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¿Hay una caja 2 en la Universidad Católica?

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Fachada Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP

Este texto, publicado antes de confirmarse la renuncia de Marcial Rubio al rectorado de la Universidad Católica, confirma que la virtual exacción a los alumnos con el cobro de moras (como si el centro académico fuera una financiera) excesivas tiene aspectos por investigar.

El lío de los cobros ilegales que la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) hizo a sus estudiantes morosos durante los últimos 6 años, ha desatado una crisis que está muy lejos de amainar con escuetas explicaciones y devoluciones extemporáneas derivadas del reclamo estudiantil.

Al contrario, parece que escalará mucho más, especialmente con la actitud soberbia del principal responsable: el rector Marcial Rubio, que ni siquiera se disculpa tras haber confesado que decidió incumplir expresamente la Ley de Protección a la Economía Familiar – Ley 29947, desde el día de su entrada en vigencia en noviembre del 2012.

La entrevista que le hizo la periodista Rosa María Palacios ha despertado muchas más dudas de las que Rubio quería esclarecer, sobre todo en materia contable.

¿Cómo ingresó el cobro indebido a la contabilidad de la PUCP y cómo se administró? Son preguntas razonables luego de escuchar la justificación del rector. Lamentablemente esto no puede ser despejado solo con la información financiera y operativa disponible en el sitio web de la universidad.

Marcial Rubio Correa rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP)

INVESTIGAR ESTADOS FINANCIEROS

Rubio dijo cosas como que en 2017 abrieron el presupuesto con 19 millones de soles de déficit, pero en noviembre del 2018 -cuando le explotó el escándalo de los cobros truchos debido al reclamo exitoso de un alumno de posgrado– tenían de pronto los 32 millones en la mano para devolver a los miles de estudiantes sorprendidos. Y sin necesidad de tomar una deuda en el sistema financiero, ni subir las pensiones para tal fin.

Ante la pregunta de la periodista, Rubio agregó que se había “provisionado” ese monto a lo largo de los últimos tres años ajustando ingresos y egresos, porque siempre se consideró que era una deuda a devolver, quién sabe cuándo, a quienes no sabían que estaban prestando.

Hasta ahí nomás ya hay una gran cantidad de información contable que necesita ser cotejada revisando los estados financieros con sus respectivas “notas explicativas” contrastando con el presupuesto anual. Dichos resultados están publicados, pero las notas no, y además el presupuesto disponible está súper agregado.

Por un mínimo de transparencia y a modo de control de daños, urge que publiquen las notas y el presupuesto detallado de los años en cuestión, a fin de que los interesados, que van desde los estudiantes y sus familiares, hasta las autoridades educativas, pasando por la Fiscalía, la prensa anticorrupción, entre otros, escudriñen la ruta de ese dinero. A menos, claro está, que haya algo más obscuro que el solo hecho de engañar y sacar provecho de quien se atrasa en la pensión.

Estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú PUCP protestan marchan

¿A DÓNDE FUE EL DINERO?

Peor aún, si se determinara que el dinero cobrado de manera ilegal, como el propio Rubio ha reconocido, no hubiese ingresado a los presupuestos que se aprueban en el Consejo Universitario y de cada facultad o, más grave, si se detectara que no hubiera sido parte de la contabilidad oficial, ya estaríamos en más ilícitos penales que solo la estafa que se denuncia por redes.

¿En qué cuentas contables entró ese dinero? ¿A las de ingresos extraordinarios? ¿A las cuentas por pagar? ¿Ingresó al presupuesto como donación, préstamo o simplemente no ingresó? ¿Ha habido algún tipo de contubernio entre las máximas autoridades y el personal contable? ¿Hay una caja 2 en la PUCP? Esto debe ser esclarecido. No basta con devolver la plata porque los alumnos se dieron cuenta de la trafa.

Rubio dice que no cumplió la ley porque temía que ante la imposibilidad de prestarse en el sistema financiero entre 2011 y 2017 (embargo de bienes por pleito con Cipriani), la Católica se quede sin liquidez y termine cerrando, pues los alumnos son siempre potenciales morosos. Ojo que no ha mostrado cifras sobre la tasa específica de morosidad en la PUCP. Tampoco si las multas ilegales son eficaces para que la mayoría pague puntualmente.

