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Historia de una infamia negra como el petróleo

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La historia del Lote 1-AB, ahora denominado Lote 192 por razones de fuerza mayor, resume una historia negra de infamia, de entreguismo de nuestros gobernantes hacia el poder de las empresas transnacionales, constituye una fuente de corrupción, es un sinónimo de contaminación ambiental con históricos pasivos contra el equilibrio natural de la Amazonía que nadie asume en serio, a pesar de casi cuarenta y cinco años (45) de explotación privada desde 1973 al 2017.

Son responsables de tal realidad el Estado, capturado por el capital privado, con el organismo regulador Perupetro como también las empresas Occidental Petroleum (OXY), que sería la mayor contaminante, y también la quebrada canadiense Pacific Stratus Energy que adopta otros nombres para despistar, que desde fines del 2015 tiene la responsabilidad sobre el Lote 192.

Es más, a nivel laboral el Lote 1-AB, ahora Lote 192, expone la cruda explotación laboral, en el aislamiento de la selva, con jornadas atípicas de trabajo y enajenación de la participación de las utilidades a los trabajadores que en lugar de percibir como actividad extractiva el 8 por ciento de la utilidad imponible, les han distribuido apenas el 5 por ciento de la utilidad imponible, como si fueran trabajadores de una actividad de servicios tipo comercio.

A ello debe sumarse el despido de más de trescientos trabajadores de parte de Pacific Stratus que operaban el Lote 1-AB con reconocida experiencia petrolera, pues muchos de ellos provenían de las operaciones de OXY, a los cuales no se les ha reconocido la estabilidad del trabajo en las operaciones, para contratar a jóvenes con menores remuneraciones.

Así, desde inicios de los años setenta del siglo pasado con la OXY de Arnold Hammer, pasando por Pacific Stratus el Lote 1-AB siempre ha estado bajo gestión privada, cuando por mandato de la ley de hidrocarburos debió ser transferida a la petrolera estatal Petroperú en agosto del 2007, tal como lo disponía la ley de hidrocarburos vigente en 1986.

La importancia del Lote 1-AB, ahora llamado Lote 192, al cual se le han sumado miles de hectáreas, está ubicado en la selva norte en la localidad de Andoas, en la provincia Datem del Marañon, en el departamento de Loreto y hasta el año 2015 ha sido el lote responsable de la mayor producción de petróleo crudo y es también el lote que cuenta con las mayores reservas probadas de petróleo, probables y posibles del país, que en última instancia determinan su valor.

Con el cuadro y gráfica correspondiente a “Producción de Petróleo en el Lote 1-AB” se puede captar el comportamiento de la producción desde 1995 a cargo de la Occidental con una producción diaria promedio de 53 mil barriles, con una tendencia a la disminución crónica, pues en el 2000 se producía un poco más de 36 mil barriles diarios para seguir en bajada a los 26,660 mil barriles en el 2007, para ubicarse en los 9,510 barriles en el 2015 y llegar a 3,000 barriles diarios como promedio en el período enero/agosto del 2017.

Al margen de la tendencia decreciente de la producción debemos señalar los problemas del Oleoducto Norperuano de Petroperú, con atentados de terceros recurrentes desde el 2015, que explican la mínima producción de crudo del Lote 1-AB, ahora denominado Lote 192.

Sin embargo a pesar de los problemas del Oleoducto Norperuano, las reservas probadas y probables del Lote 192, con sus instalaciones determinan que tenga un gran potencial económico que se potenciaría con la modernización de la refinería de Talara-Petroperú a partir del 2021.

Refinería de petróleo y gas en la selva

¡GRAVE CONTAMINACIÓN SIN RESPONSABLES!
Los diversos grupos étnicos de la Amazonía desde el 2009 de forma recurrente toman sus instalaciones como medida de protesta ante la inopia y desinterés del propio Estado de solucionar positivamente la grave contaminación ambiental, pues recién en dicho año, por la presión social, se impone la reinyección de las aguas residuales con contenido de aceites, aditivos que hasta ese entones se vertían irresponsablemente en los ríos, lagunas, contaminando el ambiente.

Los nativos aguarunas, achuares, jíbaros etc. están hastiados de la grave contaminación ambiental, cansados de las “múltiples mecidas” de los propios representantes del Estado para resolver el grave problema ambiental, donde se verifican más de 90 pasivos ambientales que no tienen solución hasta ahora y ninguna valorización sobre el costo de remediación por asumir, tanto de parte de las empresas, ni de parte del Estado ni del organismo regulador y promotor de la inversión en el sector de hidrocarburos: Perúpetro.

