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Graciosa prórroga por 30 años más

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Relación de contratos en explotasión próximos a su fecha de vencimiento y las tasas de regalías que paga y pretende pagar

Parasitismo rentista en los hidrocarburos.

La historia del petróleo en nuestro país es tan negra como el mismo crudo, pues combina buenas dosis de entreguismo, traiciones, corrupción, negocios turbios, enrequicimiento ilícito, todo a costa de la explotación de los recursos naturales como los hidrocarburos que están constituidos por el petróleo, el gas y los líquidos de gas natural. Es decir, es un asalto a la riqueza del país que según la Constitución de la República corresponde a la Nación, es decir a todos los peruanos.

Desde la infamia del famoso “Laudo de la Brea y Pariñas” en las primeras décadas del siglo pasado, que el siempre ponderado historiador Jorge Basadre, y el socialista José Carlos Mariátegui denunciaran, pasando por el escándalo de la “Página Once” en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde (1967), hasta la nefasta privatización de las unidades de la petrolera estatal PetroPerú durante el oprobio de la dictadura fujimorista (1992), la historia del petróleo es la expresión del entreguismo de nuestros recursos con puntuales excepciones.

Durante el régimen fujimorista se privatizaron a precio vil, los lotes con reservas probadas de PetroPerú (el lote Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X en Piura que previamente fuera desmembrado en pequeños lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, XIII, y por último el lote 8/8X en la selva (Trompeteros)

30 AÑOS MÁS SIN INVERSIONES DE RIESGO

Como se podrá observar en el cuadro correspondiente “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que paga y Pretende Pagar” las fechas de vencimiento contractual están cercanas. En el lote I el vencimiento es en diciembre del 2021, es decir, ahorita y en el caso del lote V el término de vigencia contractual es octubre del 2023.

En el caso de la cuestionada empresa estatal china Sapet filial de la CNPC que opera el lote VI/VII en el norte del país, y su matriz explota el lote X, la vigencia termina en octubre del 2023, y para el caso de la CNPC Perú que opera el lote X (El Alto en Talara) la caducidad contractual sería en mayo del 2024. Y siguen las fechas respectivamente.

Toda esta información es previa para entender los alcances, la naturaleza del proyecto que tiene un sugestivo nombre “Ley de Promoción de Hidrocarburos”, y que está próximo de ser sometido al pleno del Congreso para su aprobación.

Mediante el referido proyecto de ley que fue aprobado al caballazo en la Comisión de Energía y Minas el 6/6/18, sin mayor análisis y debate, haciendo uso de la prepotencia de la mayoría fujimorista, se pretende convertir el referido proyecto de ley en una nueva ley de hidrocarburos que sería una nueva estafa al país, con el mismo alcance histórico del oprobio de la “Brea y Pariñas” y la “Página Once”.

Así, con la excusa de promover las inversiones en el sector con el argumento de incrementar la producción se pretende otorgar facultades al organismo responsable PerúPetro de renegociar las regalías a tasas del 5 %, pues supuestamente las regalías pactadas de 20 % o más no resultan competitivas a nivel internacional.

En tal caso en lugar de otorgarle a PerúPetro el poder discrecional para renegociar regalías del 5 % no sería mejor optar por el término del contrato, o adelantar el término de vigencia, y convocar a una licitación y que sean las fuerzas del mercado las que determinen las tasas de regalías. ¿Por qué razones se tienen que disminuir las tasas de regalías como un acto administrativo? Acaso lo moderno y capitalista no sería que las fuerzas del mercado determinen las nuevas tasas de regalías.

No sería mejor para el fisco como alternativa invitar mediante un concurso público y transparente a una licitación internacional convocando a empresas petroleras con respaldo financiero con el objeto de subastar las reservas probadas, posibles y probables que tienen estos lotes, pues poseen un valor económico importante según sea el nivel del precio internacional.

