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Fotocheck político tras las explosivas revelaciones del repartidor Barata

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Fujimorismo:

Sin duda el sector más golpeado de todos es el fujimorismo. La confirmación de que penetró el financiamiento de Odebrecht (1.2 millones de dólares) en la campaña de Keiko Fujimori a través de Augusto Bedoya, Jaime Yoshiyama y el expresidente de Confiep, Ricardo Briceño, actuando de intermediarios, es un golpe duro para la primera fuerza del Congreso.

La situación se agrava pues Kenji Fujimori, fundador de Fuerza Popular, ha justificado su renuncia afirmando que su partido ya no tiene autoridad moral después de haber recibido recursos de Odebrecht.

Si el fujimorismo, el Frente Amplio y Nuevo Perú insisten en la vacancia, es ahora más factible que Kenji y Alberto Fujimori persuadan a más parlamentarios de cambiar de grupo con el objetivo de impedir que el presidente que dio el indulto sea vacado.

Lo que también es grave para el fujimorismo es que haya sido su primer ministro de Transportes y Comunicaciones, el intermediario, pues debe recordarse que Odebrecht nunca tuvo más contratos que durante los 11 años del fujimorato.

Lava Jato data desde el 2005, pues en Brasil todo lo que ocurrió antes ha prescrito pero durante los tres gobiernos de Alberto Fujimori, US$1,800 millones se evaporaron por corrupción comprobada por la Iniciativa Nacional Anticorrupción y US$6,000 millones se estima se perdieron como consecuencia de actos de corrupción ocurridos entre 1990 y el año 2001.

En ese periodo, se firmaron 30 de los 67 contratos suscritos por Odebrecht con entidades públicas peruanas y luego 35 más se firmaron en los siguientes tres gobiernos de García, Toledo y Humala. Durante el fujimorismo la corrupción significó cuantiosos gastos en compra de armamentos después del conflicto con el Ecuador, varias obras sobredimensionadas (Carretera Ilo-Desaguadero y la Presa de Cuchoquesera) y varias privatizaciones que subvaloraron activos.

APRA:
Otro sector duramente golpeado es el APRA y sobre todo Alan García. Muchos pensaban que existía una gran lealtad de Barata hacia Alan García, pero ello no ha impedido que el delator señale que aportaron para el financiamiento de campaña a través de Luis Alva Castro. La cifra señalada (US$200,000) parece insignificante dado que la firma Odebrecht nunca facturó tanto como durante el segundo gobierno de Alan García, pero golpea duro contra la credibilidad de quien siempre afirmó que no se vende como otros. Cabe recordar que los primeros registros de sobornos de Odebrecht, datan del primer gobierno de Alan García en relación a los proyectos: Chavimochic I y Charcani V. En estas dos obras hay pruebas en Brasil con registro de depósitos al expresidente del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE), Jorge Ramos Ronceros. También de esa época es la denuncia de Sergio Siragusa –el Barata de la época-, que señala que entregó sobornos para el presidente García por la ejecución del Tren Eléctrico. Las transferencias del soborno se depositaron en cuentas a nombre de Alfredo Zanatti. Actualmente, varios importantes funcionarios apristas están presos por sobornos comprobados en la Interoceánica del Sur y la Línea 1 del Metro, un proyecto en donde se ha registrado corrupción durante 29 años.

PERÚ POSIBLE:
En el 2005 el poder corruptor de las empresas brasileras concretó una de sus operaciones más complejas con la Interoceánica del Sur. Una obra en la que, según estudios auspiciados por la propia Odebrecht, se generaron beneficios por US$1,900 millones, pero los costos ascienden a US$5,000 millones sumando inversión, conservación y emergencias. Perdimos US$3,100 millones.

Hubo muchísimas irregularidades en la Interoceánica del Sur y en dichas decisiones (exoneración del SNIP, licitar sin expediente técnico, poner cláusulas para que el costo de las obras se defina en función de los expedientes que hagan los postores, plazo corto de concurso, etc) y todas ponían en posición de indefensión al Estado. En realidad lo más grave para Alejandro Toledo ya se sabía pues los sobornos son más graves que el financiamiento de campaña. Pero al menos ahora sabemos que tanto en la recepción de los fondos de campaña como en los sobornos, el intermediario fue el mismo: Avi Dan On.

