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Fujimori no ha pagado un sol de reparación civil

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El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago por daños.

El indultado expresidente Alberto Fujimori debe al Estado 51.68 millones de soles (unos 15.6 millones de dólares) por reparaciones civiles impuestas en diferentes procesos por corrupción.

El procurador anticorrupción Amado Enco y especialistas en el tema señalaron al diario que entre los beneficios que incluye el indulto humanitario otorgado el 24 de diciembre no se incluye el perdón del pago de la reparación civil.

“El indulto humanitario concedido no lo liberará de su obligación judicial de pagar la reparación civil en favor del Estado por todos los delitos de corrupción cometidos, y por los cuales fue condenado en su oportunidad. El indulto podrá perdonar la pena, pero no la reparación civil”, sostuvo.

Fujimori fue condenado en diferentes juicios por corrupción por los delitos de cohecho activo, peculado doloso, interferencia telefónica, falsedad ideológica y usurpación de funciones.

Según cifras de la Procuraduría Anticorrupción, el monto inicial del pago que debía hacer Fujimori era 27.4 millones de soles (8.3 millones de dólares) pero, ya que no ha sido pagado, se han sumado intereses que casi han duplicado la deuda.

MERCEDES ARÁOZ
En conferencia de prensa, la premier mercedes Aráoz declaró el miércoles que el indulto a Alberto Fujimori no fue un arreglo bajo la mesa; pero sostuvo que ahora serán mejores las relaciones con el Poder Legislativo, con lo cual aceptó implícitamente que el objetivo del indulto era el deseo de PPK de congraciarse con el fujimorismo que domina ese poder del Estado.

Así el Ejecutivo pretende evitar el avance en las investigaciones de la Comisión Lava Jato, las interpelaciones ministeriales, la denegación de facultades, y, sobre todo, un nuevo pedido de vacancia presidencial. El arreglo es más que evidente, pese a negar que ella o los ministros hayan participado en él, pero no fue tajante su negativa respecto de PPK.

Con el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, a su lado, quien figurará en la historia de la impunidad en el país por haber firmado la nefasta resolución suprema de indulto; comunicó también que el gobierno ha expedido un decreto supremo autorizando una partida de 33 millones de soles para el pago a las víctimas de la violencia interna.

Deja notar así el afán que tiene de sobornar el sentimiento y la conciencia de las víctimas, con lo que constituye su derecho a la reparación. Lo hace tres días después de haber estallado multitudinarias manifestaciones rechazando el indulto al ex dictador.

Pero lo que no dijo la premier, ni el ministro de Justicia, es qué acciones han adoptado para exigirle al indultado el pago de las reparaciones civiles en favor de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. El indulto perdona la sanción carcelaria, pero no la obligación de pago de la reparación civil.

Alberto Fujimori no ha pagado un centavo de las sumas fijadas en la sentencia de ese proceso judicial. Nunca ha hecho el esfuerzo, ni expresado intención de hacerlo gradualmente, como lo hacen hasta los condenados de humilde condición económica.

Sencillamente no existe sentido del resarcimiento para él. Entre las víctimas de Barrios Altos estuvo el niño Javier Manuel Ríos Rojas, de 9 años de edad, quién ahora tendría 26, estaría gozando de la plenitud de su vida, y sería un ciudadano útil a su familia y a la sociedad. Tierna existencia segada por las balas asesinas del llamado Grupo Colina, cuyo autor mediato del crimen se ha negado a indemnizar a sus deudos hasta la fecha.

Consiguió el  indulto, pero no paga lo que corresponde.

Consiguió el indulto, pero no paga lo que corresponde.

LO QUE DICE LA SENTENCIA
La sentencia fija el pago de 280,800 en favor de los agraviados, la cual se ha incrementado considerablemente a la actualidad, ya que ésta devenga intereses legales desde que se produjo el daño; es decir, desde 1992. Pero el ministro de Justicia, Enrique Mendoza, solo hizo su aparición en la conferencia de prensa para seguir negando su conocimiento del trámite de indulto, pese a haberlo firmado y ser de la competencia de su sector. Nos recuerda a Alan García cuando firmó e indultó a más de mil condenados por narcotráfico, pero negaba saberlo.

El exdictador no solo debe la reparación civil a las víctimas de Barrios Altos y la Cantuta, sino también al Estado peruano. No olvidemos que Alberto Fujimori aceptó ser autor y, por consiguiente, fue condenado por delitos de corrupción en tres casos adicionales: usurpación de funciones, al haber ingresado a la casa de Vladimiro Montesinos, con un fiscal falso; soborno de 15 millones a dicho asesor; y, espionaje telefónico, soborno a congresistas tránsfugas y compra de la línea editorial de los medios; por todo lo cual se le impuso el pago de 27 millones, que con los intereses acumulados a la actualidad, sobrepasa los 50 millones de soles.

