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Evo Morales y sus secretos políticos

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Evo Morales y sus secretos políticos

A más de 4800 metros sobre el nivel del mar en la cárcel de Tiquina en el lago Titicaca hacía un frío polar. Una veintena de presos -entre ellos Evo Morales- nos apretujábamos para darnos un poquito de calentura.

Evo Morales Ayma, el máximo líder de las seis Federaciones de Cocaleros del Trópico del Chapare, Cochabamba, dormitaba con la cabeza hundida entre las piernas.

Uno de los marinos se acercó a nuestro grupo y, casi en secreto, susurró:

—Evo, Evo, te quieren matar. Pero nosotros te vamos a proteger.

Evo Morales levantó la cabeza y miró soñoliento al militar a tiempo que este repetía:

—Te vamos a salvar. Pero eso sí no te olvides de nosotros cuando seas presidente.

Era la madrugada del 18 de abril de 1996. Dos días antes, el 16, se había instalado bajo la presidencia del dirigente cocalero peruano Genaro Ccahuana el congreso internacional de productores de hoja de coca en el hotel “Ambassador” en el balneario boliviano de Copacabana. El día 17 llegó Evo Morales procedente de Santa Cruz y pocas horas después, en un espectacular operativo militar, cercaron el hotel, nos apresaron y en tres camiones portatropas nos condujeron hacia la cordillera.

El convoy militar, luego de avanzar varios kilómetros, salió de la carretera y se desplazó por colinas y cerros y se detuvo. El contralmirante “Nano”, el jefe del operativo, se bajó de su jeep y con su teléfono inalámbrico se puso a discutir con un interlocutor invisible. Un poco más tarde supe, por su propia versión, que estaba recibiendo la orden de no matarnos.

Mientras me interrogaba en Tiquina, me preguntó:

—A Ud. le observo que anota todo en un cuaderno. ¿Por qué?-.

—Porque soy periodista y todo lo que está ocurriendo se sabrá muy pronto-, le respondí.

—Bueno, un periodista les salvó la vida-, dijo con un tono de perdonavidas.

En efecto, en el momento en que la tropa asaltaba el hotel “Ambassador” y apresaba a Evo Morales y al grupo que lo acompañaba, el corresponsal de la BBC de Londres se paseaba por Copacabana y al ver el operativo comenzó a indagar sobre la operación militar. Supo que entre los detenidos estaba Evo Morales Ayma, declarado ya “enemigo público número uno de Bolivia” porque se negaba a aceptar la erradicación de la hoja de coca, una condición irrevocable que había puesto Estados Unidos a cambio de prestar algunos millones de dólares al gobierno de Sánchez de Lozada para equilibrar la precaria balanza de pagos.

El periodista de la BBC, desde una cabina pública, informó a su central en Londres sobre la detención de Evo Morales y segundos después era noticia mundial. “No los maten porque ya todo el mundo sabe que ustedes los llevaron vivos”, fue la orden que recibió “Nano”.

EL SECRETO DE SU PODER
Testigo de su carisma, de su intuición política y de su popularidad en el Chapare y Cochabamba y en una travesía por la Unión Europea para explicar que la coca no es cocaína, en reuniones en Montreal, París, La Paz, Lima, me he preguntado dónde reside el secreto del poder de Evo Morales Ayma, el secreto de su poder político que lo han convertido a él y a su gestión gubernamental, de acuerdo a los analistas políticos internacionales, en el autor del mayor y más profundo parteaguas e inflexión en la historia de Bolivia.

Para saberlo, he interrogado y consultado en mis viajes con él por América Latina y Europa y sobre todo en Bolivia a sus amigos y adversarios, políticos, empresarios, periodistas, intelectuales, líderes cocaleros e indígenas del Isiboro-Sécure.

La respuesta ha sido unánime: es un hombre tan honrado que si le cuelgan de los pies no le cae nada.

Además, nunca se ha alejado ni se ha desligado de sus bases.

Los cocaleros han sido, son y serán su soporte político fundamental. Un ejemplo de ello es que en el XI Congreso Ordinario de la Coordinadora de las seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, de julio de 2012, fue reelegido como el líder de los productores cocaleros del Chapare y Cochabamba.