En la renegociación contractual de 1986 con la OXY durante el gobierno de Alan García, ni la negociación del 2001 en el gobierno de transición, ni en el 2015 con el gobierno de Humala se asumió con seriedad resolver el problema de los pasivos ambientales; la política ha sido siempre “soplar la pluma” es decir, derivar hacia más adelante la remediación ambiental.

Cabe recordar que según declaraciones de una empresa cuando operaba dicho lote ante la naturaleza de crudo pesado extraído del Lote 1-AB para poder extraer 3 barriles se hacía necesaria la inyección de 97 barriles de aguas tóxicas con químicos que una vez obtenido el crudo eran vertidas al medio ambiente contaminando ríos, lagos y lagunas emprobreciendo a la madre naturaleza.

Por ello, el gobierno de ese entonces, por la presión de las comunidades nativas comprometió a una empresa a ejecutar las inversiones en la reinyección de las aguas tóxicas cuestión que se práctica desde el 2010 mas los pasivos ambientales no han sido resueltos.

Refinería de petróleo y gas en la selva

UN POCO DE HISTORIA
Durante el gobierno de transición democrática 2000/2001 se llevó cabo una extensión contractual hasta agosto del 2015 por el lote 1-AB, a favor del nuevo operador que negoció con la OXY la transferencia de dicho contrato. Éste debía caducar en agosto del 2007 en razón de la renegociación alcanzada durante el primer gobierno del presidente Alan García (22 de marzo de 1986)

En el lote 192 antes 1-AB a diciembre del 2014 según el Libro Blanco de Reservas se reconocían un poco más de 134 millones de barriles de reservas de crudo pesado que tienen un alto valor de mercado así el crudo tenga un precio menor a los US $ 50 dólares el barril.

Para el 2017 si se descuenta la producción acumulada del 2015 un poco más de 3.4 millones de barriles y el 2016 menos de 0.5 millones de barriles, las reservas probadas explotables comercialmente bordean los 74 millones de barriles, pues con los precios internacionales deprimidos menores a los 50 dólares el barril, el valor económico del lote disminuye, pero siguen siendo rentables pues dicho lote con precios de 30 dólares el barril le generaba utilidades al operador.

Claro está si dicho lote hubiese sido transferido a PetroPerú en el 2007, la estatal se hubiese beneficiado con el ciclo alto de precios del petróleo que llegaron a bordear los US $ 100 dólares el barril con excepción de los niveles del 2009 por la crisis financiera, para luego recuperarse en 2011 hasta el 2014.

Se debe tener presente que el valor de las reservas probadas que se pueden explotar depende del precio de mercado y de la tecnología apropiada, y la producción del crudo del lote 192 antes lote 1-AB tenía que ser exportada a precios castigados pues no puede ser tratada por ninguna refinería que opera actualmente en el país.

En el caso del lote 192 con el nivel de reservas probadas al 2014 el horizonte de vida sería superior a los 20 años sin contar las reservas probables, posibles y recursos que se estiman superiores a los 400 millones de barriles, pues estamos ante el lote más importante del país a pesar de su antigüedad.. (Ver cuadro de Reservas Probadas)

En tal sentido, debe reconocerse que a partir del 2021 las reservas probadas y probables del lote 192 podrán ser tratadas por la refinería modernizada de Talara que contaría con una unidad de tratamiento de crudo pesados. Es decir, la fracturación del crudo pesado del lote 192, e incluso de otros lotes como del lote 67, lote 39 podría ser tratada en la refinería de PetroPerú.

Si el lote 192 fuese transferido a PetroPerú como así lo dispone la ley aprobada por el Congreso de la República en el gobierno anterior, la petrolera estatal contaría con la ventaja de contar con producción propia, tanto del crudo ligero proveniente del lote 64 como del 192, usando su propio oleoducto para el traslado del petróleo y dotaría de un mayor agregado al crudo tratado en su refinería para transformarlo en diesel 2 limpio con 50 partes por millón de azufre con mayores volúmenes de gasolinas.

