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Etapa de definiciones

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Etapa de definiciones

Los correos divulgados por piratas informáticos criollos han desnudado la influencia de sectores empresariales en el gobierno.

Sería oportuno preguntarle al presidente Humala qué quiere expresar cuando dice que el gabinete Jara ya cumplió y que el Congreso “haga lo suyo”. Porque si cree que hacer el trabajo del gabinete -como el mismo dice- es responder preguntas ante el Legislativo y que con ello “hemos cumplido con nuestro deber constitucional”, no entiende de qué trata la política y menos las relaciones entre los poderes del Estado.

Ello no nos debe extrañar. El jueves, al día siguiente de que el Congreso negara el voto de confianza al actual gabinete, el Presidente viajó a Cajamarca como si nada extraño hubiese sucedido el día anterior. Incluso, se dice en predios del gobierno, dio la orden de no conversar con la oposición respecto a sus demandas.

Ello fue avalado, casi de inmediato, por el congresista de Perú Posible José León, quien en su twitter afirmó, equivocadamente por cierto, que “el voto de confianza no es la ocasión para buscar la salida del ministros. No se puede condicionar al gabinete Jara”. También lo hizo Alfonso García Miró, presidente de la Confiep y aliado principal del gobierno.

El corolariode esta estrategia que consiste en hacer caso omiso a las demandas de la oposición y de los sectores sociales, fue que el gabinete Jara, más allá del esfuerzo concertador de la Premier, tampoco obtuvo la confianza del Congreso en segunda votación. El resultado, a pedido de la propia oposición, ha sido postergar la votación para los próximos días. Una parte de ella no quiere la confrontación.

Sin embargo, el gobierno no la tiene fácil. Se podría decir que la oposición, más allá de sus obvias diferencias, ha logrado, en cierta manera, una plataforma común: a) renuncia de los ministros Castilla y Mayorga; b) suspender la afiliación de los independientes a las AFP; c) investigar los grupos de presión (lobbies) en el gobierno como lo demuestran los llamados “cornejoleak”; d) aumentar el salario mínimo; e) solucionar los conflictos sociales.

Y si bien entramos a una fase de negociación lo importante de lo que viene sucediendo en estos días es que también entramos a una etapa de definiciones tanto del gobierno como de la oposición.

Dicho en otras palabras: ¿estarán de acuerdo el gobierno y la oposición en pedir la renuncia de Castilla y Mayorga y producir cambios en la política económica o en investigar a fondo los lobbies en el Ejecutivo, es decir, la captura del Estado por los grupos empresariales? ¿Estarán ambas partes de acuerdo en aumentar el salario mínimo?, ¿en suspender no solo el aporte de los independientes a las AFP sino también en producir una reforma previsional?

En este contexto lo más importante es el proceso de definición de los actores políticos lo que indica que entramos a una nueva etapa en la que ni el gobierno ni la oposición serán lo mismo luego de lo sucedido en esta semana en el Congreso.

Sin embargo, el que tiene más problemas en esta fase es el gobierno como consecuencia de una debilidad política creciente cuya responsabilidad principal recae en el propio Presidente y en la Primera Dama como se demostró en la elección de la mesa directiva del Congreso y con el voto de confianza al gabinete Jara.

No ser consciente de la fuerza con que se cuenta, no querer negociar y levantar indirectamente el fantasma del cierre del Congreso es el peor camino y que demuestra cuán alejada de la realidad está la pareja presidencial.

El gobierno debería ser consciente que su debilidad es mayor que la de la oposición y que, por ello, es necesario negociar. Esa debilidad tiene varias dimensiones: a) respecto a su legitimidad, lo que se puede constatar no solo en las diversas encuestas publicadas mes a mes sino también en la penetración de los grupos de poder y su “apego” a los intereses empresariales; b) respecto al agotamiento de un modelo de crecimiento y una política económica neoliberal que desnuda los límites de ese modelo que, frente a la crisis internacional y a las demandas populares, nada tiene que decir y hacer; c) respecto a la crisis del Partido Nacionalista que se observa en la pérdida de sus bases sociales y la disminución de su bancada en el Congreso; d) respecto al estilo presidencial –incluyo a la Primera Dama- que es reacio a la concertación y cambios por su férrea alianza con los grandes poderes y porque cree que gobernar es mandar.

Este lunes –mañana- sabremos si el actual impasse en el Congreso se convierte en una crisis política mayor y si la oposición se transforma en varias oposiciones. Ambos hechos, con seguridad, serán los primeros trazos del futuro escenario electoral del 2016. Son los primeros anuncios que entramos, como hemos dicho, a una fase de definiciones que nos mostrará el carácter de cada una de las oposiciones y las del propio gobierno.

Y si bien como ha escrito Raúl Wiener: “La solución debe estar por alguno de los dos puntos “más manejables” (se refiere a entregar la cabeza de Diego García Sayán al fujimorismo y al intercambio de prebendas), y en la esperanza de que el Congreso no se atreverá a tanto como a censurar a Jara con los riesgos de desestabilización y la posibilidad de que a la siguiente negativa de confianza se disuelva el Congreso a dos años de las elecciones”, lo que debe quedar claro es que nada será igual que antes y que, por lo tanto, hemos entrado a otra etapa.

Al último tramo de un gobierno que se despide, acaso, en las peores condiciones y al de una oposición que tendrá que tomar decisiones que determinarán su comportamiento futuro.

¿Para quién trabaja el contralor?
Nota: El jueves 21 el Contralor General, FuadKhoury, en una conferencia de prensa informó respecto al trabajo de auditoría en la Municipalidad Metropolitana de Lima. Hay varios hechos raros: a) el miércoles 20 el auditor de la Contraloría entrega al municipio los hallazgos preliminares sobre lo sucedido en la Caja Municipal; b) el mismo auditor anuncia al municipio que tiene tres días útiles para responder a dicha investigación y que el informe es confidencial; c) al día siguiente el contralor Khoury convoca a la conferencia de prensa donde informa sobre el tema de la Caja Municipal pero también sobre otros hechos que no constaban en el informe. El Contralor ha violado el debido proceso al quebrantar la confidencialidad del informe e impedir que el municipio responda de acuerdo a ley. Es evidente que el Contralor ha querido dañar la imagen de la alcaldesa Susana Villarán. La pregunta es ¿para quién trabaja políticamente Khoury? ¿Para el APRA, para Solidaridad Nacional? Asimismo, si el Jurado Nacional de Elecciones debe investigar lo sucedido ya que es una interferencia indebida en pleno proceso electoral que daña la imagen de una candidata.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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