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Gobierno profundiza precarización laboral (II)

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Los serios cuestionamientos a la reforma laboral juvenil promulgada por el gobierno, deberían ameritar su inmediata derogatoria por parte del Congreso, como lo exigen los propios jóvenes, las organizaciones sociales, la OIT, entre otros. Como lo ha expresado la CGTP a través de su Departamento de la Juventud Trabajadora, dicha Ley pretende abaratar la mano de obra juvenil y así asegurarles ganancias a las empresas en momentos de desaceleración económica. Cabe mencionar, que la dación de este dispositivo no es aislada sino que se concatena con otras normas, como la flexibilidad para aplicar un cese colectivo y el debilitamiento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo.

¿A dónde se va todo el dinero que no se pagará a los trabajadores con la entrada en vigencia de la Ley? Obviamente pasarán a formar parte de las ganancias empresariales, tal como ocurre con otros regímenes especiales, como la Ley Mypes, Agroindustria, Textil, etc. Pese a la vigencia de dichas normas que eliminan y restringen derechos laborales, la informalidad sigue en 70% de la PEA tan igual, como cuando se impusieron. Mientras tanto las empresas han compensado pérdidas e incrementado sus utilidades.

El gobierno de Humala al igual que sus antecesores sigue brindando diversos privilegios a los sindicatos empresariales, lo cual no ha redituado en mejores condiciones de trabajo, incluso en el propio Estado, donde imperan regímenes lesivos y que contravienen la normatividad nacional e internacional. ¿Creerá el Presidente, que ante la relajación de la supervisión laboral, los empresarios van a respetar la norma? Lo ocurrido en la década de los noventa y los gobiernos sucesivos demuestran que la explotación y el abuso se impondrán en la mayoría de empresas, como ha venido ocurriendo desde la flexibilización laboral fujimorista.

Consideramos que es momento de exigir a los empresarios que cumplan con su responsabilidad de generar riqueza y a respetar la ley, dejando de lado los lobbies y privilegios políticos para obtener ganancias, distorsionando las mismas leyes del mercado que tanto pregonan. Los empresarios deben cumplir con su rol social y con las leyes, tal como lo efectúan sus pares en otras partes del mundo, quienes sí tienen una visión de país y apuestan por el mercado nacional.

Aprovechamos este espacio para hacer eco a una denuncia del congresista Manuel Dammert, respecto a la preparación de un proyecto de Ley cuyo objetivo sería debilitar y extinguir a los sindicatos. La iniciativa de aprobarse, legalizaría los acuerdos individuales y de grupo fuera de las convenciones colectivas firmadas por las organizaciones sindicales, conforme lo determinan la legislación vigente y los convenios de la OIT.

En el actual gobierno, los grupos de poder económico vienen consiguiendo, lo que nunca pudieron con la dictadura fujimorista, el toledismo y el gobierno aprista, la casi extinción de los derechos laborales para la mayoría de ciudadanos. Esto profundizará el conflicto social, la injusticia social y la desigual redistribución de la riqueza, que sumado a la corrupción e impunidad incrementarán la criminalidad y la violencia.

Finalmente, expresamos nuestro saludo a la Federación de Trabajadores en Construcción Civil (FTCCP) al conmemorarse el 56 aniversario de su fundación.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

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Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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