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Gobierno prioriza gas para las grandes empresas

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oleoducto tubería de gas

Y pretende anular el gasoducto del sur, la petroquímica y la conexión domiciliaria.

El Ejecutivo refuerza el subsidio a la gran minería extranjera, ahora regalando el gas y las fuentes de energía en el sur. Actualmente, la minería consume más energía eléctrica que todos los hogares del Perú. Demanda once veces más electricidad por hora trabajada que todos los sectores de la industria y la construcción sumados.

Con esta política, y el impulso que se está dando a la inversión minera como eje de la nación, hacia el 2020 toda la nueva energía eléctrica que se produzca terminará destinada a la extracción minera, dándole inmensas superganancias, las que se van fuera de la patria.

El actual ministro de Energía y Minas, Francisco Ísmodes, dice que ya hay un “avance” en su cartera. Es tan entreguista como el famoso “Plan B” de su operador Yesquén (presidente de Perupetro) que busca regalar el petróleo peruano a la empresa Pacific Energy, imponiendo que exportemos nuestro petróleo de la Amazonia por Ecuador, regalándoles un ducto, importándolo por barco de Ecuador a Talara, desfinanciando para privatizar la Refinería de Petroperú, y bloqueando el desarrollo energético nacional.

El ministro Ísmodes ahora anuncia, para el ducto sur, un plan elaborado por la consultora Mott MacDonald, cuya fecha final no está definida para entregar los estudios sobre el gasoducto y el sur, pero ya están adoptando todas las disposiciones del caso para implementarlo.

La verdad es que el Gobierno ya tiene un acuerdo adoptado para imponer esta que puede ser una de las más grandes traiciones a la Patria, similar al Acta de PPK con la International Petroleum Company (IPC), con la que dicha empresa pretendió mantener los yacimientos petroleros de Talara.

Son limitados los anuncios formulados, pero están preparando el terreno. Dicen que se mantiene el trazo original del ducto proyectado, por la selva y sierra sur, y que ya tiene el 37% de avance, estando los tubos comprados y dejados a lo largo de una ruta imprecisa.

QUEMAR GAS PARA LA MINERÍA

Este proyecto de Ísmodes-Quesquén para transportar gas al sur, de convocarse el concurso el 2020, se adjudicaría el año 2022 y la entrega de la obra sería en julio 2025. Estaría destinada a la exportación y a quemar el gas para producir energía, principalmente para la minería, con una limitadísima distribución domiciliaria en algunas ciudades.

El gas del sur saldrá por el ducto de Pluspetrol hacia Pampa Melchorita y continuará la exportación a precio vil contra el Perú. Una parte se destinará a quemarlo para la energía eléctrica, y el resto iría como subsidio para quemarlo en los yacimientos mineros del sur.

El ministro no incluye la Petroquímica en el sur, con la que se puede y debe producir fertilizantes para promover la agricultura y otros insumos para generar industrias, así como no incluye tender redes de distribución para el consumo domiciliario, en uso decisivo para preparar la comida y obtener calefacción ante los climas andinos y amazónicos.

Para distraer la atención, el ministro señala que se requieren otros “estudios preliminares”, siendo el más importante el de la Consultora Matt MacDonald, la que supuestamente establecerá… las mejores condiciones para desarrollar ese ducto”.

Desecha la ruta del trazo anterior, pues la buena pro tendría como fecha probable el 30 de mayo de 2022; y anuncia que con más de tres años de construcción llegaría a culminarse el 2027. Pretenden asustar con la advertencia dada por el COES (Sistema Eléctrico Interconectado Nacional) que, si no llega gas al sur del Perú los costos de energía, siendo las empresas mineras sus grandes consumidores, subirían desde el 2022 de los actuales US$10 por MWH a US$ 180 por MWH e incluso a US$ 350 por MWH.

Su propuesta es que no deben construirse nuevas grandes centrales hidroeléctricas, sino nuevas centrales térmicas quemando el gas, ¡de Camisea!

De esta forma, señala que el destino principal del gas debe ser quemarlo para generar energía hidroeléctrica, sobre todo para minería, pese a que existen condiciones para que existan varias fuentes para generar energía renovable, a lo que debería dar prioridad el Perú con un Plan Nacional Energético al 2021.

Se deja de lado que el gas es un recurso que debe ser destinado principalmente a sus usos agroindustriales y a los diversos servicios domiciliarios en la vida de las personas, en las ciudades y en el desarrollo productivo diversificado nacional descentralizado.

La postergación al 2027 es una burda mentira, pues ya existe el Nodo Energético del Sur, en el cual se quema petróleo y gas para generar energía eléctrica, por lo que en el corto plazo lo que quieren es abastecerlo con el gas de Camisea que llega a Pampa Melchorita en Ica, o transportárselo en camiones, barco o ductos en los plazos que decidan, para quemarlo como energía barata para los yacimientos mineros.

RENEGOCIAR EL DOLOSO CONTRATO

Se puede renegociar con México el actual doloso Contrato de Exportacióndel Gas, como ha reconocido el propio nuevo presidente de México, López Obrador, recuperando para el Perú el actual saqueo de más de 20 mil millones de dólares.

Para recuperarlo y con el gas existente, y los ductos ya comprados, se puede convocar a concurso a un socio especializado para instalar el gasoducto sur, y a otros para la petroquímica de fertilizantes destinada a la agricultura del sur y nacional.

Así como se puede suscribir los acuerdos con la empresa de gas de Bolivia para las redes de distribución domiciliaria y vehicular en todo el sur peruano. México, Bolivia y Perú, pueden sumar esfuerzos en este objetivo común.

Al negarse el Gobierno a realizarlo, pese al reclamo de los pueblos, de las autoridades regionales y municipales, el discurso gubernamental del “gasoducto sur” que dicen construir, queda en evidencia como farsa antinacional.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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