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Fujimorismo: la educación como mercancía

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Con la Constitución Política de 1993 nacida en la dictadura de Fujimori, se liberalizó la educación, es decir, se avaló la iniciativa privada indiscriminada para la creación de oferta educativa a nivel básico y superior. Con ello se dio carta libre para hacer de la educación una mercancía, un gran negocio, al estar exonerada de todo impuesto. Pero además, con una pobre regulación se generaron escuelas, colegios, institutos y universidades por todo el país, ofreciendo servicios de muy mala calidad a nuestros niños y jóvenes. Y luego nos preguntamos ¿Por qué los niveles educativos en el Perú son tan bajos? Sin duda, esta es una de las razones.

UNIVERSIDADES POR DOQUIER
Hasta 1990 el Perú contaba con 51 universidades en todo el territorio. Con la Constitución de 1993 fue posible la creación de decenas de universidades. El artículo 17 señala entre otros: “…Con el fin de garantizar la mayor pluralidad de la oferta educativa, y en favor de quienes no pueden sufragar su educación, la ley fija el modo de subvencionar la educación privada en cualquiera de sus modalidades, incluyendo la comunal y la cooperativa…”. La suerte estaba echada, las universidades ya no se crearían por ley como establecía la constitución anterior, sino que un organismo, en aquel entonces la CONAFU, autorizaba las licencias de funcionamiento.

Cabe mencionar que durante el periodo fujimorista no se creó ninguna universidad pública, por el contrario, estuvieron intervenidas militarmente hasta 1998 por ser consideradas “focos terroristas”. Muy conveniente por cierto.

CON LICENCIA PARA EDUCAR CON CALIDAD
Actualmente, según la página web de SUNEDU tenemos 143 universidades en el Perú, 51 públicas y 92 privadas. De todas ellas solo 14 han alcanzado el ansiado licenciamiento.

Con la última Ley Universitaria Nº 30220 y contra todo pronóstico, se está poniendo orden para garantizar que la Educación Superior se brinde con responsabilidad y calidad. Si bien se tejieron argucias y mañas para impedirlo, la SUNEDU no ha cesado en la labor de pasar por evaluación a todas las universidades a través del proceso de licenciamiento, que no es otra cosa más que la verificación del cumplimiento de las Condiciones Básicas de Calidad (CBC), que implica que las universidades aseguren que sus docentes alcancen los grados académicos que corresponden para llevar adelante la educación universitaria, que los centros cuenten con todos los servicios para impartir la oferta educativa, que los recursos se destinen a los fines educativos y al mejoramiento de la calidad, entre otras medidas. Solo cumpliendo con estas condiciones, una universidad está en capacidad de brindar los grados y títulos que correspondan.

Los que pensamos que la educación no es una mercancía sino un derecho de todos y todas, esperamos que los procesos de licenciamiento no bajen la valla, no cedan ante las presiones. Las 92 universidades que aún no cuentan con el licenciamiento tienen la oportunidad hasta julio del 2018 de mejorar sus servicios educativos, revisar las contrataciones de sus docentes e invertir todo lo necesario para alcanzar los estándares.

Aquellas que no lo logren quedarán prohibidas de convocar a procesos de admisión, brindar servicios o extender títulos universitarios. ¿Y qué pasará con aquellas que no están dispuestas porque solo pensaron en enriquecerse a costa de las expectativas de los jóvenes y sus familias que soñaron con un título universitario? Tendrá que haber alguna alternativa.

Por lo pronto se ha anunciado que hay 50,000 estudiantes que estudian en 79 establecimientos informales de 14 universidades que no tienen licencia para funcionar. En estos casos se les permitirá continuar el presente semestre porque en el 2018 ya deben ser reubicados. ¿Qué pasará con los estudiantes de provincia que no pueden trasladarse a sedes autorizadas? ¿Habrá alternativa para ellos y ellas sin que eso signifique flexibilizar las condiciones de calidad exigidas por la ley?

FUJINEGOCIOS
Sin duda hay grandes inversiones detrás de las universidades improvisadas, no para formar a los mejores profesionales del país sino para financiar negocios y campañas políticas.

Hace algunos meses un diario nacional saco a la luz la lista de 16 congresistas fujimoristas vinculados a universidades, entre ellos: Lucio Ávila, Osías Ramírez y Alberto Oliva. No es casualidad que se hayan opuesto a la ley universitaria, como tampoco es casualidad que sean de la bancada fujimorista aquellos congresistas ávidos porque acabe la moratoria en diciembre que impide la creación de nuevas universidades.

¿Sería justa y necesaria la creación de más universidades considerando que las existentes no cumplen con los estándares de calidad? Al respecto, el SUNEDU ha sido claro que el nacimiento de una nueva universidad tendrá que ser bajo las condiciones básicas de calidad que establece la ley. Aun así, habría que preguntarle al MINEDU si existen estudios de demanda de nuevas universidades que justifiquen su creación.

LLAMADO CIUDADANO
Desde esta tribuna me atrevo a hacer un llamado ciudadano a defender la educación superior como un derecho, a exigir la calidad que nuestros jóvenes y profesionales se merecen, a no transar con aquellas ofertas que venden un sueño a cambio de unos pocos soles. Desconfiemos de aquellas universidades que ofrecen ingresos gratuitos, créditos y mil facilidades para los estudios de sus hijos.

