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Hidrocarburos: lobbismo entreguista y corruptor

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Refinería de gas y petróleo

Prórroga por 30 años más a Sapet, CNPC, Petrolera Monterrico, Aguaytía, con menores tasas de regalías.

En nuestro país, el mercantilismo y el extractivismo han sido y son los métodos propios de hacer negocios con los recursos naturales, los mismos que en términos constitucionales son propiedad de la Nación y el Estado en su representación ejerce formalmente el “jus imperium”, es decir, el poder soberano sobre los recursos naturales renovables y no renovables, que por leyes particulares es transferido a los privados.

Así, por ejemplo, en el subsuelo el petróleo crudo, “in situ”, es propiedad del Estado, extraídos los hidrocarburos la propiedad le corresponde a la empresa privada. ¡Sutilezas de los estudios de abogados para engatusar a la opinión pública!

En el fondo, el dueño de las “moléculas” es el capital privado, que como propietario tiene el uso, la posesión y el usufructo sobre los hidrocarburos. A esto en la jerga del sector se le llama de “libre disposición”; así se pueden exportar más de 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural provenientes del lote 56 para cumplir con un perverso contrato de exportación; sin embargo, el gasoducto del sur, la petroquímica y el nodo energético, no tienen las reservas probadas de gas suficientes que garanticen el abastecimiento para Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna.

Por tanto, el “estado capturado” por el gran capital y los grupos de poder económico percibe una parte del valor producido en forma de regalías en los llamados “contratos de licencia” y una regalía equivalente en los llamados “contratos de servicios”. En los primeros el Estado transfiere la propiedad mediante el abono de una regalía, cuya tasa está pactada contractualmente.

En los contratos de servicios el propietario es el Estado, representado por Perupetro que le paga al operador una retribución que puede ser en valor o en especie, pero el supuesto titular y propietario es el Estado quien dispone en última instancia. Ejemplo, en el lote Z-2B el Estado retribuye al operador el 84 % de la producción, y lo que resta del valor equivalente a un 16 % como regalía equivalente en petróleo y gas le corresponde a Perupetro, que tiene que comercializarlo a precios de mercado.

Por ello, sin afectación de la rentabilidad privada, pero como un acto de soberanía todos los contratos de hidrocarburos sin excepción debieran convertirse a “contratos de servicios”, para que sea el Estado quien decida sobre el destino final de los mismos. ¡Así, desde el punto de vista nacional no conviene al país, exportar gas natural barato y comprar petróleo más caro para abastecer el mercado interno!

Aquí, es importante destacar que en los denominados contratos de servicios que son una minoría entre los contratos de explotación, tales como el Z-2B que fue operado por la petrolera norteamericana PetroTech desde 1994 hasta el 2009 y luego por la empresa Savia, y los contratos del lote I y V operados por la cuestionada Graña y Montero Petrolera, son contratos de servicios con fecha próxima de vencimiento, y están moviendo “cielo y tierra” con otras empresas (Sapet, CNPC, Petrolera Monterrico, Aguaytía) para que se le extiendan graciosamente sus contratos por 30 años adicionales, con menores tasas de regalías.

algunas empresas que operaban entre el 2004 al 2005 en los lotes petroleros

ENTREGUISMO LEGALIZADO

Si el sector de hidrocarburos está conformado por el petróleo, gas natural y los líquidos de gas natural, nos debiera interesar por razones contractuales la rentabilidad pasada, presente y futura de los contratos que tienen fecha de vencimiento antes del 2026, que como afirma el presidente de Perupetro, ingeniero Seferino Yesquén por “razones técnicas” debieran gozar de la prórroga por 30 años más. ¡Más granjerías a empresas que no han realizado inversiones de riesgo!

La historia económica de nuestro país pasando por el ciclo del guano, salitre, caucho, cobre, oro, harina de pescado, petróleo y gas, es la historia de la infamia, del saqueo, de la subvaluación de los recursos naturales sobre todo agotables en el tiempo. Ello es una responsabilidad histórica de quienes están al frente del Estado y de sus instituciones, que juegan a favor casi siempre, de los capitales privados.

Ello no es responsabilidad exclusiva de las empresas que tienen como objetivo maximizar la rentabilidad, para ello utilizan reconocidos estudios de abogados y consultores como gestores de intereses, que serán reconocidos con suculentos honorarios de éxito, cuando se alcancen los objetivos empresariales.

Desde el punto de vista legal los contratos son firmados tanto por los ministros del sector Energía y Minas, Economía y Finanzas más el Presidente de la República, que se ha comprometido según el último discurso por Fiestas Patrias, en una lucha frontal contra la corrupción.

