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Hidrocarburos: lobbismo entreguista y corruptor

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Refinería de gas y petróleo

Prórroga por 30 años más a Sapet, CNPC, Petrolera Monterrico, Aguaytía, con menores tasas de regalías.

En nuestro país, el mercantilismo y el extractivismo han sido y son los métodos propios de hacer negocios con los recursos naturales, los mismos que en términos constitucionales son propiedad de la Nación y el Estado en su representación ejerce formalmente el “jus imperium”, es decir, el poder soberano sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que por leyes particulares es transferido a los privados.

Así, por ejemplo, en el subsuelo el petróleo crudo, “in situ”, es propiedad del Estado, extraídos los hidrocarburos la propiedad le corresponde a la empresa privada. ¡Sutilezas de los estudios de abogados para engatusar a la opinión pública!

En el fondo, el dueño de las “moléculas” es el capital privado, que como propietario tiene el uso, la posesión y el usufructo sobre los hidrocarburos. A esto en la jerga del sector se le llama de “libre disposición”; así se pueden exportar más de 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes del lote 56 para cumplir con un perverso contrato de exportación; sin embargo, el gasoducto del sur, la petroquímica y el nodo energético, no tienen las reservas probadas de gas suficientes que garanticen el abastecimiento para Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

Por tanto, el “estado capturado” por el gran capital y los grupos de poder económico percibe una parte del valor producido en forma de regalías en los llamados “contratos de licencia” y una regalía equivalente en los llamados “contratos de servicios”. En los primeros el Estado transfiere la propiedad mediante el abono de una regalía, cuya tasa está pactada contractualmente.

En los contratos de servicios el propietario es el Estado, representado por Perupetro que le paga al operador una retribución que puede ser en valor o en especie, pero el supuesto titular y propietario es el Estado quien dispone en última instancia. Ejemplo, en el lote Z-2B el Estado retribuye al operador el 84 % de la producción, y lo que resta del valor equivalente a un 16 % como regalía equivalente en petróleo y gas le corresponde a Perupetro, que tiene que comercializarlo a precios de mercado.

Por ello, sin afectación de la rentabilidad privada, pero como un acto de soberanía todos los contratos de hidrocarburos sin excepción debieran convertirse a “contratos de servicios”, para que sea el Estado quien decida sobre el destino final de los mismos. ¡Así, desde el punto de vista nacional no conviene al país, exportar gas natural barato y comprar petróleo más caro para abastecer el mercado interno!

Aquí, es importante destacar que en los denominados contratos de servicios que son una minoría entre los contratos de explotación, tales como el Z-2B que fue operado por la petrolera norteamericana PetroTech desde 1994 hasta el 2009 y luego por la empresa Savia, y los contratos del lote I y V operados por la cuestionada Graña y Montero Petrolera, son contratos de servicios con fecha próxima de vencimiento, y están moviendo “cielo y tierra” con otras empresas (Sapet, CNPC, Petrolera Monterrico, Aguaytía) para que se le extiendan graciosamente sus contratos por 30 años adicionales, con menores tasas de regalías.

algunas empresas que operaban entre el 2004 al 2005 en los lotes petroleros

ENTREGUISMO LEGALIZADO

Si el sector de hidrocarburos está conformado por el petróleo, gas natural y los líquidos de gas natural, nos debiera interesar por razones contractuales la rentabilidad pasada, presente y futura de los contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2026, que como afirma el presidente de Perupetro, ingeniero Seferino Yesquén por “razones técnicas” debieran gozar de la prórroga por 30 años más. ¡Más granjerías a empresas que no han realizado inversiones de riesgo!

La historia económica de nuestro país pasando por el ciclo del guano, salitre, caucho, cobre, oro, harina de pescado, petróleo y gas, es la historia de la infamia, del saqueo, de la subvaluación de los recursos naturales sobre todo agotables en el tiempo. Ello es una responsabilidad histórica de quienes están al frente del Estado y de sus instituciones, que juegan a favor casi siempre, de los capitales privados.

Ello no es responsabilidad exclusiva de las empresas que tienen como objetivo maximizar la rentabilidad, para ello utilizan reconocidos estudios de abogados y consultores como gestores de intereses, que serán reconocidos con suculentos honorarios de éxito, cuando se alcancen los objetivos empresariales.

Desde el punto de vista legal los contratos son firmados tanto por los ministros del sector Energía y Minas, Economía y Finanzas más el Presidente de la República, que se ha comprometido según el último discurso por Fiestas Patrias, en una lucha frontal contra la corrupción.

