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Fotocheck político tras las explosivas revelaciones del repartidor Barata

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Fujimorismo:

Sin duda el sector más golpeado de todos es el fujimorismo. La confirmación de que penetró el financiamiento de Odebrecht (1.2 millones de dólares) en la campaña de Keiko Fujimori a través de Augusto Bedoya, Jaime Yoshiyama y el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, actuando de intermediarios, es un golpe duro para la primera fuerza del Congreso.

La situación se agrava pues Kenji Fujimori, fundador de Fuerza Popular, ha justificado su renuncia afirmando que su partido ya no tiene autoridad moral después de haber recibido recursos de Odebrecht.

Si el fujimorismo, el Frente Amplio y Nuevo Perú insisten en la vacancia, es ahora más factible que Kenji y Alberto Fujimori persuadan a más parlamentarios de cambiar de grupo con el objetivo de impedir que el presidente que dio el indulto sea vacado.

Lo que también es grave para el fujimorismo es que haya sido su primer ministro de Transportes y Comunicaciones, el intermediario, pues debe recordarse que Odebrecht nunca tuvo más contratos que durante los 11 años del fujimorato.

Lava Jato data desde el 2005, pues en Brasil todo lo que ocurrió antes ha prescrito pero durante los tres gobiernos de Alberto Fujimori, US$1,800 millones se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción y US$6,000 millones se estima se perdieron como consecuencia de actos de corrupción ocurridos entre 1990 y el año 2001.

En ese periodo, se firmaron 30 de los 67 contratos suscritos por Odebrecht con entidades públicas peruanas y luego 35 más se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó cuantiosos gastos en compra de armamentos después del conflicto con el Ecuador, varias obras sobredimensionadas (Carretera Ilo-Desaguadero y la Presa de Cuchoquesera) y varias privatizaciones que subvaloraron activos.

APRA:
Otro sector duramente golpeado es el APRA y sobre todo Alan García. Muchos pensaban que existía una gran lealtad de Barata hacia Alan García, pero ello no ha impedido que el delator señale que aportaron para el financiamiento de campaña a través de Luis Alva Castro. La cifra señalada (US$200,000) parece insignificante dado que la firma Odebrecht nunca facturó tanto como durante el segundo gobierno de Alan García, pero golpea duro contra la credibilidad de quien siempre afirmó que no se vende como otros. Cabe recordar que los primeros registros de sobornos de Odebrecht, datan del primer gobierno de Alan García en relación a los proyectos: Chavimochic I y Charcani V. En estas dos obras hay pruebas en Brasil con registro de depósitos al expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Jorge Ramos Ronceros. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa –el Barata de la época-, que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución del Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti. Actualmente, varios importantes funcionarios apristas están presos por sobornos comprobados en la Interoceánica del Sur y la Línea 1 del Metro, un proyecto en donde se ha registrado corrupción durante 29 años.

PERÚ POSIBLE:
En el 2005 el poder corruptor de las empresas brasileras concretó una de sus operaciones más complejas con la Interoceánica del Sur. Una obra en la que, según estudios auspiciados por la propia Odebrecht, se generaron beneficios por US$1,900 millones, pero los costos ascienden a US$5,000 millones sumando inversión, conservación y emergencias. Perdimos US$3,100 millones.

Hubo muchísimas irregularidades en la Interoceánica del Sur y en dichas decisiones (exoneración del SNIP, licitar sin expediente técnico, poner cláusulas para que el costo de las obras se defina en función de los expedientes que hagan los postores, plazo corto de concurso, etc) y todas ponían en posición de indefensión al Estado. En realidad lo más grave para Alejandro Toledo ya se sabía pues los sobornos son más graves que el financiamiento de campaña. Pero al menos ahora sabemos que tanto en la recepción de los fondos de campaña como en los sobornos, el intermediario fue el mismo: Avi Dan On.

Situación legal

PPK:
En el caso de PPK, el impacto político parece ser ambivalente. Ahora sabemos que Susana de la Puente es la supuesta receptora de los aportes de una campaña pero, la verdad es que nadie pensaba que después de saber que PPK recibía dividendos de al menos una de sus empresas por contratos con Odebrecht mientras él tomaba diversas decisiones sobre la Interoceánica del Sur, no hubiera recibido fondos de campaña de la internacional brasilera. Además, Barata estaba en el directorio de la ONG de PPK que promovía el agua potable, así que la información no parece añadir más problemas al aún presidente de los peruanos. Incluso la situación podría favorecerlo si es que la noticia del financiamiento de campaña de Keiko Fujimori profundiza la ruptura en Fuerza Popular y añade parlamentarios a la alianza de los abuelos de la nada.

Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán:
No se ha dicho nada que no se supiera sobre estos tres actores, pero se les ha dedicado primeras planas ya que los dueños de los medios de comunicación buscan golpear a la izquierda y que el nuevo escándalo no se concentre en Alan García, Keiko Fujimori y la Confiep. Ollanta Humala merece ser investigado por varios casos y es apropiado que se analicen a fondo los proyectos de la Refinería de Talara, el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Toledo y García, las pruebas de corrupción no han sido presentadas y solo se ha verificado que Barata trasladó a regañadientes los fondos que el partido de Lula decidió pasarle. Por ello, la prisión preventiva parece excesiva, pues el fiscal aún no ha formulado la acusación y parece bastante inequitativo que no haya la misma decisión en los demás casos. Mi impresión es que con las nuevas evidencias y la afectación de Alan García y Keiko Fujimori, los dirigentes políticos apadrinados por Odebrecht ahora intentarán decir a los 4 vientos que el financiamiento encubierto de campaña no es delito y eso puede terminar favoreciendo a la pareja Humala-Heredia. En el caso de la campaña del No, no hay ninguna nueva evidencia y Barata no quiso declarar pues ya lo había hecho por escrito al igual que Garreta (dueño de FX Comunicaciones), pero la presión mediática seguirá afectando el caso de la exalcaldesa en su contra.

A pesar de todos los problemas señalados, esta es una buena época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años, cuando denuncié las irregularidades del proyecto de la Interoceánica del Sur en Perú 21, nunca imaginé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras y que serían luego enviados a prisión domiciliaria obligados a delatar a los políticos involucrados.

La Fiscalía peruana ha triunfado sobre los intentos del fujimorismo y de otras fuerzas de trabar el flujo de información al menos en cuanto al financiamiento de las campañas se refiere. Ahora, se empezará a investigar todos los casos de sobornos y se concretarán los acuerdos con 14 ejecutivos de OAS lo que generará un nuevo momento de delaciones e información. Mi opinión es que hoy tenemos más probabilidades de que se haga justicia y que termine de develarse la verdad. Muchos sufrirán, pero el Perú está cada vez más cerca de iniciar una primera anticorrupción. Queda claro que la corrupción es mayor a menor institucionalidad de la planificación y gestión de los proyectos. No podemos volver a otorgar concesiones sin expedientes técnicos. Queda claro que la corrupción se inicia en los financiamientos de las campañas. Así que la sociedad ya puede empezar a movilizarse para que el financiamiento encubierto de campañas sea delito y para que exista financiamiento público. Si el Congreso no quiere legislar sobre estos asuntos, tendremos que empezar a pedir que se recorte su mandato y elegir nuevos parlamentarios que quieran poner una muralla legal a la penetración de la corrupción y las redes ilegales en el financiamiento de los partidos políticos. Sí se puede.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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