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Fotocheck político tras las explosivas revelaciones del repartidor Barata

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Fujimorismo:

Sin duda el sector más golpeado de todos es el fujimorismo. La confirmación de que penetró el financiamiento de Odebrecht (1.2 millones de dólares) en la campaña de Keiko Fujimori a través de Augusto Bedoya, Jaime Yoshiyama y el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, actuando de intermediarios, es un golpe duro para la primera fuerza del Congreso.

La situación se agrava pues Kenji Fujimori, fundador de Fuerza Popular, ha justificado su renuncia afirmando que su partido ya no tiene autoridad moral después de haber recibido recursos de Odebrecht.

Si el fujimorismo, el Frente Amplio y Nuevo Perú insisten en la vacancia, es ahora más factible que Kenji y Alberto Fujimori persuadan a más parlamentarios de cambiar de grupo con el objetivo de impedir que el presidente que dio el indulto sea vacado.

Lo que también es grave para el fujimorismo es que haya sido su primer ministro de Transportes y Comunicaciones, el intermediario, pues debe recordarse que Odebrecht nunca tuvo más contratos que durante los 11 años del fujimorato.

Lava Jato data desde el 2005, pues en Brasil todo lo que ocurrió antes ha prescrito pero durante los tres gobiernos de Alberto Fujimori, US$1,800 millones se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción y US$6,000 millones se estima se perdieron como consecuencia de actos de corrupción ocurridos entre 1990 y el año 2001.

En ese periodo, se firmaron 30 de los 67 contratos suscritos por Odebrecht con entidades públicas peruanas y luego 35 más se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó cuantiosos gastos en compra de armamentos después del conflicto con el Ecuador, varias obras sobredimensionadas (Carretera Ilo-Desaguadero y la Presa de Cuchoquesera) y varias privatizaciones que subvaloraron activos.

APRA:
Otro sector duramente golpeado es el APRA y sobre todo Alan García. Muchos pensaban que existía una gran lealtad de Barata hacia Alan García, pero ello no ha impedido que el delator señale que aportaron para el financiamiento de campaña a través de Luis Alva Castro. La cifra señalada (US$200,000) parece insignificante dado que la firma Odebrecht nunca facturó tanto como durante el segundo gobierno de Alan García, pero golpea duro contra la credibilidad de quien siempre afirmó que no se vende como otros. Cabe recordar que los primeros registros de sobornos de Odebrecht, datan del primer gobierno de Alan García en relación a los proyectos: Chavimochic I y Charcani V. En estas dos obras hay pruebas en Brasil con registro de depósitos al expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Jorge Ramos Ronceros. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa –el Barata de la época-, que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución del Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti. Actualmente, varios importantes funcionarios apristas están presos por sobornos comprobados en la Interoceánica del Sur y la Línea 1 del Metro, un proyecto en donde se ha registrado corrupción durante 29 años.

PERÚ POSIBLE:
En el 2005 el poder corruptor de las empresas brasileras concretó una de sus operaciones más complejas con la Interoceánica del Sur. Una obra en la que, según estudios auspiciados por la propia Odebrecht, se generaron beneficios por US$1,900 millones, pero los costos ascienden a US$5,000 millones sumando inversión, conservación y emergencias. Perdimos US$3,100 millones.

Hubo muchísimas irregularidades en la Interoceánica del Sur y en dichas decisiones (exoneración del SNIP, licitar sin expediente técnico, poner cláusulas para que el costo de las obras se defina en función de los expedientes que hagan los postores, plazo corto de concurso, etc) y todas ponían en posición de indefensión al Estado. En realidad lo más grave para Alejandro Toledo ya se sabía pues los sobornos son más graves que el financiamiento de campaña. Pero al menos ahora sabemos que tanto en la recepción de los fondos de campaña como en los sobornos, el intermediario fue el mismo: Avi Dan On.

