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Fujimori no ha pagado un sol de reparación civil

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El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago por daños.

El indultado expresidente Alberto Fujimori debe al Estado 51.68 millones de soles (unos 15.6 millones de dólares) por reparaciones civiles impuestas en diferentes procesos por corrupción.

El procurador anticorrupción Amado Enco y especialistas en el tema señalaron al diario que entre los beneficios que incluye el indulto humanitario otorgado el 24 de diciembre no se incluye el perdón del pago de la reparación civil.

“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos, y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, sostuvo.

Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.

Según cifras de la Procuraduría Anticorrupción, el monto inicial del pago que debía hacer Fujimori era 27.4 millones de soles (8.3 millones de dólares) pero, ya que no ha sido pagado, se han sumado intereses que casi han duplicado la deuda.

MERCEDES ARÁOZ
En conferencia de prensa, la premier mercedes Aráoz declaró el miércoles que el indulto a Alberto Fujimori no fue un arreglo bajo la mesa; pero sostuvo que ahora serán mejores las relaciones con el Poder Legislativo, con lo cual aceptó implícitamente que el objetivo del indulto era el deseo de PPK de congraciarse con el fujimorismo que domina ese poder del Estado.

Así el Ejecutivo pretende evitar el avance en las investigaciones de la Comisión Lava Jato, las interpelaciones ministeriales, la denegación de facultades, y, sobre todo, un nuevo pedido de vacancia presidencial. El arreglo es más que evidente, pese a negar que ella o los ministros hayan participado en él, pero no fue tajante su negativa respecto de PPK.

Con el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, a su lado, quien figurará en la historia de la impunidad en el país por haber firmado la nefasta resolución suprema de indulto; comunicó también que el gobierno ha expedido un decreto supremo autorizando una partida de 33 millones de soles para el pago a las víctimas de la violencia interna.

Deja notar así el afán que tiene de sobornar el sentimiento y la conciencia de las víctimas, con lo que constituye su derecho a la reparación. Lo hace tres días después de haber estallado multitudinarias manifestaciones rechazando el indulto al ex dictador.

Pero lo que no dijo la premier, ni el ministro de Justicia, es qué acciones han adoptado para exigirle al indultado el pago de las reparaciones civiles en favor de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago de la reparación civil.

Alberto Fujimori no ha pagado un centavo de las sumas fijadas en la sentencia de ese proceso judicial. Nunca ha hecho el esfuerzo, ni expresado intención de hacerlo gradualmente, como lo hacen hasta los condenados de humilde condición económica.

Sencillamente no existe sentido del resarcimiento para él. Entre las víctimas de Barrios Altos estuvo el niño Javier Manuel Ríos Rojas, de 9 años de edad, quién ahora tendría 26, estaría gozando de la plenitud de su vida, y sería un ciudadano útil a su familia y a la sociedad. Tierna existencia segada por las balas asesinas del llamado Grupo Colina, cuyo autor mediato del crimen se ha negado a indemnizar a sus deudos hasta la fecha.

Consiguió el  indulto, pero no paga lo que corresponde.

Consiguió el indulto, pero no paga lo que corresponde.

LO QUE DICE LA SENTENCIA
La sentencia fija el pago de 280,800 en favor de los agraviados, la cual se ha incrementado considerablemente a la actualidad, ya que ésta devenga intereses legales desde que se produjo el daño; es decir, desde 1992. Pero el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, solo hizo su aparición en la conferencia de prensa para seguir negando su conocimiento del trámite de indulto, pese a haberlo firmado y ser de la competencia de su sector. Nos recuerda a Alan García cuando firmó e indultó a más de mil condenados por narcotráfico, pero negaba saberlo.

El exdictador no solo debe la reparación civil a las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, sino también al Estado peruano. No olvidemos que Alberto Fujimori aceptó ser autor y, por consiguiente, fue condenado por delitos de corrupción en tres casos adicionales: usurpación de funciones, al haber ingresado a la casa de Vladimiro Montesinos, con un fiscal falso; soborno de 15 millones a dicho asesor; y, espionaje telefónico, soborno a congresistas tránsfugas y compra de la línea editorial de los medios; por todo lo cual se le impuso el pago de 27 millones, que con los intereses acumulados a la actualidad, sobrepasa los 50 millones de soles.

La premier y el ministro han callado en siete idiomas. La primera ahora dice que PPK recibirá a los deudos para “seguir conversando”. Después que éste se negó a recibirlos antes de firmar el indulto. Lo que está diciendo en este momento de crisis y desesperación para ellos, ante el repudio popular, es: que vengan para pasearlos. Tampoco le conmueve el imborrable dolor que llevan los familiares de las víctimas en su corazón. Del mismo modo en que no le importó el dolor de las víctimas de Bagua.

Enrique Mendoza, por su parte, no ha referido si su sector accionará con las medidas que la ley franquea al Estado para que Alberto Fujimori pague al Estado: embargos en sus diferentes formas, búsqueda de cuentas en el exterior o nulidades de transferencias de propiedad.