Un segundo llamado es a exigir el fortalecimiento de la universidad pública, si bien son las menos que han alcanzado el licenciamiento, es necesario apostar por ellas y, como en muchos lugares del mundo, debieran ser las mejores del país.

Estemos alerta en relación a las 79 sedes informales de universidades cuya lista podrán encontrar en www.sunedu.gob.pe, y recuerde que sus estudiantes solo podrán hacerlo este semestre, luego serán reubicados. Finalmente, estemos alerta porque los viejos y nuevos negociantes de la educación, ya tienen listos e ingresados 14 proyectos de creación de nuevas universidades, según ha circulado en los medios. Estemos vigilantes.

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Política

Instan a Salaverry a reorganizar comisiones del Congreso

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Walter Albán

El miembro del Consejo Ejecutivo de Proética, Walter Albán, sostuvo que el Congreso debe analizar en forma inmediata la posibilidad de reconsiderar la votación que rechazó la propuesta para recomponer las comisiones parlamentarias, a fin de garantizar una adecuada representación en el Poder Legislativo.

Refirió que el archivamiento de parte de la denuncia contra Pedro Chávarry en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, cuya mayoría la tiene Fuerza Popular, evidencia la necesidad de hacer cambios urgentes en ese grupo de trabajo y en otras comisiones.

“Quienes están en el Congreso y se dan cuenta lo que ocurre por lo menos debieran buscar la forma de concretar la recomposición de las comisiones parlamentaria, de manera inmediata”, declaró.

En ese sentido, consideró necesario que los congresistas que no pertenecen a Fuerza Popular dialoguen y hagan esfuerzos para poner ese tema en debate lo más pronto posible.

Alberto Adrianzén

SIN EMBARGO…

Quien se mostró sorprendido por el pedido es el analista político Alberto Adrianzén, quien dijo que el asunto ya se había visto pero que el titular del Congreso en lugar de dedicarse a ello está metido en leguleyadas que no llevan a nada bueno.

“Todo este problema del Congreso ya se ha votado, yo no entiendo por qué Walter Albán toca este tema que ya fue votado en el Congreso”, dijo de manera tajante al referirse a este tema.

Y en seguida agregó: “Lo que debe de hacer Walter Albán, que es de Proética, es pedir que se investigue al señor Daniel Salaverry que está haciendo un abuso de su poder en el Congreso”.

“Salaverry prometió la recomposición y se votó, pero no fue aceptada. Lo que debe pedir el señor Walter Albán, que está interesado en la ética, porque es de Proética, esa que Salaverry cumpla en presentar su caso al Pleno del Congreso”, denunció.

Alberto Quintanilla

SERÍA IDEAL PERO FALTA PRESIÓN SOCIAL

“Yo no veo espacio en qué momento, porque la vez pasada se votó y se perdió. Ese es un pedido de la sociedad civil, pero en el Congreso ya se perdió”, dijo el congresista Alberto Quintanilla.

“Se perdió en el momento previo a la cuestión de confianza. Si existe esa propuesta hay que escucharla, además nosotros si estaríamos interesados en eso. El tema del Congreso es bien complicado; solo hay que esperar al 28 de julio”, comentó.

“Solo va a suceder si hay una presión social, que la veo bien difícil y que haya una correlación favorable, que también la veo difícil. No había pensado de que era posible en esta coyuntura”, analizó.

“Yo creo que sería lo ideal, pero no veo cómo realizar eso hasta el 28. Voy a ver este asunto y ponerlo en consulta para ver si es posible o no hacerlo antes”, concluyó Quintanilla.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

¿Ya no son mayoría?

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Bancada de Fuerza Popular

“Los congresistas de Fuerza Popular ya no son mayoría. Debemos respetar la proporcionalidad”, aseveró Walter Albán de Proética.

Además, remarcó que esa recomposición es urgente para garantizar la aprobación de las reformas políticas planteadas por el Poder Ejecutivo, sin que estas sean desnaturalizadas.

Remarcó que ciudadanía también debe estar más vigilante a todas las acciones que realice la mayoría fujimorista, especialmente a eventuales cambios a la reforma política planteada por el Ejecutivo.

“Considerando como vienen actuando (los congresistas de Fuerza Popular) deberíamos poner en el tapete la manera como se desarrollan en el Congreso”, acotó.

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Política

Luis Villanueva asume secretaría general en reemplazo de Mario Huamán Rivera.

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Luis Villanueva

Elección se realizó en el 27° Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú, que respaldó el Paro Nacional del 20 de junio.

El 27° Congreso Nacional Ordinario de la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú (FTCCP) eligió este 15 de junio a su Consejo Directivo Nacional 2019-2023, liderado por su secretario general Luis Villanueva.

Villanueva Carbajal asume la secretaría general en reemplazo de Mario Huamán Rivera. Más de 400 dirigentes de los 196 sindicatos afiliados a la FTCCP en todo el Perú participaron en este Congreso.

Entre los principales acuerdos, el Congreso acordó respaldar y participar en el Paro Nacional Unitario Cívico y Popular del 20 de junio convocado por la CGTP. Los trabajadores de construcción civil se unirán así a esta medida de protesta que tiene como fin rechazar la flexibilización laboral, impulsada mediante el Decreto Supremo 345-2018-EF, Política Nacional de Competitividad y Productividad.

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