Situación legal

PPK:
En el caso de PPK, el impacto político parece ser ambivalente. Ahora sabemos que Susana de la Puente es la supuesta receptora de los aportes de una campaña pero, la verdad es que nadie pensaba que después de saber que PPK recibía dividendos de al menos una de sus empresas por contratos con Odebrecht mientras él tomaba diversas decisiones sobre la Interoceánica del Sur, no hubiera recibido fondos de campaña de la internacional brasilera. Además, Barata estaba en el directorio de la ONG de PPK que promovía el agua potable, así que la información no parece añadir más problemas al aún presidente de los peruanos. Incluso la situación podría favorecerlo si es que la noticia del financiamiento de campaña de Keiko Fujimori profundiza la ruptura en Fuerza Popular y añade parlamentarios a la alianza de los abuelos de la nada.

Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán:
No se ha dicho nada que no se supiera sobre estos tres actores, pero se les ha dedicado primeras planas ya que los dueños de los medios de comunicación buscan golpear a la izquierda y que el nuevo escándalo no se concentre en Alan García, Keiko Fujimori y la Confiep. Ollanta Humala merece ser investigado por varios casos y es apropiado que se analicen a fondo los proyectos de la Refinería de Talara, el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Toledo y García, las pruebas de corrupción no han sido presentadas y solo se ha verificado que Barata trasladó a regañadientes los fondos que el partido de Lula decidió pasarle. Por ello, la prisión preventiva parece excesiva, pues el fiscal aún no ha formulado la acusación y parece bastante inequitativo que no haya la misma decisión en los demás casos. Mi impresión es que con las nuevas evidencias y la afectación de Alan García y Keiko Fujimori, los dirigentes políticos apadrinados por Odebrecht ahora intentarán decir a los 4 vientos que el financiamiento encubierto de campaña no es delito y eso puede terminar favoreciendo a la pareja Humala-Heredia. En el caso de la campaña del No, no hay ninguna nueva evidencia y Barata no quiso declarar pues ya lo había hecho por escrito al igual que Garreta (dueño de FX Comunicaciones), pero la presión mediática seguirá afectando el caso de la exalcaldesa en su contra.

A pesar de todos los problemas señalados, esta es una buena época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años, cuando denuncié las irregularidades del proyecto de la Interoceánica del Sur en Perú 21, nunca imaginé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras y que serían luego enviados a prisión domiciliaria obligados a delatar a los políticos involucrados.

La Fiscalía peruana ha triunfado sobre los intentos del fujimorismo y de otras fuerzas de trabar el flujo de información al menos en cuanto al financiamiento de las campañas se refiere. Ahora, se empezará a investigar todos los casos de sobornos y se concretarán los acuerdos con 14 ejecutivos de OAS lo que generará un nuevo momento de delaciones e información. Mi opinión es que hoy tenemos más probabilidades de que se haga justicia y que termine de develarse la verdad. Muchos sufrirán, pero el Perú está cada vez más cerca de iniciar una primera anticorrupción. Queda claro que la corrupción es mayor a menor institucionalidad de la planificación y gestión de los proyectos. No podemos volver a otorgar concesiones sin expedientes técnicos. Queda claro que la corrupción se inicia en los financiamientos de las campañas. Así que la sociedad ya puede empezar a movilizarse para que el financiamiento encubierto de campañas sea delito y para que exista financiamiento público. Si el Congreso no quiere legislar sobre estos asuntos, tendremos que empezar a pedir que se recorte su mandato y elegir nuevos parlamentarios que quieran poner una muralla legal a la penetración de la corrupción y las redes ilegales en el financiamiento de los partidos políticos. Sí se puede.

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Política

Quieren desaparecer al Equipo Especial Lava Jato

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Rafael Vela Barba y José Domingo Pérez Gómez

El exfiscal Avelino Guillén lanzó la advertencia: “La mayoría de la Junta de Fiscales Supremos tendría el objetivo de retirar a corto plazo a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela y José Domingo Pérez”.

Subrayó que “la sanción contra Pérez y los procedimientos disciplinarios seguidos contra Vela, están entre de las funciones de la junta para ver dichos temas, por lo que corresponde estar alertas”.

