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Fujimori no ha pagado un sol de reparación civil

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El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago por daños.

El indultado expresidente Alberto Fujimori debe al Estado 51.68 millones de soles (unos 15.6 millones de dólares) por reparaciones civiles impuestas en diferentes procesos por corrupción.

El procurador anticorrupción Amado Enco y especialistas en el tema señalaron al diario que entre los beneficios que incluye el indulto humanitario otorgado el 24 de diciembre no se incluye el perdón del pago de la reparación civil.

“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos, y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, sostuvo.

Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.

Según cifras de la Procuraduría Anticorrupción, el monto inicial del pago que debía hacer Fujimori era 27.4 millones de soles (8.3 millones de dólares) pero, ya que no ha sido pagado, se han sumado intereses que casi han duplicado la deuda.

MERCEDES ARÁOZ
En conferencia de prensa, la premier mercedes Aráoz declaró el miércoles que el indulto a Alberto Fujimori no fue un arreglo bajo la mesa; pero sostuvo que ahora serán mejores las relaciones con el Poder Legislativo, con lo cual aceptó implícitamente que el objetivo del indulto era el deseo de PPK de congraciarse con el fujimorismo que domina ese poder del Estado.

Así el Ejecutivo pretende evitar el avance en las investigaciones de la Comisión Lava Jato, las interpelaciones ministeriales, la denegación de facultades, y, sobre todo, un nuevo pedido de vacancia presidencial. El arreglo es más que evidente, pese a negar que ella o los ministros hayan participado en él, pero no fue tajante su negativa respecto de PPK.

Con el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, a su lado, quien figurará en la historia de la impunidad en el país por haber firmado la nefasta resolución suprema de indulto; comunicó también que el gobierno ha expedido un decreto supremo autorizando una partida de 33 millones de soles para el pago a las víctimas de la violencia interna.

Deja notar así el afán que tiene de sobornar el sentimiento y la conciencia de las víctimas, con lo que constituye su derecho a la reparación. Lo hace tres días después de haber estallado multitudinarias manifestaciones rechazando el indulto al ex dictador.

Pero lo que no dijo la premier, ni el ministro de Justicia, es qué acciones han adoptado para exigirle al indultado el pago de las reparaciones civiles en favor de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago de la reparación civil.

Alberto Fujimori no ha pagado un centavo de las sumas fijadas en la sentencia de ese proceso judicial. Nunca ha hecho el esfuerzo, ni expresado intención de hacerlo gradualmente, como lo hacen hasta los condenados de humilde condición económica.

Sencillamente no existe sentido del resarcimiento para él. Entre las víctimas de Barrios Altos estuvo el niño Javier Manuel Ríos Rojas, de 9 años de edad, quién ahora tendría 26, estaría gozando de la plenitud de su vida, y sería un ciudadano útil a su familia y a la sociedad. Tierna existencia segada por las balas asesinas del llamado Grupo Colina, cuyo autor mediato del crimen se ha negado a indemnizar a sus deudos hasta la fecha.

Consiguió el  indulto, pero no paga lo que corresponde.

Consiguió el indulto, pero no paga lo que corresponde.

LO QUE DICE LA SENTENCIA
La sentencia fija el pago de 280,800 en favor de los agraviados, la cual se ha incrementado considerablemente a la actualidad, ya que ésta devenga intereses legales desde que se produjo el daño; es decir, desde 1992. Pero el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, solo hizo su aparición en la conferencia de prensa para seguir negando su conocimiento del trámite de indulto, pese a haberlo firmado y ser de la competencia de su sector. Nos recuerda a Alan García cuando firmó e indultó a más de mil condenados por narcotráfico, pero negaba saberlo.

El exdictador no solo debe la reparación civil a las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, sino también al Estado peruano. No olvidemos que Alberto Fujimori aceptó ser autor y, por consiguiente, fue condenado por delitos de corrupción en tres casos adicionales: usurpación de funciones, al haber ingresado a la casa de Vladimiro Montesinos, con un fiscal falso; soborno de 15 millones a dicho asesor; y, espionaje telefónico, soborno a congresistas tránsfugas y compra de la línea editorial de los medios; por todo lo cual se le impuso el pago de 27 millones, que con los intereses acumulados a la actualidad, sobrepasa los 50 millones de soles.

