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Gracias papá, por seguir luchando

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Jorge Millones

Hay papás que el día de hoy no podrán estar en casa celebrando su día. Estarán luchando por su derecho al trabajo digno haciendo huelga de hambre y pernoctando en la calle. Otra lección de lucha que nos da San Marcos.

En menos de 4 meses, desde diciembre de 2016 a marzo del 2017, el rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Orestes Cachay despidió 40 trabajadores que estaban bajo el régimen CAS. Muchos de ellos estaban trabajando más de 20 años en la universidad en el área administrativa y mantenimiento, y aunque llegaron a un acuerdo con el rector en abril pasado que consistía en reponer a 14 de los despedidos, con apoyo del Sindicatos de Trabajadores de la UNMSM decidieron ocupar el frontis de la Universidad e iniciar una huelga de hambre denunciando al rector.

El rector decidió incumplir el acuerdo que tenía con el sindicato y contratar a nuevos trabajadores bajo el precario régimen de “locación de servicios” eludiendo así los derechos laborales que les correspondían a trabajadores con tantos años de servicios y obligándolos a tomar medidas extremas como una huelga de hambre, que no se veía hace tiempo en la universidad y que ya lleva más de diez días.

Estudiantes y docentes de San Marcos se han solidarizado con la lucha de los trabajadores, ha intervenido también la Defensoría del Pueblo como mediadores y el jueves hubo una reunión con el rector, pero un comunicado del SITRAUSM dice que después de mucha insistencia, las autoridades han convenido que recién para el martes tendrán una propuesta legal que quizás solucione el problema de los despedidos, mientras tanto la situación sigue igual, se acordó retirar los carteles ofensivos al rector pero la huelga de hambre continúa en la puerta 3 de San Marcos.

Gracias papá, por seguir luchando

OTRO ZARPAZO PULPÍN
Y todo esto se da en medio de una ofensiva más de la derecha en contra de los derechos laborales. El Proyecto de Ley sobre empleo juvenil 1104/2016-PE) no tiene ningún incentivo para la formación laboral, exonera a las empresas del aporte del 9% a ESSALUD, mantiene el alto nivel de aporte de los trabajadores a pensiones (13% de sueldos) y permite la contratación temporal hasta los 29 años, sin fomentar la contratación permanente. El Gobierno de PPK está “metiendo por la ventana” la “Ley Pulpín” que los trabajadores jóvenes rechazaron masivamente. En reciente artículo la congresista Indira Huilca nos dice que “en nuestro país solamente el 32% de jóvenes que trabaja tiene una contratación formal, y solamente un 3% de jóvenes tiene una contratación permanente. Siendo un 22% los que ni estudian ni trabajan, es decir, 1’768,211 de jóvenes, y la mayoría mujeres (1´125,255), muchas de ellas con carga familiar desde muy jóvenes. Si no se generan mecanismos efectivos de empleo con derechos y capacitación, muchos de estos jóvenes estarán condenados a mantenerse en la precariedad a lo largo de su vida laboral.”

La congresista Indira Huilca, del Movimiento Nuevo Perú, ha venido advirtiendo de este peligro, y en octubre del año pasado presentó el Proyecto de “Ley de Primer Empleo Digno y Productivo” para promover la contratación de trabajadores y trabajadoras jóvenes en actividades que les generen ingresos y capacitación para el trabajo, con respeto de sus derechos laborales y seguridad social.

La idea central de dicho proyecto es el otorgamiento de incentivos para las empresas que contraten jóvenes e inviertan en capacitación (hasta un 20% de la planilla como crédito fiscal); el co-financiamiento a cargo del Estado respecto a aportes a salud y pensiones (50% de menor costo para trabajadores y empresas); y promoción de la contratación permanente de población juvenil mediante beneficios e incentivos para las empresas. El Proyecto del Gobierno va claramente en una línea distinta: reducción de “costos” solamente para las empresas, consagración del trabajo temporal como regla, y ninguna inversión en capacitación. Es decir, otro zarpazo contra los derechos laborales de los jóvenes, que son la mayoría de la fuerza laboral del Perú.

Pero claro, los medios están más preocupados en amplificar los conflictos dentro de la bancada del Frente Amplio y generar una visión desastrosa de la izquierda; como si la izquierda, sus luchas y propuestas se redujeran a una bancada, a los exabruptos machistas y misóginos de un par de impresentables o a las ansias de control de un sector totalitario, pero con minúscula influencia en la población.

REORGANIZAR UN FRENTE DESDE EL TRABAJO
La propia CGTP a partir de estas acciones del Gobierno ha decidido retirarse indefinidamente del Consejo Nacional del Trabajo y promoción del Empleo dejando en claro su rechazo a la orientación antilaboral que se viene implementando. El especialista Álvaro Vidal Bermúdez señala que las iniciativas legislativas y proyectos que afectan al Trabajo se “saltan por encima” al Consejo dejándolo “pintado en la pared”. Así mismo, nos dice que ninguna de las propuestas lanzadas por el Ejecutivo estaban facultadas para legislar en materia laboral y sin embargo fueron presentadas de todas formas.

Y es que en este periodo el tema del trabajo es central, pues el “desarrollo neoliberal” ha re-concentrado otra vez el capital en las urbes y cada vez en pocas manos, dejando fuera a una multitud de ciudadanos mayoritariamente jóvenes desprotegidos.

Este tipo de leyes antilaborales tocan un nervio social muy sensible que gatilla reacciones muy fuertes dejando ver el rostro de lo que el investigador inglés Guy Standing ha denominado “Precariado”, que son los hijos de la tercera generación de ajustes neoliberales y medidas de flexibilización laboral. Una nueva clase social que emerge ahora en el Perú y que se hizo visible en las jornadas de lucha contra la Ley Pulpín, que está totalmente desprotegida y es mirada únicamente como “recursos humanos desechables” o “fuerza laboral barata” por el empresariado.

Décadas de acumulación por privatizaciones, concesiones y explotación de recursos naturales, lavado de activos e inversiones de gran envergadura (la mayoría de ellas, corruptas) sin duda alguna han generado mucha riqueza, pero no para todos. Ha generado también mucha corrupción porque es un tipo de corrupción intrínseca al modelo y ha debilitado la democracia. La traición empresarial al juego democrático ha dejado sin piso al discurso liberal, su visión de país es una fantasía ridícula. Todo apunta a que será el Trabajo el punto de inflexión de una nueva articulación de luchas populares. Por eso, es muy probable que empiece una campaña de demonización de la nueva clase obrera como anuncia bien Owen Jones.

La ruta de articulación política y programática que señala el sociólogo sanmarquino Carlos Mejía recoge estas preocupaciones que conllevan alternativas que él llama “izquierda del trabajo”:

“Debemos de reconstruir la identidad de la izquierda desde el trabajo. Esto supone reordenar nuestra agenda poniendo al centro, el mundo del trabajo y desde allí, sin descartar absolutamente nada; reconstruir nuestras demandas. Todas. Las demandas feministas, ecológicas, culturales, étnicas identitarias, LGTBI, sociales.

La izquierda del trabajo es, por tanto, también feminista, ecológica, diversa, ciudadana y radical. Una izquierda del trabajo parte del derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo con una remuneración adecuada, con el derecho a formar un sindicato para defenderse, con acceso a la estabilidad laboral a los tres meses, con el derecho a negociar colectivamente sus condiciones de trabajo.”

Feliz día padres, la lucha continúa.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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