Estas son las ventajas de la integración vertical de las actividades que el Congreso de la República aspiraba mediante la ley aprobada del 4 de setiembre del 2015 mediante la más amplia mayoría parlamentaria, cuando suscribía que “Autorícese a Perúpetro S.A. para que, previa evaluación y mediante negociación directa, suscriba el contrato de explotación de hidrocarburos del Lote 192 a la Empresa Petróleos del Perú, Petroperú S.A. Para este efecto exceptúese la aplicación del artículo 6 de la presente Ley 30130 (….)

Sin embargo, las fuerzas oscuras de la antipatria, el interés privado por encima del público existentes en el organismo regulador PerúPetro, y el propio Ministerio de Energía y Minas le negan al país contar con la integración vertical, pues las reservas probadas del lote 192 tienen un mayor valor con la refinería modernizada de Talara, dado que la producción de dicho lote antes que ser exportada podría ser refinada en el país a partir del 2021, para bien de la acumulación interna.

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Política

Nadie cree que AG sea un perseguido

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Allan Wagner - Julio María Sanguinetti

El panorama político se ensombrece para AG. La incertidumbre de las primeras horas que lo favorecía está dando paso a la toma de posiciones de personajes influyentes en el Perú en la política uruguaya, que no están en la línea de que exista persecución política en Perú.

MÁS DUDAS QUE CERTEZAS

El excanciller Allan Wagner, quien fue cercano colaborador de García en sus dos gobiernos, dijo que lamenta que el expresidente Alan García haya solicitado asilo diplomático en lugar de colaborar con la justicia, como lo venía haciendo.

“No existe persecución política en el Perú y es indispensable que todos colaboremos para investigar y sancionar la corrupción”, añadió quien fuera canciller en el primer gobierno de García y ministro de Defensa en su última administración.

Respecto a los comentarios que señalaban que él se encontraría en un dilema por haber combatido la corrupción desde la Asociación Civil Transparencia y varias comisiones, y haber sido ministro de Alan García, enfatizó: “No estoy en un dilema: mi opción indeclinable es por la defensa de la democracia y la lucha contra la corrupción”.

Por su parte, en una radio local Julio María Sanguinetti, expresidente de Uruguay que había alentado el asilo, fue claro respecto al pedido de asilo de AG a su país.

“El tema es que no se trata naturalmente de un encausamiento por un tema político sino un eventual delito común, lo cual no está cubierto con la figura del asilo. Así que lo que se tiene que demostrar aquí es que hay una persecución, eso es lo que se tiene que demostrar”, aseveró el exmandatario.

SILENCIO DE LA OEA

Pedro Cateriano, expresidente del Consejo de Ministros, fue enfático en señalar que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, debería pronunciarse en torno al pedido de asilo político solicitado por García a Uruguay, porque los dos organismos internacionales no deberían guardar silencio.

“Creo que ha sido oportuno y adecuado el pronunciamiento del presidente Martín Vizcarra que, además, se hace dentro del contexto de la lucha contra la corrupción que es un compromiso de todos los países latinoamericanos. En ese sentido creo que organismos internacionales como la OEA no deberían guardar silencio”, aseveró.

Además, agregó: “La OEA, a través de su secretario general Luis Almagro, no debería guardar silencio, porque, además, dentro de la agenda de la OEA, un punto importante es la lucha contra la corrupción”.

URUGUAY MAL PARADO

Por su parte, el analista internacional Francisco Belaúnde, advirtió que si el gobierno del presidente uruguayo Tabaré Vázquez le concede el asilo político al exmandatario Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional, y que es absurdo que el exjefe de Estado argumente persecución política.

“No se puede decir, en ningún momento, que hay una interferencia por parte del gobierno respecto a la justicia. Hay que ver que, en la realidad, a lo largo de todos estos procesos que tienen que ver con Odebrecht y la corrupción no tiene que ver solo con Alan García, han estado en la cárcel Ollanta Humala, Keiko Fujimori está detenida, Susana Villarán está encausada”, resaltó.

Indicó que en realidad, es toda la clase política la que está implicada en este caso de corrupción, por eso no se puede hablar de persecución política, y es absurdo.

“La verdad es que si Uruguay le otorga el asilo a Alan García quedaría muy mal parado a nivel internacional. Además, en su momento Uruguay fue considerado una plataforma para el lavado de dinero, o sea hay varios aspectos que indican que Uruguay no quedaría bien parado y resentiría sus relaciones con el Perú”, añadió Belaunde.