La premier y el ministro han callado en siete idiomas. La primera ahora dice que PPK recibirá a los deudos para “seguir conversando”. Después que éste se negó a recibirlos antes de firmar el indulto. Lo que está diciendo en este momento de crisis y desesperación para ellos, ante el repudio popular, es: que vengan para pasearlos. Tampoco le conmueve el imborrable dolor que llevan los familiares de las víctimas en su corazón. Del mismo modo en que no le importó el dolor de las víctimas de Bagua.

Enrique Mendoza, por su parte, no ha referido si su sector accionará con las medidas que la ley franquea al Estado para que Alberto Fujimori pague al Estado: embargos en sus diferentes formas, búsqueda de cuentas en el exterior o nulidades de transferencias de propiedad.

La preocupación de ellos, en todo momento, estriba en salir bien librados del vendaval de cuentas que le exigirá la ciudadanía, por querer servir de parapeto institucional al infame indulto. Bien dicen que no hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague.

Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), perpetrada a cargo del grupo militar encubierto Colina, y por el secuestro del periodista Gustavo Gorriti y el empresario Samuel Dyer en 1992.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

Dice que indulto traiciona el mandato popular del presidente Kuczynski.

ÁLVARO VARGAS LLOSA SOBRE INDULTO
Es “un pacto con el diablo”

El escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa dijo que la decisión del presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al exmandatario Alberto Fujimori es “un pacto con el diablo” que traiciona no solo el mandato popular, sino al sistema democrático.

“Se ha producido aquí un pacto con el diablo, un pacto mefistofélico, que traiciona no solo el mandato popular del presidente Kuczynski, sino al sistema democrático, porque a partir de ahora estamos en un escenario totalmente nuevo en el que el poder del fujimorismo –que ya era considerable, como es obvio– crece exponencialmente y ya no solo controlan el Congreso, ahora tienen en la práctica el control de la Presidencia”, manifestó en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[…] Y a partir de ahí, evidentemente, van a seguir con una estrategia de acoso y derribo, contra todas las instancias que ellos juzgan peligrosas para sus intereses, incluyendo las del Poder Judicial, y yo vaticino que, tarde o temprano, algunos medios de comunicación también”, manifestó.

Comentó que es necesario ejercer las vías legales pertinentes para evitar que Fuerza Popular acabe apoderándose de las instituciones, como el Tribunal Constitucional y la Fiscalía de la Nación, pues el jefe de Estado ha traicionado su mandato y la situación es muchísimo más grave.

“Ya tenían un poder que era considerable, evidentemente emanado del resultado de la primera vuelta, pero ese poder había crecido en la medida que el presidente Kuczynski estaba teniendo comportamientos entre el fujimorismo que era dócil, y que yo creo que ya en cierta forma empezaba a traicionar su mandato, pero ahora la situación es muchísimo más grave”, indicó.

“Yo creo que es muy importante ejercer, dentro de la legalidad, todas las formas de resistencia posible para evitar que esto tenga las consecuencias nefastas que podía tener y que simplemente el fujimorismo acabe apoderándose de las instituciones y haciendo inviable la democracia tal como la entendemos los demócratas”, refirió.

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Política

Cuellos blancos quieren sacar a juez Carhuancho

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Víctor Raúl Rodríguez Monteza

A pedido del fiscal supremo Víctor Raúl Rodríguez Monteza, la Fiscalía Anticorrupción del Santa, en Áncash, abrió una investigación contra el juez de investigación preparatoria Richard Concepción Carhuanho.

El proceso que se le abrió es por los presuntos delitos de prevaricato y abuso de autoridad en su intervención en el caso “La Centralita” contra el exgobernador de Áncash César Álvarez, actualmente bajo prisión por el caso Odebrecht.

Analistas consultados por Diario UNO manifestaron que Carhuancho es un juez incómodo en la lucha contra la corrupción, por ello es que cierto sector influido por mafiosos trata de obstruir el accionar de jueces y fiscales, probos y valientes.

BUSCAN TRABAR A LA JUSTICIA

“Hay una trayectoria de reconocimiento a su actuación firme, clara, rotunda del juez Carhuancho. Incluso acaba de ser desestimada el día de hoy (ayer) una pretensión de los acusados Ollanta Humala y Nadine Heredia de querer sacarlo del control de constitucionalidad de la denuncia contra ellos”, opinó Francisco Soberón, fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH) y exsecretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Es un juez que indudablemente por sus características es incómodo para los procesados que son denunciados ante el Poder Judicial y esperamos que no prospere ese tipo de acciones que buscan trabar la acción de la justicia”, concluyó Soberón.

HAY QUE ESTAR MUY ALERTAS

“Es terrible eso porque es evidente que hay allí una estrategia, incluso de intimidación, de pretender acallar a jueces probos y honestos, como Carhuancho, que está luchando contra la corrupción, no solo en este momento sino desde hace tiempo atrás”, dijo Jorge Bracamonte, secretario ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH).

