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Graciosa prórroga por 30 años más

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Relación de contratos en explotasión próximos a su fecha de vencimiento y las tasas de regalías que paga y pretende pagar

Parasitismo rentista en los hidrocarburos.

La historia del petróleo en nuestro país es tan negra como el mismo crudo, pues combina buenas dosis de entreguismo, traiciones, corrupción, negocios turbios, enrequicimiento ilícito, todo a costa de la explotación de los recursos naturales como los hidrocarburos que están constituidos por el petróleo, el gas y los líquidos de gas natural. Es decir, es un asalto a la riqueza del país que según la Constitución de la República corresponde a la Nación, es decir a todos los peruanos.

Desde la infamia del famoso “Laudo de la Brea y Pariñas” en las primeras décadas del siglo pasado, que el siempre ponderado historiador Jorge Basadre, y el socialista José Carlos Mariátegui denunciaran, pasando por el escándalo de la “Página Once” en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde (1967), hasta la nefasta privatización de las unidades de la petrolera estatal PetroPerú durante el oprobio de la dictadura fujimorista (1992), la historia del petróleo es la expresión del entreguismo de nuestros recursos con puntuales excepciones.

Durante el régimen fujimorista se privatizaron a precio vil, los lotes con reservas probadas de PetroPerú (el lote Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X en Piura que previamente fuera desmembrado en pequeños lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, XIII, y por último el lote 8/8X en la selva (Trompeteros)

30 AÑOS MÁS SIN INVERSIONES DE RIESGO

Como se podrá observar en el cuadro correspondiente “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que paga y Pretende Pagar” las fechas de vencimiento contractual están cercanas. En el lote I el vencimiento es en diciembre del 2021, es decir, ahorita y en el caso del lote V el término de vigencia contractual es octubre del 2023.

En el caso de la cuestionada empresa estatal china Sapet filial de la CNPC que opera el lote VI/VII en el norte del país, y su matriz explota el lote X, la vigencia termina en octubre del 2023, y para el caso de la CNPC Perú que opera el lote X (El Alto en Talara) la caducidad contractual sería en mayo del 2024. Y siguen las fechas respectivamente.

Toda esta información es previa para entender los alcances, la naturaleza del proyecto que tiene un sugestivo nombre “Ley de Promoción de Hidrocarburos”, y que está próximo de ser sometido al pleno del Congreso para su aprobación.

Mediante el referido proyecto de ley que fue aprobado al caballazo en la Comisión de Energía y Minas el 6/6/18, sin mayor análisis y debate, haciendo uso de la prepotencia de la mayoría fujimorista, se pretende convertir el referido proyecto de ley en una nueva ley de hidrocarburos que sería una nueva estafa al país, con el mismo alcance histórico del oprobio de la “Brea y Pariñas” y la “Página Once”.

Así, con la excusa de promover las inversiones en el sector con el argumento de incrementar la producción se pretende otorgar facultades al organismo responsable PerúPetro de renegociar las regalías a tasas del 5 %, pues supuestamente las regalías pactadas de 20 % o más no resultan competitivas a nivel internacional.

En tal caso en lugar de otorgarle a PerúPetro el poder discrecional para renegociar regalías del 5 % no sería mejor optar por el término del contrato, o adelantar el término de vigencia, y convocar a una licitación y que sean las fuerzas del mercado las que determinen las tasas de regalías. ¿Por qué razones se tienen que disminuir las tasas de regalías como un acto administrativo? Acaso lo moderno y capitalista no sería que las fuerzas del mercado determinen las nuevas tasas de regalías.

No sería mejor para el fisco como alternativa invitar mediante un concurso público y transparente a una licitación internacional convocando a empresas petroleras con respaldo financiero con el objeto de subastar las reservas probadas, posibles y probables que tienen estos lotes, pues poseen un valor económico importante según sea el nivel del precio internacional.

Con ello en lugar de cargar el peso de los impuestos a los más pobres se podrían obtener recursos fiscales en el corto plazo, en lugar de estas prácticas rentistas, propia de parásitos ajenas a un capitalismo competitivo.

