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¿Hay una caja 2 en la Universidad Católica?

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Fachada Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP

Este texto, publicado antes de confirmarse la renuncia de Marcial Rubio al rectorado de la Universidad Católica, confirma que la virtual exacción a los alumnos con el cobro de moras (como si el centro académico fuera una financiera) excesivas tiene aspectos por investigar.

El lío de los cobros ilegales que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) hizo a sus estudiantes morosos durante los últimos 6 años, ha desatado una crisis que está muy lejos de amainar con escuetas explicaciones y devoluciones extemporáneas derivadas del reclamo estudiantil.

Al contrario, parece que escalará mucho más, especialmente con la actitud soberbia del principal responsable: el rector Marcial Rubio, que ni siquiera se disculpa tras haber confesado que decidió incumplir expresamente la Ley de Protección a la Economía Familiar – Ley 29947, desde el día de su entrada en vigencia en noviembre del 2012.

La entrevista que le hizo la periodista Rosa María Palacios ha despertado muchas más dudas de las que Rubio quería esclarecer, sobre todo en materia contable.

¿Cómo ingresó el cobro indebido a la contabilidad de la PUCP y cómo se administró? Son preguntas razonables luego de escuchar la justificación del rector. Lamentablemente esto no puede ser despejado solo con la información financiera y operativa disponible en el sitio web de la universidad.

Marcial Rubio Correa rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

INVESTIGAR ESTADOS FINANCIEROS

Rubio dijo cosas como que en 2017 abrieron el presupuesto con 19 millones de soles de déficit, pero en noviembre del 2018 -cuando le explotó el escándalo de los cobros truchos debido al reclamo exitoso de un alumno de posgrado– tenían de pronto los 32 millones en la mano para devolver a los miles de estudiantes sorprendidos. Y sin necesidad de tomar una deuda en el sistema financiero, ni subir las pensiones para tal fin.

Ante la pregunta de la periodista, Rubio agregó que se había “provisionado” ese monto a lo largo de los últimos tres años ajustando ingresos y egresos, porque siempre se consideró que era una deuda a devolver, quién sabe cuándo, a quienes no sabían que estaban prestando.

Hasta ahí nomás ya hay una gran cantidad de información contable que necesita ser cotejada revisando los estados financieros con sus respectivas “notas explicativas” contrastando con el presupuesto anual. Dichos resultados están publicados, pero las notas no, y además el presupuesto disponible está súper agregado.

Por un mínimo de transparencia y a modo de control de daños, urge que publiquen las notas y el presupuesto detallado de los años en cuestión, a fin de que los interesados, que van desde los estudiantes y sus familiares, hasta las autoridades educativas, pasando por la Fiscalía, la prensa anticorrupción, entre otros, escudriñen la ruta de ese dinero. A menos, claro está, que haya algo más obscuro que el solo hecho de engañar y sacar provecho de quien se atrasa en la pensión.

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP protestan marchan

¿A DÓNDE FUE EL DINERO?

Peor aún, si se determinara que el dinero cobrado de manera ilegal, como el propio Rubio ha reconocido, no hubiese ingresado a los presupuestos que se aprueban en el Consejo Universitario y de cada facultad o, más grave, si se detectara que no hubiera sido parte de la contabilidad oficial, ya estaríamos en más ilícitos penales que solo la estafa que se denuncia por redes.

¿En qué cuentas contables entró ese dinero? ¿A las de ingresos extraordinarios? ¿A las cuentas por pagar? ¿Ingresó al presupuesto como donación, préstamo o simplemente no ingresó? ¿Ha habido algún tipo de contubernio entre las máximas autoridades y el personal contable? ¿Hay una caja 2 en la PUCP? Esto debe ser esclarecido. No basta con devolver la plata porque los alumnos se dieron cuenta de la trafa.

