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Escuderos sin Quijote

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Los líderes políticos han tenido siempre un defensor, alguien que salga a responder los ataques de los rivales, los cuestionamientos de la prensa y convierta en positivo todo lo negativo de sus exabruptos o “patinadas”. Este papel de “ayayero” profesional recae por lo general en el “delfín del partido”, el “sucesor del jefe”, en el “joven líder carismático”, o simplemente, en quien mejor “labia” tenga y ganas de pelearse con medio mundo.

El patético papel de estos “defensores” del jefe fue caricaturizado bien por el desaparecido Augusto Polo Campos con su personaje “Piquichón”. Un leguleyo lambiscón con vocación de felpudo que era el “ayayero” y la “portátil” de ese otro personaje de la comicidad llamado “Camotillo, el tinterillo”, interpretado por el gran Tulio Loza. Y si de felpudos se trata, ahí está “Felpudini”, el “mil-oficios” de “El Jefecito”, aquel famoso sketch ochentero de Risas y Salsa, que graficaba muy bien la perversa relación entre un jefe y su subordinado, además, subordinado en todo el sentido de la palabra.

En el fondo, el “ayayero” tiene una secreta envidia hacia su jefe. Mira con codicia su poder, su cargo, su fortuna, su pareja y su suerte. Por ello, muchas veces en las grandes conspiraciones quien da la puñalada mortal al tiranuelo de turno es el pérfido “ayayero”; la traición viene de donde menos lo espera: del felpudo.

Reservada para la nobleza francesa a partir del siglo XIV, el “delfín” de Francia era el apelativo con el que se conocía al príncipe heredero o alguien muy importante en la sucesión de un cargo nobiliario. Se aplicó, además, por extensión al hijo único de una familia y al sucesor de un cargo importante. Más tarde, en la política moderna se usó para designar a una persona de confianza que un político u otra persona importante elige o apoya para que le suceda.

EL MORBO ES SU DIVISA
Por lo general el delfín suele ser el defensor del cargo o gestión de determinada autoridad y gracias a su liderazgo y ascendencia sobre la opinión pública logra traducir los mensajes de una autoridad. Pero en esta perversa “relación edípica” en que vive nuestra política local, la nobleza del delfín ha desaparecido por completo. Si apenas los nuevos “piquichones” llegan a matones con verborrea.

En nuestra cada vez más degradada aldea política se ha institucionalizado este rol de “escudero político”. Y hay que tener vocación de “Sancho Panza” para realmente defender al líder del partido (que para nada es un Quijote) o al Presidente. Ya sea un premier, un congresista, un ministro o sobre quien recaiga la vocería, el destino de ese rol, tarde o temprano, es la inmolación.

Durante el fujimorato el dictador prescindió del “sanchopancismo” porque no necesitaba algo así, con la prensa comprada y el siniestro Montesinos manejando los hilos del poder, casi nadie se atrevía a cuestionar nada. F

ue inmediatamente después que los molinos de viento cobraron vida; en plena democracia los medios y algunos “periodistas” se comportaron como si extrañaran las épocas de la salita del SIN. Se expectoró de la televisión y la radio a los mejores periodistas y comenzó a ejercerse el oficio de informar “sicariamente”. Desestabilizar y provocar ingobernabilidad era (y es) bien visto en la prensa, la frivolidad que se derrama revela que no existe ningún “afán fiscalizador”.

“GLORIA A FELPUDINI”
El poder dilapidatorio de los medios y una malentendida libertad de expresión, han contribuido grandemente a que hayan proliferado en estos años de postfujimorismo, “escuderos” y “ayayeros” políticos. Y fue el gobierno de Alejandro Toledo el más prolífico. El rol agresivo de la primera dama saliendo a defender al “cholo sano y sagrado” de cualquier cuestionamiento, o aquel engolado “chauchiller” que apenas si se hacía entender y finalmente, el ex Premier conocido como el “traductor” del Presidente. Todos ellos, se inmolaron, el fin del gobierno de la chacana, también fue el final de sus aspiraciones políticas.