En este caso, el objetivo fundamental contenido en la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos, la esencia de la norma más que la promoción de inversión en el sector que no deja de ser “un cuento chino”, es la prórroga contractual por 30 años a las empresas petroleras que no han realizado inversiones de riesgo y que han obtenido importantes utilidades, cuando el precio del petróleo se encontraba por debajo de los US $ 60 dólares como en los años 2004 y 2005 tal como se expone en el cuadro correspondiente.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

La historia económica es un buen punto de partida para estudiar los “privilegios, granjerías y mercedes” que pretenden las empresas lobbistas. Según sus voceros interesados de la Sociedad de Hidrocarburos como de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las empresas petroleras con precios de US $ 70 o US $ 60 dólares el barril, están en una mala situación económica financiera, e incluso obtendrían pérdidas, pues sus costos y las tasas de regalías que pagan no serían competitivas, de allí la necesidad de un ajuste hacia abajo.

En el año 2004 utilizando los precios del marcador petróleo WTI, con precios del orden de los US $ 41.44 el barril de crudo, el listado de empresas que ponemos a disposición del lector, presenta los ingresos y la utilidad neta positiva declarada en todos los casos. Por extensión en el 2005 con precios superiores a los US $ 56.49 el barril los ingresos y las utilidades aumentan sensiblemente.

En el caso de Graña y Montero los resultados por los lotes I y V ubicados en el noroeste, con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos aumentan de US $ 33.2 millones de dólares en el 2004 a US $ 41.7 millones en el 2005. Es más, la utilidad neta declarada aumenta de US $ 4.8 millones a US $ 10.9 millones.

En realidad, la tasa de rentabilidad neta sería mayor al 26 % de los ingresos, si se suman los montos por los conceptos que se cargan a los costos y que se deducen como gasto tales como las depreciaciones y amortizaciones que le permiten a las empresas un mayor flujo de caja para el financiamiento de sus operaciones. ¡No deja de ser curioso que las empresas obtengan utilidades con precios del crudo a US $ 41 dólares y declaren pérdidas con precios de US $ 70!

De la misma forma, la empresa Petrotech Peruana por los resultados del lote Z-2B ubicado en el Zócalo Continental ahora operado por Savia en el noroeste del país (Piura), con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos sumaron los US $ 139 millones en el 2004, y treparon a los US $ 193 millones en el 2005. También la utilidad neta declarada, la utilidad residual se dispara de US $ 38.9 millones a US $ en el 2004 a US $ 64 millones en el 2005. ¡Estos datos no son abstracciones, son realidades sobre rentabilidades de empresas que presionan por más granjerías!

En el caso de la brasileña Petrobras Energía por los resultados en el lote X ahora operado por la estatal china CNPC ubicado en el noroeste, con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos aumentaron de 156.6 millones de dólares en el 2004 a 251 millones en el 2005. Es más, la utilidad neta declarada se dispara de US $ 37 millones a US $ 69 millones en similar período.

En la selva central, la empresa Aguaytía Energy del Perú por las operaciones en el lote 31-C obtuvo ingresos del orden de los US $ 96.5 millones en el 2004 los cuales aumentaron en el 2005 para sumar los US $ 110.8 millones. En cuanto a las utilidades netas aumentaron de los US $ 17.2 millones a US $ 21.3 millones para el mismo período.

LA PERA EN DULCE

No debiera haber duda que los lotes más importantes son aquellos que fueron operados por la empresa Pluspetrol Norte, el antiguo 1-AB ahora lote 192, que legalmente le correspondería a Petroperú, conjuntamente con el lote 8 (Trompeteros) todavía operado por Pluspetrol pues su contrato vencería en el 2026.

Por las operaciones conjuntas tanto del lote 1-AB y lote 8 Pluspetrol Norte obtuvo ingresos de US $ 430 millones en el 2004 y una utilidad neta de US $ 70.7 millones, con una tasa de rentabilidad del 16 %.

En el 2005 con precios promedio de US $ 56.4 dólares el barril la empresa obtuvo ingresos del orden de los US $ 583.9 millones y una utilidad neta de US $ 125.2 millones lo que determinó una tasa de rentabilidad de 21.4 por ciento. En verdad, la rentabilidad real es mayor, como se demostrará en artículos futuros.

En realidad, el lote 192 antiguo lote 1-AB se constituye en el lote relevante por su potencial en reservas probadas, a pesar de la calidad de crudo pesado que será tratado en la refinería modernizada de Talara. De allí, la importancia que Petroperú detente la propiedad y se asocie con empresas con espaldas financieras, dispuestas a invertir y asumir riesgos.

En resumen, demostramos la rentabilidad de algunos de los contratos que están próximos a su fecha de vencimiento con precios menores a los US $ 42 dólares el barril. Evidentemente ahora presionan por una indebida prórroga cuando lo que corresponde es la licitación internacional, la competencia y transparencia en la explotación de los recursos naturales.

Solamente el mercantilismo con los privilegios, mercedes y granjerías puede promover en el sector de hidrocarburos una nueva ley que constituye un atentado contra el interés público.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

Publicado

en

Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

en

Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

Publicado

en

Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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