En este caso, el objetivo fundamental contenido en la propuesta de una nueva ley de hidrocarburos, la esencia de la norma más que la promoción de inversión en el sector que no deja de ser “un cuento chino”, es la prórroga contractual por 30 años a las empresas petroleras que no han realizado inversiones de riesgo y que han obtenido importantes utilidades, cuando el precio del petróleo se encontraba por debajo de los US $ 60 dólares como en los años 2004 y 2005 tal como se expone en el cuadro correspondiente.

RECORDAR ES VOLVER A VIVIR

La historia económica es un buen punto de partida para estudiar los “privilegios, granjerías y mercedes” que pretenden las empresas lobbistas. Según sus voceros interesados de la Sociedad de Hidrocarburos como de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, las empresas petroleras con precios de US $ 70 o US $ 60 dólares el barril, están en una mala situación económica financiera, e incluso obtendrían pérdidas, pues sus costos y las tasas de regalías que pagan no serían competitivas, de allí la necesidad de un ajuste hacia abajo.

En el año 2004 utilizando los precios del marcador petróleo WTI, con precios del orden de los US $ 41.44 el barril de crudo, el listado de empresas que ponemos a disposición del lector, presenta los ingresos y la utilidad neta positiva declarada en todos los casos. Por extensión en el 2005 con precios superiores a los US $ 56.49 el barril los ingresos y las utilidades aumentan sensiblemente.

En el caso de Graña y Montero los resultados por los lotes I y V ubicados en el noroeste, con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos aumentan de US $ 33.2 millones de dólares en el 2004 a US $ 41.7 millones en el 2005. Es más, la utilidad neta declarada aumenta de US $ 4.8 millones a US $ 10.9 millones.

En realidad, la tasa de rentabilidad neta sería mayor al 26 % de los ingresos, si se suman los montos por los conceptos que se cargan a los costos y que se deducen como gasto tales como las depreciaciones y amortizaciones que le permiten a las empresas un mayor flujo de caja para el financiamiento de sus operaciones. ¡No deja de ser curioso que las empresas obtengan utilidades con precios del crudo a US $ 41 dólares y declaren pérdidas con precios de US $ 70!

De la misma forma, la empresa Petrotech Peruana por los resultados del lote Z-2B ubicado en el Zócalo Continental ahora operado por Savia en el noroeste del país (Piura), con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos sumaron los US $ 139 millones en el 2004, y treparon a los US $ 193 millones en el 2005. También la utilidad neta declarada, la utilidad residual se dispara de US $ 38.9 millones a US $ en el 2004 a US $ 64 millones en el 2005. ¡Estos datos no son abstracciones, son realidades sobre rentabilidades de empresas que presionan por más granjerías!

En el caso de la brasileña Petrobras Energía por los resultados en el lote X ahora operado por la estatal china CNPC ubicado en el noroeste, con precios repito de US $ 41.44 el barril, los ingresos aumentaron de 156.6 millones de dólares en el 2004 a 251 millones en el 2005. Es más, la utilidad neta declarada se dispara de US $ 37 millones a US $ 69 millones en similar período.

En la selva central, la empresa Aguaytía Energy del Perú por las operaciones en el lote 31-C obtuvo ingresos del orden de los US $ 96.5 millones en el 2004 los cuales aumentaron en el 2005 para sumar los US $ 110.8 millones. En cuanto a las utilidades netas aumentaron de los US $ 17.2 millones a US $ 21.3 millones para el mismo período.

LA PERA EN DULCE

No debiera haber duda que los lotes más importantes son aquellos que fueron operados por la empresa Pluspetrol Norte, el antiguo 1-AB ahora lote 192, que legalmente le correspondería a Petroperú, conjuntamente con el lote 8 (Trompeteros) todavía operado por Pluspetrol pues su contrato vencería en el 2026.

Por las operaciones conjuntas tanto del lote 1-AB y lote 8 Pluspetrol Norte obtuvo ingresos de US $ 430 millones en el 2004 y una utilidad neta de US $ 70.7 millones, con una tasa de rentabilidad del 16 %.

En el 2005 con precios promedio de US $ 56.4 dólares el barril la empresa obtuvo ingresos del orden de los US $ 583.9 millones y una utilidad neta de US $ 125.2 millones lo que determinó una tasa de rentabilidad de 21.4 por ciento. En verdad, la rentabilidad real es mayor, como se demostrará en artículos futuros.

En realidad, el lote 192 antiguo lote 1-AB se constituye en el lote relevante por su potencial en reservas probadas, a pesar de la calidad de crudo pesado que será tratado en la refinería modernizada de Talara. De allí, la importancia que Petroperú detente la propiedad y se asocie con empresas con espaldas financieras, dispuestas a invertir y asumir riesgos.

