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Extractivismo y tragedia de los pueblos indígenas

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Extractivismo y tragedia de los pueblos indígenas

El asesinato de los líderes de la Comunidad Asháninka de Saweto, del distrito de Masisea, Ucayali, Edwin Chota, Leoncio Quinticima, Jorge Ríos y Francisco Pinedo posiblemente por la mano criminal de narcomadereros, revela y desnuda la trágica situación de los pueblos indígenas amazónicos agravada por el extractivismo esquizofrénico y obsceno que hoy arrasa la Amazonía.

En esta tragedia y en otras que podrían ocurrir en el futuro hay un mar de fondo y un responsable directo e indirecto: El Estado y el gobierno cómplices de las multinacionales petroleras, gasíferas, de los megalatifundios de palma aceitera y de otras actividades extractivas que ahora imponen sus intereses económicos y que han paralizado la ley de Consulta Previa a los Pueblos Indígenas y son los verdaderos autores de la Ley 30230 del “paquetazo Castilla”, un verdadero atentado político y legal contra los derechos territoriales de la población indígena amazónica.

“Estos criminales creen que sus intereses económicos valen más que nuestros bosques primarios. Creen que la vida de una persona o comunidad nativa asháninka que defiende nuestros bosques no tiene valor”, ha expresado el presidente de la República.

Pero el “paquetazo Castilla” convertido en la ley 30230 es la mayor amenaza a los bosques primarios y las tierras y territorios de los pueblos indígenas amazónicos, de acuerdo a las organizaciones indígenas integradas en el “Pacto de Unidad”. Esta norma, promulgada supuestamente para promover la inversión privada y dinamizar el crecimiento económico, crea “procedimientos especiales” que rompen todos los candados de la seguridad jurídica y política de las tierras y territorios indígenas.

De acuerdo a un pronunciamiento público del “Pacto de Unidad”, la ley 30230, desnaturaliza el proceso de saneamiento físico-legal de las tierras y territorios indígenas, amplía el área de afectación a favor de las empresas privadas, faculta al Estado e inversionistas a solicitar procedimientos especiales, viola las garantías constitucionales a la propiedad indígena, ignora los derechos de los pueblos indígenas porque no hace ninguna referencia al Convenio 169 de la OIT y le da vida al organismo de formalización de la propiedad informal (COFOPRI), un Frankenstein burocrático enemigo de la propiedad comunal y asociativa.

¿Teniendo a la vista este mamotreto legal hecho a la medida de la angurria del gran capital pueden los pueblos indígenas creer en la sinceridad de las declaraciones presidenciales y en las lágrimas de cocodrilo vertidas sobre todo por los funcionarios del Ministerio de Cultura?

SAQEO FORESTAL
En estas mismas páginas hemos denunciado, con cifras, datos y hechos irrefutables el tráfico de títulos de propiedad de las Comunidades Nativas en la Amazonía para cubrir la demanda de la madera tanto en el mercado nacional y la exportación principalmente a los mercados de México, Estados Unidos y China.

De las 609 concesiones forestales con una superficie de 7 millones 907 mil hectáreas de bosques de producción otorgadas con la Ley 27308, solo están operativas a la fecha el 56 por ciento. Esta es una entre otras causas y razones de por qué el abastecimiento de madera tanto para el mercado nacional como para la exportación ha disminuido.

Para cubrir el déficit, las empresas madereras se han volcado vorazmente hacia los bosques comunales. De las 1200 CC. NN. de la Amazonía, que cubren 12 millones de hectáreas de bosques ricos en caoba, cedro, shihuahuaco, tornillo, cumala y otras especies, aproximadamente 600 están si titular. El saneamiento físico y legal de una CCNN es una cuestión de vida o muerte porque las tierras y territorios indígenas están bajo la amenaza del extractivismo hidrodrocarburífero, gasífero, los neolatifundios de palma aceitera, la tala ilegal, la construcción de carreteras y otras actividades.

El costo de la titulación está por encima de los diez mil dólares y el trámite es un vía crucis. Como una CC. NN. no tiene esos fondos y está ubicada en los quintos infiernos de la Amazonía, cae en las garras de la empresa maderera. Ésta, a través de un operador o testaferro, paga los costos y hace todos los trámites pasando por encima de la legalidad, contando siempre con la complicidad de funcionarios del Estado.

El pago por esta operación es una condena perpetua para la CC. NN: nombra al operador o testaferro, a buenas o malas, “apoderado”; es decir, dueño de la riqueza maderera y de todos los bienes comunales, incluyendo la fuerza de trabajo de los comuneros. Una sola empresa maderera en el río Putumayo ha capturado con este procedimiento a 20 CC. NN. y hay decenas y centenares de otras comunidades en toda la Amazonía, feudalizadas, prisioneras, capturadas y con sus riquezas forestales saqueadas.

El Estado, entretanto, ya sea el Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI), el Ministerio del Ambiente (MINAM) y ahora el SERFOR, no solo no impiden esta expoliación, sino que con frecuencia actúan como cómplices. Quizás ahora esta situación de intolerable abuso se profundice porque los Gobiernos Regionales de la Amazonía, lastrados por la corrupción y que tienen las competencias y funciones de titulación de las CC. NN. contarán con la colusión de COFOPRI.

Los dirigentes asháninka asesinados habían empezado hace tiempo el vía crucis de la gestión de titulación de sus comunidades. Posiblemente no cedieron al chantaje y a la trampa del tráfico de títulos y esa valentía y dignidad les costó la vida.