Lo cierto es que según se aprecia preliminarmente en los estados financieros sin notas, y de lo dicho por el propio Rubio en la entrevista aludida, el riesgo nunca se cumplió. O sea, aún sin los cobros ilegales, la PUCP no hubiese tenido problemas de liquidez. Entonces, ¿qué se hizo con ese dinero durante todos estos años? ¿Por qué no se empezó a devolver de oficio hace rato si ya tenían la provisión? ¿Para qué sirvió en realidad esa plata?

¿BONOS A DEDO?

Algunos amigos contadores mal pensados me dicen que una forma non sancta de utilizar esos millones pudo ser mediante bonificaciones a determinados trabajadores.

Pregunto entonces ¿se ha dado bonificaciones a la collera de las máximas autoridades de la PUCP en los últimos años? ¿Hay profesores privilegiados que cobraron bonos a dedo? ¿Las propias autoridades han recibido dietas extraordinarias o pagos indebidos? ¿Han aumentado su patrimonio por encima de sus ingresos? ¿Quiénes son todos los involucrados?

Y no se ofendan el distinguido rector y sus vices, pues estamos en un contexto donde nadie puede eludir una investigación por más títulos, trayectoria y prestigio académico que tenga.

Las preguntas son legítimas y deben ser materia de una investigación preliminar de la Fiscalía, porque esto ya no es solo asunto de una comunidad universitaria que lava la ropa sucia en casa. Se ha vuelto de interés público.

Aunque Marcial Rubio diga que “el que no sabe de derecho a todo lo llama robo” y que no todo el mundo puede “distinguir entre deuda civil e ilícito penal”, estamos hablado de más de 30 millones de soles. Mucha plata, mucha opacidad, muchas contradicciones, muchos años en el rectorado y el incumplimiento de la ley como telón de fondo. Todo eso junto no suena nada bien.

ALGO MÁS

Lo paradójico es que el mismo rector se excusa en que hizo lo que hizo por un “estado de necesidad”. Precisamente, esa es una causa eximente de responsabilidad que está regulada en el mismo Código Penal que no quiere que le apliquen. Lo malo para Rubio y su gente es que eso no le tocaría calificarlo a él por más abogado que sea, sino al Poder Judicial llegado el momento.

 

Carlos Alonso Bedoya

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Política

El TC se queda sin argumentos

Publicado

en

Ernesto Blume Fortini

El abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Luis Purizaga, afirmó que lo más importante de la decisión del Ministerio Público de rechazar el pedido de Pier Figari de acogerse a la nueva Ley de Financiamiento Ilícito de Organizaciones Políticas y así evadir la acusación por lavado de activos, “es que deja un buen mensaje para cuando el Tribunal Constitucional revise el hábeas corpus presentado por la defensa de Keiko Fujimori”.

“Esta interpretación normativa del Ministerio Público, sumada a la opinión de la Corte Suprema en el recurso de casación (que no se pronunció en contra de la figura de prisión preventiva), le pone la tarea más difícil al TC en caso pretenda resolver el hábeas corpus con un pronunciamiento que deje de lado todo este análisis jurídico previo”, indicó.

Además, destacó la coyuntura del pronunciamiento del Ministerio Público, considerando que en pocos días el TC tendrá que evaluar el hábeas corpus de Keiko Fujimori. “Va a ser muy difícil que decidan algo muy apartado de lo dicho por la Corte Suprema o por el Ministerio Público tras el pedido de Figari”, agregó.

Purizaga señaló que el rechazo al pedido de Figari “definitivamente refuerza la posición del Equipo Especial Lava Jato”. “Los fiscales han trabajado en base al presunto delito de lavado de activos, en caso se hubiese aceptado cambiar el tipo penal a un nuevo delito, toda la investigación tendría que haberse ajustado y también tendrían que cambiar la estrategia. Lo que ha pasado, entonces, es muy beneficioso para el trabajo que realiza la Fiscalía”, apuntó.