CONSTRUCTOR DE PODER
Evo Morales Ayma, nacido en Orinoca el 26 de octubre de 1959, es un constructor de poder político. Recuerdo muy bien su estrategia formulada en las reuniones con sus bases. Vamos a construir poder. Primero, convenceremos a los bolivianos sobre la legitimidad de nuestra causa: la defensa de la hoja de coca. El segundo paso será ganar las municipalidades de todas las regiones cocaleras de Bolivia; el tercer paso será el Congreso y el cuarto ganar el gobierno para la conquista del poder.

El proceso de construcción de poder se inició a principios de los noventas durante el gobierno de Hugo Banzer: miles de cocaleros marchaban a lo largo de 600 kilómetros desde Cochabamba hasta La Paz, recibiendo la solidaridad de los bolivianos. Cuando esta fase se agotó, participaron y ganaron las elecciones municipales en todas las regiones cocaleras. En 1997, para pasar a la tercera etapa de esta proceso de construcción de poder, la Confederaciòn de Trabajadores del Trópico de Cochabamba se fusionó con el Movimiento al Socialismo (MAS).

Las condiciones ya estaban dadas para transitar a la siguiente fase. El 2002 se produjo el primer intento de llegar al gobierno. Pero las elecciones fueron ganadas por Gonzalo Sánchez de Lozada. Sin embargo, el MAS obtuvo 27 diputados y 8 senadores. A partir del 2003, 2004 y 2005 las luchas sociales obligaron a renunciar primero a Gonzalo Sánchez de Lozada y luego a su sucesor Carlos Mesa Gisbert. La vieja oligarquía boliviana y su aparato político se derrumbaron; el terreno estaba preparado para el triunfo de Evo Morales Ayma en las elecciones del 2005 y su asunción al poder el 22 de enero del 2006.

En un momento de la celebración, le dije: “Hemos llegado al poder”. Me miró fijamente y me dijo con firmeza:

—Solo hemos ganado el gobierno. El poder lo tienen los grupos nacionales e internacionales que siempre han mandado en Bolivia. Pero vamos a ganar y conquistar el poder.

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Política

Fiscal Pérez está bajo amenaza de Chávarry y de Fuerza Popular

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José Domingo Pérez Gómez

Según fuentes del equipo especial Lava Jato, lo sustancial de la demanda del IDL ante la CIDH, de protección al fiscal José Pérez, es la injerencia interna, desde el propio Ministerio Público con grado de obstaculización del trabajo jurisdiccional, mediante “investigaciones disciplinarias, penales, sin fundamentación real”, así como contra de su libertad de expresión.

Como consecuencia de sus investigaciones, en particular por el “Caso Keiko Fujimori”, Pérez está siendo sometido a los siguientes procesos disciplinarios y administrativos dentro de su institución:

Por opinar que Pedro Chávarry Vallejos no es la persona más idónea para ocupar el cargo de Fiscal de la Nación, a los pocos días de que Chávarry fue elegido con su propio voto, tras un empate de dos contra dos en la Junta de Fiscales Supremos.

Por criterios académicos que expresó en un seminario sobre corrupción, realizado en Chihuaha, México, acerca de que los militantes de Sendero Luminoso hicieron “guerrilla” en el país durante el conflicto armado internos 1980- 2000.

Por la supuesta filtración a la prensa de preguntas y respuestas del interrogatorio al que sometió al mismísimo fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, sobre su relación con las bancada congresales de Fuerza Popular, del Apra, con Keiko Fujimori Higushi y con la organización criminal “Los cuellos blancos del puerto”, cuyo cabecilla era nada menos que su amigo el exvocal supremo César Hinostroza, hoy preso en una cárcel de Madrid, mientras se tramita su extradición.

INJERENCIA EXTERNA

La injerencia procede del Congreso. La Comisión de Defensa lo citó a interrogatorio sobre su criterio de los senderistas guerrilleros y no terroristas, pero no asistió debido a que se hallaba inmerso en la maratónica sustentación ante un juez de garantía, de su pedido de 36 meses de prisión preventiva para Keiko Fujimori y sus presuntos cómplices.

Asimismo, las presiones provienen también de integrantes del partido Fuerza Popular, quienes junto a asesores de su lideresa planearon obstaculizar su labor.

