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Graciosa prórroga por 30 años más

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Relación de contratos en explotasión próximos a su fecha de vencimiento y las tasas de regalías que paga y pretende pagar

Parasitismo rentista en los hidrocarburos.

La historia del petróleo en nuestro país es tan negra como el mismo crudo, pues combina buenas dosis de entreguismo, traiciones, corrupción, negocios turbios, enrequicimiento ilícito, todo a costa de la explotación de los recursos naturales como los hidrocarburos que están constituidos por el petróleo, el gas y los líquidos de gas natural. Es decir, es un asalto a la riqueza del país que según la Constitución de la República corresponde a la Nación, es decir a todos los peruanos.

Desde la infamia del famoso “Laudo de la Brea y Pariñas” en las primeras décadas del siglo pasado, que el siempre ponderado historiador Jorge Basadre, y el socialista José Carlos Mariátegui denunciaran, pasando por el escándalo de la “Página Once” en el primer gobierno del arquitecto Fernando Belaunde (1967), hasta la nefasta privatización de las unidades de la petrolera estatal PetroPerú durante el oprobio de la dictadura fujimorista (1992), la historia del petróleo es la expresión del entreguismo de nuestros recursos con puntuales excepciones.

Durante el régimen fujimorista se privatizaron a precio vil, los lotes con reservas probadas de PetroPerú (el lote Z-2B en el Zócalo Continental, el lote X en Piura que previamente fuera desmembrado en pequeños lotes I, II, III, IV, VI/VII, IX, XIII, y por último el lote 8/8X en la selva (Trompeteros)

30 AÑOS MÁS SIN INVERSIONES DE RIESGO

Como se podrá observar en el cuadro correspondiente “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que paga y Pretende Pagar” las fechas de vencimiento contractual están cercanas. En el lote I el vencimiento es en diciembre del 2021, es decir, ahorita y en el caso del lote V el término de vigencia contractual es octubre del 2023.

En el caso de la cuestionada empresa estatal china Sapet filial de la CNPC que opera el lote VI/VII en el norte del país, y su matriz explota el lote X, la vigencia termina en octubre del 2023, y para el caso de la CNPC Perú que opera el lote X (El Alto en Talara) la caducidad contractual sería en mayo del 2024. Y siguen las fechas respectivamente.

Toda esta información es previa para entender los alcances, la naturaleza del proyecto que tiene un sugestivo nombre “Ley de Promoción de Hidrocarburos”, y que está próximo de ser sometido al pleno del Congreso para su aprobación.

Mediante el referido proyecto de ley que fue aprobado al caballazo en la Comisión de Energía y Minas el 6/6/18, sin mayor análisis y debate, haciendo uso de la prepotencia de la mayoría fujimorista, se pretende convertir el referido proyecto de ley en una nueva ley de hidrocarburos que sería una nueva estafa al país, con el mismo alcance histórico del oprobio de la “Brea y Pariñas” y la “Página Once”.

Así, con la excusa de promover las inversiones en el sector con el argumento de incrementar la producción se pretende otorgar facultades al organismo responsable PerúPetro de renegociar las regalías a tasas del 5 %, pues supuestamente las regalías pactadas de 20 % o más no resultan competitivas a nivel internacional.

En tal caso en lugar de otorgarle a PerúPetro el poder discrecional para renegociar regalías del 5 % no sería mejor optar por el término del contrato, o adelantar el término de vigencia, y convocar a una licitación y que sean las fuerzas del mercado las que determinen las tasas de regalías. ¿Por qué razones se tienen que disminuir las tasas de regalías como un acto administrativo? Acaso lo moderno y capitalista no sería que las fuerzas del mercado determinen las nuevas tasas de regalías.

No sería mejor para el fisco como alternativa invitar mediante un concurso público y transparente a una licitación internacional convocando a empresas petroleras con respaldo financiero con el objeto de subastar las reservas probadas, posibles y probables que tienen estos lotes, pues poseen un valor económico importante según sea el nivel del precio internacional.

Con ello en lugar de cargar el peso de los impuestos a los más pobres se podrían obtener recursos fiscales en el corto plazo, en lugar de estas prácticas rentistas, propia de parásitos ajenas a un capitalismo competitivo.