Vela dijo, en la víspera, que en la junta ya se ha solicitado su salida y existe un voto contrario hacia él por parte de tres de sus cinco integrantes: Pedro Chávarry, Tomás Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza.

Para Guillén la multa impuesta contra Pérez constituye una medida abusiva y arbitraria que no tiene sustento con lo señalado en la Ley de Carrera Fiscal y la Ley Orgánica del Ministerio Público.

“Se le sanciona por declarar en una entrevista que si perdemos los juicios frente a la gran corrupción los perjudicados seremos los ciudadanos, y que si se afecta lo avanzado, la ciudadanía tiene que estar alerta, ¿pero qué contenido político hay ahí? Ninguno”, objetó Guillén.

CAMBIO DE ESTRATEGIA

Luis Purizaga, abogado de IDL-Justicia Viva, afirmó que los jueces supremos Pedro Chávarry, Tomás Aladino Gálvez y Víctor Rodríguez Monteza han cambiado de estrategia. “Se han dado cuenta que un mecanismo efectivo sería el proceso sancionador”, precisó.

“Dentro de este componente la última instancia sería la Junta de Fiscales Supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez. Después de la multa impuesta al fiscal Pérez, Vela ha revelado que tiene cinco procesos sancionadores y si apela el caso pasa a manos de los fiscales supremos mencionados”, resaltó.

“La Fiscal de la Nación -agregó- tiene competencias muy claras, que es formar o destituirde un equipo especial de investigación a fiscales. Por ello la estrategia de los fiscales supremos es no ir por ese lado, sino ir por el factor de las sanciones, donde la última palabra la tienen los fiscales supremos. Eso es legal, solo que se está utilizando para movimientos turbios”.

FALTA LA JNJ

“Desgraciadamente esto sucede por la inexistencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que podría juzgar y sancionar a estos fiscales. Porque hay informes de las fiscales del Callao, de que Chávarry, Gálvez y Rodríguez serían parte de los ‘Cuellos Blancos’. Sin embargo pasa el tiempo y estos señores siguen desempeñándose como fiscales supremos. Pasa el tiempo y se siguen quedando en sus cargos y mejorando sus estrategias para poder fortalecerse”, explicóPurizaga.

Finalmente, señaló que en la Comisión Especial que elige a los miembros de la JNJ, sigue Lecaros, presidente del Poder Judicial, que fue denunciado por un colaborador eficaz de formar parte del engranaje de los “Cuellos Blancos”, de una red de tráfico de favores, que coordinó con Walter Ríos el beneficio al narcotraficante Boris Foguel.

“Hubo un proceso para elegir a la JNJ que fue turbio. Ahora pasaría lo mismo debido a la presencia de Lecaros quien dijo que no se va a retirar pese a la grave denuncia en su contra”, señaló.

“Esto es peligroso porque no puede haber independencia de criterios y pueden ser elegidos personajes controvertidos. La pregunta es ¿cómo el señor Lecaros va a poder elegir a los miembros de la JNJ? Hay un conflicto de intereses gravísimo. Por ello el presidente Gutiérrez, el Defensor del Pueblo tienen que pronunciarse ya”, concluyó el abogado Luis Purizaga.

LA CORRUPCIÓN SE FORTALECE

Miguel Jugo, analista político, señaló su preocupación porque “en el Ministerio Público hay un conjunto de fiscales ligados a la corrupción y obviamente la presencia de los fiscales supremos Chávarry, Gálvez y Rodríguez hacen ver de que son personas que continúan con poder”, opinó.

“La opinión pública debe estar alerta y debe apoyar firmemente la lucha que se está librando contra la corrupción, que parece fortalecerse. Lamentablemente creo que la corrupción es endémica, sistemática y permanente. Y eso se ve en el Ministerio Público, en el Poder Judicial y en la misma Policía Nacional, por las noticias que nos llegan”, comentó.

Planteó que la solución venga desde arriba, “porque los peruanos y peruanas no podemos dormirnos en nuestros laureles, porque la corrupción campea y el enemigo es muy grande y poderoso”.