La preocupación de ellos, en todo momento, estriba en salir bien librados del vendaval de cuentas que le exigirá la ciudadanía, por querer servir de parapeto institucional al infame indulto. Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

ÁLVARO VARGAS LLOSA SOBRE INDULTO
Es “un pacto con el diablo”

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa dijo que la decisión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al exmandatario Alberto Fujimori es “un pacto con el diablo” que traiciona no solo el mandato popular, sino al sistema democrático.

“Se ha producido aquí un pacto con el diablo, un pacto mefistofélico, que traiciona no solo el mandato popular del presidente Kuczynski, sino al sistema democrático, porque a partir de ahora estamos en un escenario totalmente nuevo en el que el poder del fujimorismo –que ya era considerable, como es obvio– crece exponencialmente y ya no solo controlan el Congreso, ahora tienen en la práctica el control de la Presidencia”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Y a partir de ahí, evidentemente, van a seguir con una estrategia de acoso y derribo, contra todas las instancias que ellos juzgan peligrosas para sus intereses, incluyendo las del Poder Judicial, y yo vaticino que, tarde o temprano, algunos medios de comunicación también”, manifestó.

Comentó que es necesario ejercer las vías legales pertinentes para evitar que Fuerza Popular acabe apoderándose de las instituciones, como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, pues el jefe de Estado ha traicionado su mandato y la situación es muchísimo más grave.

“Ya tenían un poder que era considerable, evidentemente emanado del resultado de la primera vuelta, pero ese poder había crecido en la medida que el presidente Kuczynski estaba teniendo comportamientos entre el fujimorismo que era dócil, y que yo creo que ya en cierta forma empezaba a traicionar su mandato, pero ahora la situación es muchísimo más grave”, indicó.

“Yo creo que es muy importante ejercer, dentro de la legalidad, todas las formas de resistencia posible para evitar que esto tenga las consecuencias nefastas que podía tener y que simplemente el fujimorismo acabe apoderándose de las instituciones y haciendo inviable la democracia tal como la entendemos los demócratas”, refirió.

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Política

Nuevo Fiscal de la Nación agrava crisis y pone en riesgo reformas

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Pedro Chávarry nuevo Fiscal de la Nación

Aunque parezca increíble ayer Pedro Chávarry asumió como titular del Ministerio Público (MP). No importó la reciente aparición de los audios en los que se le oye hablar con el suspendido juez César Hinostroza para “bajarse” al vocal de la Corte Suprema José Salas Arenas de la Academia de la Magistratura (AMG), ni los otros audios que han develado que los jueces y fiscales se ponen a dedo y a cambio de favores.

Tampoco importó la masiva movilización de miles de ciudadanos que el último jueves salieron a las calles a protestar contra la corrupción y a pedir una verdadera e integral reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y de todo el sistema de justicia en nuestro país.

Tampoco importó, que ayer en la mañana, antes de la asunción, el presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, haya salido en un programa televisivo a decir que no era conveniente que asumiera y que pospusiera su investidura en el cargo hasta que se aclare el contenido de los audios que lo involucran.

Pese a esto y pese a la crisis que vive el sistema de justicia, Chávarry asumió al promediar las 11: 30 de la mañana en un auditorio del piso 11 del MP. A la ceremonia no asistió Martín Vizcarra, ni César Villanueva, pero el que sí tuvo una presencia notoria fue el congresista fujimorista y presidente del Congreso, Luis Galarreta, quien llegó al evento cinco minutos luego que el saliente Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, empezara a dar su discurso.

Luis Galarreta

No acudieron Vizcarra ni Villanueva; pero sí Galarreta. La bancada naranja celebró

BANCADA NARANJA CONTENTA

Mientras Galarreta se sentaba en la mesa de honor con los fiscales supremos Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez, que votaron a favor de la elección del nuevo Fiscal de la Nación y que están involucrados en los audios, un grupo de congresistas de la bancada fujimorista celebraba la asunción de Pedro Chávarry como titular del MP y algunos hablaban que con Chávarry en la Fiscalía “ya van a ver” algunos sectores políticos.

Para ellos, que Chávarry sea el nuevo titular del MP es una victoria debido a la cercanía que este tuvo con la exfiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, exoperadora montesinista. En su cuenta de Twitter la periodista Jacqueline Fowks recordó hace poco que durante el gobierno de Alberto Fujimori, Chávarry fue hombre de confianza de la entonces exfiscal Colán.

Además, publicó la resolución del diario El Peruano donde la exfuncionaria nombró directamente a Chávarry como secretario general de la Fiscalía de la Nación cuando ella la presidía.

Nélida Colán fue sentenciada en el 2003 por ser operadora del fujimorismo y el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito.

En conversación con Diario UNO, el vocero de la bancada del Nuevo Perú (NP), Alberto Quintanilla, manifestó que la asunción de Chávarry como titular del MP agrava la crisis y pone en riesgo la reforma judicial y consideró que quienes se han alegrado por su nombramiento “son los que están con la corrupción; como dice el dicho Dios los cría y ellos se juntan”.