RELACIÓN CHÁVARRY-FUJIMORISMO

El fiscal Pérez halló en la investigación del caso indicios de que la “persecución interna” estaría vinculada a la relación entre Fuerza Popular y el fiscal Chávarry, sobre la base de la protección que este grupo político y su aliado el Apra brindan a Chávarry ante cuatro graves denuncias constitucionales en su contra.

Esa relación, que en gran parte es pública, llevó al fiscal Pérez a interrogar judicialmente al propio Chávarry, sacando en claro que el vínculo entre él y Fuerza Popular es el funcionario coordinador entre la Fiscalía de la Nación y el Congreso.

Sobre la situación de Pérez, su jefe Vela Barba dijo antenoche: “No es el mejor clima para enfrentar una investigación de esta envergadura. El fiscal Domingo Pérez tiene que eventualmente responder a la amenaza de cualquier sanción por inconducta funcional que no está justificada”,

FISCAL VELA

Las presiones internas contra el fiscal supervisor del megacaso Lava Jato, Rafael Vela Barba, son de reciente data, desde la audiencia de prisión preventiva del “Caso Keiko Fujimori” y coincidentemente con el enfoque del equipo Lava Jato en el “Caso Alan García”.

Fue entonces que el fiscal superior Alonso Peña Cabrera, jefe de la Unidad de Cooperación Internacional Judicial y Extradición, inició una reyerta epistolar interna contra Vela Barba, acusándolo de filtrar a la prensa información reservada de los casos en investigación.

La réplica de Vela Barba responsabilizó a Peña Cabrera de difundir información llegada de Brasil y de entorpecer los pedidos de interrogatorios de testigos y colaboradores brasileros, para favorecer a determinados políticos investigados.

De eso, y considerando que Peña Cabrera es brazo derecho de Chávarry, varios medios de investigación periodística, entre ellos Diario UNO, dedujeron que la estabilidad del equipo Lava Jato peligraba y que el Fiscal de la Nación podría reemplazarlo en cualquier momento.

LAS FISCALES CHALACAS

Sandra Castro Castillo, fiscal provincial contra el crimen organizado del Callao, y Rocío Sánchez Saavedra, fiscal contra delitos de corrupción de funcionarios, tienen a su cargo la investigación de los casos acumulados “CNM audios – Cuellos blancos del puerto”.

En ese camino, participaron en el procesamiento de cientos de grabaciones que revelaron el segundo caso de gran corrupción de lo que va del siglo en el sistema judicial (CNM, Poder Judicial y Ministerio Público con vinculaciones con la ONPE y la Federación Peruana de Fútbol).

Ellas dirigieron la razia que llevó a la cárcel al expresidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos, y a otros 21 involucrados y presentaron ante el entonces fiscal Supremo, Pablo Sánchez, la lista de 13 magistrados de alto rango y con derecho a antejuicio, a fin de que sean investigados y denunciados constitucionalmente como miembros de la banda “Los cuellos blancos del puerto”.

Y no vacilaron en incluir en esa lista al mismo Fiscal de la Nación, y a los dos fiscales supremos que lo sostienen en el cargo.

Desde entonces, la administración del Ministerio Público no las apoya, el propio Chávarry les da encargos adicionales que les impiden dedicarse a su caso principal y, como ocurre con Pérez Gómez, pende sobre sus cabezas la posibilidad de que, con motivo de un nuevo ejercicio judicial, sean cambiadas, lo que obstruiría el proceso.

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Política

Sala resolverá en dos días la apelación de Keiko y keikistas

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Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

Mañana viernes, la Segunda Sala Penal de Apelaciones, presidida por el vocal superior César Sahuanay, escuchará a las partes en la audiencia de apelación contra la orden de prisión preventiva durante 36 meses impuesta a los keikistas Vicente Silva Checa, Alberto Mejía Leca y Giancarlo Bertini de Vivanco.

El primero, Vicente Silva, es imputado como presunto miembro del núcleo duro de la presunta organización criminal que habría realizado lavado de activos con fondos ilícitos en la campaña presidencial del año 2011.

El segundo, Alberto Mejía, expersonero legal de Fuerza Popular, ayudó a evitar que los falsos aportantes de dinero a Fuerza Popular dijeran la verdad a la justicia.

