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Fujimori no ha pagado un sol de reparación civil

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El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago por daños.

El indultado expresidente Alberto Fujimori debe al Estado 51.68 millones de soles (unos 15.6 millones de dólares) por reparaciones civiles impuestas en diferentes procesos por corrupción.

El procurador anticorrupción Amado Enco y especialistas en el tema señalaron al diario que entre los beneficios que incluye el indulto humanitario otorgado el 24 de diciembre no se incluye el perdón del pago de la reparación civil.

“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos, y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, sostuvo.

Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.

Según cifras de la Procuraduría Anticorrupción, el monto inicial del pago que debía hacer Fujimori era 27.4 millones de soles (8.3 millones de dólares) pero, ya que no ha sido pagado, se han sumado intereses que casi han duplicado la deuda.

MERCEDES ARÁOZ
En conferencia de prensa, la premier mercedes Aráoz declaró el miércoles que el indulto a Alberto Fujimori no fue un arreglo bajo la mesa; pero sostuvo que ahora serán mejores las relaciones con el Poder Legislativo, con lo cual aceptó implícitamente que el objetivo del indulto era el deseo de PPK de congraciarse con el fujimorismo que domina ese poder del Estado.

Así el Ejecutivo pretende evitar el avance en las investigaciones de la Comisión Lava Jato, las interpelaciones ministeriales, la denegación de facultades, y, sobre todo, un nuevo pedido de vacancia presidencial. El arreglo es más que evidente, pese a negar que ella o los ministros hayan participado en él, pero no fue tajante su negativa respecto de PPK.

Con el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, a su lado, quien figurará en la historia de la impunidad en el país por haber firmado la nefasta resolución suprema de indulto; comunicó también que el gobierno ha expedido un decreto supremo autorizando una partida de 33 millones de soles para el pago a las víctimas de la violencia interna.

Deja notar así el afán que tiene de sobornar el sentimiento y la conciencia de las víctimas, con lo que constituye su derecho a la reparación. Lo hace tres días después de haber estallado multitudinarias manifestaciones rechazando el indulto al ex dictador.

Pero lo que no dijo la premier, ni el ministro de Justicia, es qué acciones han adoptado para exigirle al indultado el pago de las reparaciones civiles en favor de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago de la reparación civil.

Alberto Fujimori no ha pagado un centavo de las sumas fijadas en la sentencia de ese proceso judicial. Nunca ha hecho el esfuerzo, ni expresado intención de hacerlo gradualmente, como lo hacen hasta los condenados de humilde condición económica.

Sencillamente no existe sentido del resarcimiento para él. Entre las víctimas de Barrios Altos estuvo el niño Javier Manuel Ríos Rojas, de 9 años de edad, quién ahora tendría 26, estaría gozando de la plenitud de su vida, y sería un ciudadano útil a su familia y a la sociedad. Tierna existencia segada por las balas asesinas del llamado Grupo Colina, cuyo autor mediato del crimen se ha negado a indemnizar a sus deudos hasta la fecha.

Consiguió el  indulto, pero no paga lo que corresponde.

Consiguió el indulto, pero no paga lo que corresponde.

LO QUE DICE LA SENTENCIA
La sentencia fija el pago de 280,800 en favor de los agraviados, la cual se ha incrementado considerablemente a la actualidad, ya que ésta devenga intereses legales desde que se produjo el daño; es decir, desde 1992. Pero el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, solo hizo su aparición en la conferencia de prensa para seguir negando su conocimiento del trámite de indulto, pese a haberlo firmado y ser de la competencia de su sector. Nos recuerda a Alan García cuando firmó e indultó a más de mil condenados por narcotráfico, pero negaba saberlo.

El exdictador no solo debe la reparación civil a las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, sino también al Estado peruano. No olvidemos que Alberto Fujimori aceptó ser autor y, por consiguiente, fue condenado por delitos de corrupción en tres casos adicionales: usurpación de funciones, al haber ingresado a la casa de Vladimiro Montesinos, con un fiscal falso; soborno de 15 millones a dicho asesor; y, espionaje telefónico, soborno a congresistas tránsfugas y compra de la línea editorial de los medios; por todo lo cual se le impuso el pago de 27 millones, que con los intereses acumulados a la actualidad, sobrepasa los 50 millones de soles.

La premier y el ministro han callado en siete idiomas. La primera ahora dice que PPK recibirá a los deudos para “seguir conversando”. Después que éste se negó a recibirlos antes de firmar el indulto. Lo que está diciendo en este momento de crisis y desesperación para ellos, ante el repudio popular, es: que vengan para pasearlos. Tampoco le conmueve el imborrable dolor que llevan los familiares de las víctimas en su corazón. Del mismo modo en que no le importó el dolor de las víctimas de Bagua.

Enrique Mendoza, por su parte, no ha referido si su sector accionará con las medidas que la ley franquea al Estado para que Alberto Fujimori pague al Estado: embargos en sus diferentes formas, búsqueda de cuentas en el exterior o nulidades de transferencias de propiedad.

La preocupación de ellos, en todo momento, estriba en salir bien librados del vendaval de cuentas que le exigirá la ciudadanía, por querer servir de parapeto institucional al infame indulto. Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

ÁLVARO VARGAS LLOSA SOBRE INDULTO
Es “un pacto con el diablo”

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa dijo que la decisión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al exmandatario Alberto Fujimori es “un pacto con el diablo” que traiciona no solo el mandato popular, sino al sistema democrático.

“Se ha producido aquí un pacto con el diablo, un pacto mefistofélico, que traiciona no solo el mandato popular del presidente Kuczynski, sino al sistema democrático, porque a partir de ahora estamos en un escenario totalmente nuevo en el que el poder del fujimorismo –que ya era considerable, como es obvio– crece exponencialmente y ya no solo controlan el Congreso, ahora tienen en la práctica el control de la Presidencia”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Y a partir de ahí, evidentemente, van a seguir con una estrategia de acoso y derribo, contra todas las instancias que ellos juzgan peligrosas para sus intereses, incluyendo las del Poder Judicial, y yo vaticino que, tarde o temprano, algunos medios de comunicación también”, manifestó.

Comentó que es necesario ejercer las vías legales pertinentes para evitar que Fuerza Popular acabe apoderándose de las instituciones, como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, pues el jefe de Estado ha traicionado su mandato y la situación es muchísimo más grave.

“Ya tenían un poder que era considerable, evidentemente emanado del resultado de la primera vuelta, pero ese poder había crecido en la medida que el presidente Kuczynski estaba teniendo comportamientos entre el fujimorismo que era dócil, y que yo creo que ya en cierta forma empezaba a traicionar su mandato, pero ahora la situación es muchísimo más grave”, indicó.

“Yo creo que es muy importante ejercer, dentro de la legalidad, todas las formas de resistencia posible para evitar que esto tenga las consecuencias nefastas que podía tener y que simplemente el fujimorismo acabe apoderándose de las instituciones y haciendo inviable la democracia tal como la entendemos los demócratas”, refirió.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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