La premier y el ministro han callado en siete idiomas. La primera ahora dice que PPK recibirá a los deudos para “seguir conversando”. Después que éste se negó a recibirlos antes de firmar el indulto. Lo que está diciendo en este momento de crisis y desesperación para ellos, ante el repudio popular, es: que vengan para pasearlos. Tampoco le conmueve el imborrable dolor que llevan los familiares de las víctimas en su corazón. Del mismo modo en que no le importó el dolor de las víctimas de Bagua.

Enrique Mendoza, por su parte, no ha referido si su sector accionará con las medidas que la ley franquea al Estado para que Alberto Fujimori pague al Estado: embargos en sus diferentes formas, búsqueda de cuentas en el exterior o nulidades de transferencias de propiedad.

La preocupación de ellos, en todo momento, estriba en salir bien librados del vendaval de cuentas que le exigirá la ciudadanía, por querer servir de parapeto institucional al infame indulto. Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

ÁLVARO VARGAS LLOSA SOBRE INDULTO
Es “un pacto con el diablo”

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa dijo que la decisión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al exmandatario Alberto Fujimori es “un pacto con el diablo” que traiciona no solo el mandato popular, sino al sistema democrático.

“Se ha producido aquí un pacto con el diablo, un pacto mefistofélico, que traiciona no solo el mandato popular del presidente Kuczynski, sino al sistema democrático, porque a partir de ahora estamos en un escenario totalmente nuevo en el que el poder del fujimorismo –que ya era considerable, como es obvio– crece exponencialmente y ya no solo controlan el Congreso, ahora tienen en la práctica el control de la Presidencia”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Y a partir de ahí, evidentemente, van a seguir con una estrategia de acoso y derribo, contra todas las instancias que ellos juzgan peligrosas para sus intereses, incluyendo las del Poder Judicial, y yo vaticino que, tarde o temprano, algunos medios de comunicación también”, manifestó.

Comentó que es necesario ejercer las vías legales pertinentes para evitar que Fuerza Popular acabe apoderándose de las instituciones, como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, pues el jefe de Estado ha traicionado su mandato y la situación es muchísimo más grave.

“Ya tenían un poder que era considerable, evidentemente emanado del resultado de la primera vuelta, pero ese poder había crecido en la medida que el presidente Kuczynski estaba teniendo comportamientos entre el fujimorismo que era dócil, y que yo creo que ya en cierta forma empezaba a traicionar su mandato, pero ahora la situación es muchísimo más grave”, indicó.

“Yo creo que es muy importante ejercer, dentro de la legalidad, todas las formas de resistencia posible para evitar que esto tenga las consecuencias nefastas que podía tener y que simplemente el fujimorismo acabe apoderándose de las instituciones y haciendo inviable la democracia tal como la entendemos los demócratas”, refirió.

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Política

Caso Becerril: prueba de fuego de Fuerza Popular contra la corrupción

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Héctor Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará mañana el informe que recomienda destituir e inhabilitar por cinco años al congresista fujimorista Héctor Becerril, quien es actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, por haber presionado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para que votara por un determinado candidato a la presidencia de ese organismo.

El informe presentado el último viernes por el legislador ponente César Vásquez, de la Alianza Para el Progreso, concluyó que al realizar ese acto, Becerril cometió los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico e infringió varios artículos de la Constitución.

El “Caso Becerril”

A principios del año IDL- Reporteros reveló que el Consejero del CNM Guido Aguila se había reunido con el legislador Becerril, para tratar el tema de la elección del nuevo presidente de ese organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE. Ambos personajes lo negaron frontalmente y no pasó nada, por falta de pruebas.

Audio confirmatorio

Sin embargo, el 15 de julio último, como parte de la vorágine de la difusión de los “CNM Audios”, el mismo IDL – Reporteros divulgó grabaciones de conversaciones entre Aguila y el consejero Baltazar Morales, en las que ambos claramente confirman que aquella reunión sí se realizó, con lo cual Becerril resultó implicado en actos de tráfico de influencias con el propósito de manipular la elección.

Ratificación de Morales

Tres días después, ante el desmentido de Becerril, el consejero Morales, en una conferencia de prensa, confirmó que en febrero aceptó asistir a la casa de su colega Aguila para conversar con “una persona honorable”, sin que jamás imaginara que se trataría de Becerril, a quien así conoció en persona por primera vez.

