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Extractivismo y tragedia de los pueblos indígenas

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Extractivismo y tragedia de los pueblos indígenas

El asesinato de los líderes de la Comunidad Asháninka de Saweto, del distrito de Masisea, Ucayali, Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo posiblemente por la mano criminal de narcomadereros, revela y desnuda la trágica situación de los pueblos indígenas amazónicos agravada por el extractivismo esquizofrénico y obsceno que hoy arrasa la Amazonía.

En esta tragedia y en otras que podrían ocurrir en el futuro hay un mar de fondo y un responsable directo e indirecto: El Estado y el gobierno cómplices de las multinacionales petroleras, gasíferas, de los megalatifundios de palma aceitera y de otras actividades extractivas que ahora imponen sus intereses económicos y que han paralizado la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y son los verdaderos autores de la Ley 30230 del “paquetazo Castilla”, un verdadero atentado político y legal contra los derechos territoriales de la población indígena amazónica.

“Estos criminales creen que sus intereses económicos valen más que nuestros bosques primarios. Creen que la vida de una persona o comunidad nativa asháninka que defiende nuestros bosques no tiene valor”, ha expresado el presidente de la República.

Pero el “paquetazo Castilla” convertido en la ley 30230 es la mayor amenaza a los bosques primarios y las tierras y territorios de los pueblos indígenas amazónicos, de acuerdo a las organizaciones indígenas integradas en el “Pacto de Unidad”. Esta norma, promulgada supuestamente para promover la inversión privada y dinamizar el crecimiento económico, crea “procedimientos especiales” que rompen todos los candados de la seguridad jurídica y política de las tierras y territorios indígenas.

De acuerdo a un pronunciamiento público del “Pacto de Unidad”, la ley 30230, desnaturaliza el proceso de saneamiento físico-legal de las tierras y territorios indígenas, amplía el área de afectación a favor de las empresas privadas, faculta al Estado e inversionistas a solicitar procedimientos especiales, viola las garantías constitucionales a la propiedad indígena, ignora los derechos de los pueblos indígenas porque no hace ninguna referencia al Convenio 169 de la OIT y le da vida al organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), un Frankenstein burocrático enemigo de la propiedad comunal y asociativa.

¿Teniendo a la vista este mamotreto legal hecho a la medida de la angurria del gran capital pueden los pueblos indígenas creer en la sinceridad de las declaraciones presidenciales y en las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre todo por los funcionarios del Ministerio de Cultura?

SAQEO FORESTAL
En estas mismas páginas hemos denunciado, con cifras, datos y hechos irrefutables el tráfico de títulos de propiedad de las Comunidades Nativas en la Amazonía para cubrir la demanda de la madera tanto en el mercado nacional y la exportación principalmente a los mercados de México, Estados Unidos y China.

De las 609 concesiones forestales con una superficie de 7 millones 907 mil hectáreas de bosques de producción otorgadas con la Ley 27308, solo están operativas a la fecha el 56 por ciento. Esta es una entre otras causas y razones de por qué el abastecimiento de madera tanto para el mercado nacional como para la exportación ha disminuido.

Para cubrir el déficit, las empresas madereras se han volcado vorazmente hacia los bosques comunales. De las 1200 CC. NN. de la Amazonía, que cubren 12 millones de hectáreas de bosques ricos en caoba, cedro, shihuahuaco, tornillo, cumala y otras especies, aproximadamente 600 están si titular. El saneamiento físico y legal de una CCNN es una cuestión de vida o muerte porque las tierras y territorios indígenas están bajo la amenaza del extractivismo hidrodrocarburífero, gasífero, los neolatifundios de palma aceitera, la tala ilegal, la construcción de carreteras y otras actividades.

El costo de la titulación está por encima de los diez mil dólares y el trámite es un vía crucis. Como una CC. NN. no tiene esos fondos y está ubicada en los quintos infiernos de la Amazonía, cae en las garras de la empresa maderera. Ésta, a través de un operador o testaferro, paga los costos y hace todos los trámites pasando por encima de la legalidad, contando siempre con la complicidad de funcionarios del Estado.

El pago por esta operación es una condena perpetua para la CC. NN: nombra al operador o testaferro, a buenas o malas, “apoderado”; es decir, dueño de la riqueza maderera y de todos los bienes comunales, incluyendo la fuerza de trabajo de los comuneros. Una sola empresa maderera en el río Putumayo ha capturado con este procedimiento a 20 CC. NN. y hay decenas y centenares de otras comunidades en toda la Amazonía, feudalizadas, prisioneras, capturadas y con sus riquezas forestales saqueadas.

El Estado, entretanto, ya sea el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y ahora el SERFOR, no solo no impiden esta expoliación, sino que con frecuencia actúan como cómplices. Quizás ahora esta situación de intolerable abuso se profundice porque los Gobiernos Regionales de la Amazonía, lastrados por la corrupción y que tienen las competencias y funciones de titulación de las CC. NN. contarán con la colusión de COFOPRI.

Los dirigentes asháninka asesinados habían empezado hace tiempo el vía crucis de la gestión de titulación de sus comunidades. Posiblemente no cedieron al chantaje y a la trampa del tráfico de títulos y esa valentía y dignidad les costó la vida.

