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Fundamentos de estado sobre la vacancia de Kuczynski

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La politización de un procedimiento constitucional que tiene por base el cuidado y preservación del Orden Constitucional, como es el de la vacancia presidencial por incapacidad moral, establecido en el art. 113 de la Constitución, como mecanismo de control de actos irregulares en el ejercicio del poder que tengan por origen la falta de idoneidad moral del presidente, es una artimaña propia de los que adolecen de capacidad moral para actuar correctamente en política de Estado.

Es evidente que se está dando esta politización amoral de un procedimiento ciertamente político, pero sobre todo moral de orden público, con el afán de restarle votos a la moción de vacancia presidencial, promoviendo la división de partidos, quitándole congresistas a la bancada en mayoría, convenciendo congresistas de plegarse al grupo en contra de la vacancia, bajo acuerdos poco claros, que acusan falta de conocimiento de los verdaderos fundamentos de la vacancia de Kuczynski.

Con el propósito de contribuir a entender por qué debiera vacársele, aquí exponemos los fundamentos de Estado:

1.- Ha demostrado estar al servicio de un poder extranjero al imponer la agenda del Nuevo Orden Mundial, promovido por George Soros, en las políticas públicas principalmente de Educación, Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Justicia, Desarrollo e Inclusión Social, y Cultura. (Delito de traición a la Patria, art. 325 del Código Penal)

2.- Como parte de lo anterior, ha celebrado un acuerdo con La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos – OCDE (Club de París), organismo técnico del Nuevo Orden Mundial, para ampliar el ámbito de acción del “Programa País Perú”, herramienta de sometimiento del Perú al sistema de poder mundial, al ámbito de la Educación y otros. (“Estudio Multidimensional del Perú, Gobernanza Pública del Perú, Desarrollo Territorial del Perú, y Competencias más allá de la escuela – Políticas de educación y formación ocupacional”, pág. Web OCDE México).

3.- Ha engañado al Perú con la gestación de una revolución social basada en la educación impuesta por UNESCO y la ONU, organismos cooptados por el sistema de poder mundial, que está dirigida a quebrar los valores de la cultura social peruana y reemplazarla por la anticultura del nuevo orden mundial, con fines de dominación política, económica y social. (Delito contra la fe pública, art. 438 del Código Penal)

4.- Ha promovido el ensamblaje de un sistema normativo de normas legales de menor rango a nivel multisectorial, para imponer las políticas destructivas de la salud mental, psicológica y física de millones de niños y mujeres. (Delito de Genocidio en la modalidad de grave afectación a la salud mental o física de un grupo humano, art. 319 inciso 2 del Código Penal).

5.- Ha dispuesto irregularmente de millones de soles del Tesoro Público para controlar la línea editorial de medios de información que encubran estos delitos y los presenten a la ciudadanía como actos gubernamentales a favor de la población. (Peculado agravado, art. 386 del Código Penal y delito contra la fe pública, art. 438 del Código Penal).

6.- Ha dispuesto irregularmente de millones de soles del Tesoro Público para financiar la imposición de la agenda Soros como políticas públicas destructivas de la identidad cultural de la nación y de la salud mental y física de la población. (Peculado agravado, art. 386 del Código Penal).

7.- Ha emitido con fecha 28-11-2016 el decreto legislativo 1250, por el cual ha recortado las facultades de control previo de la Contraloría General de la República, impidiéndole controlar irregularidades en la gestación de los procesos de contratación del Estado. (Delito de Abuso de autoridad, art. 376 del Código Penal y acto preparatorio de delitos de corrupción de funcionarios elevado a rango de ley).

8.- Ha promovido en venganza la destitución del Contralor General de la República, fiscalizador de la corrupción habida en este gobierno, para nombrar su propio contralor ad-hoc, que ha cumplido la misión de desactivar la Contraloría, despidiendo funcionarios honestos y capaces, difamándolos a través de la prensa para justificar ante la opinión pública su persecución por medios judiciales, procesándolos penalmente por hechos falsos. (Delitos de abuso de autoridad, art. 376 del Código Penal, contra la fe pública, arts. 428 y 438 del Código Penal, y contra la administración de justicia, art. 402 del Código Penal).

9.- Ha mentido al Perú, diciendo que no tenía vinculación alguna con la empresa ODEBRECHT, por ocultar su relación cercana y manifiestamente irregular al ser funcionario público en funciones directamente relacionadas con la participación lucrativa de esta empresa en contratos con el Estado, al mismo tiempo de ser sus empresas asesoras financieras de dicha empresa.

10.- Ha ocultado haber recibido beneficio económico de la empresa ODEBRECHT, para luego admitir que solo recibió utilidades, como si esto no fuera irregular y típico del delito de negociación incompatible, art. 397 del Código Penal.

11.- Haber gestado y firmado de modo irregular la promulgación de la Ley 28670, para favorecer la contratación de Odebrecht en contra del Informe de la Contraloría General de la República que impedía su contratación.

12.- Haber endeudado a todos los peruanos con el sistema de poder mundial por más de 44,000 millones de dólares, a fin de asegurar la sujeción de la economía peruana al sistema financiero del Nuevo Orden Mundial. (Acto coadyuvante del delito de traición a la Patria)

Es de responsabilidad de Estado, que los congresistas den un voto informado, de conciencia ética y moral, deponiendo los intereses políticos, pues por encima se encuentran la independencia de la Patria y la libertad, la integridad y la dignidad del pueblo del Perú.

