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Hidrocarburos y Petroperú: desarrollo con soberanía o corruptela privatista neo IPC

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Refinería de gas licuado de petróleo

Es clara la disyuntiva del Perú ante las alternativas al debate en relación a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). En el Congreso Nacional está en trámite una tercera versión reformulada entreguista, en medio de intensas presiones lobbistas antinacionales, para impedir se apruebe una adecuada LOH que afirme el desarrollo con soberanía, sostenibilidad ambiental y diversificación productiva.

Uno de los ejes centrales de la contraposición de la LOH es lo referente a Petroperú y el adecuado desarrollo energético nacional, trama que Alonso Segura, el Ministro MEF que lo diseñó, siempre calculó a favor del grupo Romero, a cuyo favor el desenlace privatista lo tenía previsto en la propia autorización legal, pero se olvidó que la historia es creación heroica de los pueblos y en menor nivel de los bancos.

Ante la traición que se pretende imponer contra el Perú, existen más bien las condiciones para redoblar la lucha patriótica por la soberanía energética para el desarrollo nacional integrado, sustentable y diversificado. Uno de sus ejes estratégicos es justamente el petróleo, con Petroperú, el Oleoducto Norperuano, la Refinería de Talara y el abastecimiento nacional.

Otros de sus ejes estratégicos es el Gas de Camisea, con el Gasoducto, las Petroquímicas y el abastecimiento nacional del gas como fuente energética a industrias y domicilios. Tomo las cifras y balances del importante aporte presentado por el dirigente Juan Castillo, de los Sindicatos de Petroperú, y por encargo de ellos, y de los trabajos en la Comisión del Congreso que sigue esta materia y de la que formo parte.

Petroleros

LEY DE HIDROCARBUROS EN DEBATE

La primera versión privatista para cambiar aún más la LOH, fue criticada y desestimada, al evidenciarse la subordinación al dominio de un grupo lobbista internacional, la Neo-IPC, que privatizaba Petroperú, pretendía privatizar la nueva Refinería de Talara y el Oleoducto, regalaba la soberanía energética al predominio del Grupo Frontera Energy y de inversionistas parasitarios en los pozos talareños, basándose en afectar gravemente al medio ambiente.

Buscaba de esta forma apropiarse de los recursos energéticos del Perú, parasitando sus ganancias al no invertir en exploración y transformación, por lo que la producción de la selva se redujo a la sexta parte, y la de la costa disminuyó en 40%. Construido el escenario, buscaron ellos mismos, presentarse como la solución a la crisis que incentivaron, para luego apropiarse de los recursos patrios estratégicos.

Se ha logrado abrir un amplio debate nacional sobre este crucial asunto de soberanía y dignidad. En el Congreso de la República presenté un dictamen alternativo al proyecto de ley lobbista propuesto por el Poder Ejecutivo. Con los trabajadores de Petroperú y amplios sectores patrióticos, logramos que retorne a comisiones un proyecto de ley favorable al lobbismo antinacional. Se logró reabrir este debate, crucial para el futuro del Perú como patria soberana y sostenible.

Tras la importante inversión pública para modernizar la Refinería de Talara, a punto de entrar en operación, gracias al reclamo nacional y en base a millones de dólares que hemos invertido todos los peruanos. Es el momento de afianzar la integración vertical de la actividad petrolera, uniendo costa y Amazonía, en exploración y producción nacional con valor agregado y diversificación productiva.

Petroperú debe ser eje nacional dinamizador y garante de la patriótica gestión de los hidrocarburos, debiendo la ley respectiva establecer políticas patrióticas y sostenibles en beneficio del desarrollo integral del Perú, sus regiones y poblaciones, con una Comisión Nacional de Soberanía Energética Nacional que impulse estas políticas públicas estratégicas.

La parcial privatización, el bloqueo a Petroperú y el afán lobbista, en la política en hidrocarburos, las que pretenden imponerse con antinacional proyecto de LOH en el Congreso Nacional.

A partir de la Ley 26221 se excluyó a Petroperú de las actividades de explotación y exploración, quedando estas bajo exclusiva responsabilidad de privados. Petroperú extrajo en 1969 la suma de 299 millones de Barriles (MB), los que incrementó en 1981 a 835 MB.

Desde el año 2015, con el sector privado a cargo, las reservas se redujeron a 473.1 MB, las que al año 2017, pese a los buenos precios, por la no inversión privada han bajado a 339 MB. En los lotes privatizados la producción total se ha reducido a la tercera parte: en 1994 era de 127.9 MB/DC, y el 2018 se redujo a 41.76 MB/DC.

Se impuso un parasitismo privado escandaloso y paradójico. Mientras el organismo regulador del Estado impedía ilegalmente que Petroperú asuma el Lote 192, con amplias reservas probadas, en Selva y Costa, con petróleo clave para la refinería de Talara, la producción disminuía pese a que los precios en los años de bonanza, entre 2008 y 2014, estaban al alza y cercanos a $100/Barril.

