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Hidrocarburos: lobbismo entreguista y corruptor

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Refinería de gas y petróleo

Prórroga por 30 años más a Sapet, CNPC, Petrolera Monterrico, Aguaytía, con menores tasas de regalías.

En nuestro país, el mercantilismo y el extractivismo han sido y son los métodos propios de hacer negocios con los recursos naturales, los mismos que en términos constitucionales son propiedad de la Nación y el Estado en su representación ejerce formalmente el “jus imperium”, es decir, el poder soberano sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que por leyes particulares es transferido a los privados.

Así, por ejemplo, en el subsuelo el petróleo crudo, “in situ”, es propiedad del Estado, extraídos los hidrocarburos la propiedad le corresponde a la empresa privada. ¡Sutilezas de los estudios de abogados para engatusar a la opinión pública!

En el fondo, el dueño de las “moléculas” es el capital privado, que como propietario tiene el uso, la posesión y el usufructo sobre los hidrocarburos. A esto en la jerga del sector se le llama de “libre disposición”; así se pueden exportar más de 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes del lote 56 para cumplir con un perverso contrato de exportación; sin embargo, el gasoducto del sur, la petroquímica y el nodo energético, no tienen las reservas probadas de gas suficientes que garanticen el abastecimiento para Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

Por tanto, el “estado capturado” por el gran capital y los grupos de poder económico percibe una parte del valor producido en forma de regalías en los llamados “contratos de licencia” y una regalía equivalente en los llamados “contratos de servicios”. En los primeros el Estado transfiere la propiedad mediante el abono de una regalía, cuya tasa está pactada contractualmente.

En los contratos de servicios el propietario es el Estado, representado por Perupetro que le paga al operador una retribución que puede ser en valor o en especie, pero el supuesto titular y propietario es el Estado quien dispone en última instancia. Ejemplo, en el lote Z-2B el Estado retribuye al operador el 84 % de la producción, y lo que resta del valor equivalente a un 16 % como regalía equivalente en petróleo y gas le corresponde a Perupetro, que tiene que comercializarlo a precios de mercado.

Por ello, sin afectación de la rentabilidad privada, pero como un acto de soberanía todos los contratos de hidrocarburos sin excepción debieran convertirse a “contratos de servicios”, para que sea el Estado quien decida sobre el destino final de los mismos. ¡Así, desde el punto de vista nacional no conviene al país, exportar gas natural barato y comprar petróleo más caro para abastecer el mercado interno!

Aquí, es importante destacar que en los denominados contratos de servicios que son una minoría entre los contratos de explotación, tales como el Z-2B que fue operado por la petrolera norteamericana PetroTech desde 1994 hasta el 2009 y luego por la empresa Savia, y los contratos del lote I y V operados por la cuestionada Graña y Montero Petrolera, son contratos de servicios con fecha próxima de vencimiento, y están moviendo “cielo y tierra” con otras empresas (Sapet, CNPC, Petrolera Monterrico, Aguaytía) para que se le extiendan graciosamente sus contratos por 30 años adicionales, con menores tasas de regalías.

algunas empresas que operaban entre el 2004 al 2005 en los lotes petroleros

ENTREGUISMO LEGALIZADO

Si el sector de hidrocarburos está conformado por el petróleo, gas natural y los líquidos de gas natural, nos debiera interesar por razones contractuales la rentabilidad pasada, presente y futura de los contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2026, que como afirma el presidente de Perupetro, ingeniero Seferino Yesquén por “razones técnicas” debieran gozar de la prórroga por 30 años más. ¡Más granjerías a empresas que no han realizado inversiones de riesgo!

La historia económica de nuestro país pasando por el ciclo del guano, salitre, caucho, cobre, oro, harina de pescado, petróleo y gas, es la historia de la infamia, del saqueo, de la subvaluación de los recursos naturales sobre todo agotables en el tiempo. Ello es una responsabilidad histórica de quienes están al frente del Estado y de sus instituciones, que juegan a favor casi siempre, de los capitales privados.

