Extractivismo y tragedia de los pueblos indígenas

El asesinato de los líderes de la Comunidad Asháninka de Saweto, del distrito de Masisea, Ucayali, Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo posiblemente por la mano criminal de narcomadereros, revela y desnuda la trágica situación de los pueblos indígenas amazónicos agravada por el extractivismo esquizofrénico y obsceno que hoy arrasa la Amazonía.
En esta tragedia y en otras que podrían ocurrir en el futuro hay un mar de fondo y un responsable directo e indirecto: El Estado y el gobierno cómplices de las multinacionales petroleras, gasíferas, de los megalatifundios de palma aceitera y de otras actividades extractivas que ahora imponen sus intereses económicos y que han paralizado la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y son los verdaderos autores de la Ley 30230 del “paquetazo Castilla”, un verdadero atentado político y legal contra los derechos territoriales de la población indígena amazónica.
“Estos criminales creen que sus intereses económicos valen más que nuestros bosques primarios. Creen que la vida de una persona o comunidad nativa asháninka que defiende nuestros bosques no tiene valor”, ha expresado el presidente de la República.
Pero el “paquetazo Castilla” convertido en la ley 30230 es la mayor amenaza a los bosques primarios y las tierras y territorios de los pueblos indígenas amazónicos, de acuerdo a las organizaciones indígenas integradas en el “Pacto de Unidad”. Esta norma, promulgada supuestamente para promover la inversión privada y dinamizar el crecimiento económico, crea “procedimientos especiales” que rompen todos los candados de la seguridad jurídica y política de las tierras y territorios indígenas.
De acuerdo a un pronunciamiento público del “Pacto de Unidad”, la ley 30230, desnaturaliza el proceso de saneamiento físico-legal de las tierras y territorios indígenas, amplía el área de afectación a favor de las empresas privadas, faculta al Estado e inversionistas a solicitar procedimientos especiales, viola las garantías constitucionales a la propiedad indígena, ignora los derechos de los pueblos indígenas porque no hace ninguna referencia al Convenio 169 de la OIT y le da vida al organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), un Frankenstein burocrático enemigo de la propiedad comunal y asociativa.
¿Teniendo a la vista este mamotreto legal hecho a la medida de la angurria del gran capital pueden los pueblos indígenas creer en la sinceridad de las declaraciones presidenciales y en las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre todo por los funcionarios del Ministerio de Cultura?
SAQEO FORESTAL
En estas mismas páginas hemos denunciado, con cifras, datos y hechos irrefutables el tráfico de títulos de propiedad de las Comunidades Nativas en la Amazonía para cubrir la demanda de la madera tanto en el mercado nacional y la exportación principalmente a los mercados de México, Estados Unidos y China.
De las 609 concesiones forestales con una superficie de 7 millones 907 mil hectáreas de bosques de producción otorgadas con la Ley 27308, solo están operativas a la fecha el 56 por ciento. Esta es una entre otras causas y razones de por qué el abastecimiento de madera tanto para el mercado nacional como para la exportación ha disminuido.
Para cubrir el déficit, las empresas madereras se han volcado vorazmente hacia los bosques comunales. De las 1200 CC. NN. de la Amazonía, que cubren 12 millones de hectáreas de bosques ricos en caoba, cedro, shihuahuaco, tornillo, cumala y otras especies, aproximadamente 600 están si titular. El saneamiento físico y legal de una CCNN es una cuestión de vida o muerte porque las tierras y territorios indígenas están bajo la amenaza del extractivismo hidrodrocarburífero, gasífero, los neolatifundios de palma aceitera, la tala ilegal, la construcción de carreteras y otras actividades.
El costo de la titulación está por encima de los diez mil dólares y el trámite es un vía crucis. Como una CC. NN. no tiene esos fondos y está ubicada en los quintos infiernos de la Amazonía, cae en las garras de la empresa maderera. Ésta, a través de un operador o testaferro, paga los costos y hace todos los trámites pasando por encima de la legalidad, contando siempre con la complicidad de funcionarios del Estado.
El pago por esta operación es una condena perpetua para la CC. NN: nombra al operador o testaferro, a buenas o malas, “apoderado”; es decir, dueño de la riqueza maderera y de todos los bienes comunales, incluyendo la fuerza de trabajo de los comuneros. Una sola empresa maderera en el río Putumayo ha capturado con este procedimiento a 20 CC. NN. y hay decenas y centenares de otras comunidades en toda la Amazonía, feudalizadas, prisioneras, capturadas y con sus riquezas forestales saqueadas.
El Estado, entretanto, ya sea el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y ahora el SERFOR, no solo no impiden esta expoliación, sino que con frecuencia actúan como cómplices. Quizás ahora esta situación de intolerable abuso se profundice porque los Gobiernos Regionales de la Amazonía, lastrados por la corrupción y que tienen las competencias y funciones de titulación de las CC. NN. contarán con la colusión de COFOPRI.
Los dirigentes asháninka asesinados habían empezado hace tiempo el vía crucis de la gestión de titulación de sus comunidades. Posiblemente no cedieron al chantaje y a la trampa del tráfico de títulos y esa valentía y dignidad les costó la vida.
EXTRACTIVISMO Y DESASTRE
El desastre del ciclo extractivista en la Amazonía en este período de la crisis del capitalismo no solo es ambiental. Es también social y cultural. La tala masiva del bosque, la contaminación de los suelos y los ríos y lagos, destruye el sistema ecológico y toda la construcción espiritual, panteísta y animista, la concepción cosmocéntrica, las cosmovisiones y cosmologías, los dioses y la representaciones simbólicas sobre la Madre Naturaleza elaboradas y creadas a lo largo de milenios por los pueblos indígenas.
El impacto social también es devastador. El Estado, las multinacionales, las nuevas iglesias fundamentalistas que han iniciado un proceso de neoevangelización, están originando y provocando división, fractura, anomia y corrupción al interior de la sociedad indígena.
Quizás será necesaria la insurgencia de un nuevo Juan Santos Atahualpa y la resurrección de Inkarrí para la construcción de una nueva utopía social indígena en el siglo XXI.

