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Fujimorismo limita ingresos del Estado

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Nuevamente, el Congreso vuelve a ser blanco de críticas. Y esta vez, no por alguna payasada inmadura –que no merezca nuestra atención– sino por cuestiones serias como el hecho de aprobar proyectos de ley con nombre propio, aprovechando una coyuntura de exacerbación ciudadana ante las atrocidades que se vienen cometiendo contra las mujeres de nuestro país.

Pero veamos primero el contexto en el que nace una iniciativa que pretende consolidar la arbitrariedad de una bancada fujimorista que ya aprobó, en primera votación, exonerar de 1,200 millones de soles anuales, aproximadamente, a las empresas de transporte aéreo.

Esta historia comenzó en el 2010, cuando se aprobó la Ley 29624 que establece el Régimen de Admisión Temporal de Aeronaves y Material Aeronáutico, la cual estuvo en vigencia durante el período 2010-2015. Período que significó que transnacionales como la chilena LAN (hoy Latam Airlines), dejen de pagar impuestos al Estado, por la jugosa suma de 1,341 millones de dólares.

¿Cómo así? Esta ley ampliaba el régimen de admisión temporal de bienes capitales, de 18 meses a 5 años. Entiéndase bienes de capital como maquinarias, piezas, repuestos, entre otros materiales aeronáuticos. Durante los 18 meses no se pagaba ni un céntimo de IGV, pasado el régimen de admisión temporal, el bien se retira del país o simplemente se pagaba el porcentaje correspondiente al IGV. Entonces, esta ampliación de 5 años, permitió que estos bienes de capital no pagasen ni aranceles ni IGV durante el quinquenio.

Hoy, dos años después de la suspensión de esa ley, el Fujimorismo ha construido un discurso totalmente falso sobre el mercado aeronáutico, ¡para imponer en el Congreso un negociazo, señoras y señores! Iniciaron un debate sin escuchar opiniones diversas tanto del Ejecutivo como de la propia Sunat que manifestaban su disconformidad y rechazo con el proyecto de ley 551, presentado por la congresista fujimorista Karla Schaefer.

No se logra aún dilucidar certeramente ¿cuál sería la razón poderosa para dar privilegios de este tipo, al negocio aéreo que tan solo representa el 4% del mercado? Tan polémica es esta propuesta, cuando se dice que solo será una ley que no beneficiará a las grandes empresas, sino a las medianas y pequeñas empresas del rubro. Entonces, aquí conducen a las instancias de fiscalización del Estado a otro conflicto de interés, puesto que ello no será impedimento para que las grandes empresas se tercerizen.

Con los más de 1,200 millones de soles anuales que está a punto de dejar de recaudar el Estado, tendríamos, se podría aumentar 10 veces más el Presupuesto del Ministerio de la Mujer, 6 veces más el Presupuesto del Ministerio de Salud, 6 veces más el Presupuesto de Educación y así una larga lista de prioridades que se dejarían de atender.

¿Por qué el Fujimorismo se empeña en querer aprobar una norma impopular? ¿Será que pretenden beneficiar a ciertos empresarios con prácticas tramposas e ilegales, para que sigan cometiendo delitos como la presunción de lavado de activos, del cual son en su mayoría denunciados? ¿Por qué solo otorgarle al transporte aéreo este beneficio que en ningún momento se traduce en beneficio para el usuario? De ser así, su tan mentado discurso de reducir la informalidad resulta ser una careta más.

En estas últimas semanas, el Fujimorismo, con su mayoría operadora, ha mantenido las condiciones para evitar revelar quiénes donan fuertes cantidades de dinero a su partido y a las millonarias campañas electorales emprendidas por Keiko Fujimori, en todo el país. Esa inclinación por ocultar la verdad nos conduce a entender por qué el señor Joaquín Ramírez –denunciado por lavado de activos, cercano a investigados por narcotráfico, y señalado como el mayor aportante al partido naranja– sea protegido con uñas y dientes por Keiko Fujimori.

Como ven, este también es un método para proteger a cientos de empresarios que han aportado donaciones de procedencia ilegal, como señalan investigaciones de Ojo Público, de la propia Fiscalía y de instancias internacionales que han puesto sus ojos en los famosos paraísos fiscales. El Congreso no está para ello, no se puede legislar para una minoría en claro perjuicio del Estado. No señores.