La lección estaba aprendida, si quieres gobernar o hacer política, si no quieres chamuscarte, necesitas un buen pararrayos. Sabiendo esto, el naciente nacionalismo del Humala de polo rojo lanzó a un “panzer” al ruedo, un aspirante a congresista que insultaba, cuadraba a la prensa y disparaba ráfagas de palabras altisonantes apodado “Lisuratás”. Nuevo estilo de escudero a la altura de la agresiva prensa que defendía (y defiende) el modelo económico fujimorista. Pues, la ecuación va así: a más agresividad de la prensa, igual agresividad del escudero político.

El segundo gobierno de Alan García recibió el apoyo de esa prensa, pues representaba el “cambio responsable” y efectivamente, nada cambió. Los cuestionamientos y críticas venían más de sus adversarios políticos en el Congreso que de la prensa. Por eso, correspondía que los escuderos fueran parlamentarios y no ministros.

Dos de los más conspicuos congresistas apristas se han repartido hasta hoy el rol de defensores de García dejando atrás al ya pálido Jorge Del Castillo. Cuando hay que salir a gritar, adjetivar, insinuar, gritar lisuras y mentar la madre en Comisiones y hasta en el hemiciclo, han estado presentes y jugado bien su papel.

Quien no tuvo pasta de pararrayos, pero aprendió muy rápido fue la ex congresista y ex ministra nacionalista Ana Jara. Defensora de la “pareja presidencial” (“chapa” con la que Alan García sepultó al gobierno de Humala) Jara, muy correcta en sus modos siempre, también se inmoló hasta su censura en marzo del 2015. Porque todos los pararrayos políticos tienen fecha de caducidad.

¿Avengers o mutantes?
El nuevo fujimorismo ha “elevado la valla” al fusionar al agresivo troll con el clásico “ayayero”. En esta insufrible era de la Posverdad en donde mentir, trucar fotos, enlodar honras con absoluta impunidad se ha convertido en una especialidad digna de un sicario, parapetados detrás de un “inmunidad parlamentaria” vemos cómo se despachan en redes y frente a los medios “terruqueando” a quien no piense como ellos. Héctor Becerril es el epítome, la síntesis de ese “estilo político”.

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Política

Joaquín Ramírez pide ayuda a cuellos blancos del puerto

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Joaquín Ramírez y Keiko Fujimori

La defensa técnica del ex secretario general de Fuerza Popular, Joaquín Ramírez, presentó en mayo pasado un recurso para que termine la investigación preliminar que se le sigue por el presunto delito de lavado de activos.

Se tenía previsto que elsábado 20 de julio se realice la audiencia donde se revisaría el recurso de tutela de derechos que interpuso su defensa para que el caso finalice; sin embargo, fue reprogramada para el próximo viernes 26 de julio, a pedido del fiscal provincial Wilson Salazar Reque, informó Canal N.

El excongresista es investigado por la compra de dos inmuebles valorizados cada uno en más de 2 millones de dólares. Uno de estos bienes fue usado como local de campaña de Keiko Fujimori y otro como sede de la ONG Oportunidades.

En esta pesquisa también está incluida Keiko Fujimori. Además, Ramírez es investigado por presuntamente recibir 15 millones de dólares por parte de la lideresa de Fuerza Popular y lavarlos a través de sus empresas.

PEPE LUCHO Y LOS CUELLOS BLANCOS

“Avalado por su abogado José Luis Castillo Alva, curiosamente un abogado que está fuertemente vinculado a la investigación de Los cuellos blancos del puerto, porque hasta ahora no se decide si el abogado de Joaquín Ramírez es el llamado Pepe Lucho; se decía que es José Luis Cavassa el que está preso ahorita, pero para la policía Pepe Lucho no sería otro que José Luis Castillo Alva”, dijo el jurista Juan José Quispe.

“Es un reconocido abogado trujillano que en estos momentos defiende al señor Joaquín Ramírez y que todavía está investigado por el caso Los cuellos blancos del puerto había sido una suerte de nexo entre los magistrados del Poder Judicial y del CNM, con Joaquín Ramírez y Fuerza Popular”, aseveró.

“Lo cierto es que este señor José Luis Castillo Alva o Pepe Lucho, abogado de Joaquín Ramírez está planteando lo que se llama una audiencia de control que se ha suspendido”, remarcó.

“Con esta figura se decía al juez que saque de la investigación preliminar y que haga dos cosas: o formalice denuncia ampliando la investigación preparatoria o lo archive porque no hay forma de vincular a Joaquín Ramírez con el delito de lavado de activos, pese a la numerosas evidencias”, remarcó.