“Eso me parece grave y sobre esto creo que la ciudadanía debiera tener una actitud de alerta y de solidaridad con los jueces y fiscales que vienen siendo asediados por los propios mecanismos que vienen implementándose en el propio sistema de justicia”, exhortó.

ESTRATEGIA DE INTIMIDACIÓN

“Es evidente que hay -reitero- una estrategia de intimidación y de acoso sobre los jueces y fiscales que están llevando adelante en este momento los casos que comprometen a los altos dignatarios que se han visto involucrados en las redes de corrupción de Odebrecht”, precisó.

“Eso llama a una profunda preocupación. Hay que estar alertas a esta actitud obsecuente y cómplice como lo ha manifestado de manera reiterada el Congreso de la República con su mayoría, expresada por Fuerza Popular y el Apra”, subrayó.

“De alguna manera este Congreso blinda a los operadores de la corrupción dentro del sistema. Esto ya lo hicieron el exfiscal Supremo César Hinostroza y Pedro Chávarry, exfiscal de la Nación. Tenemos que mirar esto con cuidado y alertar a la opinión pública”, concluyó Bracamonte.

FAVORECE A LOS MAFIOSOS

“Es una situación contrasentido que se investigue a un juez que está enfrentando a los corruptos; es un contrasentido y eso no tiene nombre, cuando las instancias superiores del Poder Judicial deberían apoyar”, expresó el legislador Yonhy Lescano de Acción Popular (AP).

“En lugar de apoyar a los jueces y fiscales valientes, están apoyando a las mafias. Además, investigarlo por abuso de autoridad deja mucho que desear, por eso la población está mayoritariamente en contra del Poder Judicial”, remarcó.

“Eso despierta suspicacias, que se mande a investigar a un juez que está luchando contra los corruptos puede dar que pensar que este señor (Rodríguez Monteza) quiere favorecer a los mafiosos; es incalificable lo que está sucediendo”, puntualizó.

ALGO MÁS

“El presidente del Poder Judicial, José Luis Lecaros, debe intervenir y decir qué está pasando acá porque, quiérase o no, esto debilita a la lucha contra la corrupción”, concluyó Lescano.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

PJ rechaza recusación de juez Carhuancho

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Ollanta Humala Tasso y Nadine Heredia Alarcón

La Primera Sala Penal Nacional Transitoria Especializada en Crimen Organizado declaró infundada la recusación contra juez Richard Concepción Carhuancho planteada por el expresidente Ollanta Humala Tasso y su esposa Nadine Heredia, en el proceso seguido en su contra por el caso Odebrecht.

El fragmento del documento publicado en la cuenta del Poder Judicial, se indica que en la recusación planteada por los esposo Humala Heredia no se encuentran elementos de prueba para inferir un motivo fundado que permitan poner en duda la imparcialidad del juez.

Ollanta Humala y Nadine Heredia son investigados por el delito de lavado de activos en la modalidad de conversión y ocultamiento de activos ilícitos, por los aportes que habría recibido para financiar las campañas presidenciales de 2006 y 2011.

La Fiscalía solicitó 20 años de prisión contra el expresidente de la República, Ollanta Humala, y 26 años y seis meses para su esposa Nadine Heredia, según informó el fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Germán Juárez Atoche el 7 de mayo.

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Política

Mientras no se aclare la última duda no se iniciará proyecto

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Martín Vizcarra Cornejo

El presidente de la República, Martín Vizcarra, aseguró que no se iniciará la construcción del proyecto minero Tía María, a cargo de la empresa Southern, mientras no se aclaren todas la dudas de la población y autoridades de la provincia de Islay y la región Arequipa.

“Mientras que no aclare la última duda no se va a iniciar ningún proyecto”, afirmó el mandatario en declaraciones a la prensa.

Subrayó que su gobierno resolverá las demandas de la ciudadanía como siempre lo ha hecho con un diálogo, transparente, directo y franco.

“Problemas siempre hay, cómo se resuelven, enfrentándolos directamente con el diálogo y transparencia, y hablando siempre con la verdad sobre la mesa”, señaló.

En tal sentido, Vizcarra le pidió a la población y agricultores de la provincia de Islay que estén tranquilos porque no se iniciará ninguna operación o construcción sin que previamente no se sienten a conversar la empresa y los actores involucrados en la ejecución del proyecto minero.

Refirió que el Gobierno no tiene una posición contraria o discordante con la expresada por los pobladores, alcaldes de Islay o el gobernador regional de Arequipa, pues siempre ha habido coincidencia en que no se puede ejecutar una obra sin que se aclaren todas las dudas al respecto.

No obstante, Vizcarra enfatizó también que no se puede hablar en función de ultimátum sino en función al diálogo.

“No se puede hablar en función de un ultimátum, sino en función de una coordinación a la que estamos absolutamente dispuestos”, indicó.

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