¿Por qué razones se pretende prorrogar por 30 años la vigencia de los contratos a las empresas que no han realizado inversiones de riesgo y que se han dedicado a explotar las reservas probadas, probables y posibles dejadas por PetroPerú?

Que esta realidad está próxima de ser un despojo para el país, lo expone con toda crudeza el artículo tercero de las Disposiciones Complementarias Finales del referido proyecto cuando expresamente sostiene que: “ Aquellos Contratistas cuyos Contratos se encuentren a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a siete años o menos del término de su plazo contractual y que hayan solicitado su adecuación a la presente ley conforme a la Segunda Disposición Complementaria, pueden acceder a la prórroga a que hace referencia el artículo 22-A de la ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, cumpliendo con los requisitos y el procedimiento del citado artículo…..”

Es decir, gracias a los poderes del lobismo, el entreguismo, la corrupción y al fujimorismo con sus aliados, graciosamente se pretende prorrogar por 20 años los contratos próximos a sus vencimientos que podrían ampliarse a 10 años más, sin concurso ni licitación internacional. ¡Una vergüenza más con traición a la Patria incluida!

ALGUNAS PERLAS

Como resulta evidente en el cuadro “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que Paga y Pretende Pagar” varios de los referidos contratos tienen fecha de vencimiento entre el 2019 y el 2026, como es el caso de los lotes I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera, y ya se conoce la forma de hacer negocios de esta empresa, comprometida hasta el tuétano en la corrupción de Odebrecht.

Es más, Graña y Montero durante el mediocre gobierno del Comandante Humala asumió en un cuestionado proceso el 100% de participación en los lotes del noroeste que fueron de la noruega InterOil. Allí, hubo un contubernio entre la nefasta presidencia del directorio de PetroPerú, bajo responsabilidad del inefable ex Comandante de la Policía Germán Velásquez, con la ministra del sector Ortiz Ríos, y la petrolera privada de serios indicios de corrupción en la reprivatización de los lotes III y IV, que estuvieron a cargo hasta el 2015 de la petrolera noruega, cuando por legítimo derecho estos lotes con sus reservas probadas debieron ser transferidos a la estatal PetroPerú.

La petrolera Graña y Montero en los lotes I y V mantiene con el organismo representante del Estado en el sector PerúPetro, un “contrato de servicios” mediante el cual el petróleo y gas que yace en el subsuelo, como la producción fiscalizada corresponden en propiedad al Estado, y a la petrolera se le paga una retribución en especie que comercializa con importantes beneficios.

En tal sentido lo que le resta al Estado, en este caso a PerúPetro es la regalía inversa, que en el lote I llega a ser una tasa del 18.64 % del valor de los hidrocarburos, y tratándose del lote V la tasa de regalía inversa es del 27.49 %, según la información oficial a mayo del presente. Con el presente proyecto no solamente se ampliaría la vigencia del contrato sino que también la tasa de regalías inversa sería de 5 %.

Como ha sido el caso de las mayorías de las empresas petroleras del noroeste Graña y Montero a pesar de los altos precios del crudo entre el 2003 al 2012 en más de 20 años de operaciones en el norte del país, tanto en los lotes I y V apenas ha perforado dos pozos exploratorios, que constituyen inversiones de riesgo. Mientras Sapet en el lote VI/ VII apenas perforó un solo pozo exploratorio. ¡Por tanto es de ripley otorgarle beneficios a estas empresas rentistas!

Por último, esta es una oportunidad histórica para que el Estado recupere la propiedad sobre los recursos petroleros, mediante la conversión de todos estos contratos de licencia a contratos de servicios, con ello el Estado se convierte en el titular y las empresas privadas en operadoras que perciben una retribución.

Es más, bajo nuevas condiciones el Estado debe licitar estos contratos al mayor y mejor postor y que sea la competencia y el mercado quienes fijen las nuevas tasas de regalías. Todo lo demás es mercantilismo puro, rentismo propio de los parásitos ajenos a un capitalismo competitivo.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

en

Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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