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Frontera-Pacific: Saqueo al Perú con asalto lobista al Lote 192 de Petroperú

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He presentado en el Congreso la Denuncia Constitucional contra Ministros de PPK por la pretensión de imponer a dedo la ilegal entrega del Lote 192 a la empresa Frontera-Pacific, ofreciéndole incluso condiciones de “perpetuidad”. Violan el mandato de la Ley 30357 que manda sea Petroperú quien lo asuma y desarrolle convocando socios. Y traban la exigencia de consulta previa a los pueblos amazónicos.

1. El verdadero rostro de Frontera-Pacific es el fondo canadiense Catalyst Capital Group.

Catalyst Capital Group es un fondo de inversión canadiense que participa en “rescatar proyectos hundidos en deudas impagables”. Está sujeto a las leyes de Toronto, Canadá, y protegido por ellas, lo que le da impunidad para su actuaciones lobistas, especulativas y saqueadoras. Fue fundado en el 2002. Esta empresa es la nueva dueña de Pacific Rubiales, la que tras varias crisis, por su carácter especulador, rentista y de actuar como “Estado dentro del Estado”, ha cambiado con varios nombres, pero con los mismos dirigentes y las mismas prácticas de saqueo.

Su último nombre pomposo es Frontera, pero son el mismo grupo lobista especulador, que actúa como fondo buitre, de saqueo de los países en los que actúaPacific-Frontera.

2. La estafa en la reestructuración de Pacific por Catalyst y la formación de Frontera.

Tras la última crisis de Pacific, Catalyst invierte 500 millones de dólares para que Pacific siga operando. Pacifíc, a partir de la especulación petrolera, había lanzado en Colombia un ambicioso proceso especulativo estafador de captar fondos para irreal expansión (extracción de minerales, construcción de oleoductos y puertos, etc.) y la venta de bonos a muchas personas, todas las cuales perdieron sus recursos. Ante su crisis, Catalyst reestructura a Pacific en el 2016 y entrega cerca de 500 millones de dólares a una empresa con una deuda de 5,400 millones de dólares y con cerca de 7 mil colombianos con acciones en la compañía.

Catalyst se quedó con el 100% de las nuevas acciones de la empresa, a cambio de proporcionar 500 millones de dólares para esfumar con maniobras especulativas la deuda de la antigua Pacific de 5,400 millones de dólares. Perdieron opción los accionistas internacionales y los cerca de siete mil colombianos con acciones en la compañía.

En noviembre del 2016, la Superintendencia financiera de Colombia, canceló en el registro de acciones de inversiones, las acciones de Pacific. Ya la había sancionado con inhabilitación. Inmediatamente después se inscribió la compañía de Catalyst con el nombre de la empresa Frontera. La persona clave de toda esta operación es Peter Wolk, del grupo dirigente que desde sus orígenes ha estado en todos estos cambios, y que fuera inhabilitado en Colombia.

Pacific presenta acción operativa en la Bolsa de Toronto el 29 de mayo del 2017. Con esta operación se traslada al fuero de Canadá, disuelve las obligaciones, y enriquece a sus directivos.

El 12 de junio del 2017, Pacific anuncia que su nuevo nombre será Frontera y a partir de esa fecha cotiza en la Bolsa de Valores de Toronto-Canadá, señalando que “Frontera es una empresa pública canadiense con una cartera de activos en más de 25 bloques en actividades de exploración y producción en Colombia y Perú”.

La empresa funciona de acuerdo al mercado de valores de Canadá, sujeta a la Ley de Arreglo de Crédito de empresas de Canadá. El 27 de abril del 2016 y el 22 de junio del 2016 hicieron acciones de financiamiento en esa Bolsa. El 23 de agosto del 2016, el Tribunal de Ontario aprobó dicho plan, en base al cual la sociedad comercial hizo cambios corporativos, incluyendo la designación de una nueva junta directiva. Siendo el Consejero General, el Sr. Peter Wolk, que representa al grupo que está en toda la trayectoria de sus estafas.

3. Trayectoria de malos negocios y la modalidad lobista financiera de sus estafas.

En el 2014 con Pacific Rubiales registraron pérdidas en sus operaciones cercanas a 1,300 millones de dólares, como lo indican los datos de la propia empresa ante el Estado colombiano. A partir de marzo del 2013 inició su debacle definitiva. La causa de esta crisis es que Pacific se endeudó para continuar su expansión a través de inversiones especulativas en agroindustria y minería, pasando de una deuda de 1,300 millones de dólares a cerca de 5,400 millones de dólares.

El valor de las acciones cayó de 4 dólares el 2015 a 0,5 dólares por unidad, en enero del 2016. Este negocio multimillonario se centró en la venta irregular de acciones sin control, elevando el valor de las acciones a 2,500 millones de dólares, favoreciendo a los directivos de la compañía, dándoles “derechos convertibles en acciones” (Warrants), para luego venderlos en la Bolsa, elevando de 2 a 20 dólares cada una y más aún, sin tributar por el dinero ganado por esta forma especulativa.

En el 2015, la expansión de la empresa en campos petroleros en Brasil, Guyana, Perú, Papúa Nueva Guinea, Guatemala y México y los inversionistas en oro, carbón, hierro y la compra de tierras para el cultivo de palma, se financiaron en gran medida, con esta modalidad de bonos de deuda. Buena parte de este movimiento financiero utilizó los paraísos fiscales como se denunció en los Panama Papers, evadiendo impuestos en sus países, a través de sus directivos relacionados con ese paraíso fiscal.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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