contiene ninguna referencia al oficio Nº 257:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de Gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

‘CAMBIAZO’ SALAVERRY – CHIHUÁN

Esto demuestra que la dupla Salaverry – Chihuán realizó un burdo “cambiazo” del acuerdo de portavoces para tratar de desvincular la confianza otorgada de la aprobación de las cuatro reformas políticas.

Sin embargo, tuvieron que recular sin realizar mayor comentario, ante la protesta de la bancada de Nuevo Perú por el escamoteo a lo acordado por los portavoces, y a causa de las críticas de distintos medios de prensa que ayer menudearon contra la conducta de Fuerza Popular y la directiva del Congreso.

A pesar del develamiento de la fallida jugarreta de Salaverry – Chihuán, la portavoz de Fuerza Popular, Úrsula Letona, continuó insistiendo ayer en que la aprobación de la confianza al Ejecutivo no está sujeta a la aprobación de las reformas.

La congresista Marisa Glave, de Nuevo Perú, le respondió que la aprobación de las reformas pendientes sí está vinculada directamente con la cuestión de confianza, según los documentos oficiales.

ALGO MÁS

Glave añadió: “Una cosa que me parece delicada de los colegas del fujimorismo es que su conducta muestra que realmente son una organización política que no aguanta perder en algún tipo de escenario, por lo que siguen insistiendo en que no necesariamente irán a referéndum”.

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