En resumen, demostramos la rentabilidad de algunos de los contratos que están próximos a su fecha de vencimiento con precios menores a los US $ 42 dólares el barril. Evidentemente ahora presionan por una indebida prórroga cuando lo que corresponde es la licitación internacional, la competencia y transparencia en la explotación de los recursos naturales.

Solamente el mercantilismo con los privilegios, mercedes y granjerías puede promover en el sector de hidrocarburos una nueva ley que constituye un atentado contra el interés público.

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Política

Salaverry favorito en elecciones del Congreso

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Luz Salgado Rubianes

Pareciera que Lourdes Alcorta le enmienda la plana a Rosa Bartra (que muere por la presidencia) al decir en una entrevista que se debe dar paso a otros partidos (léase fujitopos o personajes fácilmente manipulables) para que presidan la Mesa Directiva.

Y no estamos equivocados en esta lectura entre líneas si escuchamos los decires y vemos el comportamiento de los integrantes de la mayoría fujimorista que tanto daño le hace al país con su comportamiento de espaldas al pueblo y promoviendo lobies a favor de grandes intereses.

Lo que sucede es que se oponen al retorno de Daniel Salaverry, que es apoyado por votos pluripartidarios, que están contra el fujimorismo, y para ello asumen posturas aparentemente democráticas.

Nada más falso. Porque hoy más que nunca se quieren aferrar al poder congresal y cuentan para ello con los fujitopos y el posible retorno de Kenji y los Avengers, y la salida de Keiko Fujimori, gracias a la intervención de los cuellos blancos, y apelan a jugadas distractivas.

PICOTAZOS DE GALLINAZOS

Para el congresista Hernando Cevallos de Frente Amplio se trata de “picotazos de gallinazos, como dicen en mi tierra (dice riendo); ese tipo de discusiones no tocan el problema de fondo, que Fuerza Popular tiene una presencia absolutamente indeseable dentro y fuera del Congreso”.

“Es absurdo que quieran mantenerse no solo en la presidencia sino integrando de cualquier manera la Mesa Directiva. Así que para nosotros la presencia de Fuerza Popular en una Mesa Directiva, hace inviable cualquier apoyo”, subrayó.

“Yo creo que están inmersos en un debate que surgen de sus propias contradicciones. Algunos son más realistas en el sentido de que interpretan mejor el sentimiento de lo que la gente quiere y otros que siguen pensando que como tienen una mayoría relativa quieren aferrarse a la presidencia”, comentó.

NO TIENEN DIFERENCIAS

“Esa es la contradicción que tienen en la superficie, pero de fondo no tienen contradicciones. Apuestan a seguir manteniendo la verticalidad en el Congreso, las prácticas antidemocráticas”, resaltó.

“Y, sobre todo, en donde no hay diferencias entre Alcorta y Bartra es en impulsar una agenda en el Congreso más cerca de los lobies y de los grupos empresariales, que de las necesidades de la gente, de los trabajadores, de los conflictos ambientales, un desarrollo independiente del país, allí no tienen contradicciones”, concluyó el legislador Cevallos.

Por su parte, el excongresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lava Jato del Parlamento (2011-2016), dijo que “por el bien de ellos deberían dejar de practicar lo de siempre en el Congreso. Todos estos años el comportamiento de los niveles de conducción del Legislativo no ha tenido efectos positivos. El Congreso como institución está muy cuestionado”, sentenció.

“Entonces hay que avanzar y darle una mirada más pluripartidaria al Congreso. Esto le haría bien a Fuerza Popular, porque la imagen que se tiene es el de una fuerza política que no está abordando los problemas del país sino que se está beneficiando un solo sector y el Congreso se está debilitando más”, observó.

ESTÁN MOVIENDO SUS PIEZAS

“Ellos están moviendo sus piezas, diseñando el tema. Espero que los congresista en esta última fase, porque les queda tiempo hasta el 2021, se reinventen y rediseñen sus prácticas, porque lamentablemente se nota que no hay democracia interna, que hay mucho sesgo político y mucho manoseo de acuerdo a los intereses y eso no puede seguir ocurriendo”, concluyó Pari.

El analista político Miguel Jugo expresó “que el fujimorismo está en un debate, creo que es cierto eso. Mantiene la Mesa Directiva o se la da a alguien afín a ellos. Eso es un debate bastante intenso el que tienen. Hay sectores que apoyan a Rosa Bartra, que quiere la presidencia del Congreso”.

Dijo que “uno de los allegados a la bancada fujimorista es el congresista Pedro Olaechea para que de alguna manera no aparezcan como están apareciendo. Su postura central será intentar en un primer momento mantener la Mesa Directiva y eso tiene que ver con los votos que puedan recolectar”, subrayó.