“Por supuesto que esto pone en riesgo la reforma porque Chávarry empieza hoy día y puede ocurrir que su representante en el Consejo de la Magistratura puede bloquear todo”, manifestó el congresista izquierdista poco antes de empezar el pleno extraordinario convocado por el presidente de la República Martín Vizcarra.

PIDIÓ EXPLICACIONES

En su discurso el saliente Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, consideró que la gestión de Chávarry debe dar “explicaciones” y “precisiones” por los audios que involucran al MP en el más breve plazo. Haciendo una especie de recuento indicó que apenas explotó el escándalo de los audios del CNM se tomaron las medidas del caso.

Asimismo, dijo que los audios divulgados son documentos legales y que la filtración de estos no salió de la Fiscalía. “En esta investigación se han visto involucradas algunas autoridades de nuestras institución por lo que esperamos que obviamente a la brevedad se logren las aclaraciones y se hagan las precisiones del caso, yo creo que la Fiscalía y el país lo ameritan”, dijo Sánchez.

IDL SOLICITA NULIDAD

El Instituto de Defensa Legal (IDL) ha solicitado el día jueves 18, con carácter de urgencia, la nulidad de los nombramientos de jueces y fiscales supremos de los dos concursos realizados el 2015. La misiva ha sido enviada al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), a la Junta de Portavoces del Congreso de la República y a la Presidencia de la República.

La razón es la juramentación inconstitucional de Teódulo Santos Cruz como consejero del CNM, por solo tres meses, el 14 de diciembre del 2014. Santos Cruz fue nombrado por los jueces titulares supremos como su representante en el Consejo Nacional de la Magistratura, ante la renuncia de Pablo Talavera y su suplente al CNM. Su nombramiento, por solo tres meses, no tiene fundamento constitucional ni legal.

La juramentación la realizó Guido Aguila Grados como presidente del CNM, a pesar de haber advertido en una resolución que la elección de los consejeros del CNM se realiza para un periodo de 5 años y no de 3 meses. Menos aún, con el objetivo de que participara puntualmente en el proceso de selección de jueces supremos. Así, la elección y juramentación de Santos Cruz viola el artículo 155 de la Constitución y el artículo 40 de la Ley Orgánica del CNM.

Santos Cruz juramentó inconstitucionalmente como consejero el 14 de diciembre del 2015, participó en las entrevistas públicas (ejerciendo votación) y en los dos nombramientos colegiados de supremos que se realizaron el 15 de diciembre. Asimismo, con su votación se configuró el cuadro final de méritos del concurso del que se derivó la inscripción de los “candidatos en reserva” y posteriores cuatro nombramientos.

Los nombramientos de magistrados supremos que se produjeron con este vicio de nulidad bajo la presidencia del exconsejero Guido Aguila son los de: César Hinostroza Pariachi, Tomás Gálvez Villegas, Ángel Romero Díaz (hoy voceado para la presidencia del Poder Judicial), Héctor Lama More, Luis Arce Córdova (quien aparece en una foto con los consejeros renunciantes Velásquez y Marcelo), y Víctor Raúl Rodríguez Monteza (quien amenazó a los periodistas de investigación que han publicado sobre la red de corrupción judicial).

LOS VOTOS

En la Junta de Fiscales Supremos los votos a favor del nombramiento de Pedro Chávarry como nuevo Fiscal de la Nación fueron los de los fiscales implicados en los audios, Tomás Gálvez Villegas, Víctor Rodríguez Monteza y el del propio Chávarry. Los votos en contra fueron el de Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos.

 

RAMIRO ANGULO MACHIAVELLO

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Política

Se viene denuncia constitucional

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Tania Pariona

La vocera altera de la bancada el Nuevo Perú (NP), Tania Pariona, anunció que al interior de su agrupación política evalúan presentar una denuncia constitucional contra Chávarry e indicó que solicitará a la Comisión de Justicia citar al nuevo Fiscal de la Nación para que explique sus vínculos con el suspendido juez supremo César Hinostroza.

“La Junta de Fiscales Supremos se ha puesto de espaldas al país, pues hay una intención de blindaje. Mínimamente debió suspenderse la juramentación del Fiscal de la Nación y esclarecer. Vamos a pedir que Pedro Chávarry vaya a la Comisión de Justicia a dar su descargo”, manifestó Pariona, tras lamentar que la juramentación hecha hizo caso omiso a las protestas ciudadanas del último jueves.

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Política

Le dio la espalda al país

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Marco Arana

Según el congresista del Frente Amplio (FA), Marco Arana, la elección de Chávarry revela que el MP no puede ser parte de los cambios. “En una situación como esta lo deseable hubiera sido una elección por mayoría debido a todo el velo de corrupción y de investigaciones que se vienen haciendo a jueces, fiscales y magistrados del CNM”, dijo en diálogo con Diario UNO.

De otro lado, el legislador calificó como una afrenta al reclamo ciudadano que se nombren a autoridades con el más mínimo atisbo de vínculos con la corrupción o el narcotráfico.

“Es una señal de desconexión total con el reclamo ciudadano y evidentemente es una falta de sentido común frente a la indignación ciudadana nacional respecto de los temas de la corrupción”, dijo el congresista electo por Cajamarca.

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