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Hidrocarburos: una ley con trampa

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Hidrocarburos petróleo

El autor, experto en temas energéticos, analiza el proyecto de nueva ley de hidrocarburos y señala que consigna una indebida prórroga de concesiones por 30 años y plantea que debe impedirse el mercantilismo petrolero.

Hemos demostrado en varios artículos los aspectos perversos del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) que pretenden imponer el fujimorismo y otras fuerzas oscuras en el Congreso de la República, sin mayor discusión ni opinión de organismos competentes. Todo ello en el marco de una descarada praxis lobista, donde PPK queda como un aprendiz de brujo.

Así, el Ministerio de Ambiente sostiene que en el referido proyecto con su dictamen respectivo elaborado por la Comisión de Energía y Minas con fecha del 20 de junio del 2018, “.. se han efectuado modificaciones sustanciales al Proyecto de Ley de promoción de la industria de hidrocarburos emitido por el Poder Ejecutivo, respecto de los cuales no se ha solicitado opinión formal al Ministerio del Ambiente, pese a abordar asuntos que se enmarcan en la competencia de este sector.” (Informe Nº737-2018 Minam).

Igualmente el proyecto y dictamen de la Comisión de Energía y Minas con su texto sustitutorio no tiene opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, a pesar que la disminución de las tasas de regalías que se proponen implícitamente afectará el financiamiento del canon y sobrecanon petrolero, que está determinado por el 18.75 % del valor de la producción de petróleo y gas asociado.

Bancada fujimoristas Fuerza Popular

Mayoría fujimorista quiere imponer ley antinacional a favor de las petroleras.

CANON Y ENTREGUISMO

Con tasas de regalías de 5%, 10% e incluso 15 % no se financiaría el canon y sobrecanon petrolero, con lo cual se afectarían los ingresos regionales y de los gobiernos locales. Se debe tener presente que la fuente más importante de financiamiento para las inversiones en Piura, Tumbes, Loreto y Ucayali ha sido el canon gracias a la explotación de hidrocarburos.

Todo ello a pesar de la disminución programada de la producción y reducción de los precios internacionales del crudo. A ello debiera sumarse la paralización del Oleoducto Norperuano desde el 2015, por actos delicuenciales que ha hecho inviable la producción de petróleo en la selva nororiental. De allí esta drástica disminución que debe regularizarse cuando el Oleoducto tenga la seguridad y el mantenimento necesario para su funcionamiento.

En el texto sustitutorio aprobado en la Comisión de Energía y Minas incluso se incorpora en el artículo tercero de las “Disposiciones Complementarias Finales” lo que constituye la esencia del proyecto de la Nueva Ley de Hidrocarburos: Una indebida extensión por treinta años a las empresas que tienen actualmente contratos de explotación.

Esta es la “madre del cordero” que hemos denunciado, pues constituye una enajenación, una sustracción de riqueza a la Nación para favorecer a un “cogollo de empresas”, que durante más de 20 años no han efectuado inversiones de riesgo, y que desde el 2013 no realizan las inversiones necesarias para mantener y/o aumentar la producción en razón de los deprimidos precios, y el horizonte próximo en el vencimiento de los contratos, antes del 2026.

Por tanto, si no han invertido cuando los precios del petróleo se ubicaban sobre los US $ 100 dólares el barril, por que tendrían que hacerlo ahora que los precios están sobre los US $ 70 dólares el barril, con una evidente recuperación en relación a los precios del 2015.

LA VIDA ÚTIL DE LOS LOTES

Con la misma metodología que uso la COPRI, la bendita comisión de la privatización de la Actividad Económica del Estado en el proceso de transferencia de los activos y lotes de PetroPerú a inicios de los años noventa del siglo pasado. Y que dicho sea de paso también la utiliza el EIA , la Agencia de Energía de los Estados Unidos, estimamos la vida útil de los lotes de explotación que presionan a una prórroga contractual por 30 años adicionales.

Para ello exponemos el cuadro de “Estimación de la Vida Útil en Base a las Reservas Probadas Ajustadas de los Contratos de Explotación Próximos a su Vencimiento”, donde dividimos las reservas probadas al 2017 que tienen un 95% de probabilidades de ser explotadas comercialmente según precios y tecnología, entre la producción de petróleo del 2017.

Es decir, el resultado de dividir las reservas probadas entre la producción determina el número de años estimado que tendría cada lote. Así, el lote Z-2B con el nivel de reservas probadas y la producción de crudo al 2017 tendría aparentemente una vida útil de 5 años.

