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Estamos hartos de un proyecto servil

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Quieren normalizar la degradación de nuestro sistema sanitario y nos cuentan que el problema son los médicos que piden aumentos o la excesiva demanda de los pacientes que “usan” el seguro social de manera abusiva.

El Perú eligió a un Presidente de la República y no a un administrador de una empresa. Eligió la opción que conduzca un gobierno eficiente y no un narco-estado. ¿Recuerdan? El “gabinete de lujo”, más tecnocrático que político, no ha cumplido con las expectativas ofrecidas.

PPK trae los ojos cansados y extraviados por mirar a otro lado y no al Perú. Y de estar al frente de un partido que tiene muchas mas contradicciones internas que la propia izquierda. Ese elitismo mediocre, esa arrogancia, esa actitud de señoritos que cambiarán el presente del país, los hace más bien, ser ejemplos del pasado.

El falso “milagro económico” del modelo al cual ellos representan, defendido a golpe de especulación, es una retórica añeja. Ese empeño en convertirnos en colonia de EE. UU y en el hazmerreír de América Latina, es un proyecto servil y humillante que le cierra el paso a la democracia de nuestro país. Estamos hartos de ese proyecto.

Los hijos y defensores del neoliberalismo, han entrado a una etapa decadente y ocupan un lugar grotesco en la historia de nuestro país a lo largo de estos últimos 25 años y por ello han emprendido una peligrosa huida hacia adelante y arrasan con todo lo que puedan a su paso. El gobierno de PPK ya no tiene proyecto político y solamente les queda bunkerisarce y resistir.

Por eso su estrategia es aguantar. Aguantar que no se descubra, en lo menos posible, sus tramas lobistas y económicas. Confían en que las “cortinas de humo” borren de la mente de las personas el caso Odebrecht, los audios del Aeropuerto de Chinchero, el caso Moreno, los negocios del Contralor, la huelga de los profesores, médicos, trabajadores y así evitar responder por actos de corrupción ya encontrados en el primer año de gobierno de PPK.

Pero hay una parte del Perú que ha aprendido a no olvidar, porque sabe que estaríamos llanos a cometer errores del pasado. Es imposible olvidar cómo tratan con arrogancia a los maestros, a los médicos, a los jubilados, a los jóvenes, a las mujeres, a los pensionistas, a los trabajadores. Con esa misma arrogancia tratan al país y nos restriegan en nuestras narices que “roban, pero hacen obras”, reconocen que son corruptos y qué problema hay, reconocen que vienen saqueando lo público y qué problema hay, y qué si emplean la justicia para beneficio propio. Actúan como si fuesen impunes.

Meten a sus operadores en la política, pero no para ejercerla, sino para atornillarse en ella. Porque para ellos la política es el adjetivo, pero lo sustantivo son los negocios. Para resistir, se esfuerzan por hacer que todo parezca normal, incluso cuando se llega a niveles de irrealidad. Sino recordemos que, con 850 soles, nos alcanza para vivir. Y exhortan a la ciudadanía en que no hay ninguna razón para dejar de confiar en ellos.

Ni ellos mismos se creen sus propias mentiras y se extrañan de que el pueblo ya no les crea. Consideran natural y necesario ese orden de cosas donde los de abajo trabajan para pagarle el festín a los de arriba, donde los que mandan roban. Ese orden donde la política es para expertos y no de los ciudadanos, donde siempre ha habido pobres y siempre los habrá, porque, al fin y al cabo, el que es pobre lo es porque quiere y no porque hay un orden social y económico injusto que exige que exista la pobreza para que unos pocos disfruten de abundante riqueza.

Quieren normalizar el saqueo de lo público y por eso nos cuentan que la administración estatal funciona peor que lo privado. Por ese camino va EsSalud, puertos estratégicos, el Gas de Camisea, Petroperú y Sedapal.