Con ello en lugar de cargar el peso de los impuestos a los más pobres se podrían obtener recursos fiscales en el corto plazo, en lugar de estas prácticas rentistas, propia de parásitos ajenas a un capitalismo competitivo.

¿Por qué razones se pretende prorrogar por 30 años la vigencia de los contratos a las empresas que no han realizado inversiones de riesgo y que se han dedicado a explotar las reservas probadas, probables y posibles dejadas por PetroPerú?

Que esta realidad está próxima de ser un despojo para el país, lo expone con toda crudeza el artículo tercero de las Disposiciones Complementarias Finales del referido proyecto cuando expresamente sostiene que: “ Aquellos Contratistas cuyos Contratos se encuentren a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a siete años o menos del término de su plazo contractual y que hayan solicitado su adecuación a la presente ley conforme a la Segunda Disposición Complementaria, pueden acceder a la prórroga a que hace referencia el artículo 22-A de la ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, cumpliendo con los requisitos y el procedimiento del citado artículo…..”

Es decir, gracias a los poderes del lobismo, el entreguismo, la corrupción y al fujimorismo con sus aliados, graciosamente se pretende prorrogar por 20 años los contratos próximos a sus vencimientos que podrían ampliarse a 10 años más, sin concurso ni licitación internacional. ¡Una vergüenza más con traición a la Patria incluida!

ALGUNAS PERLAS

Como resulta evidente en el cuadro “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que Paga y Pretende Pagar” varios de los referidos contratos tienen fecha de vencimiento entre el 2019 y el 2026, como es el caso de los lotes I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera, y ya se conoce la forma de hacer negocios de esta empresa, comprometida hasta el tuétano en la corrupción de Odebrecht.

Es más, Graña y Montero durante el mediocre gobierno del Comandante Humala asumió en un cuestionado proceso el 100% de participación en los lotes del noroeste que fueron de la noruega InterOil. Allí, hubo un contubernio entre la nefasta presidencia del directorio de PetroPerú, bajo responsabilidad del inefable ex Comandante de la Policía Germán Velásquez, con la ministra del sector Ortiz Ríos, y la petrolera privada de serios indicios de corrupción en la reprivatización de los lotes III y IV, que estuvieron a cargo hasta el 2015 de la petrolera noruega, cuando por legítimo derecho estos lotes con sus reservas probadas debieron ser transferidos a la estatal PetroPerú.

La petrolera Graña y Montero en los lotes I y V mantiene con el organismo representante del Estado en el sector PerúPetro, un “contrato de servicios” mediante el cual el petróleo y gas que yace en el subsuelo, como la producción fiscalizada corresponden en propiedad al Estado, y a la petrolera se le paga una retribución en especie que comercializa con importantes beneficios.

En tal sentido lo que le resta al Estado, en este caso a PerúPetro es la regalía inversa, que en el lote I llega a ser una tasa del 18.64 % del valor de los hidrocarburos, y tratándose del lote V la tasa de regalía inversa es del 27.49 %, según la información oficial a mayo del presente. Con el presente proyecto no solamente se ampliaría la vigencia del contrato sino que también la tasa de regalías inversa sería de 5 %.

Como ha sido el caso de las mayorías de las empresas petroleras del noroeste Graña y Montero a pesar de los altos precios del crudo entre el 2003 al 2012 en más de 20 años de operaciones en el norte del país, tanto en los lotes I y V apenas ha perforado dos pozos exploratorios, que constituyen inversiones de riesgo. Mientras Sapet en el lote VI/ VII apenas perforó un solo pozo exploratorio. ¡Por tanto es de ripley otorgarle beneficios a estas empresas rentistas!

Por último, esta es una oportunidad histórica para que el Estado recupere la propiedad sobre los recursos petroleros, mediante la conversión de todos estos contratos de licencia a contratos de servicios, con ello el Estado se convierte en el titular y las empresas privadas en operadoras que perciben una retribución.