¿Por qué razones se pretende prorrogar por 30 años la vigencia de los contratos a las empresas que no han realizado inversiones de riesgo y que se han dedicado a explotar las reservas probadas, probables y posibles dejadas por PetroPerú?

Que esta realidad está próxima de ser un despojo para el país, lo expone con toda crudeza el artículo tercero de las Disposiciones Complementarias Finales del referido proyecto cuando expresamente sostiene que: “ Aquellos Contratistas cuyos Contratos se encuentren a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, a siete años o menos del término de su plazo contractual y que hayan solicitado su adecuación a la presente ley conforme a la Segunda Disposición Complementaria, pueden acceder a la prórroga a que hace referencia el artículo 22-A de la ley Nº 26221, Ley Orgánica de Hidrocarburos, cumpliendo con los requisitos y el procedimiento del citado artículo…..”

Es decir, gracias a los poderes del lobismo, el entreguismo, la corrupción y al fujimorismo con sus aliados, graciosamente se pretende prorrogar por 20 años los contratos próximos a sus vencimientos que podrían ampliarse a 10 años más, sin concurso ni licitación internacional. ¡Una vergüenza más con traición a la Patria incluida!

ALGUNAS PERLAS

Como resulta evidente en el cuadro “Relación de Contratos de Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento y las Tasas de Regalías Que Paga y Pretende Pagar” varios de los referidos contratos tienen fecha de vencimiento entre el 2019 y el 2026, como es el caso de los lotes I y V bajo responsabilidad de Graña y Montero Petrolera, y ya se conoce la forma de hacer negocios de esta empresa, comprometida hasta el tuétano en la corrupción de Odebrecht.

Es más, Graña y Montero durante el mediocre gobierno del Comandante Humala asumió en un cuestionado proceso el 100% de participación en los lotes del noroeste que fueron de la noruega InterOil. Allí, hubo un contubernio entre la nefasta presidencia del directorio de PetroPerú, bajo responsabilidad del inefable ex Comandante de la Policía Germán Velásquez, con la ministra del sector Ortiz Ríos, y la petrolera privada de serios indicios de corrupción en la reprivatización de los lotes III y IV, que estuvieron a cargo hasta el 2015 de la petrolera noruega, cuando por legítimo derecho estos lotes con sus reservas probadas debieron ser transferidos a la estatal PetroPerú.

La petrolera Graña y Montero en los lotes I y V mantiene con el organismo representante del Estado en el sector PerúPetro, un “contrato de servicios” mediante el cual el petróleo y gas que yace en el subsuelo, como la producción fiscalizada corresponden en propiedad al Estado, y a la petrolera se le paga una retribución en especie que comercializa con importantes beneficios.

En tal sentido lo que le resta al Estado, en este caso a PerúPetro es la regalía inversa, que en el lote I llega a ser una tasa del 18.64 % del valor de los hidrocarburos, y tratándose del lote V la tasa de regalía inversa es del 27.49 %, según la información oficial a mayo del presente. Con el presente proyecto no solamente se ampliaría la vigencia del contrato sino que también la tasa de regalías inversa sería de 5 %.

Como ha sido el caso de las mayorías de las empresas petroleras del noroeste Graña y Montero a pesar de los altos precios del crudo entre el 2003 al 2012 en más de 20 años de operaciones en el norte del país, tanto en los lotes I y V apenas ha perforado dos pozos exploratorios, que constituyen inversiones de riesgo. Mientras Sapet en el lote VI/ VII apenas perforó un solo pozo exploratorio. ¡Por tanto es de ripley otorgarle beneficios a estas empresas rentistas!

Por último, esta es una oportunidad histórica para que el Estado recupere la propiedad sobre los recursos petroleros, mediante la conversión de todos estos contratos de licencia a contratos de servicios, con ello el Estado se convierte en el titular y las empresas privadas en operadoras que perciben una retribución.

Es más, bajo nuevas condiciones el Estado debe licitar estos contratos al mayor y mejor postor y que sea la competencia y el mercado quienes fijen las nuevas tasas de regalías. Todo lo demás es mercantilismo puro, rentismo propio de los parásitos ajenos a un capitalismo competitivo.

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Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

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Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

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Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

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Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

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Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

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