Morales reafirmó que el legislador fujimorista intentó convencerle de que votara por Julio Gutiérrez Pebe para presidente del CNM, por el solo hecho de que era “el candidato del fujimorismo”. A esto respondió ratificando que no votaría por Gutiérrez, pues no era el adecuado para el cargo.

Ante esto, la legisladora Indira Huilca, de Nuevo Perú, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, denunciaron a Becerril por infringir los artículos de la Carta Magna, 43 y 45, sobre separación de poderes; el 39 y 44, contra la corrupción y el 150, sobre la independencia del CNM.

Trance difícil

Este es el peor trance que Becerril enfrenta en su vida política, convertido en el fujimorista de mayor rango, confianza y cercanía a su jefa Keiko Fujimori implicado en graves delitos de corrupción, justo cuando ella proclama que es toda una luchadora contra esa conducta delictiva.

Hay quienes esperan que los fujimoristas exculpen a Becerril haciendo uso de su mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que no disponen de recurso alguno que destruya las evidencias de la presunta actuación delictiva de Becerril.

Usando su mayoría, la semana pasada lo excluyeron de la investigación al exconsejero del CNM, Guido Aguila, por el mismo caso, argumentando que tenía su propia interpelación.

Si su partido lo encubre, la ciudadanía, muy sensibilizada contra la corrupción, percibirá esa acción como una reincidencia del comportamiento del fujimorismo de siempre tapar las acciones delictivas de sus representantes o de tratarlos con guantes de seda.

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Política

Premier y Ministro de Justicia a Constitución

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva confirmó su presencia hoy y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución presidida por la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, que servirá para explicar la posición que posee el Gobierno en relación al tema de la bicameralidad.

Villanueva manifestó que mantiene una actitud positiva en relación a la aprobación de las reformas planteadas por el Gobierno. Asimismo, dejó en claro que en el Ejecutivo se muestran abiertos a eventuales cambios o mejoras que se hagan para avanzar con dichas propuestas.

“Nosotros nunca hemos dicho: ‘Vayan al pie de la letra, no le quiten ninguna coma’. Lo que hemos dicho es: ‘Háganlo rápido y no desnaturalicen’”, destacó el presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, aseguró que espera con gran optimismo que se cumplan los plazos establecidos por el Congreso en lo que refiere a aprobar hasta el próximo 4 de octubre las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra.

“El plazo concreto ya lo pusieron los voceros de todas las bancadas para tener listo todos los dictámenes a más tardar el 4 de octubre, dicho por ellos y declarado por ellos. Entonces ya no era necesario estar insistiendo en poner una fecha, porque ya ellos habían autodecidido en cuanto a un cronograma”, agregó el Premier.

El debate de la Comisión de Constitución referido a la bicameralidad se detuvo en el tercer acápite del artículo 90, en el que el gobierno plantea que “el territorio de la República se divide en macrodistritos electorales para la elección de senadores y en microdistritos electorales para la elección de diputados. Así, la participación de César Villanueva y Vicente Zeballos ayudará a brindar mayores detalles en relación a este tema.

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Política

Entre el show de Reggiardo y una soporífera mesa redonda

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Debate elecciones municipales asiento vacío

El primer grupo de los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima participó del debate electoral municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de promover el voto informado y conocer sus propuestas para Lima. Pese a trasladarse hasta el Centro de Convenciones de Lima, sede del evento, Renzo Reggiardo, quien lidera las preferencias de la ciudadanía (apenas con 17%), decidió no participar.

Renzo Reggiardo

TALK SHOW

Faltando 10 minutos para que se inicie el debate municipal, programado para las 19:00 horas, el candidato de Perú Patria Segura (PPS), Reggiardo, salió de su vivienda y caminó hasta el Centro de Convenciones, en San Borja, pero solo para entregar una carta al JNE, en la que explica su decisión de no participar del evento.

El excongresista quien al iniciar su campaña se comprometió –a través de firmar el Pacto Ético Electoral del JNE- de participar del debate, se excusó pues dijo ser víctima de “ataques arteros” de sus rivales políticos.