ALGO MÁS

El exprocurador Julio Arbizu señaló que AG es una especie de Houdini de la política nacional, por ser el más eficaz escapista de la acción de la justicia.Añadió que es un sujeto que históricamente ha estado sometido a investigaciones y procesos, de los que se ha liberado no siempre por absoluciones ni por archivos, sino por contingencias y por el paso del tiempo.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Parlamentarios oficialistas uruguayos dudan de AG

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Senadora Constanza Moreira.

Diversos legisladores del Frente Amplio de Uruguay coincidieron en señalar que dudan de la existencia de una ruptura institucional en Perú. Asimismo, manifestaron que su canciller debe tomar una decisión de acuerdo a la información entregada por el Ejecutivo peruano.

Ruben Martínez Huelmo, senador del Movimiento de Participación Popular (MPP), parte del FA, destacó la necesidad de esperar que el gobierno uruguayo reciba un informe por parte del gobierno de Martín Vizcarra sobre la situación de García.

Asimismo, indicó que, a partir de la información judicial aportada por Perú, Uruguay deberá definir si existe una persecución o si se pretende eludir el proceso judicial.

DUDAS

Martínez Huelmo también consideró que no da la impresión de que exista una ruptura institucional en Perú. En ese sentido, afirmó que para que haya una persecución tiene que estar muy bien probada.

Juan Castillo, senador del Partido Comunista, también integrante del FA, advirtió que “por los pocos datos que hay, no estamos hablando de un caso de persecución política, no parece ser un tema de derechos humanos ni parece ser de vida o muerte”.

Además, destacó que las “apreciaciones primarias indican que García está sujeto a un proceso por corrupción” y consideró que “no se puede estar diluyendo la figura del asilo político, que se tiene que prestar en algunas instancias y no parece esta una de ellas”.

Por su parte, Constanza Moreira, senadora del Frente Amplio, se pronunció mediante la cuenta de su red social Twitter: “Confiamos en que la Cancillería de nuestro país actuará atendiendo la preocupación de las organizaciones de Derechos Humanos que se han pronunciado sobre el caso” y que en el Perú rechazan el asilo.

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Política

“Vine, vi, huí”

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Alan García Pérez

Alan García ha sido insistente y reiterativo en reclamar, proclamar y presumir su inocencia en el caso Lava Jato. “Otros se venden, yo no”, ha sido el hashtag, lema y mantra en sus campañas, desde el twitter hasta el Congreso. Y con la misma actitud, si acaso más beligerante, llegó hace pocos días al Perú a declarar ante el equipo fiscal dirigido por José Domingo Pérez Gómez que investiga gran parte de este caso.

Gustavo Gorriti

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros (Foto: Ronald Martínez Pancevic).

El jueves 15 de este mes, García declaró: “Dice el señor Nostre, pero Barata me dijo que hiciera una anotación de veinte millones, entonces dicen, veinte millones menos ocho que le dieron al viceministro, los otros deben ser de Alan García… ¡demuéstrenlo, pues, imbéciles, demuéstrenlo!”.

Él no lo sabía aún, pero en esas horas, IDL-Reporteros acababa de publicar una nota que cambió en forma sustantiva el curso de la investigación: Poco antes de las diez de la mañana y luego de las larguísimas horas de los cierres de real importancia, en los cuales, sin que importe cuánto trabajo se haya hecho antes, todo se chequea y verifica de nuevo, IDL-R publicó “Alan García y la Caja 2”.

Si el expresidente desafió a que se presentaran pruebas si las había, ahí tuvo todas las necesarias y bastante más.

Hasta ese momento, Alan García había sostenido que él no había recibido dinero de Odebrecht y que todos los ingresos que tuvo, incluso la conferencia del 25 de mayo de 2012 en Sao Paulo, por la que le pagaron cien mil dólares, provinieron de hombres de negocios e industriales representados por un agente intermediario. En ese caso, el estudio de abogacía Spinola.

La nota de IDL-R demostró que García había mentido.

Fue Odebrecht quien pagó la conferencia. Y lo hizo a través de su Caja 2, utilizada primordialmente para el pago de coimas. El abogado Spinola trabajaba para el sector de operaciones estructuradas y, en este caso, hizo de testaferro a cambio de un honorario de 15 mil dólares.

La investigación de IDL-R no solo aportó los correos electrónicos en los que se decide hacer el pago clandestino para disfrazar la fuente de origen y se define y ejecuta luego el procedimiento para hacerlo.

