Gobierno malgasta dinero fiscal y abandona a pacientes

La resolución No.151-2014 del MINSA ha establecido que de 399 enfermedades raras o huérfanas, solo 8, las denominadas de “muy alta prioridad” sean atendidas, aprobándose las intervenciones correspondientes. Define también la Resolución que “posteriormente, según disponibilidad presupuestaria, incluir paulatinamente los siguientes grupos priorizados del listado”. Es decir, que por falta de recursos financieros se dejará sin atención a los pacientes que sufren alguna de las 391 enfermedades que no son de “muy alta prioridad”. El dolor, la discapacidad y eventualmente la muerte, esperan a estos pacientes.

De otro lado, el mismo Gobierno se hace cómplice del abuso monopólico de Bristol Myers Squibb (BMS) a quien se le quiere regalar casi 26 millones de soles cada año por la compra del atazanavir, usado para el VIH. El MINSA, EsSALUD, Hospitales de las Fuerzas Armadas y Policiales pagan S/. 29 por la tableta de atazanavir, mientras que Bolivia la consigue a S/. 1.40 en su versión genérica de calidad garantizada. Si se comprara el atazanavir genérico se haría un ahorro de alrededor 130 millones de soles hasta que venza la patente de BMS, dinero que puede utilizarse para cubrir brechas del sistema de salud como el tratamiento de pacientes con enfermedades raras y huérfanas.

El MINSA ha entendido que el camino es la licencia obligatoria que habilite al país a producir o importar una versión genérica a precios bajos. La propuesta de un DS declarando de interés público el atazanavir para luego otorgar la licencia obligatoria, ha llegado hasta la PCM donde los argumentos del MEF y el MINCETUR, con un fuerte tufo proveniente de la gran industria farmacéutica han sembrado obstáculos que se suman a las presiones que han venido desde la Embajada de Estados Unidos y a la incompetencia o venalidad de algunos funcionarios públicos.

El Estado debe proteger a todas las personas, y tiene la obligación de buscar los mecanismos disponibles para lograr atender las necesidades de la población, particularmente en lo que se refiere a su salud y la vida. El gobierno del presidente Humala no puede poner los intereses económicos de una compañía farmacéutica por encima de los intereses públicos; más aún cuando la licencia obligatoria es un recurso legítimo y componente del sistema de patentes que regula la propiedad intelectual en el país.

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