“Me han dicho cobarde, estafador y hasta de pretender incendiar un vehículo. (…) no puedo sentarme en el mismo lugar, darle la mano y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto. ¿Qué pasa con mi moral, con mi honor, con mi decencia? Eso no es democracia”, sostuvo Reggiardo al ser abordado por la prensa.

Según el candidato de PPS, sus oponentes han incumplido más de un artículo del Pacto Ético Electoral y acusó al JNE de no tomar oportunamente las medidas correctivas. Incluso calificó el debate de ayer como un “talk show”.

“Solamente por venir al debate, el (JNE) te limpia de todos los incumplimientos violados al pacto ético ¿es eso correcto de parte del ente electoral que ha estado involucrado en casos de corrupción? Lo que se está dando hoy (debate) es un talk show en el que las personas se agreden mutuamente. Yo no voy a hacer parte de ese show”.

Al respecto, Enrique Bernales, titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético, respondió a Reggiardo y resaltó que no era una obligación firmar el Pacto Ético y que a través de este no se puede condicionar al JNE.

“El Pacto Ético no es una obligación firmarlo. Se lee. Se propone. Y se firma y adquiere un compromiso real con el elector de cumplirlo. (…) lo que no puede decirse (al JNE) es ‘o usted hace esto o tomo una actitud díscola’, los compromisos son para cumplirlos”, aseguró.

PROPUESTAS

El Debate Municipal 2018 se dividió en seis bloques de temas: visión de Lima al 2022, seguridad ciudadana, movilidad y transporte, pregunta ciudadana, población vulnerable y tema libre. Los participantes tuvieron 1 minuto para exponer sus propuestas sobre dichos puntos.

En el debate de ayer, y según sorteo elaborado por el JNE, participaron un primer grupo de postulantes: Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta (Peruanos Por el Kambio), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Zurek (Somos Perú), Luis Ocrospoma (Perú Nación), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Pablo Silva(Frepap).

El candidato Salinas López Torres propuso crear un foro de empresas por Lima para apoyar la seguridad e implementar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. También adelantó que emitirá una ordenanza para que se respete a los peatones y promoverá multas de tránsito ejemplares.

En lo referido a transporte, Jorge Villacorta dijo que su gestión aliviará el caótico tránsito en la ciudad regulando las horas de circulación de camiones y vehículos pesados. Asimismo, aseguró que su gestión terminará las obras pendientes, como la extensión del Metropolitano desde la estación El Naranjal hasta el distrito de Carabayllo, la Vía Expresa hasta la Panamericana, y agilizar la línea 1 del Metro de Lima.

Por su parte, Muñoz dijo que aplicará su plan Lima 360 de seguridad que prioriza la coordinación con la Policía Nacional y empodera a la mujer en acciones de prevención. Exhortó al electorado no dejar en “manos de improvisados” el futuro próximo de la ciudad capital.

Mientras que Daniel Urresti propuso señalizar correctamente toda la ciudad, la instalación de cuatro mil semáforos, y solucionar 600 intersecciones que actualmente son un embudo. Además, de regular el tránsito de camiones y vehículos pesados para que solo puedan circular en horas de la noche.

Esther Capuñay dijo que instalará cámaras e iluminará las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana. Asimismo, adelantó que de llegar a la alcaldía implementará escuelas metropolitanas de seguridad que capacitarán al Serenazgo.

El candidato por Perú Nación, Luis Ocrospoma, aseveró que impondrá un toque de queda para jóvenes menores de 16 años de edad que salgan a las calles sin permiso de sus padres. Dijo que su gestión estará enfocada en una Lima verde, donde las familias se sientan seguras.

El próximo domingo se continuará con el debate y el segundo grupo de candidatos. Ojalá haya un intercambio de propuestas y no shows personales ni una invitación al sueño.

ALGO MÁS

Pablo Silva, candidato del Frepap, propuso convertir a Lima en una ciudad moderna, sostenible e inclusiva. Por su parte, Zurek, subrayó que su propuesta para instalar una red de teleféricos reducirá en gran medida el tiempo que los limeños emplean para trasladarse de un lugar a otro de la capital. Mientras que Castañeda Pardo ofreció la instalación de semáforos inteligentes y el fortalecimiento del servicio del Metropolitano y los corredores viales.

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