ALGO MÁS

“Cuando se forme la Junta Nacional de Justicia (JNJ), debe de hacer algo al respecto. En los postulantes hay personajes cuestionados y eso fue lo que motivó el fracaso de la primera elección. Ojalá que las actuales personas que postulan sean las mejores, pero hay que estar alertas porque la corrupción no duerme”, concluyó Jugo

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Ejecutivo apoya a los fiscales Rafael Vela y Domingo Pérez

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, sostuvo que el Gobierno apoya el trabajo de fiscales y jueces comprometidos en luchar contra la corrupción.

“Ratificamos nuestro apoyo al trabajo prolijo, comprometido, responsable de fiscales y de jueces quienes valientemente han enfatizado una labor de fiscalización, de auditar a quienes tenían una grave contradicción en un hecho de corrupción; como Gobierno tenemos que apoyar”, adujo.

De igual forma, señaló que espera que dichos magistrados tengan apoyo institucional porque no pueden caminar solos en la delicada y compleja labor que llevan a cabo.

En la víspera, el fiscal coordinador del Equipo Especial Lava Jato, Rafael Vela, advirtió que existiría la intención de cesarlo a él y al fiscal José Domingo Pérez, a fin de que no continúen con la investigación sobre los sobornos de Odebrecht.

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Política

Evo Morales acepta asilo político en México

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Evo Morales Ayma

Evo Morales aceptó el asilo político ofrecido por México, tras el golpe de Estado en su país este domingo, afirmó hoy el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard.

“Les informo que hace unos momentos recibí una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país”, detalló el canciller mexicano.

Señaló que, en términos de la legislación vigente, “la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político a Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo”.

Explicó que en este sentido procede a informar al Senado de la República el desarrollo de estos hechos de relevancia para nuestra política exterior, solicitando su respaldo a esta decisión.

“Asimismo, procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para que bajo el derecho internacional, proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad’, puntualizó.

Recordó que el primer ordenamiento en materia de asilo data de 1853, cuando México y Colombia suscribieron un tratado de no extradición por delitos políticos.

“Nuestra tradición ha sido siempre por la protección de los perseguidos políticos”, enfatizó.

La tradición a la que se refiere, también tiene como base el artículo 15 de la Constitución y puntualizó que México ha sido tierra de asilo a personajes como Giuseppe Garibaldi, José Martí, Luis Buñuel, León Felipe, Rigoberta Menchú y Víctor Raúl Haya de la Torre.

‘El otorgamiento de asilo es un derecho soberano del Estado mexicano que va acorde con sus principios normativos en política exterior para proteger los derechos humanos y respetar la autodeterminación de los pueblos, la solución pacífica de las controversias y la no intervención’, expresó.

Indicó que esa decisión ya es del conocimiento de la Organización de Estados Americanos, y la hará saber a la Organización de las Naciones Unidas invocando, de acuerdo a los tratados y convenciones internacionales, la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales.

“Latinoamérica ha sido testigo en su historia de lamentables y violentos acontecimientos en los que el orden constitucional se rompe y autoridades democráticamente electas se ven obligadas a abandonar todo para proteger su vida”, comentó.

El jefe de la diplomacia mexicana detalló que el Derecho Internacional reconoce que un individuo puede solicitar a un Estado, del que no es nacional, como consecuencia de situaciones que surjan en aquel Estado de su nacionalidad, el reconocimiento como asilado.

‘México se ha caracterizado en su tradición en materia de protección en asilados a lo largo de su historia, se ha mostrado como un Estado incluyente y solidario cuyas puertas han estado abiertas para quienes han tenido la necesidad de abandonar sus países por persecución política y otras causas’, resaltó.

ALGO MÁS

Dos ordenamientos en el marco jurídico internacional sustentan el otorgamiento de asilo: La Convención sobre asilo de La Habana de 1928 y la Convención sobre asilo diplomático, firmada en Caracas en 1954, puntualizó.

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