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Está claro: Lo que queda es cumplir el fallo de la Corte

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El Congreso es parte del Estado y no puede excluirse del mismo ante la comunidad internacional. No es un territorio soberano, ni los congresistas están sobre los tratados internacionales.

Cuando un ciudadano común y corriente recibe sentencia definitiva del Poder Judicial está obligado a cumplirla, le guste o no. Mal podría invocar el principio de libertad individual para negar el acatamiento a la decisión jurisdiccional.

Si una autoridad es la sentenciada, tampoco puede restringir los efectos o interpretar los alcances de esa resolución, aduciendo cierta autonomía, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa. Esto es una de las garantías de la administración de justicia, así como parte medular de las reglas de juego del Estado de Derecho y el sistema democrático.

Del mismo modo que los individuos y las autoridades internas, los Estados también son sometidos a la justicia de las cortes internacionales y sus fallos son de obligatorio cumplimiento.

No corresponde que alguno de ellos se niegue a acatar dichas resoluciones, aduciendo tendenciosamente que estás vulneran el principio de soberanía. Por eso es que, por ejemplo, Chile tuvo que acatar el fallo de la Corte de la Haya, en el diferendo marítimo que tuvimos con ese país.

Es que la comunidad internacional también está sometida al Derecho y a los tratados que los mismos Estados suscriben, en ejercicio, precisamente, de su propia soberanía. Resistirse al acatamiento de un fallo de esa jerarquía deviene, entonces, en grave incumplimiento de los compromisos asumidos ante la región y el mundo.

Eso es lo que está pretendiendo hacer el presidente del Congreso, Luis Galarreta, al señalar que “es inaplicable” la resolución de la Corte IDH que ha dispuesto el archivamiento del proceso de acusación contra los magistrados del Tribunal Constitucional Manuel Miranda, Eloy Espinosa-Saldaña, Carlos Ramos y Marianella Ledesma.

Hace mal en no cumplir fallo de la Corte de manera inmediata.

Hace mal en no cumplir fallo de la Corte de manera inmediata.

Pretendiendo evadir el acatamiento a lo dispuesto por la Corte, Galarreta está planteando, a la vez, un pedido de “aclaración” sosteniendo que “se le indique” de qué manera el Congreso va a cumplir la resolución ya que ésta colisionaría con el precepto constitucional de que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, por lo que no pueden acatar el archivo de la acusación contra los magistrados del TC.

Los conceptos de soberanía y de no mandato imperativo están usados aquí de manera impertinente y mal intencionada. El primero porque, como hemos dicho, el Perú como Estado soberano firmó y aprobó el Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, por Decreto 22231 del 11/07/78, reiterado en 1981, por haber sido ratificado también en la Constitución de 1979, y, por supuesto por la Constitución vigente de 1993, elaborada durante el gobierno de Alberto Fujimori. De modo que el sometimiento de nuestro país a dicha Convención, así como a la Comisión y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, creados por ella, lo hemos efectuado en ejercicio pleno de nuestra soberanía. Es malicioso decir, entonces, que la Corte está interfiriendo en aquella.

En cuanto al concepto de no mandato imperativo de los congresistas, se trata de un burdo sofisma del señor Galarreta, porque la disposición de archivo está dirigida al Estado Peruano, que ha sido parte del proceso seguido anteriormente ante la Corte -caso Durand y Ugarte- en el que nuestro Estado ha tenido oportunidad de defenderse, presentar sus pruebas y realizar alegatos, durante el proceso y en la fase de seguimiento del cumplimiento de sentencia.

En tal medida lo dispuesto por esa instancia de jurisdicción internacional, obliga al Estado peruano en su conjunto, es decir, a los poderes que lo integran, incluido el Congreso de la República, acatar sus resoluciones. Aducir que esto choca con el no mandato imperativo de los Congresistas es confundir papas con camotes. El Congreso es parte del Estado y no puede excluirse del mismo ante la comunidad internacional. No es un territorio soberano, ni los congresistas están sobre los tratados internacionales.

Nuestra propia Constitución Política establece que los tratados celebrados por el Estado Peruano, como el Pacto de San José de Costa Rica, son parte del derecho nacional (artículo 55). Ergo, estamos obligados a cumplir el mandato de la Corte IDH de archivo de acusación contra los magistrados, así lo establece el mismo Pacto asumido por el Perú, en su artículo 68, que a la letra dice: “Los Estados Partes en la Convención se comprometen a cumplir la decisión de la Corte en todo caso en que sean partes”.

Mueve a preocupación del espíritu democrático el hecho de que el empecinamiento de no acatar el mandato de la Corte por parte del señor Galarreta haya motivado que congresistas y personalidades, de conocida inclinación persecutoria, vengan planteando el retiro de la Corte, por considerarla “nido de caviares”, “rojos” y “rojetes”. Este despropósito, de vocación dictatorial, nos recuerda, salvando las naturales diferencias, el retiro de Alemania de la Sociedad de Naciones, que propició Adolfo Hitler en octubre de 1933, por considerar que se oponía al principio de soberanía, como él se lo figuraba.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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