En la Selva, en el Lote 192, que tiene miles de millones de barriles de reservas probadas de petróleo, el año 2014 en relación a 1990 la producción fue casi la quinta parte (21.7%), y el 2018 fue de la décima parte (9.3%), habiendo trabado ilegalmente Perupetro que Petroperú asuma el Lote 192 y lo ponga en operación, con el truco ilegal al descalificarla como empresa petrolera. En el Lote 8 en Selva, ex de Petroperú, también la tendencia es declinante a partir de 1997, produciendo el 2014 el 38.5%, y el 2018 produciendo el 27.5%.

En la Costa, cuando estaban los precios altos del petróleo mundial, en las empresas a cargo de los lotes en noroeste y el Z-2b en el mar, la tendencia a no reinvertir y disminuir la producción era más acentuada. A partir de 1994, es relevante la tendencia acelerada a disminuir la producción en el Lote Z2B, aun cuando había precios promedio anuales mayores a US dólares 100. En 2018, la producción (7.7 MB/DC) fue solo la tercera parte de la producción de 1990 (21.MB/DC).

Se evidencia que en los lotes privatizados no hay relación directa entre la producción de crudo y el nivel de precios internacionales o de la canasta de precios correspondiente, pues mientras existe declinación continua y acelerada de la producción se retribuye al contratista con el 85 % de la producción, que es declinante.

También, son claros los indicios que la reducción de producción en algunos lotes podrían ser argucia estratégica ilegal para presionar al MINEM y en connivencia con Perupetro con objeto de conseguir la prórroga de los contratos de explotación que están por terminar y la reducción de regalías. Es significativo que el Lote-Z-2B en producción y contrato de servicios/operaciones tenga una declinación de producción tan abrupta, continua y sistemática.

La actual ilegal ofensiva estratégica de Perupetro con empresas privadas para saquear recursos estratégicos de la Nación, y la segunda versión privatista de la LOH y de Petroperú.

Estamos ahora ante las inmensas presiones para imponer una segunda versión privatista de LOH, que privatice los lotes y acentúe no solo el saqueo y la desnacionalización, sino también la privatización de la refinería de Talara, de la empresa Petroperú, y el saqueo de las rentas petroleras y gasífera del Perú.

Además de bloquear administrativamente a Petroperú, tratan de impedir que Petroperú participe en lotes petroleros directamente, reduciéndolo a hacerlo con “asociados”, cuando participan directamente las empresas públicas petroleras en los otros países de América Latina y del mundo. Incluyen en este bloqueo al Lote 192, ya asignado por ley a Petroperú.

Pretenden bloquear al Perú tener una matriz nacional para una base energética sostenible, diversificada, articulada con sus ejes nacionales de desarrollo soberano e integrado descentralizadamente. Debe afianzarse en lo inmediato la entrega del Lote 192 a Petroperú, y que la empresa del Estado convoque a sus socios. Debe otorgarse a Petroperú la participación en los lotes de Piura, la Amazonía y otros que la empresa proyecte y para lo cual se asocie si así lo decide.

El Proyecto de Ley que pretenden aprobar, sin mayor debate ciudadano, amplía los plazos de concesión privada hasta agotar los recursos. Favorece al inversionista privado y destruye los ambientes en los que se localizan. Hace de Perupetro una oficina con atribuciones exclusivas inconstitucionales e ilegales, sobre normas, salarios, etc., dándole categoría de superministerio, y les autoriza a modificar contratos cuando solo puede hacerse por DS suscritos por ministros.

Autoriza negociar regalías con discrecionales y gaseosos factores económicos y técnicos. No tiene efectivo control público en el manejo y gestión de sus atribuciones y recursos, con gollerías como si fuese autárquica. Tiene atribuciones sobre normas, procedimientos y recursos, como si fuese propietaria titular en el Estado de los recursos energéticos de la nación, colocándola por encima de las entidades públicas y el pueblo, incluidas las comunidades indígenas, a cargo de las materias respectivas.

La facultan para autorizar la explotación con técnicas destructivas, como el fracking y otras que destruyen el ambiente en Amazonía, mar y costas, cuando más bien se debe declarar que en el Perú están prohibidas.

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Política

Hacia la unidad de la izquierda

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M archa protesta con la bandera nacional

Diario Uno entrevistó a dirigentes de Nuevo Perú, Juntos por el Perú y Perú Libre para conocer desde sus propias comisiones políticas los alcances de la alianza política anunciada en las últimas horas.

Para Álvaro Campana, secretario general deNuevo Perú, la articulación con otras fuerzas de izquierda es una tarea perseguida desde el inicio de la gestión de la comisión política y del propio Congreso fundacional del movimiento liderado por Verónika Mendoza.