Se juntan varios elementos que coinciden, casualidad o no, debemos prestarle mucha atención a medidas como estas, porque no se trata de reducir caprichosamente los ingresos del Estado, más aún cuando el país intenta reconstruirse de los rezagos del fenómeno de El Niño, cuando miles de profesores tomaron las calles para pedir un justo aumento de sueldo y de la mejora de la infraestructura educativa, cuando grandes hospitales nacionales no cuentan ni con un tomógrafo, cuando miles de niñas y mujeres son violentadas y asesinadas ante la nula presencia del Estado, ahí donde las agresiones encuentran el mejor de los escenarios.

Como bien ha señalado Pedro Francke y a la cual me aúno: dudo mucho que sea algo casual o caprichoso.

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Política

Cargamontón contra el fiscal Pérez

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José Domingo Pérez Gómez

Erasmo Reyna, el exabogado de Alan García, señaló que el pedido del fiscal José Domingo Pérez para incautar el celular del fallecido expresidente busca convalidar el tiempo que ha tenido el dispositivo en su poder de manera ilegal.

“No solamente están buscando incautar el bien, el celular, que es propiedad de los herederos de García, sino que en verdad José Domingo Pérez lo tiene desde el 24 de abril”, señaló Reyna.

“Lo tiene de manera ilegal porque recién está solicitando que el juzgado, el Poder Judicial, le autorice para poder justamente tener este bien. Así que lo que está buscando es convalidar finalmente lo que ha hecho hasta el día de hoy sin tener un mandato judicial que lo autorice”, agregó.

Reyna calificó los hechos como “una actitud perversa” y señaló que el hijo mayor de Alan García pidió semanas atrás la entrega de los objetos personales de su padre y que aún no obtiene una respuesta.

Erasmo Reyna

INVESTIGACIÓN DEBE SEGUIR SU CURSO

“Me parece que la investigación debe seguir su curso porque no se trata solo de identificar el rol específico que Alan García puede haber jugado en el esquema de corrupción”, dijo el analista político Carlos Monge.

“Se trata también de identificar la red de relaciones de quienes de adentro del Poder Judicial protegían a Alan García, incluso él mismo decía que tenía informantes; entonces me parece que si bien Alan García se suicidó, eso no agota seguir adelante con las investigaciones”, afirmó.

“El levantamiento del secreto de sus comunicaciones, el levantamiento del secreto bancario, el allanamiento del domicilio o de los locales donde pudiese haber documentación, el requerir instrumentos de comunicación, como el celular o como podría haber sido una laptop, son parte de un proceso de investigación que no tiene porqué interrumpirse”, aseguró.

“No me llama la atención que el Apra reaccione, porque está tratando de construir la idea de un mito, de un mártir de la democracia o lo que sea, en ese sentido no tiene ningún interés en que sepa más acerca de las responsabilidades directas de Alan García, los contactos que han estado usando para protegerse”, sostuvo.

Mercedes Araoz

ARÁOZ Y SU CORAZONCITO APRISTA

“Recordemos que Mercedes Aráoz fue ministra de Economía y ha sido candidata del Apra, entonces sus vínculos políticos existen -¡ojalá no existan vínculos de corrupción!-, al menos es fuerte el vínculo político: no es poca cosa ser ministra de Economía, no es poca cosa ser candidata presidencial, es un vínculo muy fuerte que en este caso no está comportándose como miembro integrante del Ejecutivo, que está colocando la lucha contra la corrupción en el centro de su agenda, me parece que más bien sigue comportándose como parte del entorno personal y político de Alan García”, observó.

“No me sorprende que lo haga, que salga con posiciones tan discordantes del presidente Vizcarra y el Ejecutivo, pero sí me preocupa porque en el caso de que el presidente Vizcarra tenga un problema de salud o político, quien asumiría la presidencia de la República sería ella”, comentó.

“Eso significaría una orientación totalmente diferente en la lucha contra la corrupción y eso es preocupante. Ojalá que esta no sea una jugada en pared con el fujiaprismo. Es como si dijera: ‘ustedes traten de vacar a Vizcarra y yo me ofrezco como una presidenta amigable’, eso puede ser, ojalá que no”, concluyó Monge.