NO QUIEREN ARRIESGAR

“Ellos tampoco quieren -agregó- arriesgarse a perder en una votación frente a una mesa multipartidaria. Me parece que lo primero que quieren es frustrar es una mesa pluripartidaria sin ellos y por eso es que están buscando a los Avengers, a Concertación Parlamentaria, a los Contigo y de esa manera mantenerse en la Mesa Directiva”, señaló.

“Están convocando a los fujitopos. Ellos definitivamente saben del poder que les da controlar la Mesa Directiva y quieren recuperarla y poner a una persona bastante afín a ellos para que haga lo que ellos quieren”, puntualizó.

ALGO MÁS

“Yo creo que eso sería el segundo negocio. El primero es -reitero-, frustrar una mesa pluripartidaria, controlar la Mesa Directiva y finalmente seguir como han estado estos años”, concluyó Jugo.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La Cantuta es una herida abierta

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La Cantuta es una herida abierta

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

Avelino Guillén

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

La Cantuta es una herida abierta

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Toledo y Karp podrían buscar asilo para evitar extradición

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Alejandro Toledo Manrique y Eliane Karp

Si la justicia norteamericana le concede libertad bajo fianza, Alejandro Toledo podría buscar cobijarse en alguna embajada para evitar la extradición al Perú, pero esa sería una jugada muy torpe, advirtió Yván Montoya, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad hoc.

Fue al comentar la situación de Toledo Manrique -investigado por recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación de la Carretera Interoceánica- quien fue arrestado en Estados Unidos y presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California.

“Podría ocurrir que pueda intentar ganar tiempo de esa manera y cobijarse en alguna embajada. Sería una jugada torpe de su parte, pero podría ocurrir, con lo cual ya sería una perturbación -digamos- a la garantía de aseguramiento que el gobierno norteamericano tiene en este momento con respecto a él, para poder asegurar que la decisión eventual de extraditarlo se pueda efectivizar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

KARP TAMBIÉN

El exintegrante de la Procuraduría no descartó que Eliane Karp corra la misma suerte que Alejandro Toledo y que intente también asilarse en alguna embajada o viajar hacia Israel.

“Creo que es inevitable el pedido hacia ella, pero yo creo que en este momento debe estar pensando, no sé si volar hacia Israel o en cobijarse en alguna embajada para protegerse. La política de Israel es no conceder la extradición de sus nacionales y se complica un poco el panorama”, anotó.

“Por eso mismo, las medidas deben pensarse rápidamente en este momento respecto a ella también”, argumentó.

Cabe indicar que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, informó que el pedido para la extradición de la ex primera dama Eliane Karp por el caso Ecoteva se encuentra en trámite.

Karp está en calidad de acusada en el caso Ecoteva, por el cual la Fiscalía solicitó una condena de 16 años y 8 meses, el pago de una reparación civil de 15 millones de soles y su extradición.

PODRÍA ESGRIMIR QUE LO PERSIGUEN

“Mi preocupación es que en pleno proceso de extradición, el expresidente Alejandro Toledo pueda esgrimir como argumento que está siendo un perseguido dos veces por un mismo delito y que hay una vulneración de sus derechos”, advirtió Montoya.

“Hay que tener un poco de cuidado para lo que viene respecto al proceso de extradición de Toledo. Él tiene dos procesos: el de Ecoteva y Odebrecht. El cuaderno que se envió en julio del año pasado, en el 2018, es el de Odebrecht y tiene ver con sobre todo el delito fuente, de todos los sobornos y la imputación del lavado, pero existe el de Ecoteva. Son dos procesos que al final tienen nexos comunes, y en buena cuenta el caso Odebrecht termina o debería terminar en Ecoteva por su propia naturaleza”, dijo en el programa No hay Derecho de Ideeleradio.

“Mi preocupación está en que, en pleno proceso, él esgrima como argumento que está siendo perseguido por dos procesos judiciales, que aquí hay un abuso, y una vulneración de sus derechos y que eso es el reflejo de la persecución sobre él”, anotó.

PERSECUCIÓN

“La detención de Alejandro Toledo es una noticia esperanzadora y significa dos cosas. La primera: que la Fiscalía -al tomar la decisión de solicitar al juez federal esta detención para iniciar el proceso judicial de extradición- implica que efectivamente encuentra una causa probable, una causa razonable para que al final un juez conceda la extradición”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y segundo: este pedido encarna que en el ente fiscal y judicial no habría un contexto de persecución política que desnaturalice o que tenga en mente la posibilidad de que sea posteriormente cuestionado como una forma de persecución política”, subrayó

ALGO MÁS

“En el caso de Fujimori, también empezó con una detención en una dependencia militar, pero luego fue progresivamente modulada la medida y hubo una detención domiciliaria, una orden de arraigo para no salir en el país hasta que se determine el proceso de extradición”, recordó Yván Montoya.

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