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Estado laico y pare de sufrir

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Persecución, tortura y genocidio es lo que ha caracterizado la sangrienta historia de las teocracias. Cuando los poderes de turno han unido Estado e Iglesia es cuando han surgido guerras santas, hogueras, inquisiciones y formas de tener control absoluto del alma y el cuerpo de los individuos y de la sociedad. La libertad brilló por su ausencia y fueron las mujeres quienes más sufrieron -y sufren- la barbarie institucionalizada.

El binomio Estado-Iglesia es terriblemente conservador y no solo busca control de la vida de los individuos, también quiere el control de su fuerza de trabajo y de sus propiedades. Será por eso que el joven rabí Yéshua de Nazareth (Jesús para los cristianos) que de conservador tenía poco, sentenció que era mejor que las cosas de Dios y del Estado estuvieran separadas: “Dad al César lo que es del César. Y a Dios lo que es de Dios” (Mateo 22: 21).

Predicando con extrema austeridad un discurso de amor al prójimo antes que control y poder, que son la base de la política a través del miedo, tuvo la osadía de denunciar que la acumulación de riqueza y usura venían aparejadas necesariamente de injusticia: “Y otra vez os digo: Es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que entrar un rico en el reino de Dios”. (Mateo 19: 24).

Consecuente con esas ideas y movido por el asco y la indignación se enfrentó a quienes tenían el monopolio del poder en esos años: “Llegaron a Jerusalén; y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo; volcó las mesas de los que cambiaban el dinero y los asientos de los que vendían las palomas, y no permitía que nadie transportara objeto alguno a través del templo. Y les enseñaba, diciendo: “¿No está escrito: Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Los principales sacerdotes y los escribas oyeron esto y buscaban cómo destruir a Jesús, pero le tenían miedo, pues toda la multitud estaba admirada de su enseñanza”. (Marcos 11.15-18)

Jesús, antes que Proudhon o Marx, directamente llamó ladrones a quienes se dedicaban a la usura y especulación; una nueva ética estaba naciendo y también estaba quedando listo el camino al Gólgota en donde lo esperaría una cruz para castigar semejante osadía. Hablar de Dios no es hablar de amor necesariamente, y la casta sacerdotal de los fariseos lo sabían muy bien, por eso conspiraron contra Jesús y el resto es historia conocida.

AGUA VIVAZA

Wayka ha publicado una investigación sobre la iglesia evangélica “Agua Viva” y sus “negociazos” inmobiliarios, sus vínculos con el fujiaprismo y otras fuerzas políticas de derecha. Entre otras “perlas”, tal parece que desde el Congreso impulsaron proyectos de Ley para obtener beneficios tributarios y financiamientos del Estado.

“Mientras el autoproclamado ‘apóstol’ de Agua Viva, Pedro Hornung Bobbio, se dedicaba a la compra del coliseo Amauta por 6 millones de dólares, su esposa, la autodenominada ‘profeta’ y exlegisladora, Mirta Lazo promovió y logró, como vicepresidenta del Congreso, la aprobación de una ley diseñada para favorecer a iglesias evangélicas como Agua Viva”.

La congresista Lazo, pastora y dirigente de la Comunidad Cristiana Agua Viva, presentó propuestas legislativas orientadas a lograr la “Igualdad y Libertad Religiosa” que buscaba extender los beneficios económicos de la Iglesia Católica a las iglesias evangélicas y cristianas bajo la figura de la igualdad.

NO CONCORDAMOS

El 19 de julio de 1980 el dictador Francisco Morales Bermúdez firmó sigilosamente el Concordato con el Vaticano. Un acuerdo que beneficia a la Iglesia Católica con fondos de todos los peruanos, católicos o no, lo deseen o no. Mencionaremos algunas cuentas del rosario de privilegios que tiene la Iglesia Católica gracias al Concordato:

El Estado paga sueldos y pensiones a curas católicos en planilla mensual desde el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Defensa sostiene económicamente al Obispado Castrense para “evangelizar” a los miembros de las fuerzas armadas y policiales; una planilla de subvenciones para el mantenimiento de las Arquidiócesis, Diócesis, Prelaturas, Vicariatos Apostólicos, la organización de los Seminarios de la Conferencia Episcopal Peruana y el otorgamiento de Becas para la capacitación de los seminaristas. Planilla consignada dentro de la Dirección de Asuntos para la Iglesia Católica, del Ministerio de Justicia.

Pueden enseñar el curso de religión católica como materia ordinaria. Tienen la prerrogativa de colocar a los profesores que dictarán dicho curso, cuyo nombramiento no requiere de concurso público como el de cualquier profesor con título universitario, basta que el candidato a profesor goce de la aprobación del obispo competente sin que sea necesario que haya estudiado en la universidad.

Intervienen en los Programas Curriculares Básicos del segundo y terceros ciclos correspondientes a tercero, cuarto, quinto y sexto grado de educación primaria. En la formulación de estos programas por el Ministerio de Educación participan representantes de la Iglesia Católica y no de las demás instituciones filosóficas o religiosas.

Tienen además exoneraciones, inafectaciones y franquicias de que goza la Iglesia Católica para todas las actividades que realiza. Por ejemplo, están exonerados del pago del Impuesto a la Renta, el Impuesto General a las Ventas (IGV), impuestos a las exportaciones de bienes, no están obligadas a emitir comprobantes de pago por los servicios que prestan, Impuesto Selectivo al Consumo (que incluye el pago de los pasajes internacionales), Impuesto Predial, Impuesto al Patrimonio Vehicular, Licencia de funcionamiento, entre otros aspectos.

La influencia política de la Iglesia Católica se expresa también en las intervenciones del arzobispo Juan Luis Cipriani a través de su programa de radio en RPP, a través de la opinión de algunos periodistas y comunicadores conservadores, a través de medios de comunicación.

La influencia de las iglesias debe ser en el ámbito privado, el Estado debe mantenerse laico y al margen de las confesiones. La educación pública debe ser laica al 100% y la fiscalización a las iglesias debe ser como a cualquier asociación civil. Las iglesias no están exentas de pecar o delinquir. Por ello es fundamental que el Concordato se anule a fin que las demás iglesias no busquen beneficios similares.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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