Política
Un desesperado García ataca al presidente Vizcarra

Una vez más AG acusó al Gobierno de estar asociado a las empresas vinculadas al “Club de la Construcción”. Su reacción fue después que la Fiscalía de la Nación pidiera al Congreso de la República copias certificadas del informe en minoría desarrollado por el parlamentario del Frente Amplio, Humberto Morales que lo involucra.
GOBIERNO ESTÁ EMBARRADO
“Los enemigos seguirán frustrados. A dos años de investigaciones, delaciones, cuentas y colaboradores eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos, pero el Gobierno sí está embarrado con el ‘Club de la Construcción’”, escribió García en su cuenta de Twitter.
Tras insistir que “no se vendió”, García insistió: “A los especuladores y enemigos: si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares de una conferencia real y pública y un año después de mi gobierno? La historia aprista y el orgullo no tienen precio”, aclaró.
METIENDO A VIZCARRA
Según indicó un aspirante a colaborador eficaz, la empresa Construcción y Administración S.A. (CASA), parte del denominado “Club de la Construcción” aportó con 100 mil dólares a la campaña electoral del partido Peruanos por el Kambio (PpK) en el 2016; posteriormente, CASA obtuvo cuatro proyectos, en la gestión de Martín Vizcarra, cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
No obstante, el Presidente negó haber tenido una relación con el “Club” y calificó como “patrañas” las denuncias que tratan de vincularlo y asegura que fue él quien combatió a ese grupo de empresas.
ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN
Política
Ataques seguidos

Los ataques de García al presidente Vizcarra se remontan a inicios de año. El 2 de enero y tras el reciente planteamiento del Ejecutivo para aprobar un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, García escribió en su Twitter: “Menos alharaca y más respeto por las instituciones. Señor, comience a gobernar, no hay obras y la anemia se mantiene. Por lo menos haga un hospital, porque el circo pasará y no habrá empleo ni pan”, escribió García en su red social.
A mediados de ese mes, García dijo que el Presidente “ha mentido al país” debido a que su empresa, C y M Vizcarra alquiló maquinarias para la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que estaba bajo la responsabilidad de Conirsa que entonces agrupaba a las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.
“El circo se terminó, el referéndum pasó y ya botaron a Chávarry. Se está volviendo a la realidad y la realidad con la falta de empleo y obras, pero desde ayer con la evidencia que el presidente Vizcarra ha mentido al país porque en efecto él trabajó en la construcción de la Interoceánica y no vale decir que no sabía quién construyó la Interoceánica”, indicó García.
“Creo que falta investigar profundamente el caso Chinchero y en tercer lugar que se sepa qué hay en las fiscalías sobre el ‘Club de los Constructores’ que involucra a varios del Gobierno”, agregó. Según AG, investigado por el caso Lava Jato, desde el Gobierno se ha “levantado una supuesta bandera de la corrupción”.
“(Martín Vizcarra) Cree que somos ingenuos y que nos tomamos los circos que monta. Ha sido socio de Conirsa y Conirsa es socio de Odebrecht. Él tiene allí, y lo ha mostrado una periodista, un papel en el cual es apoderado de la empresa Graña”, señaló el exmandatario quien saludó la decisión del Congreso de investigar al Presidente.
Política
Villanueva defiende a Vizcarra

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que las críticas contra Martín Vizcarra buscan empañar la gestión del Ejecutivo.
“(Martín Vizcarra) no tiene en absoluto nada que ver. Él, personalmente, ha mostrado una total apertura a la investigación, una colaboración total para lo que se haga. Además, ha señalado que los órganos pertinentes hagan la investigación a todos los partidos políticos por igual”, señaló en declaraciones a una radioemisora.
Asimismo, reiteró su confianza en la transparencia del Jefe de Estado.
“Todos los caminos [de quienes critican] apuntan a que el presidente Vizcarra tropiece y caiga. Eso es clarísimo. Golpes vamos a tener, pero la limpieza que tiene el Presidente la avalé, la avalo y la avalaré. Lo conozco desde hace mucho tiempo y conozco su transparencia. Por eso lo acompaño hasta el momento que él diga”, aseguró.
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