Giancarlo Bertini, ayudo a Jorge Yoshiyama a “pitufear” medio millón de dólares, dinero proveniente de Jaime Yoshiyama. Nunca dio la cara a la Fiscalía y poco antes de que ordenaran su carcelería, fugó a Bolivia.

Al día siguiente, el sábado 15, la Sala Sahuanay verá los casos de prisión preventiva de Keiko Fujimori y el también prófugo JaimeYoshiyama

El mismo día a las 2 p.m. verá los casos de los asesores de Keiko Fujimori, Pier Figari y Ana Hertz.

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Política

Piden a CIDH que impida cambio de fiscales Lava Jato y “cuellos blancos”

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Rocío Sánchez Saavedra - José Domingo Pérez Gómez - Rafael Vela Barba

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está procesando una solicitud de medida cautelar protectora presentada por el Instituto de Defensa Legal (IDL) a favor del equipo especial Lava Jato y de las fiscales del caso “Los cuellos blancos del puerto”, contra interferencias externas e internas que afectan sus investigaciones.

Según el IDL, la demanda fue presentada el 16 de octubre por iniciativa propia y sin previo aviso, inicialmente a favor del fiscal José Domingo Pérez, a raíz del acoso al que lo han sometido el fiscal de la Nación Pedro Chávarry y sus subalternos.

El 10 de diciembre, el IDL envió a la CIDH información adicional y solicitó la ampliación de la medida cautelar a favor del fiscal superior, supervisor del equipo Lava Jato, Rafael Vela Barba y las fiscales Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo, estas dos últimas encargadas del caso “CNM audios – Los cuellos blancos del puerto”.

La medida cautelar tiene las siguientes finalidades:

Que cese la interferencia, sea interna o externa, en el desempeño de la labor de los fiscales José Domingo Pérez, Rafael Vela Barba, Rocío Sánchez Saavedra y Sandra Castro Castillo,

Evitar la remoción de los fiscales mencionados respecto a las investigaciones que tienen a su cargo.

Resguardar la integridad de los fiscales y de sus familias.

El IDL precisó en un comunicado que la medida cautelar de protección de los magistrados se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 25 del reglamento de la Comisión IDH, dado que los fiscales estaban siendo violentados en el ejercicio libre e independiente de su labor fiscal.

Así mismo, señala: “La urgencia de proteger a los fiscales que investigan los casos Lava Jato y CNM Audios ya había sido expuesta a los miembros de la Comisión Interamericana el 1 de octubre, en el 169 Período Ordinario de Sesiones de la CIDH, llevado a cabo en Boulder, Colorado, Estados Unidos”.

CONTRA CHÁVARRY Y CONGRESO

Aunque los blancos del pedido son el fiscal Chávarry y el Congreso, la demanda fue interpuesta contra el Estado Peruano, el que, a través del Ministerio de Justicia, ya ha recibido el expediente, para que lo conteste ante la Comisión IDH.

Luego de eso, el organismo interamericano podría emitir su decisión en cortísimo tiempo en condición de recomendación al Estado Peruano.

En caso de no atención, la Comisión llevaría el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que podría dictar las mismas medidas con carácter de obligatorio cumplimiento.

EL ESTADO PREPARA RESPUESTA

Por eso, el secretario técnico del Consejo de Defensa Jurídica del Estado, Martín Mijichich Loli, ha solicitado urgentemente la información pertinente al Ministerio Público respecto a las medidas de protección que se le han otorgado a José Domingo Pérez, ante las presiones que dice estar soportando, aún si estas provienen del propio Fiscal de la Nación y de órganos subalternos de esa institución.

A pedido de la Comisión IDH, Mijichich también ha pedido que se le informe sobre la investigación que el Fiscal de la Nación abrió contra los congresistas de Fuerza Popular que obstruyeron el allanamiento de dos los locales de ese partido político con la debida autorización de juez, en el caso de lavado de activos con fondo ilícitos de la campaña presidencial del 2011.

El carácter urgente del pedido presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tiene que ver, aparentemente, con los trascendidos sobre la eventual intención del fiscal Chávarry de separar de los importantes casos que manejan a Pérez, Barba y las fiscales chalacas.

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