UN TC POLITIZADO

Purizaga advirtió que el Congreso “está corriendo para elegir a los nuevos integrantes del Tribunal Constitucional”. “Esta premura por elegir a los miembros del TC no es gratis. Pareciera que pase lo que pase, antes que acabe setiembre, lo que quieren hacer es dejar un TC ante la eventualidad de una cuestión de confianza y una disolución del Congreso”, añadió.

Respecto a la elección de un nuevo TC, manifestó que “no hay un procedimiento claramente establecido sobre cómo debe ser un proceso de selección de los integrantes, pues prácticamente se deja al libre albedrío de los congresistas para que de acuerdo a sus criterios se elijan a los miembros”. En ese sentido, agregó que si no hay criterios claros y si se tiene en cuenta la actual coyuntura, se corre el peligro de tener un “TC politizado”.

NORMAS Y LEYES A MEDIDA

El abogado recordó que el pedido de Pier Figari se realizó como consecuencia de la modificación a un proyecto de reforma política planteado por el Ejecutivo y modificado por el Congreso. “No es gratuito ni es casual que se haya cambiado la propuesta de reforma para que termine en una ley que rebaja sanciones, en un salvavidas que le arrojan a quienes están investigados”, afirmó.

Por otro lado, Purizaga se refirió a la forma en que se ha estado moviendo el escenario político. “Llama mucho la atención que el Congreso haya pisado el acelerador con la elección del nuevo TC. Ellos saben que máximo a fin de mes la propuesta del Ejecutivo debe estar resuelta, a favor o no. Además, vemos que el sistema de justicia y los actores políticos están tan relacionados que resulta complicado darse cuenta cómo ciertos procesos de reforma del Estado van dilatándose hasta ver cómo se resuelve el tema del adelanto de elecciones”.

“Pero a puertas de un desenlace, todo se vuelve a reactivar: sale lo del TC, anuncian el nuevo reglamento para el concurso público de la Junta Nacional de Justicia, entre otras cosas. Entonces, me da la impresión de que han mantenido todo en stand by para ver cómo se iba resolviendo el conflicto con el Ejecutivo”.

En ese sentido, cuestionó el trabajo del Legislativo ya que “los proyectos que se están tocando ahora se hacen con la premura del tiempo, y con un Congreso cuestionado que busca sacar normas a la medida de sus intereses”. “Recordemos que los proyectos de la reforma política tenían errores gravísimos, como omitir el voto del extranjero. Para hacer normas así, preferiría que no se hagan, porque no me genera confianza y creo que la mayoría de ciudadanos piensa lo mismo”.

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Política

Inseguridad en la Amazonía: una continuidad devastadora

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Incendio en el Amazonas

Los incendios que siguen ocurriendo en el centro de la cuenca Amazónica y que no han podido ser contenidos en su verdadera magnitud, han llevado a poner atención en sus causas e impactos más visibles.

Entre las primeras hay que denunciar la existencia de una línea de continuidad entre políticas nacionales e internacionales que coinciden en agravar los riesgos que se ciernen sobre la estabilidad y sostenibilidad de la Amazonía en el futuro inmediato.

En ese sentido, la mirada que tiene el presidente Bolsonaro sobre la Amazonía de su país, coincide con los intereses de la agroindustria soyera, donde los grandes ganaderos lo único que desean es la expansión agrícola a costa del bosque primario.

Guardando la distancia, lo mismo sucede en el Perú con los intereses de madereros, migrantes, mineros ilegales y traficantes de tierras, que son defendidos en el Congreso por parlamentarios amazónicos como Tubino, Del Águila, Uchiñahua, Reátegui, Beteta y otros cuya visión extractivista es cortoplacista, y se disfraza de “desarrollo” y “lucha contra la pobreza”.

En el plano domestico peruano, observamos que desde el Ministerio de Economía y Finanzas y el propio Palacio de Gobierno coinciden en considerar esta región como un espacio vacío para la explotación de recursos energéticos sobre los que se basa la economía mundial (petróleo, gas y madera) y no se aprovecha debidamente su capacidad –y valor- de absorción de carbono para enfrentar el cambio climático, o su capacidad de almacenar la mayor reserva de agua dulce en el planeta, además de albergar una enorme biodiversidad.

