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Hidrocarburos y Petroperú: desarrollo con soberanía o corruptela privatista neo IPC

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Refinería de gas licuado de petróleo

Es clara la disyuntiva del Perú ante las alternativas al debate en relación a la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos (LOH). En el Congreso Nacional está en trámite una tercera versión reformulada entreguista, en medio de intensas presiones lobbistas antinacionales, para impedir se apruebe una adecuada LOH que afirme el desarrollo con soberanía, sostenibilidad ambiental y diversificación productiva.

Uno de los ejes centrales de la contraposición de la LOH es lo referente a Petroperú y el adecuado desarrollo energético nacional, trama que Alonso Segura, el Ministro MEF que lo diseñó, siempre calculó a favor del grupo Romero, a cuyo favor el desenlace privatista lo tenía previsto en la propia autorización legal, pero se olvidó que la historia es creación heroica de los pueblos y en menor nivel de los bancos.

Ante la traición que se pretende imponer contra el Perú, existen más bien las condiciones para redoblar la lucha patriótica por la soberanía energética para el desarrollo nacional integrado, sustentable y diversificado. Uno de sus ejes estratégicos es justamente el petróleo, con Petroperú, el Oleoducto Norperuano, la Refinería de Talara y el abastecimiento nacional.

Otros de sus ejes estratégicos es el Gas de Camisea, con el Gasoducto, las Petroquímicas y el abastecimiento nacional del gas como fuente energética a industrias y domicilios. Tomo las cifras y balances del importante aporte presentado por el dirigente Juan Castillo, de los Sindicatos de Petroperú, y por encargo de ellos, y de los trabajos en la Comisión del Congreso que sigue esta materia y de la que formo parte.

Petroleros

LEY DE HIDROCARBUROS EN DEBATE

La primera versión privatista para cambiar aún más la LOH, fue criticada y desestimada, al evidenciarse la subordinación al dominio de un grupo lobbista internacional, la Neo-IPC, que privatizaba Petroperú, pretendía privatizar la nueva Refinería de Talara y el Oleoducto, regalaba la soberanía energética al predominio del Grupo Frontera Energy y de inversionistas parasitarios en los pozos talareños, basándose en afectar gravemente al medio ambiente.

Buscaba de esta forma apropiarse de los recursos energéticos del Perú, parasitando sus ganancias al no invertir en exploración y transformación, por lo que la producción de la selva se redujo a la sexta parte, y la de la costa disminuyó en 40%. Construido el escenario, buscaron ellos mismos, presentarse como la solución a la crisis que incentivaron, para luego apropiarse de los recursos patrios estratégicos.

Se ha logrado abrir un amplio debate nacional sobre este crucial asunto de soberanía y dignidad. En el Congreso de la República presenté un dictamen alternativo al proyecto de ley lobbista propuesto por el Poder Ejecutivo. Con los trabajadores de Petroperú y amplios sectores patrióticos, logramos que retorne a comisiones un proyecto de ley favorable al lobbismo antinacional. Se logró reabrir este debate, crucial para el futuro del Perú como patria soberana y sostenible.

Tras la importante inversión pública para modernizar la Refinería de Talara, a punto de entrar en operación, gracias al reclamo nacional y en base a millones de dólares que hemos invertido todos los peruanos. Es el momento de afianzar la integración vertical de la actividad petrolera, uniendo costa y Amazonía, en exploración y producción nacional con valor agregado y diversificación productiva.

Petroperú debe ser eje nacional dinamizador y garante de la patriótica gestión de los hidrocarburos, debiendo la ley respectiva establecer políticas patrióticas y sostenibles en beneficio del desarrollo integral del Perú, sus regiones y poblaciones, con una Comisión Nacional de Soberanía Energética Nacional que impulse estas políticas públicas estratégicas.

La parcial privatización, el bloqueo a Petroperú y el afán lobbista, en la política en hidrocarburos, las que pretenden imponerse con antinacional proyecto de LOH en el Congreso Nacional.

A partir de la Ley 26221 se excluyó a Petroperú de las actividades de explotación y exploración, quedando estas bajo exclusiva responsabilidad de privados. Petroperú extrajo en 1969 la suma de 299 millones de Barriles (MB), los que incrementó en 1981 a 835 MB.

Desde el año 2015, con el sector privado a cargo, las reservas se redujeron a 473.1 MB, las que al año 2017, pese a los buenos precios, por la no inversión privada han bajado a 339 MB. En los lotes privatizados la producción total se ha reducido a la tercera parte: en 1994 era de 127.9 MB/DC, y el 2018 se redujo a 41.76 MB/DC.

