Falsedades del despotismo laboral semiesclavista

El diario El Comercio, en Editorial del 20.11.16, trata de responder a mis críticas al D L 1246, como si fuese una oposición sin razones, solo “porque sí”. Se refiere al Proyecto de Ley N° 640 que he presentado, y respalda la CGTP, para derogar el atropello antilaboral semiesclavista incluido en el reciente DL 1246, en vigencia desde el 11.Nov.2016. Respondo con las razones, la legalidad y los hechos de este brutal atropello a los trabajadores, similar a la derrotada y derogada ley Pulpín I.

Al estilo del despotismo ilustrado, señala El Comercio:“ lo que ha hecho el Gobierno es apenas eliminar la obligación de registrar físicamente algunos contratos (temporales, sujetos a modalidad, convenios de prácticas entre otros), en el MTPE, en la medida que la información relevante sobre dichos contratos ya es entregada hoy a través de planillas electrónicas ”. Y enfatiza: “podrá ser supervisada por la Sunafil”. Concluyen: “no flexibiliza el régimen laboral”. Los ilustrados redactores de estos editoriales saben que esto no es cierto.

Ante todo, no es un asunto menor. La mayoría de trabajadores del país está en situación de informalidad y precariedad laboral, en la que abundan estos contratos y sus modalidades. Y no solo en las mypes, sino también, y crecientemente, en la mediana y gran empresa.

Los contratos de trabajos modales son una de las vías claves para arrasar los derechos laborales en todos los sectores, incluidas las medianas y grandes empresas. Pretenden el comienzo del fin de los derechos laborales, como dice Javier Neves. Esta semiesclavitud laboral impuesta a la nación, es lo que El Comercio defiende.

Sin registro público de los contratos, informando el empleador solo electrónicamente la “información relevante”, se impone el despotismo, la desigualdad absoluta a favor del poder para reclamar derechos. El trabajador, desprotegido, por temer perder su puesto de trabajo, va a ser sometido a los contratos que imponga el empleador.

Se deja inerme al trabajador, sin el contrato de su labor como base en la protección de los derechos laborales, anulando una garantía de ciudadanía. La autoridad de trabajo no puede ejercer su función de control, ante informaciones indeterminadas.

Anulada la simetría legal que da la Constitución, los trabajadores quedan desprotegidos ante la voluntad del empleador, pisoteándose la igualdad legal que es parte de la ciudadanía. Y no solo en las condiciones laborales. Por ejemplo: el Poder Judicial no podrá identificar a deudores alimentarios morosos, pues el MT no podrá informar al respecto, como ahora manda la Ley 28970, art 7.

Para redondear su ilustrada nota, dice “son fiscalizables por la Sunafil”. Directa falsedad. Saben bien que, además, están matando la Fiscalización del MT y Sunafil. Los ingresos para fiscalizar los contratos laborales, que no son un alto monto, dependen en 90% a 95% de las funciones institucionales de la Autoridad Administrativa de Trabajo. Esta norma las pone en total crisis. Incluso el cumplimiento de las obligaciones se deja a una “fiscalización posterior”, que previamente han debilitado hasta anularla.

De esta forma, desvirtuando una norma sobre “interoperabilidad institucional”, se ha impuesto un régimen laboral anticonstitucional y violatorio de las normas de la OIT. El pueblo movilizado logró se derogue la ley Pulpín, que era un régimen de semiesclavitud laboral. Y no se produjo “porque sí”. Como ahora, en esta batalla contra otro atropello neo liberal semiesclavista, las razones están en la lucha por la Patria Hermosa, en afirmación del trabajo digno, la vida buena y la democracia ciudadana.

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