Ello no es responsabilidad exclusiva de las empresas que tienen como objetivo maximizar la rentabilidad, para ello utilizan reconocidos estudios de abogados y consultores como gestores de intereses, que serán reconocidos con suculentos honorarios de éxito, cuando se alcancen los objetivos empresariales.

Desde el punto de vista legal los contratos son firmados tanto por los ministros del sector Energía y Minas, Economía y Finanzas más el Presidente de la República, que se ha comprometido según el último discurso por Fiestas Patrias, en una lucha frontal contra la corrupción.

En este caso, el objetivo fundamental contenido en la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos, la esencia de la norma más que la promoción de inversión en el sector que no deja de ser “un cuento chino”, es la prórroga contractual por 30 años a las empresas petroleras que no han realizado inversiones de riesgo y que han obtenido importantes utilidades, cuando el precio del petróleo se encontraba por debajo de los US $ 60 dólares como en los años 2004 y 2005 tal como se expone en el cuadro correspondiente.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

La historia económica es un buen punto de partida para estudiar los “privilegios, granjerías y mercedes” que pretenden las empresas lobbistas. Según sus voceros interesados de la Sociedad de Hidrocarburos como de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las empresas petroleras con precios de US $ 70 o US $ 60 dólares el barril, están en una mala situación económica financiera, e incluso obtendrían pérdidas, pues sus costos y las tasas de regalías que pagan no serían competitivas, de allí la necesidad de un ajuste hacia abajo.

En el año 2004 utilizando los precios del marcador petróleo WTI, con precios del orden de los US $ 41.44 el barril de crudo, el listado de empresas que ponemos a disposición del lector, presenta los ingresos y la utilidad neta positiva declarada en todos los casos. Por extensión en el 2005 con precios superiores a los US $ 56.49 el barril los ingresos y las utilidades aumentan sensiblemente.

En el caso de Graña y Montero los resultados por los lotes I y V ubicados en el noroeste, con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos aumentan de US $ 33.2 millones de dólares en el 2004 a US $ 41.7 millones en el 2005. Es más, la utilidad neta declarada aumenta de US $ 4.8 millones a US $ 10.9 millones.

En realidad, la tasa de rentabilidad neta sería mayor al 26 % de los ingresos, si se suman los montos por los conceptos que se cargan a los costos y que se deducen como gasto tales como las depreciaciones y amortizaciones que le permiten a las empresas un mayor flujo de caja para el financiamiento de sus operaciones. ¡No deja de ser curioso que las empresas obtengan utilidades con precios del crudo a US $ 41 dólares y declaren pérdidas con precios de US $ 70!

De la misma forma, la empresa Petrotech Peruana por los resultados del lote Z-2B ubicado en el Zócalo Continental ahora operado por Savia en el noroeste del país (Piura), con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos sumaron los US $ 139 millones en el 2004, y treparon a los US $ 193 millones en el 2005. También la utilidad neta declarada, la utilidad residual se dispara de US $ 38.9 millones a US $ en el 2004 a US $ 64 millones en el 2005. ¡Estos datos no son abstracciones, son realidades sobre rentabilidades de empresas que presionan por más granjerías!

En el caso de la brasileña Petrobras Energía por los resultados en el lote X ahora operado por la estatal china CNPC ubicado en el noroeste, con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos aumentaron de 156.6 millones de dólares en el 2004 a 251 millones en el 2005. Es más, la utilidad neta declarada se dispara de US $ 37 millones a US $ 69 millones en similar período.

En la selva central, la empresa Aguaytía Energy del Perú por las operaciones en el lote 31-C obtuvo ingresos del orden de los US $ 96.5 millones en el 2004 los cuales aumentaron en el 2005 para sumar los US $ 110.8 millones. En cuanto a las utilidades netas aumentaron de los US $ 17.2 millones a US $ 21.3 millones para el mismo período.