Así tenemos el debate y aprobación de la Ley Purús (30574) para promover la construcción de carreteras, el irregular proyecto de la Hidrovía Amazónica, así como los próximos proyectos promovidos desde el Ejecutivo que buscan incentivos para la actividad forestal.

Además, somos testigos de una recurrente cantidad de agresiones contra la integridad territorial de los Pueblos Indígenas de la Amazonía por parte de traficantes de tierras, una desordenada migración desde los Andes, y los programas estatales de desarrollo alternativo y titulación a ex cocaleros que impulsa DEVIDA en Huánuco, Ucayali y Junín.

En el otro plano, la no convocatoria de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), representó un fiel reflejo de la poca importancia que se le da a esta instancia. La Cancillería peruana, a pesar del pedido hecho desde el Congreso por la bancada de Nuevo Perú, prefirió no involucrar a otro país amazónico, Venezuela.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

El Pacto de Leticia no deja en claro la soberanía de los países amazónicos.

Y Bolsonaro, so pretexto de la defensa de la soberanía estatal, prefirió mantener su pleito de mensajes y tweets con el presidente Macron de Francia y le cerró la puerta a la cooperación internacional.

El subsiguiente Pacto de Leticia y la adopción de medidas paliativas y formales, no constituyen una adecuada respuesta cooperativa que respete la soberanía de los países amazónicos, sobre todo luego que la OEA aprobase la aplicación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) que otorga licencia de corso a EE.UU y sus aliados satélites en la región para provocar un incidente y posterior agresión militar contra Venezuela, como antes ocurrió en Vietnam (1965) y en Irak (1991 y 2003).

Brasil y Colombia, ahora aliados estratégicos de Trump, ambos vecinos de Venezuela, pueden ocupar el mismo rol que en su momento Filipinas o Kuwait para conducir la agresión militar.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un  sicario de la Casa Blanca.

La conexión Guaidó y paramilitares de Los Rastrojos, revelan que la oposición venezolana es solo un sicario de la Casa Blanca.

En tal sentido, no es casualidad 1) el incremento de sanciones unilaterales de EEUU a Venezuela, las mismas que incrementan la gravedad de la crisis humanitaria y el éxodo de sus ciudadanos a países vecinos; 2) el reinicio de acciones armadas de parte de una disidencia de las FARC que pone en grave riesgo la continuidad de los acuerdos de paz y el funcionamiento de todos los mecanismos de acompañamiento de la ONU, agravando la tensión ya existente en las fronteras de Colombia; 3) la realización de ejercicios militares por parte de Venezuela, lo que ha atizado la situación de seguridad regional; 4) las recientes fotos aparecidas de Juan Guaido con dudosos personajes de grupos paramilitares de “Los Rastrojos” (febrero 2019).

No vaya a ser que la continuación de esta peligrosa escalada geopolítica que usa como pretexto la democracia y la Amazonía, nos lleve a otro tipo de incendios ocasionados, ya no por la mano devastadora del empresario ganadero, sino como consecuencia de una intervención militar contra un país sudamericano.

 

RICARDO SOBERÓN
ABOGADO PERUANO, EX PRESIDENTE EJECUTIVO DE DEVIDA, DIRECTOR DEL CENTRO DE INVESTIGACIÓN DROGAS Y DERECHOS HUMANOS, CIDDH | NOTICIAS SER

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Política

Quieren desprestigiar a la izquierda

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en

Quieren desprestigiar a la izquierda - Agro Si Minas No

Lo grave de todo esto es que a la detención de los gobernadores regionales, Vladimir Cerrón, de Junín, y Walter Aduviri, de Puno, se suma la acusación de violentistas a los congresistas María Elena Foronda, Humberto Cevallos, Humberto Morales y Rogelio Tucto del Frente Amplio.

¿Qué delito cometieron? Interceder a favor del diálogo entre los trabajadores de la Federación de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos del Perú y el Ministerio de Trabajo, para que este ente estatal medie ante la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) en la solución a su pliego de reclamos.

Aquel día de la revuelta, la policía no tuvo reparos en agredir a los congresistas mencionados líneas arriba y de reprimir violentamente a los trabajadores, que se movilizaron pacíficamente en medio de una lluvia de bombardas lacrimógenas, de palos y otros vejámenes.