Rubio dice que no cumplió la ley porque temía que ante la imposibilidad de prestarse en el sistema financiero entre 2011 y 2017 (embargo de bienes por pleito con Cipriani), la Católica se quede sin liquidez y termine cerrando, pues los alumnos son siempre potenciales morosos. Ojo que no ha mostrado cifras sobre la tasa específica de morosidad en la PUCP. Tampoco si las multas ilegales son eficaces para que la mayoría pague puntualmente.

Lo cierto es que según se aprecia preliminarmente en los estados financieros sin notas, y de lo dicho por el propio Rubio en la entrevista aludida, el riesgo nunca se cumplió. O sea, aún sin los cobros ilegales, la PUCP no hubiese tenido problemas de liquidez. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero durante todos estos años? ¿Por qué no se empezó a devolver de oficio hace rato si ya tenían la provisión? ¿Para qué sirvió en realidad esa plata?

¿BONOS A DEDO?

Algunos amigos contadores mal pensados me dicen que una forma non sancta de utilizar esos millones pudo ser mediante bonificaciones a determinados trabajadores.

Pregunto entonces ¿se ha dado bonificaciones a la collera de las máximas autoridades de la PUCP en los últimos años? ¿Hay profesores privilegiados que cobraron bonos a dedo? ¿Las propias autoridades han recibido dietas extraordinarias o pagos indebidos? ¿Han aumentado su patrimonio por encima de sus ingresos? ¿Quiénes son todos los involucrados?

Y no se ofendan el distinguido rector y sus vices, pues estamos en un contexto donde nadie puede eludir una investigación por más títulos, trayectoria y prestigio académico que tenga.

Las preguntas son legítimas y deben ser materia de una investigación preliminar de la Fiscalía, porque esto ya no es solo asunto de una comunidad universitaria que lava la ropa sucia en casa. Se ha vuelto de interés público.

Aunque Marcial Rubio diga que “el que no sabe de derecho a todo lo llama robo” y que no todo el mundo puede “distinguir entre deuda civil e ilícito penal”, estamos hablado de más de 30 millones de soles. Mucha plata, mucha opacidad, muchas contradicciones, muchos años en el rectorado y el incumplimiento de la ley como telón de fondo. Todo eso junto no suena nada bien.

ALGO MÁS

Lo paradójico es que el mismo rector se excusa en que hizo lo que hizo por un “estado de necesidad”. Precisamente, esa es una causa eximente de responsabilidad que está regulada en el mismo Código Penal que no quiere que le apliquen. Lo malo para Rubio y su gente es que eso no le tocaría calificarlo a él por más abogado que sea, sino al Poder Judicial llegado el momento.

 

Carlos Alonso Bedoya

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Política

Escandaloso fallo favorece a la corrupción

Publicado

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Richard Concepción Carhuancho

El fujiaprismo vive sus horas más difíciles pero eso no quiere decir que ya se haya diluido su poder en la estructura de justicia, que les ha lanzado un salvavidas con la separación del juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación por lavado de activos a Fuerza Popular.

Porque la mafia sigue moviendo sus hilos aunque tengan a todo un país en contra, según se refleja en importantes opiniones recogidas por Diario UNO.

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró que acciones como el apartamiento de Carhuancho son un retroceso enorme en la lucha contra la corrupción.

“Lamentamos mucho que un prófugo de la justicia (Jaime Yoshiyama), mediante su abogado (Humberto Abanto), pueda tener tanto poder. Eso nos indica que hay claros indicios que todavía el Apra y el fujimorismo continúan manejando el Poder Judicial”, aseguró.

Indicó que esto significa un atraso enorme, porque la nueva jueza tendrá que conocer todo el expediente, y a los investigados les permitirá preparar una estrategia que más les convenga.

QUE HABLE LA CALLE

“Y poner de pretexto que el juez Carhuancho se expresó de manera inadecuada realmente solo ellos lo creen, por eso espero que las marchas continúen y que este sistema de justicia de ponga en orden”, agregó.

Afirmó que “la declaración del juez Carhuancho que dijo que Fuerza Popular, además del Apra, tiene capturado el Ministerio Público es una expresión que la compartimos todos los peruanos”.