EXTRACTIVISMO Y DESASTRE
El desastre del ciclo extractivista en la Amazonía en este período de la crisis del capitalismo no solo es ambiental. Es también social y cultural. La tala masiva del bosque, la contaminación de los suelos y los ríos y lagos, destruye el sistema ecológico y toda la construcción espiritual, panteísta y animista, la concepción cosmocéntrica, las cosmovisiones y cosmologías, los dioses y la representaciones simbólicas sobre la Madre Naturaleza elaboradas y creadas a lo largo de milenios por los pueblos indígenas.

El impacto social también es devastador. El Estado, las multinacionales, las nuevas iglesias fundamentalistas que han iniciado un proceso de neoevangelización, están originando y provocando división, fractura, anomia y corrupción al interior de la sociedad indígena.

Quizás será necesaria la insurgencia de un nuevo Juan Santos Atahualpa y la resurrección de Inkarrí para la construcción de una nueva utopía social indígena en el siglo XXI.

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Política

Separan a Yoshiyama, Figari y Mejía Lecca por confabulación

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Jaime Yoshiyama esposado detenido

Pérez había indicado que le sorprendía que el INPE haya recluido en un mismo establecimiento a tres personas a quienes se les imputa el delito de organización criminal, dejando entrever que estarían conspirando cómo obstaculizar las investigaciones.

Recordó, además, que un colaborador eficaz informó que Yoshiyama ha indicado a sus coacusados que no declaren a la Fiscalía, porque tiene la certeza de un resultado favorable en la casación que ha presentado la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

Sin embargo el INPE reaccionó y procedió a la separación de los tres investigados por el caso Keiko. Al respecto, el jurista Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL), dijo que “sorprende que estén juntos, incluso (el fiscal Pérez) le pidió al mismo juez de investigación preparatoria que estas personas formarían parte de una presunta organización criminal y por lo tanto deberían estar separadas”.

“Me parece un acierto que Yoshiyama sea trasladado a otro penal por ejemplo el de Aucallama, Huaral, que no es un lugar muy lejano para los familiares y la defensa. Para que de esa manera no haya una confabulación”, observó.

Luis Mejía Lecca

CASACIÓN DE KEIKO

“Con todo lo último que ha estado saliendo, no solamente de Rodríguez Monteza y su presunta vinculación a Los cuellos blancos, a los señores Chávarry y Tomás Gálvez, se ha evidenciado una vez más la votación que han hecho dentro de la Junta de Fiscales Supremos, donde los presuntos ‘hermanitos’ se han dado la mano”, alertó.

“El señor Chávarry y Tomás Galvez decían que no tenían nada que ver, si fuese así habrían permitido que el señor Monteza decline ver el caso Cócteles. Ellos siguen operando al interior del Ministerio Público y ahora con un adjunto del señor Rodríguez Monteza vinculado a otra organización criminal del Callao, pues estamos viendo que las personas que van a defender la legalidad, los intereses de la sociedad, no son las más adecuadas”, advirtió.

TRIANGULACIÓN TRAICIONERA

“Las personas que van a ver la casación de la señora Keiko Fujimori, deben ser personas que no tengan ningún atisbo de parcialidad con alguna de las partes. Y lo que estamos viendo es que ellos tienen ese grado de parcialidad con una organización que tiene cierta vinculación con Fuerza Popular”, precisó.

“Recuérdese que varios congresistas fueron a hablar con el señor Hinostroza Pariachi, cuya sala era la que iba a revisar el caso Cócteles. Es decir, hay una triangulación entre jueces, fiscales supremos y congresistas que tienen que ver con una presunta organización criminal, y por ello está en su derecho Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, de pedir que sean fiscales imparciales que defiendan al Ministerio Público y a la colectividad, en este caso”, recalcó.

ALGO MÁS

“Me parece extraño que la señora Zoraida Ávalos no le haya pedido excusarse al señor Rodríguez Monteza para ver el caso Cócteles, para que lo vea el señor Pablo Sánchez Ávalos debe dar una llamada fuerte de atención para que, por decoro, Rodríguez Monteza se aparte y otro fiscal vea la casación. De lo contrario, si sale la casación a favor de Keiko, será una puerta abierta para otros casos”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Trasladan a Pier Figari al penal Ancón II

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Pier Figari detenido esposado

El Instituto Nacional Penitenciario de Perú (INPE) informó que con fecha de ayer está realizando el traslado del interno Pier Figari al penal Ancón II desde el penal Miguel Castro Castro.

Asimismo, indicó que las autoridades del penal Castro Castro están formulando la documentación respecto al traslado del interno Jaime Yoshiyama a otro penal.

Pérez Gómez dijo que le causaba sorpresa que el INPE haya recluido en un mismo establecimiento a tres personas a quienes se les imputa el delito de organización criminal.

Recordó, además, que un colaborador eficaz informó que Yoshiyama había indicado a sus coacusados que no declaren a la Fiscalía, porque tiene la certeza de un resultado favorable en la casación que ha presentado la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para revertir la orden de 36 meses de prisión preventiva en su contra.

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Política

Confirman allanamiento e incautación de bienes

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Pier Figari y Ana Hertz

La Segunda Sala Penal de Apelaciones Permanente en Crimen Organizado declaró infundada la apelación de Pier Figari, Ana Hertz y Vicente Silva contra el allanamiento e incautación de sus bienes, dispuesto en el marco de la investigación contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Por esta razón se allanaron las viviendas de los referidos investigados a fin de encontrar cosas relevantes para la investigación.

En tal sentido, se revisaron los inmuebles ubicados en la avenida Velasco Astete 1160, Surco, de propiedad de Pier Figari; en la avenida Manuel Prado Ugarteche 988, La Molina, de Ana Hertz; y en la calle Mariscal Blas Cerdeña 112, San Isidro, de propiedad de Vicente Silva.

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