Se debe tener presente que dicho lote se viene explotando desde fines de los años cincuenta del siglo pasado, pasando por las empresas Belco, Petromar, PetroTech, Savia. Es decir, tiene más de 60 años de explotación y tiene más recursos que deben ser convertidos en reservas.

En verdad, esta realidad no debiera ser tan trágica, pues el concepto de reservas es un concepto dinámico, y para ello habría que considerar las reservas probables que tienen un 50% de probalidades de ser explotables y las reservas posibles que tienen una probalidad del 10% de una explotación comercial.

RIQUEZA DEL Z-2B

Se debe recordar que en el año 2009 Petrotech Peruana S.A., empresa de capitales norteamericanos, transfirió el contrato de explotación del Z-2B y otros lotes en exploración al consorcio Savia por US $ 900 millones de dólares. Se especula que el monto pagado fue mayor, pero oficialmente se transfirieron las instalaciones, torres y plataformas, y especialmente las reservas probadas.

Mas se debe tener presente que las reservas probadas y probables le correspondían al Estado, y las plataformas marinas más algunas embarcaciones eran y son propiedad de la petrolera estatal Petroperú, la misma que tuvo que abonar más de US $ 256 millones entre 1994 y 1997 para poder honrar los compromisos de deuda con la aseguradora de la Belco en el asunto de la AIG. Este fue uno de los costos de las reinserción financiera ante la crisis del primer gobierno aprista que estatizó a la Belco Petroleum.

Es más, todos los consumidores de combustibles tuvimos que financiar dicha deuda, pues en ese período el 7.5% de los ingresos mensuales por la venta de derivados del petróleo por parte de Petroperú eran deducidos para pagar dicha deuda externa.

Por tanto, PetroTech se sacó la lotería en el 2009, se pasó de vivo pues valorizó y vendió lo que no le correspondía. Por tal motivo, el consorcio Savia conformado por Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur, pagó US $ 900 millones a sabiendas que el contrato por el Z-2B terminaba en el 2023.

RESERVAS MILLONARIAS

Es de suponer que la petrolera Savia y sus asesores realizaron las proyecciones necesarias para el período 2010/2023 con supuestos de precios y volúmenes, estimación de ingresos, costos y rentabilidad para recuperar el precio de compra, las inversiones realizadas más las utilidades correspondientes.

Por ello cabe preguntarse ¿cuál es el valor de un lote que tiene 14.4 millones de barriles de reservas probadas de crudo, de un petróleo liviano que se vende a la Refinería de PetroPerú? Debiera ser evidente que a un precio de US $ 70 dólares el barril el valor de dichas reservas supera los US $ 1,000 millones de dólares, que sería mayor con las reservas probables y posibles.

Si a esa riqueza se suma el valor de las reservas probadas de gas natural que superan los 16 billones de pies cúbicos, más los 2 millones de reservas probadas de líquidos de gas natural, que procesadas se transforman al día en la Planta Procesadora de Gas Pariñas en casi 1,000 barriles diarios de gas licuado de petróleo (GLP), con los cuales se paga la planilla de todos los trabajadoras de Savia.

UNA SALIDA

Por todo ello, sostenemos que todas las empresas sin excepción deben pagar por las reservas probadas en una negociación contractual anticipada con Perupetro, y no esperar el vencimiento de los contratos. Se deben licitar las reservas en un proceso abierto, transparente, y de competencia.

En esta condición se encuentran las empresas como Savia Perú, Graña y Montero, Petrolera Monterrico, Sapet, CNPC, Pluspetrol Norte, Maple Energy y Aguaytía Energy estas dos últimas que tienen importantes reservas de líquidos de gas natural.

De lo contrario extenderles una prórroga por 30 años bajo el argumento de la promoción de las inversiones en el sector no deja de ser un “engaña muchachos”, una práctica mercantilista, rentista con incentivos a las empresas petroleras que no asumieron riesgos en los últimos treinta años.

Una indebida prórroga contractual como parte sustantiva de una Nueva Ley de Hidrocarburos (NLH) sería una prueba más evidente de los niveles de descomposición social y política alcanzado por el Congreso de la República en una coyuntura donde la corrupción corroe todos los niveles del Estado. De allí, que por la salud moral del país, el referido proyecto con su dictamen debe volver a comisiones y ser enriquecido con las opiniones de los organismos competentes como el Ministerio del Ambiente y Economía y Finanzas para empezar.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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