Javier Velásquez Quesquén

ME SORPRENDE QUE SE META EN ESO

“En primer lugar la incautación es absolutamente legal, sí es legal es legítima; en segundo lugar, la responsabilidad penal de Alan García ha caducado con su muerte, pero las investigaciones sobre los hechos, no”, afirmó Alberto Quintanilla legislador de Nuevo Perú.

“Hay que tener en cuenta que hay otros presuntos responsables y reparaciones civiles en favor del Estado que están pendientes de ser resueltas y que de ninguna manera se separarían de la investigación”, subrayó.

“Esa es una interpretación absolutamente equivocada de Velásquez Quesquén, Erasmo Reyna y de la señora Mercedes Aráoz. Lo que ellos quieren es que no se conozca la verdad y también que no se sepa quiénes fueron los cómplices de Alan García”, destacó.

ALGO MÁS

“Y lo que está haciendo (el fiscal Pérez) es regularizar el celular con su incautación, porque si no tendrían que devolverlo a sus herederos y allí queda. Me sorprende que Mercedes Aráoz se meta en eso, parece que está interesada en encubrir algo; no vaya a ser que en los presuntos congresistas que habrían recibido plata esté metida por ahí, ¿no?”, agregó el legislador de Nuevo Perú.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Congresistas favorecidos por Odebrecht se hacen los locos

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Alberto de Belaunde

Alberto de Belaunde, legislador de la Bancada Liberal, consideró fundamental saber a qué congresistas financió la constructora Odebrecht porque esa información ayudará a moralizar la clase política en nuestro país.

“El equipo de fiscales del caso Lava Jato ha demostrado que ni los expresidentes, ni los líderes de los partidos políticos son intocables. Es hora de demostrar que los congresistas tampoco son intocables”, dijo el legislador.

“Acá no puede haber intocables, no importa si son congresistas, funcionarios o personalidades. Todos los que han cometido alguna irregularidad o delito tienen que ser investigados y, si corresponde, ser procesados y sentenciados”, expresó.

Advirtió que quizá el país se llevaría muchas sorpresas de obtener esa información y también la explicación a muchos comportamientos y declaraciones de algunos legisladores.

NO ES UN HECHO NUEVO

“Bueno ese no es un hecho nuevo, desde hace muchísimo tiempo anuncié que había muchísimos congresistas o beneficiados con aportes económicos para su campaña electoral de parte de Odebrecht”, dijo la congresista Maritza García.

“Siempre anunciamos eso y es un secreto a voces, y esperamos que salgan a la luz para que se conozca quiénes son los que llegaron al congreso con una campaña transparente y quiénes con dinero sucio al poder, para realizar sus lobbies”, enfatizó.

“Debe saberse de manera inmediata los nombres, caiga quien caiga; tenemos derecho a saber y que las investigaciones sean claras y objetivas, y si están siendo investigados, no tiene por qué ocultarse”, sentenció.

Dijo que esos casos pertenecen a una carpeta judicial. Es importante que se sepa a los que están involucrados en delitos de corrupción, mafias y redes, para que no se vuelvan a repetir”, concluyó Maritza García.

ESTRATEGIA DE LA CORRUPCIÓN

“Bueno, ya hace mucho tiempo se habló de congresistas financiados por las empresas brasileñas, sea Odebrecht, OAS, incluso las que están vinculadas con el Club de la Construcción”, dijo el excongresista Juan Pari, quien fuera presidente de la Comisión Lava Jato.

“Yo creo que ese tema tiene que revelarse porque las empresas corruptas han capturado todo el sistema político y han neutralizado al Congreso como el ente político más importante de la función pública del país”, resaltó.

“Es sumamente importante de que esos congresistas que hayan caído en coimas y prebendas de esas empresas corruptas, sean revelados para que sepa la función que tuvieron en los periodos legislativos del país”, agregó.

HOMOLOGACIÓN PERMITIRÁ USAR LOS INTERROGATORIOS, ASEGURA CONGRESISTA DE BELAUNDE

De Belaunde destacó también la reciente homologación del acuerdo de colaboración entre el Estado peruano y Odebrecht “porque permitirá utilizar los interrogatorios realizados a Marcelo Odebrecht, Jorge Barata y otros exdirectivos de la constructora brasileña en los procesos judiciales que se siguen en nuestro país”.