Se impuso un parasitismo privado escandaloso y paradójico. Mientras el organismo regulador del Estado impedía ilegalmente que Petroperú asuma el Lote 192, con amplias reservas probadas, en Selva y Costa, con petróleo clave para la refinería de Talara, la producción disminuía pese a que los precios en los años de bonanza, entre 2008 y 2014, estaban al alza y cercanos a $100/Barril.

En la Selva, en el Lote 192, que tiene miles de millones de barriles de reservas probadas de petróleo, el año 2014 en relación a 1990 la producción fue casi la quinta parte (21.7%), y el 2018 fue de la décima parte (9.3%), habiendo trabado ilegalmente Perupetro que Petroperú asuma el Lote 192 y lo ponga en operación, con el truco ilegal al descalificarla como empresa petrolera. En el Lote 8 en Selva, ex de Petroperú, también la tendencia es declinante a partir de 1997, produciendo el 2014 el 38.5%, y el 2018 produciendo el 27.5%.

En la Costa, cuando estaban los precios altos del petróleo mundial, en las empresas a cargo de los lotes en noroeste y el Z-2b en el mar, la tendencia a no reinvertir y disminuir la producción era más acentuada. A partir de 1994, es relevante la tendencia acelerada a disminuir la producción en el Lote Z2B, aun cuando había precios promedio anuales mayores a US dólares 100. En 2018, la producción (7.7 MB/DC) fue solo la tercera parte de la producción de 1990 (21.MB/DC).

Se evidencia que en los lotes privatizados no hay relación directa entre la producción de crudo y el nivel de precios internacionales o de la canasta de precios correspondiente, pues mientras existe declinación continua y acelerada de la producción se retribuye al contratista con el 85 % de la producción, que es declinante.

También, son claros los indicios que la reducción de producción en algunos lotes podrían ser argucia estratégica ilegal para presionar al MINEM y en connivencia con Perupetro con objeto de conseguir la prórroga de los contratos de explotación que están por terminar y la reducción de regalías. Es significativo que el Lote-Z-2B en producción y contrato de servicios/operaciones tenga una declinación de producción tan abrupta, continua y sistemática.

La actual ilegal ofensiva estratégica de Perupetro con empresas privadas para saquear recursos estratégicos de la Nación, y la segunda versión privatista de la LOH y de Petroperú.

Estamos ahora ante las inmensas presiones para imponer una segunda versión privatista de LOH, que privatice los lotes y acentúe no solo el saqueo y la desnacionalización, sino también la privatización de la refinería de Talara, de la empresa Petroperú, y el saqueo de las rentas petroleras y gasífera del Perú.

Además de bloquear administrativamente a Petroperú, tratan de impedir que Petroperú participe en lotes petroleros directamente, reduciéndolo a hacerlo con “asociados”, cuando participan directamente las empresas públicas petroleras en los otros países de América Latina y del mundo. Incluyen en este bloqueo al Lote 192, ya asignado por ley a Petroperú.

Pretenden bloquear al Perú tener una matriz nacional para una base energética sostenible, diversificada, articulada con sus ejes nacionales de desarrollo soberano e integrado descentralizadamente. Debe afianzarse en lo inmediato la entrega del Lote 192 a Petroperú, y que la empresa del Estado convoque a sus socios. Debe otorgarse a Petroperú la participación en los lotes de Piura, la Amazonía y otros que la empresa proyecte y para lo cual se asocie si así lo decide.

El Proyecto de Ley que pretenden aprobar, sin mayor debate ciudadano, amplía los plazos de concesión privada hasta agotar los recursos. Favorece al inversionista privado y destruye los ambientes en los que se localizan. Hace de Perupetro una oficina con atribuciones exclusivas inconstitucionales e ilegales, sobre normas, salarios, etc., dándole categoría de superministerio, y les autoriza a modificar contratos cuando solo puede hacerse por DS suscritos por ministros.

Autoriza negociar regalías con discrecionales y gaseosos factores económicos y técnicos. No tiene efectivo control público en el manejo y gestión de sus atribuciones y recursos, con gollerías como si fuese autárquica. Tiene atribuciones sobre normas, procedimientos y recursos, como si fuese propietaria titular en el Estado de los recursos energéticos de la nación, colocándola por encima de las entidades públicas y el pueblo, incluidas las comunidades indígenas, a cargo de las materias respectivas.

La facultan para autorizar la explotación con técnicas destructivas, como el fracking y otras que destruyen el ambiente en Amazonía, mar y costas, cuando más bien se debe declarar que en el Perú están prohibidas.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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