LA PERA EN DULCE

No debiera haber duda que los lotes más importantes son aquellos que fueron operados por la empresa Pluspetrol Norte, el antiguo 1-AB ahora lote 192, que legalmente le correspondería a Petroperú, conjuntamente con el lote 8 (Trompeteros) todavía operado por Pluspetrol pues su contrato vencería en el 2026.

Por las operaciones conjuntas tanto del lote 1-AB y lote 8 Pluspetrol Norte obtuvo ingresos de US $ 430 millones en el 2004 y una utilidad neta de US $ 70.7 millones, con una tasa de rentabilidad del 16 %.

En el 2005 con precios promedio de US $ 56.4 dólares el barril la empresa obtuvo ingresos del orden de los US $ 583.9 millones y una utilidad neta de US $ 125.2 millones lo que determinó una tasa de rentabilidad de 21.4 por ciento. En verdad, la rentabilidad real es mayor, como se demostrará en artículos futuros.

En realidad, el lote 192 antiguo lote 1-AB se constituye en el lote relevante por su potencial en reservas probadas, a pesar de la calidad de crudo pesado que será tratado en la refinería modernizada de Talara. De allí, la importancia que Petroperú detente la propiedad y se asocie con empresas con espaldas financieras, dispuestas a invertir y asumir riesgos.

En resumen, demostramos la rentabilidad de algunos de los contratos que están próximos a su fecha de vencimiento con precios menores a los US $ 42 dólares el barril. Evidentemente ahora presionan por una indebida prórroga cuando lo que corresponde es la licitación internacional, la competencia y transparencia en la explotación de los recursos naturales.

Solamente el mercantilismo con los privilegios, mercedes y granjerías puede promover en el sector de hidrocarburos una nueva ley que constituye un atentado contra el interés público.

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Actualidad

Se cierra el círculo para asesinos venezolanos

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El Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Condevilla ordenó la detención preliminar por siete días contra el ciudadano venezolano Abraham Alberto Perozo Borja, al estar presuntamente implicado en el asesinato de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado. El asesinato ocurrió en el hotel Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

El Poder Judicial también ordenó detención preliminar por el plazo de siete días también para los ciudadanos venezolanos Angelbert Díaz Colina y Jhonatan Jesús Donayre Semprun, por el delito de homicidio calificado en agravio de Jafet Torrico Jara y Rubén Matamoros Delgado.

En el video se muestra la audiencia de control en el Ministerio Público de Lima norte de ambos venezolanos, que se suman a tres más de la misma nacionalidad que está detenidos.

La Policía Nacional intervino la tarde del miércoles a Jacksiver Jhoaury Salcedo Campos. La ciudadana de origen venezolano fue detenida en la intersección de la Av. Izaguirre con la calle Napo. Ella fue trasladada a la comisaría Sol de Oro y fue reconocida por su físico y las zapatillas con que estaba, que eran idénticas a las que salen en el video del hostal Señor de Sipán.
Asimismo, figuran Verónica Andreina Montoya Araujo “Roxi” y el cuartelero del hostal Señor de Sipán, Alexander Salazar Álvarez. La primera cuenta con prisión preventiva con fines de extradición por otro caso y el segundo seguiría detenido, pero ahora bajo prisión preventiva.

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Política

Con la soga al cuello

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Vicente Silva Checa

Luego del anuncio de la Fiscalía respecto al próximo interrogatorio de Vladimiro Montesinos a cargo del fiscal José Pérez, y la posibilidad de incluir en la acusación de lavado de activos contra Fuerza Popular el uso de dinero proveniente de la corrupción en los años 90, el analista político Carlos Monge consideró que el caso se torna “mucho más complejo y serio de lo que se tenía identificado inicialmente”.

“Considerando que el señor Vicente Silva Checa (acusado de ser testaferro de Montesinos y asesor en las sombras de Keiko Fujimori según un testigo protegido) ha tenido un vínculo histórico con estos actos de corrupción, e incluso ya purgó cárcel, me parece totalmente razonable que la Fiscalía convoque a Montesinos para indagar cuál era el mecanismo en los ‘90 para guardar el dinero que sería usado posteriormente en las campañas del fujimorismo”, indicó.

