Generalicemos el derecho a la estabilidad laboral

Desde que fue emitida por el Tribunal Constitucional la histórica sentencia recaída en el caso de una conocida empresa donde el máximo intérprete de la Constitución, interpretando sistémicamente los artículos 1º, 22º y 27º de la Carta Magna, declaró inconstitucional el segundo párrafo del artículo 34º del Decreto Legislativo 728 y por ende contrario a la Constitución todo despido sin expresión de causa, motivado por el mero arbitrio del empleador, retornamos al sistema de la estabilidad laboral de salida.

Hasta el día de hoy, asumiendo un criterio restrictivo, se entiende que los efectos de dicha Sentencia (reposición en el empleo) son aplicables únicamente para los trabajadores sujetos al ámbito del Decreto Legislativo 728 (D.S. 003-97-TR) y por ende excluye a los otros regímenes laborales, a menos que su propia ley lo permita.

En nuestro país coexisten 39 regímenes laborales, 15 en el sector público (276, CAS, militares, policías, entre otros) y 24 en la actividad privada (DL 728, Agrario, exportación no tradicional, microempresa, etc), de estos, si el citado pronunciamiento del TC solo es aplicable a uno (DL 728) y qué pasa con los otros? en especial los más abusivos como el CAS, Microempresa, Exportación No Tradicional, a cuyos trabajadores no se les reconoce el derecho a la estabilidad laboral.

Si analizamos lo resuelto por el TC a la luz de una interpretación abierta, acorde con el texto constitucional, llegaremos a la necesaria conclusión que todo despido, carente de motivación, es contrario a la Constitución, así el artículo 27º de la Carta Magna al establecer “adecuada protección contra el despido arbitrario” solo puede ser interpretada, como lo señala el profesor Jorge Rendón Vásquez, en la restitución del trabajador en su puesto de trabajo, lo cual tiene correlato directo con el artículo 22º de la Constitución que erige el derecho al trabajo como derecho Constitucional.

El artículo 138º de la Constitución otorga a los Jueces la potestad de aplicar el Control Difuso, “de existir incompatibilidad entre una norma constitucional y una norma legal, los jueces prefieren la primera”, entonces no encontramos impedimento alguno para que los jueces, ante un actuar irrazonado del empleador, en cualquier otro régimen laboral que no establezca el derecho a la reposición laboral, como en el CAS, invocando los criterios esbozados por el TC, declare la inaplicación de la norma en concreto y ordene la reposición del trabajador en su puesto de trabajo.

Así como el empresariado, con la anuencia y beneplácito de nuestro Ministro de Trabajo, pretende eliminar el derecho a la estabilidad laboral, los trabajadores por su parte deberían exigir que los jueces laborales, asumiendo la doctrina expuesta por el TC, declaren la inconstitucionalidad de todo despido injustificado, independientemente del régimen laboral en el cual se adscriba el trabajador. 

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