UNA PLATAFORMA DE CAMBIO

“No es una decisión de último momento. Siempre fue una tarea importante articular las fuerzas políticas de izquierda y movimientos sociales para generar una gran plataforma de cambio. Un instrumento que nos permita construir una mayoría social, política y electoral. Y esto es al margen de la inscripción de Nuevo Perú, que la vamos a seguir buscando”, afirmó.

Campana recordó que Nuevo Perú ha sido protagonista en alguna medida en el desenlace del cierre del Congreso, y por tanto consideró necesario incidir en la salida de la crisis actual que vive el país y que no creen que se haya terminado. Asimismo, remarcó la necesidad de “construir una alternativa democrática, ciudadana y constituyente”. “¿Con quién la vamos a hacer si no es con las fuerzas de izquierda, con las organizaciones sociales, con los sectores ciudadanos?”, preguntó.

El vocero de Nuevo Perú recordó que “los dos poderes del Estado que se han mantenido en pugna, el Ejecutivo y Legislativo, han estado manejados por fuerzas de derecha”, y que, si bien es cierto que durante la crisis ha habido participación de la ciudadanía en las calles con movilizaciones, “esto no ha terminado de generar una alternativa de cambio”.

LA DERECHA NO QUIERE RIVALES

“Es evidente que la derecha no quiere que participemos en el proceso electoral. Un ejemplo es que aún no existe un reglamento de las leyes de la reforma política. Mira cuántos meses han pasado y todavía no podemos comprar un kit electoral para poder inscribir nuestra organización política. Con ello impiden que podamos inscribirnos y participar, nos impiden existir legalmente como organización a pesar de que tenemos bases a nivel nacional, participamos aún en la Comisión Permanente del Congreso”, denunció.

CRIMIMALIZACIÓN DE LOS DISIDENTES

Campana enfatizó que no se puede relativizar la lucha contra la corrupción, y recordó que el comunicado de Nuevo Perú exigió que las investigaciones se realicen a fondo. Sin embargo, también advirtió que hay que tener cuidado respecto al avance de una “judicialización de la política” y de la criminalización de la gente disidente del modelo hegemónico. “Nosotros vamos a insistir en la lucha contra la corrupción. Juntos por el Perú no es Yehude Simon y Perú Libre no es Cerrón”, expresó.

Finalmente, Campana aclaró que Nuevo Perú no abandonará las banderas respecto a los derechos de los trabajadores, ni de los pueblos indígenas, diversidad sexual, igualdad de género ni de la defensa del medio ambiente. “Pero en un frente tú no te juntas con el que es idéntico a ti; te juntas en función a similitudes y sabiendo que hay diferencias. Esas diferencias deben ser tratadas en el marco de la lucha política. En ese sentido tenemos clarísimo cuales son nuestras banderas y vamos a seguir insistiendo con ellas”, afirmó.

M archa protesta con la bandera nacional en Plaza San Martín

PERSECUCIÓN JUDICIAL

Por su parte, el secretario general de Perú Libre, Arturo Cárdenas, recalcó que existe un “reclamo insistente del pueblo peruano que quiere ver unida a toda la izquierda”, y que mientras que no se logre ello “vamos a seguir recibiendo el castigo del pueblo en cada proceso electoral”.

Consideró además que la unidad de la izquierda es fundamental para refundar “esta república limeña que solo se ha concentrado en la capital”. “Necesitamos un Perú libre para las grandes mayorías, no sólo privilegiar una minoría que tiene capturado el Estado desde hace 200 años”, agregó.

Respecto a los cuestionamientos sobre Vladimir Cerrón, Cárdenas advirtió que se está consumando una “persecución judicial” en su contra. “Es similar a lo que ocurre con Lula. En Brasil utilizaron un desprestigio mediático para acusar a Lula como corrupto y luego vino una persecución judicial para bloquear toda candidatura y favorecer a Jair Bolsonaro. Luego el favor fue escandalosamente devuelto, nombrando a Sergio Moro, que había sentenciado a Lula, con un ministerio. Al final se reveló cómo conspiraron para encarcelar a Lula”, explicó.

Cárdenas advirtió que “la derecha está desesperada porque no tiene candidato ni plan de gobierno, pero quiere perpetuar este modelo neoliberal que viene fracasando en Argentina, en Ecuador y ahora en Chile”, y que por eso “ha arremetido con fuerza y pretende liquidar el liderazgo de Vladimir Cerrón etiquetándolo como corrupto y con esa persecución judicial que casi se ha consumado”.

MADUREZ POLÍTICA ES CLAVE

En tanto, el secretario general de Patria Roja, integrante de Juntos por el Perú, Manuel Guerra, afirmó que para superar el modelo neoliberal impuesto por el fujimorismo se requiere la unión de todos los sectores de la izquierda. “No se puede abrir un nuevo rumbo al país si no estamos unidos. La población quiere un cambio en el país, estamos en una descomposición moral muy grande y hay que aprovechar esta oportunidad con un programa claramente antineoliberal”, añadió.