“Además del dinero de la caja negra de Odebrecht, parece que la acusación también apunta a movimientos de dinero, en un blanqueo de millones de dólares entregados a Joaquín Ramírez para que lo blanquee en universidades, usando el mecanismo de empresas familiares que proveían de servicios sobrevaluados a su propia universidad”, agregó.

Sobre el vínculo de Silva Checa y Keiko Fujimori, Monge afirmó que “si el problema fuera que solo la asesora, habría un problema ético, y nadie va preso por tener un delincuente de asesor”. “Sin embargo, en caso se compruebe que Silva Checa es donante de dinero proveniente de la corrupción en los ‘90 y usado en las campañas de Keiko Fujimori, el caso se volvería mucho más grave por ampliarse la figura de lavado de activos”, señaló.

FINANCIADOS POR EL NARCOTRÁFICO

Monge recordó los casos más emblemáticos de los vínculos del fujimorismo con el narcotráfico en la dictadura de los años ‘90: “Recuerdo el caso del desvío de armas para las Farc a cambio de pagos con dinero proveniente del narcotráfico colombiano, que era la forma como las Farc financiaba sus compras de armamento. Luego, han habido acusaciones de parte de narcos de la zona del Huallaga, quienes indicaron que pagaban cupos a Montesinos para que los proteja en sus operaciones”.

“Entonces no es novedad que Montesinos aparezca asociado a lavado de dinero del narcotráfico. Esto tiene muchos antecedentes y no sería para nada una sorpresa que surgiera algo nuevo en ese sentido durante el interrogatorio”, añadió.

Además, indicó que si bien ya desde los ‘80 han existido acusaciones de narco parlamentarios dirigidas a las bancadas de Acción Popular y el Apra, “con el fujimorismo se ha fortalecido esa presencia”. “El fujimorismo, recordemos, ha logrado ser el espacio de representación política de muchas economías ilegales. Ahí se expresa el lobby de las universidades truchas para tirarse abajo a la Sunedu; hay parlamentarios fujimoristas que son defensores de las cooperativas ilegales en el Vraem; otros están vinculados a la minería y a la pesca ilegal; y así sucesivamente podemos mencionar casos”, afirmó.

NO ES PERSECUCIÓN POLÍTICA

Respecto a la protesta expresada por los parlamentarios de Fuerza Popular, quienes manifestaron que el interrogatorio a Vladimiro Montesinos se programó con el afán de presionar al Tribunal Constitucional en el caso del hábeas corpus de Keiko Fujimori, Monge indicó que “ellos se han pasado años tratando de contarnos el cuento de que Fujimori era un pobre tonto que no se enteraba de lo que ocurría a sus espaldas”.

“Han tratado de construir esa narrativa; sin embargo todos sabemos cómo son las cosas. Obviamente, les molesta que ahora reaparezca la figura de Montesinos asociada al fujimorismo y por eso inventan esto de la persecución política. Pero son argumentos de defensa porque se sienten afectados por la íntima asociación de Montesinos no solo con Alberto Fujimori sino con Keiko, porque era él quien pagaba sus estudios”, apuntó.

Monge advirtió que “no hablamos de niños de 12 años que no se han preguntado de dónde sale la plata para pagar el colegio, sino de adultos que estudiaron maestrías en el extranjero y que recibían del asesor de inteligencia ese dinero sin preguntarse de dónde venía”.

ACUSACIÓN SERÁ CONTUNDENTE

Finalmente, el analista político destacó que “se van acumulando evidencias sobre el funcionamiento de Fuerza Popular como una organización criminal, y ante cada nueva prueba sus miembros reaccionan muy nerviosos para tratar de frenar la investigación”.