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Mundo

Iván Duque o Gustavo Petro: Colombia define hoy a su nuevo presidente

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Elecciones en Colombia 2018

Más 37 millones de colombianos acudirán hoy a las urnas para elegir en segunda vuelta a su próximo presidente entre Iván Duque, de la derechista Centro Democrático, y Gustavo Petro, de Colombia Humana y representante de la izquierda. (más…)

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Política

Fujimori debe volver a la Diroes

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

En entrevista con el Diario UNO, el jurista Carlos Rivera, quien es abogado de los familiares de las víctimas de los casos La Cantuta y Barrios Altos, señaló que esperaba que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), anule el indulto al dictador Alberto Fujimori. Pero, al reenviar el caso a la justicia nacional, ellos continuarán su lucha hasta encontrar justicia y reparación.

“Sí, en realidad el conjunto de acciones que hemos venido realizando y la esperanza que teníamos en la sentencia de la Corte IDH era eso. De que declare nulo el indulto y que Fujimori cumpla la condena que le corresponde (en la Diroes)”, manifestó Rivera. “Sin embargo, la decisión de la Corte IDH indica que la justicia peruana declare la nulidad del indulto”, agregó.

El jurista refirió que ahora tienen que enfrentar una acción en el sistema judicial penal con todos los problemas que el Poder Judicial tiene en este momento. Dijo que los familiares seguirán en busca de justicia como lo hacen desde 1991.

RESOLUCIÓN CONTRADICTORIA

Precisó que les ha sorprendido la resolución porque es un tanto contradictoria, parece escrita sobre una línea argumentativa de fundamentos que van desarrollando de manera impecable, en cuanto a contradecir y cuestionar el otorgamiento de indulto para casos de violación de derechos humanos. “Pero por otro lado, toman la decisión de reenviar el caso al fuero interno, eso nos ha sorprendido. No era la resolución que esperábamos porque habíamos logrado exponer los argumentos políticos, jurídicos, jurisprudenciales y los doctrinarios del derecho internacional”, añadió.

FUERO INTERNO

Ante esto, el jurista indicó que mediante la resolución de la Corte IDH, no es posible conocer por qué no declaró inválido el indulto. “Lo único que uno puede observar es que la Corte IDH señaló que había antecedentes en los casos Jaililie y Crousillat, para el fuero interno, el constitucional, que evaluará la legalidad del indulto. Y la resolución emitida por la Sala Penal Nacional en el caso Pativilca, por la cual se decidió inaplicar el derecho de gracia que fue concedido en la misma fecha que el indulto”, destacó.

Familiares de víctimas de matanza en gobierno de Alberto Fujimori

Mañana tomarán la decisión legal después del fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

SÍ CUESTIONA EL INDULTO

Rivera afirmó que “justamente el hecho de que en la resolución la Corte IDH asumió nuestros argumentos, es decir, han asumido una línea no solo de cuestionamiento sino casi de repudio al indulto como medida posible de otorgar a quienes están condenados por graves violaciones de los derechos humanos”.

Comentó que solo le faltó a la decisión, concluir que el indulto era una opción inaplicable y por lo tanto el Estado peruano debería anular. Aunque esta resolución no está convalidando el indulto, más bien lo cuestiona y repudia porque esta instancia supranacional no encuentra ningún argumento para sostenerlo como medida factible de imponer a un condenado por delitos de lesa humanidad.

CAMINOS A SEGUIR

El camino que la Corte IDH plantea es que debe haber un control jurisdiccional, eso significa que la defensa de los familiares de las víctimas puede optar por una vía constitucional a través de la presentación de una acción de amparo o una vía penal mediante un pedido de control de convencionalidad, que lo tendrían que hacer en el propio vocal supremo de instrucción que está a cargo del caso Fujimori.

“Una acción de amparo se presenta al Poder Judicial, si es que se pierde en 1ra y en 2da instancia, recién se va al Tribunal Constitucional. Un amparo en el Perú dura mucho tiempo, por lo menos un año. Lo de la Sala Penal probablemente dure menos tiempo. Esa decisión la vamos a tomar el día lunes”, señaló Rivera.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

ONPE bajo la lupa de la Fiscalía

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Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE)

El presunto favoritismo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en la inscripción del partido Podemos Perú, del cuestionado José Luna,  viene siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción.

Las indagaciones las estaría haciendo fiscal Carlos Nivin, quien abrió una investigación preliminar contra los que resulten responsables por el delito de patrocinio ilegal, decisión que tomó después de las denuncias periodísticas.

El titular del 1° despacho de la Segunda Fiscalía de Corrupción de Funcionarios dispuso la apertura de la investigación el pasado 1 de junio.

La exasesora legal de la ONPE, Susana Guerrero, denunció un presunto trato preferente para el partido político del excongresista José Luna durante el proceso de inscripción. Tras realizar la denuncia, la ONPE decidió cesar a la funcionaria.

En tanto, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) abrió una investigación preliminar contra el jefe de la ONPE, Adolfo Castillo, quien declaró que no teme a las investigaciones y que va a colaborar.

Para el consejero Iván Noguera, la investigación podría ser más rápida y expeditiva de lo que hasta hoy ha sido.

El presidente del CNM, Orlando Velásquez, explicó que la investigación preliminar está en manos de la Comisión de Procesos Disciplinarios y que se emitiría un informe en 15 días, a favor de iniciar el proceso disciplinario o archivar el caso.

ALGO MÁS

El Consejo Nacional de la Magistratura recién se estaría pronunciando en julio sobre el sonado caso de ONPE. Castillo permanecería en el cargo hasta después de las elecciones regionales y municipales.

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