Situación legal

PPK:
En el caso de PPK, el impacto político parece ser ambivalente. Ahora sabemos que Susana de la Puente es la supuesta receptora de los aportes de una campaña pero, la verdad es que nadie pensaba que después de saber que PPK recibía dividendos de al menos una de sus empresas por contratos con Odebrecht mientras él tomaba diversas decisiones sobre la Interoceánica del Sur, no hubiera recibido fondos de campaña de la internacional brasilera. Además, Barata estaba en el directorio de la ONG de PPK que promovía el agua potable, así que la información no parece añadir más problemas al aún presidente de los peruanos. Incluso la situación podría favorecerlo si es que la noticia del financiamiento de campaña de Keiko Fujimori profundiza la ruptura en Fuerza Popular y añade parlamentarios a la alianza de los abuelos de la nada.

Ollanta Humala, Nadine Heredia y Susana Villarán:
No se ha dicho nada que no se supiera sobre estos tres actores, pero se les ha dedicado primeras planas ya que los dueños de los medios de comunicación buscan golpear a la izquierda y que el nuevo escándalo no se concentre en Alan García, Keiko Fujimori y la Confiep. Ollanta Humala merece ser investigado por varios casos y es apropiado que se analicen a fondo los proyectos de la Refinería de Talara, el Gasoducto del Sur y la Línea 2 del Metro. Pero, a diferencia de lo ocurrido durante los gobiernos de Toledo y García, las pruebas de corrupción no han sido presentadas y solo se ha verificado que Barata trasladó a regañadientes los fondos que el partido de Lula decidió pasarle. Por ello, la prisión preventiva parece excesiva, pues el fiscal aún no ha formulado la acusación y parece bastante inequitativo que no haya la misma decisión en los demás casos. Mi impresión es que con las nuevas evidencias y la afectación de Alan García y Keiko Fujimori, los dirigentes políticos apadrinados por Odebrecht ahora intentarán decir a los 4 vientos que el financiamiento encubierto de campaña no es delito y eso puede terminar favoreciendo a la pareja Humala-Heredia. En el caso de la campaña del No, no hay ninguna nueva evidencia y Barata no quiso declarar pues ya lo había hecho por escrito al igual que Garreta (dueño de FX Comunicaciones), pero la presión mediática seguirá afectando el caso de la exalcaldesa en su contra.

A pesar de todos los problemas señalados, esta es una buena época para Latinoamérica y el Perú. Hace 12 años, cuando denuncié las irregularidades del proyecto de la Interoceánica del Sur en Perú 21, nunca imaginé que iba a vivir para ver presos a los cinco presidentes del cartel de empresas brasileras y que serían luego enviados a prisión domiciliaria obligados a delatar a los políticos involucrados.

La Fiscalía peruana ha triunfado sobre los intentos del fujimorismo y de otras fuerzas de trabar el flujo de información al menos en cuanto al financiamiento de las campañas se refiere. Ahora, se empezará a investigar todos los casos de sobornos y se concretarán los acuerdos con 14 ejecutivos de OAS lo que generará un nuevo momento de delaciones e información. Mi opinión es que hoy tenemos más probabilidades de que se haga justicia y que termine de develarse la verdad. Muchos sufrirán, pero el Perú está cada vez más cerca de iniciar una primera anticorrupción. Queda claro que la corrupción es mayor a menor institucionalidad de la planificación y gestión de los proyectos. No podemos volver a otorgar concesiones sin expedientes técnicos. Queda claro que la corrupción se inicia en los financiamientos de las campañas. Así que la sociedad ya puede empezar a movilizarse para que el financiamiento encubierto de campañas sea delito y para que exista financiamiento público. Si el Congreso no quiere legislar sobre estos asuntos, tendremos que empezar a pedir que se recorte su mandato y elegir nuevos parlamentarios que quieran poner una muralla legal a la penetración de la corrupción y las redes ilegales en el financiamiento de los partidos políticos. Sí se puede.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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