En este sentido, indicó que Silva Checa es una pieza que podría “ayudar a probar no solo cómo funcionaba Fuerza Popular y cómo trataba de obstruir la investigación, sino también permitirá llevar la madeja hacia atrás y mostrar la relación entre Montesinos y el fujimorismo, y cómo se habría sostenido esa relación hacia el presente con el soporte en campañas del dinero ilícito de la corrupción de los años ‘90”.

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Política

Criminalización de los trabajadores mineros sindicalizados

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Enfrentamientos conflictos sociales policía contramanifestaciones huelgas

Lo grave de todo esto es que Sylvia Cáceres, ministra de Trabajo, no cumple con su labor de mediar, que debería ser el rol de un funcionario del Estado peruano, para que empresarios y trabajadores se acerquen y lleguen a un acuerdo para solucionar el pliego de reclamos que fue presentado oportunamente.

En vez del diálogo que solicitan reciben la indiferencia de la SNMPE y para remate fueron reprimidos de manera violenta por un piquete de la Policía Nacional, cuando fueron a protestar al Ministerio de Trabajo para solicitar que se solucione su petitorio.

Para remate, el grupo de congresistas que los acompañó para conseguir el diálogo, nos referimos a María Elena Foronda, Hernando Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del del Frente Amplio, fueron arrastrados y maltratados por los gendarmes.

Esto revela que no hay respeto por las autoridades congresales y a ello se sumaron: Salvador Heresi, segundo vicepresidente del Congreso, que los acusó de “incitar” a la violencia, y Pedro Olaechea, presidente del Legislativo, que le mintió cínicamente al país.

Federación Nacional de Trabajadores Mineros Metalúrgicos y Siderúrgicos del Perú

REACCIONES SOLIDARIAS

En seguida entrevistamos a Jorge Juárez, secretario general de la FNTMMP, quien nos dijo cómo se encuentra el sector laboral que representa, a más de una semana de la violencia de la que fueron víctimas. De igual modo a Francisco Soberon, fundador de Aprodeh y exsecretario de la Coordinadora Nacional de Derchos Humanos (CNDDHH), y a Jorge Bracamonte, titular de esa entidad.

—¿En que estado está la situación que ustedes enfrentan?

—El día sábado pasado nos comprometimos con la ministra respecto a que íbamos a reunirnos la SNMPE el martes, en el marco del extraproceso, pero la ministra no ha asistido, solamente estuvieron el conciliador y la jefa del departamento de Solución de Conflictos del Ministerio de Trabajo, la doctora Manuela García.

Estamos viendo para el día 25 una propuesta de diálogo con la ministra. Nosotros suspendimos la huelga, pero lamentablemente vemos una actitud intransigente por parte de la SNMPE, que desconoce y no respeta a los trabajadores, y ni siquiera envía un representante para que pueda enterarse de cuál es nuestro planteamiento.

—¿Van a reiniciar la huelga?

—Nosotros suspendimos la huelga el día sábado, después de nuestra excarcelación, ya que fuimos ilegalmente detenidos. Vamos a retomar nuevamente esta medida de fuerza, para ello vamos a tener una reunión este fin de semana para evaluar la reanudación de la huelga nacional indefinida, porque la SNMPE sigue dando las mismas muestras de intransigencia.

—La ministra de Trabajo tampoco se ha presentado…

—Claro, parece que ella y la SNMPE están en la mima sintonía.

—¿Sabe si se ha reunido con los representantes de la SNMPE?

—Tal vez ellos se habrán reunido pero con nosotros no había absolutamente nadie.

—Entonces, este fin de semanana reinician la huelga nacional indefinida.

—Sí, definitivamente. Lamentamos que no haya una voluntad de diálogo. Como usted verá, ni siquiera se presentan para dialogar y resolver, de una vez, nuestro pliego de reclamos.

 

ALGO MÁS

“Nos parece reprobable que el Congreso de la República pretenda estigmatizarlos y acusarlos de azuzadores de la violencia. Esto da cuenta del tipo de Congreso que tenemos, en donde el presidente del Legislativopuede permitirse mentir cínicamente frente al país”, concluyó Bracamonte.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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