NO ESTÁ JUSTIFICADA

Maritza García, parlamentaria de Cambio 21, declaró a Diario UNO que es una decisión que no se ajusta a la ley, porque cuando nuestro ordenamiento procesal penal establece las causales y otras circunstancias, obviamente estas tienen que demostrar los actos de un juez imparcial.

“En este caso el juez ha transmitido públicamente parte de un hecho que ya estaba en una resolución judicial, y ha dicho lo que todo el Perú conoce, que el Ministerio Público estaba tomado por Fuerza Popular”, afirmó.

Aseguró que no considera que decir eso sea una causal válida, objetiva y suficiente para apartar a un magistrado probo que estaba tocando a los peces gordos.

LAMENTABLE

Dijo que los avances de la investigación son un hecho histórico “porque jamás en el país hemos podido derrotar a la corrupción y cuando estamos por encerrar a los peces gordos suceden estas cosas. Es lamentable porque es un revés para la lucha contra la corrupción, al menos en esta coyuntura política es una mala decisión”.

Para García es un malestar que lo advierte la población que sigue protestando porque el juez Carhuancho se ha caracterizado por ser un juez objetivo y probo, no tendría porqué costarle el puesto la citada declaración.

“Y la mejor prueba de que Fuerza Popular tenía tomado el Ministerio Público es el blindaje al señor Chávarry durante tanto tiempo y ha tenido que ser la presión de la ciudadanía que ha logrado su alejamiento del cargo”, añadió.

PERJUDICA LAS INVESTIGACIONES

Alberto Quintanilla, legislador de Nuevo Perú, declaró que aunque el juez Carhuancho haya cometido alguna falta o alguna declaración no conveniente, no justifica el apartamiento porque él es el juez natural al que le corresponde encargarse del proceso.

“El apartarlo lo que hace es perjudicar las investigaciones y el juzgamiento de los presuntos actos de corrupción que hay en el caso de Odebrecht. Es un mal precedente porque debilita la lucha contra la corrupción que se ha estado librando con firmeza”, aseveró.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Sentencia equivocada

Publicado

en

Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich, declaró a Diario UNO que “en este caso, Carhuancho se exponía innecesariamente pero desde mi punto de vista es una sentencia equivocada aunque con Carhuancho uno puede discrepar y siento que es un juez demasiado canero, que regala las prisiones preventivas, que es una medida extrema”.

Manifestó que no cree que Carhuancho haya demostrado ser parcial, “al contrario es un juez muy imparcial, es decir mete presos a todos, a Ollanta Humala o a Keiko Fujimori, no se le puede acusar de que es un juez parcializado. Eso sería injusto y por tanto, viendo su actuación, me parece que es una sentencia equivocada esta que lo ha sacado de estos casos tan importantes”.

“Y tengo algunos reparos por la trayectoria que he visto de la nueva jueza, que tiene unos fallos que no me parecen tan buenos, como los favorables a Félix Moreno. Ojalá este cambio no tenga ningún efecto en el caso cocteles, porque estará bajo el ojo de todos, porque supuestamente el cambio está hecho para eso”, añadió.

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Política

Estrategia para liberar a Keiko

Publicado

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Keiko Fujimori detenida sonriendo

Hernando Cevallos, congresista del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que es más que evidente que se ha ejecutado una estrategia de desplazar al juez Carhuancho para crear mejores condiciones para que Keiko y su entorno puedan salir de la prisión y liberarse de los procesos que tienen.

“Las declaraciones de Carhuancho han sido apresuradas en las circunstancias en que él se encontraba pero reflejan un sentimiento nacional que en el momento en que declara no significaba un adelanto de opinión sino que corroboraba algo que era absolutamente diferente”, destacó.

Además, agregó: “La Sala de Apelaciones debió evaluar las consecuencias de sacar a un juez que tiene continuidad y conocimiento del caso y que es emblemático, de enorme repercusión nacional y de mucha trascendencia en la lucha contra la corrupción. Y lo han sacado de manera apresurada, sin audiencia pública”.

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