Quieren normalizar los recortes de derechos laborales y nos cuentan que la economía va mal (que, por cierto, va mal), y no porque en realidad nunca apostaron por diversificar nuestra producción y fomentar nuestra industrialización, sino por los muchos “costes” que asume el empleador. Prefieren decirnos que por el momento no espantemos las inversiones reclamando derechos que más adelante, si se les antoja, nos pueden otorgar. Esa desidia les va costando la vida a trabajadores jóvenes en los incendios de Las Malvinas y de Larcomar. ¿Recuerdan?

Nos dicen que la educación va mal por la huelga de los profesores, porque son terroristas camuflados y porque adoptan una posición maximalista que perjudica al alumnado. No dicen que, en realidad, miles de alumnos han salido a marchar al lado de sus maestros quienes se las ingenian para vivir con mil soles al mes, en un pueblito alejado de su familia y de espaldas al gobierno. La educación pública va mal porque no se la considera una inversión sino un gasto.

Quieren normalizar la degradación de nuestro sistema sanitario y nos cuentan que el problema son los médicos que piden aumentos o la excesiva demanda de los pacientes que “usan” el seguro social de manera abusiva. No dicen en realidad que prefieren subsidiar a las medianas y grandes empresas el 9% que les corresponde pagar por seguro social de cada trabajador. No responden por la ausencia de un solo tomógrafo en un hospital nacional de la envergadura del Arzobispo Loayza.

Ese razonamiento y las burdas explicaciones tienen un problema: que son incapaces de hablarle a la ciudadanía y solo se hablan a sí mismos y entre iguales, evidenciando la decadencia de ese pasado, del cual ya son parte. Queremos un Estado que se parezca más al Perú y a sus ciudadanos, a esos que trabajan día a día por sacar adelante nuestro país.

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Editorial

Avances en la lucha contra la corrupción

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La medida de impedimento de salida del país del expresidente Alan García, por un plazo de 18 meses, dispuesta por el titular del Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción, Juan Carlos Sánchez Balbuena, se fundamenta en una serie de hechos vinculados por la presunta comisión del delito de colusión agravada y lavado de activos en agravio del Estado por los presuntos sobornos entregados por Odebrecht en la construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. “Este juzgado advierte que existen suficientes elementos de convicción que amparan los hechos ilícitos que investiga el fiscal”, ha dicho el juez del sistema anticorrupción.

En consecuencia, los argumentos del fiscal José Domingo Pérez Gómez y del juez Sánchez Balbuena no tienen nada que ver con lo expresado por el expresidente Alan García, quien antes de ingresar a la audiencia dijo estar en paz con su conciencia y que las investigaciones deben realizarse “sin odios ni humillación”. Lo que se esperaría, por el contrario, es que el exmandatario aprista diga que nunca ha ingresado en sus cuentas ningún dinero proveniente de la Caja 2 de Odebrecht; es decir, dinero sucio, dinero negro destinado a las coimas. Él, en cambio, ha retado a la justicia a que le prueben.

Además, el impedimento de salida del país ha sido dispuesto en los precisos momentos en que el fiscal Pérez amplió la investigación a Alan García, por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión agravada en el marco del caso Odebrecht. Además, la Fiscalía considera que la medida es necesaria para asegurar que Alan García comparezca cuando sea citado a declarar, debido a que reside parte del tiempo en España.

Ocurre, también que para el fiscal José Domingo Pérez Gómez, existió una sospechosa celeridad en la emisión de normas por parte del gobierno de Alan García que presuntamente favorecieron a la empresa brasileña Odebrecht. En buen romance, el impedimento de salida del país de Alan García no ha sido dispuesto porque él se allanó a la solicitud del fiscal, pues tal como aclaró el juez Sánchez Balbuena esa es una figura del derecho civil y no penal, sino que al parecer la Fiscalía ha dado un paso más en la lucha contra la corrupción.No se trata de odios ni de humillación, sino de hacer justicia, pues como dicen tarda, pero llega, aunque en este caso solo se trate de un avance.

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Portada 18 noviembre 2018

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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