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Facultades delegadas y ajustón neoliberal

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Ha sido presentado y está en negociaciones el paquete de facultades delegadas para el ajustón neoliberal. Entre el Poder Ejecutivo de PPK y el fujimorismo, actúan en base a un reparto de naipes, entre quienes controlan el Ejecutivo y los que tienen mayoría propia en el Congreso. Empezó el tira y afloja incluyendo la Defensoría del Pueblo, se habla de la Sunat y de otras entidades públicas.

El pedido del Poder Ejecutivo no se ha quedado corto: solicita autorizaciones para implantar los próximos 5 años lo fundamental del ajuste neoliberal privatizador financiero, que no logró culminarse los 15 años previos. Solo le falta la parte laboral y derechos sociales, que denominan “formalización”, en cuya precarización sustenta su ajustón, y lo que será consecuencia de su aplicación. El paquete de legislación delegada tiene algunos aspectos positivos, en seguridad ciudadana y en política anticorrupción, lo cuales, mirados a futuro, serán endebles en el marco del ajustón neoliberal.

El paquetón delegativo condona deudas tributarias por miles de millones dólares a grandes empresarios, que se negaron a pagar sus impuestos por US$ 2,500 millones, o que se llevaron recursos a paraísos financieros para evadir pago de impuestos. Privatiza las empresas estratégicas en hidrocarburos, Petroperú , y en agua potable, Sedapal. No plantea ninguna reforma del sistema financiero de Banca-AFP, para reducir su alta concentración, sus tarifas abusivas, su marcada especulación, más bien, les afianza su inmenso poder en el manejo de la Nación y la República.

Busca imponer un nuevo ente administrativo nacional, fusionando entidades para crear lo que podríamos denominar el Ministerio de la Privatización y la Recentralización. Rediseña el Estado para que en las inversiones públicas su ejecución sea privada, directamente o en APP (privados subsidiados financieramente por el Estado). Reducen el Estado a promover la infraestructura, con dinero público y/o tarifas y aportes de la ciudadanía, dejando la dinámica del sistema económico en manos de grandes empresas privadas, y bajo la batuta de la alta concentración financiera.

Una amnistía tributaria para los grandes deudores que mantienen en reclamo o judicializadas sus deudas. Se quiere exonerar todos los intereses y las multas tributarias, así como “Sincerar” el tributo insoluto, se pretende un regalo tributario a grandes empresas, que tienen deudas con Sunat. Telefónica, Lan Perú y Claro han judicializado deudas tributarias por 2,560 millones de dólares. Pluspetrol, Cerro Verde, Doe Run y Buenaventura, deben 4,142 millones de soles.Interbank y Scotianbank, deben 1,481 millones de soles.Universidad Alas peruanas, Unión Andina de Cementos, Luz del Sur, Flúor y Grupo Santo Domingo, deben 851 millones de soles.

Las 50 empresas más influyentes del Perú deben a la SUNAT y pelean en el Poder Judicial para no pagar la suma de 15,000 millones de soles, un monto superior al presupuesto del sector salud.

REORGANIZACIÓN DEL SNIP Y MINISTERIO DE LA PRIVATIZACIÓN.
Se reorganizará el SNIP y para ello se profundizará la centralización desde el Gobierno nacional para priorizar la infraestructura pública bajo su dominio, ampliando la rectoría del Gobierno central y reduciendo los gobiernos regionales y locales a simples promotores. Para ello se pide facultades para modificar PROINVERSIÓN, reestructurándola para que se haga cargo de las APPs y OXI como un Ministerio de las Privatizaciones. Este Ministerio estará a cargo del Equipo Especializado de Seguimiento de la Inversión del MEF, que además de sus abusivas facultades actuales (como la de sancionar a los funcionarios de cualquier nivel que no cumplan sus órdenes), tendrá además facultades especiales para contratar asesores y contar con equipos de saneamiento físico legal.También regulará la responsabilidad civil y administrativa de los servidores públicos dentro del proceso de promoción de la inversión privada.

PRIVATIZACION DE SEDAPAL Y PETROPERÚ
SEDAPAL. El Ejecutivo quiere facultades para: 1) Promover, facilitar y agilizar las inversiones públicas y público-privadas APPs en los servicios de saneamiento. Para ello plantea: Convertir al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento en CONCEDENTE (persona, entidad o empresa dueña, propietaria del producto, servicio marca, patente, etc.) para la ejecución de proyectos para la construcción, operación y mantenimiento de saneamiento y contratos de gestión. Esto significa que este ministerio otorgará las concesiones del servicio de agua y alcantarillado, que para el caso de Lima está en manos de SEDAPAL. Lo que constituye la vía para la privatización de SEDAPAL y por ende el agua potable. Para este efecto quieren emitir una norma legal para fortalecer la rectoría en saneamiento, que no es más que quitarle facultades a SEDAPAL para dárselas al mencionado ministerio.

PETROPERÚ. El objetivo fundamental de la facultad legislativa solicitada en este tema agregado es que el Poder Ejecutivo legisle sobre Petroperú y la gestión estratégica de los hidrocarburos, teniendo como pretexto los derrames y el oleoducto, para privatizarlo ampliando los temas delegados a todos los ámbitos de la empresa pública y el sector de hidrocarburos. Los que permitieron el saqueo ambiental y social de la Amazonía, regalaron las rentas estratégicas, perdonaron millonarias multas ambientales redujeron otras en forma escandalosa, no solo dejaron impunes a los responsables de desastres ecológicos, sino que ahora pretenden privatizar la gestión de hidrocarburos en la Amazonía y capturar a Petroperú para sus propósitos.

En el pedido de facultades delegadas, se amplía los ámbitos y se hace una autorización general legislativa sobre la reorganización de Petroperú y el abastecimiento de hidrocarburos al país, con la finalidad de dar en concesión privada el Oleoducto Nor Peruano separándolo de Petroperú, privatizar los lotes petroleros a cargo de Petroperú ( 64 y 192), y reorganizar la empresa para privatizarla.

Se pretende dejar de lado el plan aprobado por Petroperú y elaborado con la consultora Wood Mackenzie, para la Integración Vertical uniendo con el Oleoducto Nor Peruano los lotes petroleros en la Amazonía y la costa, con la nueva refinería de Talara.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

ALGO MÁS

Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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