EXTRACTIVISMO Y DESASTRE
El desastre del ciclo extractivista en la Amazonía en este período de la crisis del capitalismo no solo es ambiental. Es también social y cultural. La tala masiva del bosque, la contaminación de los suelos y los ríos y lagos, destruye el sistema ecológico y toda la construcción espiritual, panteísta y animista, la concepción cosmocéntrica, las cosmovisiones y cosmologías, los dioses y la representaciones simbólicas sobre la Madre Naturaleza elaboradas y creadas a lo largo de milenios por los pueblos indígenas.

El impacto social también es devastador. El Estado, las multinacionales, las nuevas iglesias fundamentalistas que han iniciado un proceso de neoevangelización, están originando y provocando división, fractura, anomia y corrupción al interior de la sociedad indígena.

Quizás será necesaria la insurgencia de un nuevo Juan Santos Atahualpa y la resurrección de Inkarrí para la construcción de una nueva utopía social indígena en el siglo XXI.

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Economía

Recursos del canon para vivienda social

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Viviendas casas hogares domicilios

El Gobierno autorizó a los gobiernos regionales y locales, mediante ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano, a utilizar los recursos del canon para financiar los bonos que otorga el Estado, destinados a los programas de viviendas sociales.

La Ley Nº 30848 modifica la Ley de Canon, con el fin de promover el financiamiento de proyectos de vivienda social, a través del Programa Techo Propio con el beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

Para tal efecto, la presente ley cambia el artículo 6 de la Ley de Canon de la siguiente manera.

“Artículo 6. Utilización del canon […] 6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines”.

MÁS DETALLES

“También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo Mivivienda, según corresponda”, agrega.

“Los gobiernos regionales entregarán el 20 % del total percibido por canon a las universidades públicas y el 10 % del total percibido por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica y de su respectiva infraestructura, que potencien su desarrollo. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de distribución conforme a ley”, añade.

Al respecto, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) dijo que el dinero proveniente del canon que ahora podrá ser usado por los gobiernos regionales y locales para financiar los programas de vivienda social, ayudará a solucionar el problema de acceso a una casa digna en provincias.

ALGO MÁS

La Ley Nº 30848 permite que los recursos del canon puedan ser usados por los gobiernos regionales y locales para promover el financiamiento de proyectos de vivienda social, a través del Programa Techo Propio con el beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

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Economía

Amplían plazo a agricultores

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Campesino agricultor

Hasta junio de 2019, los agricultores pueden acogerse al Programa de Rescate Financiero Agropecuario que condona deudas menores a 10 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), según una ley publicada ayer en la separata de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

Mediante Ley N° 30849 se modificó el artículo 10 de la Ley del Programa para la reinserción económica y financiera de los agricultores que se acogieron al Programa de Rescate Financiero Agropecuario.

El cambio de la normativa ahora está redactado en los siguientes términos: “Artículo 10. Plazo de acogimiento. Se dispone un plazo de acogimiento al programa hasta junio de 2019. Aquellos acreedores que a dicha fecha no estén acogidos al programa, se mantienen dentro del proceso de cobranza”.

En 2017, el Gobierno promulgó la Ley N° 30600, para la reinserción financiera de los agricultores, la cual disponía condonar sus deudas hasta por un máximo de 10 UIT (41,500 soles).

Igualmente, condonaba el 100 % de intereses, moras y gastos devengados para los deudores con calificación normal, por parte de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS).

Mientras que para las deudas más grandes, se planteó una escala de descuentos de 70 %, 50 % y 30 %, dependiendo del monto a pagar.

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Deportes

Paolo contraataca

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Paolo Guerrero en la selección

La novela de Paolo Guerrero no tiene cuándo acabar. El jugador con su abogado Julio García acompañaron al fiscal Federico Chipana Llanos a una diligencia al Swissotel, lugar donde supuestamente se contaminó el delantero antes del partido que se jugó ante Argentina por la eliminatoria sudamericana.

Paolo se mostró indignado, pues acuso al hotel de “mentirosos”, al decir que había áreas comunes en donde podían recibir visitas sin la restricción de la dieta impuesta por el cuerpo médico de la selección.

“Cómo se les ocurre decir que podíamos pedir bebidas alcohólicas y comida durante las visitas. A mí me vinieron a ver mi papá, mi mamá, mi hija y todo era controlado. Lo sabe el señor Bonillo (asistente de la selección). El hotel mintió”, sentenció Paolo.

La diligencia se llevó a cabo porque el jugador ya presentó la demanda ante el Poder Judicial. “Fue una inspección a las zonas donde dicen que eran aéreas comunes. Yo ya presenté la demanda al Poder Judicial y espero el dictamen para presentarlo a la justician suiza que ve el caso”.

Paolo está en guerra con el Swissotel. “El hotel me jugó mal. A mí no me dieron ninguna facilidad, pero a la WADA (Agencia Mundial Antidopaje), le dieron todas las facilidades. Todo esto es injusto y yo peleo mi inocencia. Han creído que el único responsable soy yo y no es cierto”.

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