Se aportó además la identidad de los funcionarios de Caja 2 que intervinieron en el proceso, a través de sus propias confesiones, especialmente la del propio Spinola que luego de cuatro años confesó en detalle sus trabajos clandestinos para Odebrecht. En esas confesiones, registradas en vídeo, que IDL-R obtuvo hace meses como parte de la red Latinoamericana de Periodismo de Investigación Estructurado que esta publicación fundó, Spinola dio a conocer los seudónimos que él y otros utilizaron en el sistema encriptado Drousys, donde aparece como uno de los que discutieron cómo pagarle los 100 mil dólares a García en forma que pareciera un pago de otro origen.

Ante eso, Alan García no tuvo otro remedio que reconocer la fuente del pago. Lo hizo el sábado 17, en su última declaración a la prensa. Pero se justificó en la ignorancia, en no saber quién le pagaba y ni siquiera qué era la Caja 2 (él la llamó ‘la Caja B’).

Pero cuando lo dijo, sabía que la excusa era más que endeble. Porque la nota de IDL-R dejó claro que él participó en la operación de ocultamiento.

La conferencia se realizó el 25 de mayo de 2012. Los primeros mensajes cifrados de Caja 2 para disfrazar el pago fueron el 14 de junio siguiente. Hasta entonces Spinola no había intervenido para nada. Sin embargo, el contrato que recibió primero en borrador y que luego fue firmado por Alan García tuvo como fecha el 5 de abril. El recibo por el pago estuvo fechado el 24 de mayo. El pago se realizó solo en julio. En el proceso intervinieron funcionarios de Odebrecht que transmitieron los datos bancarios de García, le llevaron el contrato y recibo con fechas atrasadas para que lo firmara y después contactaron a Spinola y otros funcionarios para que realizaran el pago.

Fue imposible que García no se diera cuenta del juego de fechas, de la adaptación de documentos, del nuevo nombre del agente con el que nunca había hablado. Por poco inteligente que fuera, y no lo es, estaba claro que se trataba de disfrazar una transacción. Y él fue parte del proceso.

En esas horas, la decisión fue tomada. Es posible que haya estado presente la idea del asilo como plan de contingencia de último recurso. Pero, cuando el sábado 17, el juez le impuso impedimento de salida por 18 meses, García reaccionó con aparente calma. “Para mí no es un castigo ni un deshonor estar permanentemente en mi patria…”, dijo poco antes de fugar.

¿Por qué huyó, sabiendo el efecto de demolición que la fuga significaba para su imagen, liderazgo y prestigio?

Porque lo que publicó IDL-R representó la primera y decisiva brecha en su estrategia de negar toda responsabilidad en el caso Lava Jato. Ya había un caso, claro, demostrado, contundente y procesable.

En las investigaciones y los procesos, el primer gran hallazgo es lo importante. Luego vienen los demás. Había confesiones pendientes, sobre las cuales él ahora tenía ya una profunda y justificada inseguridad. Había colaboraciones eficaces en curso, delaciones premiadas también. La hora de la verdad se acercaba. Y a esas alturas, viendo los correos electrónicos del sistema Drousys de Odebrecht, que lo nombraban, García entendió que los 18 meses en Perú se iban a extender mucho más, en juicios y revelaciones, probables sentencias.

Por eso escapó. No de una dictadura, como pudo reclamar antaño, sino de una democracia por una vez funcional que avanzaba a descubrir, procesar y castigar delitos de corrupción.

En los años de la guerra fría cuando la ciudad de Berlín estaba dividida entre dos sistemas, se decía que los ciudadanos de Berlín Oriental, que no podían votar, proclamaban su preferencia votando con los pies. Es decir, huyendo a Berlín Occidental. En Lima, el 2018, Alan García no votó sino confesó con los pies.

García hace poco escribió que “como aprista, creo en la historia”, por más que la historia no sea materia de fe sino de estudio. Quizá la notable brevedad de su visita al Perú remita, por contraste, a los clásicos. Según Suetonio, Julio César resumió en tres palabras su informe al Senado sobre una batalla victoriosa en el año 47 A.C. “Vine, vi, vencí”. En el caso que vemos, las palabras pueden ser tres también: “Vine, vi, huí”.

Claro que su ejemplo no fue el de Julio César sino el de Bettino Craxi. En la historia, al fin, cada cual escoge sus maestros.

 

Gustavo Gorriti
IDL-Reporteros

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