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Facultades delegadas y ajustón neoliberal

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Ha sido presentado y está en negociaciones el paquete de facultades delegadas para el ajustón neoliberal. Entre el Poder Ejecutivo de PPK y el fujimorismo, actúan en base a un reparto de naipes, entre quienes controlan el Ejecutivo y los que tienen mayoría propia en el Congreso. Empezó el tira y afloja incluyendo la Defensoría del Pueblo, se habla de la Sunat y de otras entidades públicas.

El pedido del Poder Ejecutivo no se ha quedado corto: solicita autorizaciones para implantar los próximos 5 años lo fundamental del ajuste neoliberal privatizador financiero, que no logró culminarse los 15 años previos. Solo le falta la parte laboral y derechos sociales, que denominan “formalización”, en cuya precarización sustenta su ajustón, y lo que será consecuencia de su aplicación. El paquete de legislación delegada tiene algunos aspectos positivos, en seguridad ciudadana y en política anticorrupción, lo cuales, mirados a futuro, serán endebles en el marco del ajustón neoliberal.

El paquetón delegativo condona deudas tributarias por miles de millones dólares a grandes empresarios, que se negaron a pagar sus impuestos por US$ 2,500 millones, o que se llevaron recursos a paraísos financieros para evadir pago de impuestos. Privatiza las empresas estratégicas en hidrocarburos, Petroperú , y en agua potable, Sedapal. No plantea ninguna reforma del sistema financiero de Banca-AFP, para reducir su alta concentración, sus tarifas abusivas, su marcada especulación, más bien, les afianza su inmenso poder en el manejo de la Nación y la República.

Busca imponer un nuevo ente administrativo nacional, fusionando entidades para crear lo que podríamos denominar el Ministerio de la Privatización y la Recentralización. Rediseña el Estado para que en las inversiones públicas su ejecución sea privada, directamente o en APP (privados subsidiados financieramente por el Estado). Reducen el Estado a promover la infraestructura, con dinero público y/o tarifas y aportes de la ciudadanía, dejando la dinámica del sistema económico en manos de grandes empresas privadas, y bajo la batuta de la alta concentración financiera.

Una amnistía tributaria para los grandes deudores que mantienen en reclamo o judicializadas sus deudas. Se quiere exonerar todos los intereses y las multas tributarias, así como “Sincerar” el tributo insoluto, se pretende un regalo tributario a grandes empresas, que tienen deudas con Sunat. Telefónica, Lan Perú y Claro han judicializado deudas tributarias por 2,560 millones de dólares. Pluspetrol, Cerro Verde, Doe Run y Buenaventura, deben 4,142 millones de soles.Interbank y Scotianbank, deben 1,481 millones de soles.Universidad Alas peruanas, Unión Andina de Cementos, Luz del Sur, Flúor y Grupo Santo Domingo, deben 851 millones de soles.

Las 50 empresas más influyentes del Perú deben a la SUNAT y pelean en el Poder Judicial para no pagar la suma de 15,000 millones de soles, un monto superior al presupuesto del sector salud.

REORGANIZACIÓN DEL SNIP Y MINISTERIO DE LA PRIVATIZACIÓN.
Se reorganizará el SNIP y para ello se profundizará la centralización desde el Gobierno nacional para priorizar la infraestructura pública bajo su dominio, ampliando la rectoría del Gobierno central y reduciendo los gobiernos regionales y locales a simples promotores. Para ello se pide facultades para modificar PROINVERSIÓN, reestructurándola para que se haga cargo de las APPs y OXI como un Ministerio de las Privatizaciones. Este Ministerio estará a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del MEF, que además de sus abusivas facultades actuales (como la de sancionar a los funcionarios de cualquier nivel que no cumplan sus órdenes), tendrá además facultades especiales para contratar asesores y contar con equipos de saneamiento físico legal.También regulará la responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos dentro del proceso de promoción de la inversión privada.

PRIVATIZACION DE SEDAPAL Y PETROPERÚ
SEDAPAL. El Ejecutivo quiere facultades para: 1) Promover, facilitar y agilizar las inversiones públicas y público-privadas APPs en los servicios de saneamiento. Para ello plantea: Convertir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en CONCEDENTE (persona, entidad o empresa dueña, propietaria del producto, servicio marca, patente, etc.) para la ejecución de proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de saneamiento y contratos de gestión. Esto significa que este ministerio otorgará las concesiones del servicio de agua y alcantarillado, que para el caso de Lima está en manos de SEDAPAL. Lo que constituye la vía para la privatización de SEDAPAL y por ende el agua potable. Para este efecto quieren emitir una norma legal para fortalecer la rectoría en saneamiento, que no es más que quitarle facultades a SEDAPAL para dárselas al mencionado ministerio.

PETROPERÚ. El objetivo fundamental de la facultad legislativa solicitada en este tema agregado es que el Poder Ejecutivo legisle sobre Petroperú y la gestión estratégica de los hidrocarburos, teniendo como pretexto los derrames y el oleoducto, para privatizarlo ampliando los temas delegados a todos los ámbitos de la empresa pública y el sector de hidrocarburos. Los que permitieron el saqueo ambiental y social de la Amazonía, regalaron las rentas estratégicas, perdonaron millonarias multas ambientales redujeron otras en forma escandalosa, no solo dejaron impunes a los responsables de desastres ecológicos, sino que ahora pretenden privatizar la gestión de hidrocarburos en la Amazonía y capturar a Petroperú para sus propósitos.

En el pedido de facultades delegadas, se amplía los ámbitos y se hace una autorización general legislativa sobre la reorganización de Petroperú y el abastecimiento de hidrocarburos al país, con la finalidad de dar en concesión privada el Oleoducto Nor Peruano separándolo de Petroperú, privatizar los lotes petroleros a cargo de Petroperú ( 64 y 192), y reorganizar la empresa para privatizarla.

Se pretende dejar de lado el plan aprobado por Petroperú y elaborado con la consultora Wood Mackenzie, para la Integración Vertical uniendo con el Oleoducto Nor Peruano los lotes petroleros en la Amazonía y la costa, con la nueva refinería de Talara.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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