La reacción de los congresistas fue tajante y anunciaron que pedirían interpelar a Carlos Morán, ministro del Interior, por la agresión que sufrieron los padres de la patria, y exigirán la remoción del general que dirigió el operativo. Lejos de contar con el apoyo del Legislativo, sufren ostracismo, vituperios y calificativos injustos.

HEMOS ACTUADO DENTRO DE LA LEY

La congresista María Elena Foronda, del Frente Amplio, respondió a los ataques diciendo que “lamentablemente hay algunos medios de comunicación que difunden noticias malintencionadas”.

“El señor Pedro Olaechea, intentó hoy día (ayer) en la Junta de Portavoces, acusarnos como incitadores de la violencia, cuando lo único que hemos hecho es salir a respaldar a los trabajadores mineros la semana pasada”, explicó.

“El señor Olaechea demuestra que desconoce el tema. Como lo dijo mi vocero (Hernando Cevallos), siempre hemos actuado dentro de la ley, en ningún momento hemos demostrado violencia y menos prepotencia. Por ello todo, lo que dicen en contra nuestra es absolutamente falso”, subrayó.

LA VIOLENCIA NO TUVO RAZÓN DE SER

“Cuando nosotros hemos salido después de haber dialogado con la ministra de Trabajo, en presencia de ella, de la Fiscal de la Nación, el viceministro de Trabajo y el procurador de Trabajo, hubo una contraorden y se dieron las agresiones a los trabajadores y congresistas que estábamos presentes”, remarcó.

“No respetaron nuestra condición de parlamentarios, nos han tirado al suelo, nos han arrastrado. La verdad es que el uso de la violencia no tuvo razón de ser en esos momentos. No nos respetaron y nos dieron con todo y se llevaron detenidos a los señores dirigentes, contraviniendo una orden”, expresó.

“Yo creo que nos están sometiendo a un proceso de desgaste, nos quieren hacer aparecer como que somos una organización violenta, lo cual es absolutamente falso”, remarcó.

“Nuestro objetivo es promover el diálogo, usamos el cauce pacífico; creo que lo que quieren es desprestigiar cualquier acción de la izquierda”, concluyó la congresista Foronda.

FUE ALGO PATÉTICO

“Fue realmente algo patético”, sostuvo Hernando Cevallos, del Frente Amplio, quien refirió que Pedro Olaechea convocó a los voceros para llegar a un acuerdo en torno al caso de los legisladores de esa bancada.

“Llegamos y dijo el presidente Pedro Olaechea ‘Por favor, vamos a ver unos videos’. Enseñó los videos -sesgados- de lo que sucedió, hubo un intercambio de opiniones y los portavoces consideraron que ese no era un espacio para conversar este tipo de cosas”, indicó.

“Que si alguno pensaba que había algún problema, que lo denuncie de manera formal en la Comisión de Ética, pero que allí no es el espacio para pasar videos donde aparecen supuestamente imágenes que puedan comprometer a algún congresista en temas del conflicto minero”, indicó.

PRETENDEN AISLAR AL FRENTE AMPLIO

Para Cevallos, el presidente del Congreso tenía el objetivo de “generar algún tipo de acuerdo para aislar al Frente Amplio. De una manera vergonzosa y sin aviso previo, y sin coordinar con nadie, pasa videos editados, sesgados. La verdad que es una vergüenza”, ponderó Cevallos, quien reafirmó que “la Junta de Portavoces no es para eso”.

“Al final, en lo que terminó la reunión es en una exhortación a que, cuando suba gente a las galerías, se tenga cuidado de que cuiden las formas”, contó el parlamentario”, precisó.

ALGO MÁS

“Pudo, por ejemplo, preguntar al Ministerio Público, que estuvo presente en ese momento, averiguar la hora en que llegaron los congresistas, pedir la opinión del viceministro de Trabajo. Nada de eso se hizo. Simplemente pasó unos videos que alguien le alcanzó. Creo que es el mismo video que pasó Panorama el domingo, según me dijeron”, señaló el legislador.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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