Guerra remarcó que la derecha hará todo lo posible por mantener la fragmentación política y social en la izquierda, ya que la unión de estos sectores afectaría a sus intereses particulares.

“Quienes representamos a sectores de izquierda debemos actuar con madurez y poner por delante los intereses del país y de la gente. Si logramos esto, la unidad va a ser posible y duradera porque tendrá bases consistentes. Pero si nos dejamos llevar por apetitos personales, por pequeñas diferencias o temas estrictamente coyunturales, ahí la unidad será difícil de lograr. Y si se logra, sería muy efímera”, advirtió.

Finalmente, Guerra consideró que sería un error si la izquierda se une solo para el 2020. “El Perú necesita cambios de verdad y eso no se va a lograr con la elección parlamentaria. Tenemos que pensar en el largo plazo, y el paso que damos nos genera expectativas. Hay que cuidar y reforzar esta unidad para que no se disuelva con el proceso concreto del 2020”, apuntó.

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Editorial

Hay que prevenir los huaycos y desbordes

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Más vale tarde que nunca. El presidente del Consejo de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Chillón-Rímac-Lurín, Neptalí Sánchez Figueroa, ha dado la voz de alerta en declaraciones a la estatal agencia de noticias Andina. Al menos 150 puntos de las cuencas de los ríos Rímac, Chillón y Lurín deben ser intervenidos inmediatamente por las autoridades para evitar cualquier riesgo de desborde por efecto de las lluvias en la sierra de Lima durante los meses de verano. A ello hay que añadir que para la llegada del verano quedan solo dos meses.

El funcionario ha explicado que en total han sido identificados 302 puntos críticosy, por lo menos, en la mitad de ellos existe peligro extremo y requieren intervención inmediata. Además, lamentó Sánchez Figueroa lamentó que los ríos de Lima sigan siendo el botadero de basura de mucha gente, pero además que estos sean afectados por empresas que extraen del cauce grandes rocas -que son su protección natural- para usarlas en los cimientos de las construcciones. Como se puede apreciar, la situación realmente requiere de la intervención de las autoridades.

La pregunta del millón, como siempre, es ¿por qué todos los años se espera la crecida de los ríos para ponerse a trabajar cuando ya están empezando los desbordes? ¿No sería, acaso, más fácil y menos costoso que todas las instituciones participaran en un plan conjunto para mantener la limpieza de los cauces y evitar que los pobladores se instalen cerca de las zonas en donde hay riesgo de desbordes? Bueno, nosotros nos preguntamos, simplemente, y son las autoridades pertinentes –los gobernadores regionales, los alcaldes y las autoridades del Gobierno los encargados de coordinar acciones para que la población no corra riesgos innecesarios.

Esperemos que esta vez las autoridades pertinentes, especialmente de los municipios de distritos ribereños, tengan la sensatez y el sentido común de trabajar para que los ríos no se salgan de su cauce y no ocasionen grandes pérdidas a campesinos y pobladores asentados en las cercanías. Esperemos que esta vez nuestras autoridades hayan escuchado la voz de alerta y no esperen el último minuto porque quizá para entonces puede ser demasiado tarde.

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Política

Fuerza Popular valida disolución del Congreso al participar en elecciones

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Jorge Meléndez

El ministro de Desarrollo e Inclusión Social, Jorge Meléndez, dijo hoy que Fuerza Popular valida la disolución constitucional del Congreso al acordar participar en las elecciones congresales de enero de 2020.

“En la práctica están aceptando (…) En esta oportunidad, si ellos participan evidentemente están validando todo lo que ha acontecido en el país”, señaló en canal N.

Tras referir que Fuerza Popular está en su derecho de postular como agrupación política, recordó que en la comunidad internacional es clara la idea de que la disolución del Congreso se dio bajo el marco de la Constitución.

Mencionó, por ejemplo, que la opinión brindada por la Organización de Estados Americanos (OEA) ayuda a estabilizar la situación del país.

Ahora, remarcó, queda encaminar una elección congresal transparente con el apoyo del Jurado Nacional de Elecciones y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Fuerza Popular acordó hoy que participará en las próximas elecciones congresales y que la elección de sus candidatos se realizará a través de delegados de los comités provinciales.

La decisión fue adoptada durante un congreso nacional celebrado en su local partidario de Paseo Colón, en el Cercado de Lima, donde solo participaron los delegados de la organización política.

El Poder Ejecutivo ha convocado a elecciones congresales para el 26 de enero del 2020. Los congresistas elegidos en dicho proceso electoral cumplirán funciones hasta julio de 2021.

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