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Faenón petrolero en curso

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No debiera existir duda alguna sobre la necesidad de fomentar las inversiones de riesgo con el objeto de incrementar la producción y las reservas de petróleo crudo que desde el año 1995 tienen una pertinaz tendencia a la disminución, a pesar que se privatizaron los lotes de PetroPerú, con sus reservas probadas, probables y posibles con la excusa de levantar la producción; mas las reservas fueron usufructuadas por una serie de empresas privadas que se capitalizaron en el tiempo, Petrotech, Sapet, Graña y Montero, Pluspetrol, Petrobras entre otras.

Es decir, el proceso privatizador fue un proceso de transferencia de riqueza desde el estado para favorecer al capital privado ¡PetroPerú hizo el gasto y otros se comieron la torta!

La petrolera estatal desde 1994 fue sometida a un cuestionado proceso privatizador durante la dictadura fujimorista en un proceso que siempre hemos cuestionado, y hoy el tiempo nos ha dado la razón si es que analizamos la marginal producción y reservas de petróleo, con la excepción de las reservas de gas y líquidos de Camisea.

Si no fuera por los lotes 88, 56 y 57 ubicados en el Gran Camisea donde se extraen más de 1,500 millones de pies cúbicos diarios de gas natural y más de 90 mil barriles de líquidos, la situación energética de nuestro país sería crítica, dramática, de emergencia.

Si hacia 1995 la producción de crudo antes de la privatización sumaba un promedio de 124 mil barriles por día, hoy es un poco más de 40 mil barriles diarios, con la producción de la selva prácticamente paralizada sea por problemas ambientales, sociales y sobre todo por el cierre del oleoducto norperuano que ha sido violentado por terceros en más de una docena de veces, con derrames de crudo que han provocado una cuestionada contaminación ambiental.

UNA NEGRA PRIVATIZACIÓN

Así, hacia fines de 1993 se transfirió a la empresa privada Petrotech Peruana la producción, reservas, instalaciones del lote Z-2B que pertenecían a la filial de PetroPerú, denominada Petromar S.A. que operaba en el Zócalo Continental frente a las costas de Piura entre 1987 a 1993, en una etapa crítica para el sector.

Antes de la privatización de ese lote se extraían un promedio de 20 mil barriles diarios hoy se produce un poco más de la mitad. El Z-2B ha permitido enormes utilidades a los accionistas de PetroTech y en el 2009 fue transferido en un millonario contrato a la petrolera Savia Perú, un consorcio formado por dos empresas estatales, Ecopetrol de Colombia y KNOC de Corea del Sur.

Lo curioso es que los accionistas de Petrotech (Kallop y socios) transfirieron lo que no era de su propiedad, pues las instalaciones, reservorios, motores, lanchas, plataformas marinas y sobre todo las reservas pertenecían al estado, es decir a todos los peruanos. Por tanto, este contrato de servicios fue transferido a otros accionistas (Savia) y el estado ¡la vio pasar, con Perúpetro y el ministerio de energía como mirones!

Agrava la situación el hecho que Savia, hacia el 2012 anunciaba una millonaria inversión de más de 2,500 millones de dólares para incrementar la producción a 50 mil barriles por día, con una levantamiento de nuevas plataformas marinas para sustituir las viejas plataformas que son propiedad de PetroPerú por el problema suscitado por la estatización de la Belco en 1986, durante el irresponsable gobierno de Alan García.

Hoy todo ha sido una ilusión, y la empresa petrolera Savia Perú cuyo contrato de servicios tiene fecha de vencimiento en noviembre del 2023, espera ansiosamente que automáticamente se amplié la vigencia contractual gracias al tremendo lobby que están haciendo las empresas petroleras por medio de la Sociedad Peruana de Hidrocarburos, y el otro gremio empresarial de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía.

Para ello contratan estudios de abogados, consultores, líderes de opinión, prensa adicta, muchos de los cuales trabajaron también para la empresa brasileña Odebrecht, no solamente el gringo PPK hacía asesorías para esta empresa corrupta.

¿LOBBY QUÉ ESTÁS HACIENDO?

En tal sentido, no debiera llamar la atención el tremendo lobby Congreso de la República, con algunos congresistas fujimoristas piuranos de voceros, que aprovechando la crisis del sector petrolero proponen aprobar el proyecto de ley del ejecutivo PPK dixit de una nueva ley de hidrocarburos, sin un balance riguroso de lo que significó la vigencia de más de 25 años de la ley de hidrocarburos, la transferencia de reservas de PetroPerú a las empresas privadas, el número de pozos exploratorios que constituyen inversiones de riesgo que se han realizado en los últimos años, en especial cuando el precio de barril se mantenía sobre los 100 dólares. ¡Si no invirtieron con altos precios por qué lo harían ahora!

Por medio de una propuesta de una nueva ley de regalías, proyecto Nº 2145/2017/PE se pretende prorrogar, ampliar la vigencia de los contratos para el crudo y gas por más de 20 años adicionales, con una rebajita de las tasas de regalías sin mayores compromisos de inversión, cuando lo razonable es que los lotes de petróleo y gas en la medida que caduca el período de vigencia sean transferidos al estado y bajo nuevas condiciones y compromisos, éstos sean licitados bajo la modalidad de contratos de servicios.

Estos significa que todos los contratos de explotación que están próximos al fin de su período de vigencia tal como aparecen en el listado de “Relación de Contratos en Explotación Próximos a su fecha de Vencimiento”, vigentes al 31 de enero del 2018, debieran pasar a manos del estado, y luego licitados bajos normas transparentes, y que sea la competencia y el mercado los que fijen las nuevas tasas de regalías.

Como se podrá observar en el cuadro respectivo entre los años 2019 al 2026 tienen fecha de vencimiento una serie de contratos operados por las empresas petroleras que presionan por nuevas condiciones contractuales para aumentar las inversiones requeridas por el sector.

La justificación es que dadas estas condiciones de término contractual, más los precios internacionales que tienen una lenta recuperación todavía lejos de los 100 dólares el barril, más las “elevadas tasas de regalías” entre otras consideraciones no estarían justificando las inversiones.

En otros términos, estas empresas no estarían invirtiendo pues no podrían recuperar sus inversiones dado el período cercano de vencimiento contractual.

En verdad, la historia negra de la privatización del Z-2B se reproduce en casi la mayoría de contratos, desde la cuestionada Graña y Montero que se hizo petrolera rentable gracias a los activos y recursos de PetroPerú, pasando por Sapet en el lote VI/VII que hicieron maravillas para recrear una curva básica y adicional de producción y negociar tasas de regalías favorables, hasta el contrato del lote X que fue transferido por la brasileña Petrobras a la estatal china CNPC.

Esta es la oportunidad histórica para que el estado recupere la propiedad sobre los recursos petroleros, mediante la conversión de todos estos contratos de licencia a contratos de servicios, con ello el estado se convierte en el titular y las empresas privadas en operadoras que perciben una retribución. Por ello, bajo nuevas condiciones el estado debe licitar estos contratos y que sea la competencia y el mercado que fijen las regalías. Todo lo demás es mercantilismo puro a costa de los intereses del estado.

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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