Fujimorismo apuró elección de Augusto Ferrero Costa

La ciudadanía debe estar atenta a cualquier maniobra autoritaria del fujimorismo en el Congreso.

Porque intuían lo que se venía desde el Tribunal Constitucional.

A fines de la década de los noventa, cuando la mayoría en el Congreso era de solo peones de Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, se comentaba ya que el régimen compraba congresistas para asegurar que apoyen al régimen autoritario.

Con las elecciones del año 2000, y cuando apenas juramentados, o incluso antes, congresistas electos en los partidos de oposición se pasaron al fujimorismo, no cabía duda ya, era seguro que habían sido “comprados”.

Fue ahí que empezó a hablarse de “tránsfugas” para definir a esos congresistas que, por dinero, cambiaron de bancada para apoyar seguir apoyando a Alberto Fujimori en su ilegal nuevo gobierno. Pocos meses después la dictadura cayó, se revelaron los “Vladivideos” y se comprobó lo que en realidad ya nadie dudaba: Se compraron congresistas, los llamados “tránsfugas” sí recibieron dinero a cambio de unirse a la bancada fujimorista.

Pasaban los años, y ya con Perú viviendo en democracia, la palabra “tránsfuga” se seguía mencionando pues se consideraba adecuado tener alguna medida legal que no permita vuelvan a ocurrir hechos como los vividos con Alberto Fujimori. Esto por años ha generado controversia pues, por ejemplo, ha habido casos de congresistas que han abandonado la bancada por la que fueron elegidos pero no por pagos o dadivas recibidas, sino por cuestionar el manejo político o programático del partido con el que postularon al Congreso.

Esto ha venido ocurriendo durante años e incluso hay casos muy conocidos como el de Rosa Mavila, Javier Diez Canseco y Verónika Mendoza, quienes dejaron la bancada de Gana Perú (Partido Nacionalista) cuando durante el gobierno de Ollanta Humala murieron comuneros de la provincia de Espinar (Cusco) durante una protesta social a causa de disparos de la policía.

El Reglamento del Congreso ha permitido que las o los congresistas que dejaban una bancada, formen nuevas bancadas no perdiendo ninguno de sus derechos parlamentarios. En las elecciones generales del año 2016, y dada la aplicación de la cifra repartidora en el Perú, Fuerza Popular (fujimorismo) obtuvo 73 congresistas de los 130 que integran el Congreso, una mayoría que han demostrado saber usar pero fieles al estilo que siempre los ha caracterizado: La imposición.

Desde el inicio se ha sabido de problemas dentro de la bancada fujimorista, el descontento por el manejo de ciertos sectores más cercanos a Keiko Fujimori ha generado tal descontento que Patricia Donayre y Yeni Vilcatoma ya no son parte del fujimorismo. Incluso, previa a la sanción recibida por Kenji Fujimori, un grupo de congresistas firmaron una carta tratando de evitar el castigo impuesto. Da la casualidad que muchos de los firmantes, son aquellos de los que se ha dicho quisieran dejar esa bancada.

¿Por qué si hay tal descontento esos congresistas no han dejado la bancada de Fuerza Popular? En setiembre del año pasado, el congresista de Fuerza Popular, Edwin Vergara Pinto, presentó un proyecto de ley “contra el transfuguismo” que supuestamente buscaba desincentivar la fragmentación de grupos parlamentarios y promover su fortalecimiento. Para muchos era evidente que presentó dicho proyecto por mandato de su bancada y con la venia de su lideresa Keiko. El fujimorismo intentaba mantener, así, su mayoritaria bancada a toda costa.

En la quincena de octubre, el proyecto fue aprobado con el voto del fujimorismo, sus aliados apristas y algunos congresistas del gobierno. Se imponía que los parlamentarios que renunciasen o sean expulsados no podían ser ya parte de ninguna bancada o ser integrante de la Mesa Directiva o el Consejo Directivo del Congreso.

Esta modificación al Reglamento del Congreso, fue promulgada mediante la Resolución Legislativa N° 007-2016-2017-CR el sábado 15 de octubre del 2016.Pocos días después, cerca de cuarenta congresistas presentaban una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra dicha Resolución Legislativa. La demanda fue aceptada.

Hace pocos días, ante una probable sentencia a favor de la demanda, el fujimorismo apuró la elección de Augusto Ferrero Costa como nuevo miembro del Tribunal Constitucional. No hubo más candidatos. El jurista reemplazará a Óscar Urviola.

Era evidente el intento de reemplazo para evitar una sentencia favorable. A pesar de esto hace pocos días se ha dado a conocer lo que sería la parte resolutiva de dicha sentencia y que declararía la inconstitucionalidad de la mal llamada “ley contra el transfuguismo”. Esto ha sido bien recibido por algunos congresistas ya que les permitiría les sean devueltos los derechos que por ahora les han sido quitados, a pesar de haber sido elegidos y juramentado en su plena vigencia. Del otro lado, las reacciones del fujimorismo y el aprismo no se han hecho esperar. Los primeros ante el miedo de que su bancada se divida y los segundo en apoyo al aliado. Las declaraciones han llegado a tal punto que se habla de desconocer lo que dictamine el Tribunal Constitucional. Es pertinente recordar que en el año 1997, los magistrados del Tribunal Constitucional emitieron una sentencia declarando que la ley de “interpretación auténtica” era inaplicable para que Alberto Fujimori pueda postular en las elecciones del año 2000. La reacción del fujimorismo fue destituir a los magistrados que habían votado a favor de dicha sentencia.

Si se confirma la declaración de inconstitucionalidad la “Ley contra el transfuguismo”, al Congreso no le queda más camino que aceptarlo. Esperemos que las declaraciones dadas en contra no sean síntoma de que, como en 1997, el fujimorismo querrá aprovechar su mayoría para desconocer la sentencia. Estaremos atentos.