Resaltó que el Poder Judicial ha respaldado el trabajo del Ministerio Público y ha reconocido que existe proporcionalidad entre la información que ha entregado la empresa brasileña y los beneficios otorgados por la Fiscalía.

“Esto echa por tierra a todos los políticos y analistas que decían que era un mal acuerdo o entreguista. Demuestra que la Fiscalía ha venido actuando de manera adecuada”, señaló.

En marzo del 2018, el exsuperintendente de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, declaró al procurador brasileño Orlando Martello, que el dinero entregado a Jaime Yoshiyama también se utilizó en la campañas de congresistas.

ALGO MÁS

“Hay informes vergonzosos que se archivaron para que la corrupción avance. Por eso reitero, concluyó Juan Pari,que la estrategia de la corrupción era capturar todo el sistema político, no solamente el Ejecutivo sino controlar el Legislativo”.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

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Avanzan procesos contra policías acusados de asesinar a campesinos de Huancabamba

Ante la apelación interpuesta por la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Piura y la defensa legal de los familiares de las dos víctimas asesinadas y de las cinco víctimas que quedaron heridas en un conflicto social del año 2009, la Primera Sala Penal de Apelaciones de Piura en el expediente No. 0015-2018, resolvió declarar fundada dicha apelación y dispuso que se acumulen los dos expedientes.

Como se recordará el 2 de diciembre de 2009, aproximadamente 35 efectivos policiales fuertemente armados, utilizando vehículos de la policía y de la empresa minera Río Blanco Copper S.A. (titular del proyecto minero Río Blanco) ingresaron arbitrariamente a las tierras de la Comunidad Campesina de Segunda y Cajas y dispararon contra una decena de campesinos que estaban protestando por ese ingreso arbitrario.

Como consecuencia de esta actuación de la policía, dos campesinos fueron asesinados con disparos de armas de fuego por la espalda, Vicente Romero Ramírez y Castulo Correa Huayama; además, se salvaron de ser asesinados otros cinco campesinos: Palemón Tocto Peña, Joaquín Ramírez Togas, Eulalia Romero Ramírez, Rogelio Togas Togas y José María Ramírez, quienes quedaron gravemente heridos, incluso, a uno de ellos se le tuvo que amputar una de sus extremidades para salvarlo.

Ante la denuncia de estos graves hechos, efectuada por la defensa legal de las víctimas constituida por los abogados de la Fundación Ecuménica para el Desarrollo y la Paz – FEDEPAZ, la Fiscalía decidió formalizar investigación preparatoria y formuló acusación por asesinato y tentativa de asesinato contra los efectivos policiales autores de estos crímenes, solicitando condenas de hasta 25 años de pena privativa de libertad contra dichos efectivos policiales.

El caso es que al existir abiertas dos investigaciones y formularse dos acusaciones por los mismos hechos, con las mismas víctimas aunque con efectivos policiales distintos, pero que habían participado en los mismos hechos objeto de investigación; tanto la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huancabamba, como FEDEPAZ, solicitaron al Primer Juzgado de Investigación Preparatoria la acumulación de ambos expedientes seguido ante el mismo, con el fundamento de que tenían conexión y por lo cual de acuerdo a la norma procesal, debía de acumularse necesariamente.

Sin embargo, el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Huancabamba, en contra del mandato de ley, resolvió declarar improcedente dicha solicitud de acumulación de los dos procesos penales, resolución que fue apelada por la Fiscalía y la defensa legal de las víctimas, siendo declarado fundado el recurso de apelación por la segunda y última instancia, por lo cual se dispuso la acumulación de los dos procesos antes citados.

Al respecto, el Observatorio de Conflictos Mineros considera que la acumulación procesal constituye un paso firme para que se haga justicia a las víctimas y sus familiares y se las repare de forma integral. Además, exige al Estado Peruano que cese su política de criminalización de la protesta social y que, por el contrario, establezca una política pública y un sistema normativo que garantice el derecho y el respeto de los derechos humanos en nuestro país, especialmente de los pueblos indígenas.

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