Es más, bajo nuevas condiciones el Estado debe licitar estos contratos al mayor y mejor postor y que sea la competencia y el mercado quienes fijen las nuevas tasas de regalías. Todo lo demás es mercantilismo puro, rentismo propio de los parásitos ajenos a un capitalismo competitivo.

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Política

Total respaldo al juez Concepción Carhuancho

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Marcha movilización protesta y respaldo a Richard Concepción Carhuancho

La población volvió a salir a la calle en Lima, Cusco y otras ciudades, para expresar su rechazo a la separación del juez Richard Concepción Carhuancho del caso de lavado de activos del partido Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori. Y para exigir su reposición.

En Lima, el objetivo de esta manifestación frente a la sede principal del Poder Judicial fue defender a Richard Concepción ante esta injusta disposición.

Una bandera peruana inmensa cubría gran parte de la avenida Paseo de los Héroes Navales y muchos levantaban pancartas con el rostro de Carhuancho, en una expresión espontánea de apoyo con un plantón que fue convocado por los colectivos No a Keiko y Keiko No Va, entre otros, mediante las redes sociales.

Los manifestantes reclamaron que haya justicia, porque no es posible que los supuestos y demostrados corruptos hagan lo que quieran en nuestro país, y lo saquen porque él está avanzando firme en las investigaciones, según dijo un estudiante.

Carhuancho estaba representando a los jueces probos que luchan contra las mafias enquistadas en el Estado y las que han protegido a César Hinostroza y a Pedro Chávarry. Por eso la protesta de la población.

Marcha movilización protesta y respaldo a Richard Concepción Carhuancho

EN CUSCO

Otra gran movilización recorrió las principales calles del Cusco, lideradas e integradas por organizaciones estudiantiles, políticas y sociales, que expresaron su respaldo al trabajo firme del juez Concepción.

Algunos funcionarios del Poder Judicial le siguen haciendo daño al país, y pretenden castigar a este magistrado solo por haber ejercido su derecho a la libre expresión y decir una verdad que los peruanos la conocen. Por eso el pueblo cusqueño se movilizó.

ALGO MÁS

Representantes de diversas organizaciones ciudadanas, asistentes a las protestas, señalaron a Diario UNOque los próximos días se realizarán más movilizaciones y protestas hasta que el juez sea repuesto en este caso.

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Política

Tiene el camino jurisdiccional para revertir esta decisión

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José Luis Lecaros

El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, lamentó la decisión que aparta al juez Richard Concepción Carhuancho de las investigaciones a Fuerza Popular e indicó que las partes tienen abierto el camino jurisdiccional para revertir esa situación.

“La presidencia del Poder Judicial lamenta que el juez Richard Concepción Carhuancho haya sido apartado del proceso a su cargo por dar declaraciones que no abonan a su labor como juez, ya que la fundamentación y firmeza de sus resoluciones hablan por sí mismas”, escribió en sus redes sociales.

Indicó que la presidencia del Poder Judicial, como ente administrativo, no tiene influencia ni responsabilidad en las decisiones jurisdiccionales adoptadas por sus jueces.

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Política

No hay argumentos para apartar al juez

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Julio Arbizu

El exprocurador anticorrupción Julio Arbizu señaló que no hay argumentos suficientes para que la Segunda Sala Penal Nacional de Apelaciones decidiera apartar al juez Richard Concepción Carhuancho de la investigación que se le sigue a integrantes de Fuerza Popular por el presunto delito de lavado de activos mediante el caso cocteles.

No obstante, Arbizu señaló que, por ser una resolución judicial, debe ser respetada, pues se ha seguido una línea de argumentos. Pese a ello, remarcó que hay una serie de cuestionamientos sobre al menos uno de los integrantes de dicha sala judicial y “no cualquier cuestionamiento”.

Sobre la afirmación de que el juez no era imparcial, Arbizu recordó que “es el mismo juez Carhuancho que impuso prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia, con lo cual se muestra que no hay ningún sesgo ideológico, no hay argumentos suficientes para tomar esta decisión”, enfatizó.

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