“Es una figura que respalda el Código Procesal Penal. Es una estrategia legal y es el juez el que decide si efectivamente le da un plazo a la Fiscalía para que siga investigando al señor Joaquín Ramírez o se le obliga al fiscal encargado que cumpla un pazo de quince días para que emita un dictamen o se archive el caso en el rincón de las gavetas”, explicó.

PIDE AYUDA A LOS CUELLOS BLANCOS

“Está pidiendo una especie de ayuda a los cuellos blancos. Desde el 2017 vienen investigando a Joaquín Ramírez. Ojo que el informante de la DEA está en los EEUU. Es una investigación muy compleja”, precisó.

“Hay que ver qué información importante haya brindado la DEA a la Fiscalía peruana. Hasta este momento no ha dado una información completa y todavía sigue investigando a Joaquín Ramírez y no hay los elementos necesarios o el informe final”

ALGO MÁS

“Por ello se tiene que esperar el informe de la DEA para que la Fiscalía actúe convenientemente, muy aparte de las declaraciones que se han tomado”, concluyó Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Keiko sale libre y sale avalancha de corruptos

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Keiko Fujimori

El fiscal supremo, Víctor Raúl Ramírez Monteza, emitió un dictamen u opinión suprema, que no necesariamente es vinculante, que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema puede hacer suyo en todo o en parte, o simplemente discrepar o no estar de acuerdo son esa opinión.

Quispe afirmó que “Rodríguez Monteza no se va a presentar en el informe oral de la casación de Keiko Fujimori. No lo va a hacer porque va a tener miedo o una conducta extraña, y no va a ir a sustentar porque los miembros de la Corte Suprema le van a preguntar varias cosas”.

Por ejemplo Quispe destacó: “Señor, usted le está enmendando la plana a dos fiscales, a José Domingo Pérez, a Vela Barba, a un juez como Concepción Carhuancho y a tres magistrados de la Corte Suprema, que han confirmado la prisión preventiva contra Keiko Fujimori. Por eso no quiere ir”.

“Ahora preocupa que se haya ratificado al señor Castañeda y la forma como va a actuar BlumeFortini del Tribunal Constitucional. El primero va a estar, sin duda, a favor de Keiko Fujimori y el tercero es segurísimo que le dará la libertad, vía recurso de agravio constitucional, como a Ollanta Humala y Nadine Heredia”, destacó Quispe.

“Esto significa que se presentará una avalancha de hábeas corpus de todas las personas involucradas en corrupción, como Walter Ríos, Yoshiyama, la red Orellana, Peter Ferrari y Oropeza, entre otros, lo cual sería el Estado contra los corruptos y eso sería gravísimo para la lucha contra la corrupción”, agregó.

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Política

Gobierno espera información de fiscalía para decidir caso Chaglla

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Vicente Zeballos

El ministro de Justicia, Vicente Zeballos, dijo que el gobierno se encuentra a la espera de la información que debe remitir la fiscalía para responder el pedido de la empresa Odebrecht sobre la devolución de los recursos por la venta de la hidroeléctrica de Chaglla.

Sostuvo que, de acuerdo al Acuerdo de Colaboración Eficaz con Odebrecht homologado por el Poder Judicial, la fiscalía debe comunicar al órgano administrador del fideicomiso de las retenciones a Odebrecht, que no hay investigaciones y proceso penales pendientes.

“Se está a la espera de que el Ministerio Público informe” declaró en radio Nacional.

Advirtió que es de público conocimiento que la fiscalía investiga el presunto pago de coimas de Odebrecht en el Gasoducto Sur que pueden implicar una reparación civil luego de las investigaciones.

Recordó que el acuerdo de colaboración entre la fiscalía y Odebrecht tiene carácter vinculante y la homologación del juez no ha sido impugnada por las partes.

“El acuerdo se sostiene por sí mismo. Cuando digo que la fiscalía debe informar si hay otra investigación o proceso es en función al acuerdo, no es disposición del Ministerio de Justicia, la sentencia de homologación tiene carácter de ley”, refirió.

Por la venta de la hidroeléctrica Chaglla, de propiedad de Odebrecht, el Estado retuvo más de mil millones de soles para garantizar el pago de las reparaciones civiles en las investigaciones que enfrenta la empresa. De ese monto se debe pagar los impuestos que deben y la reparación civil por el caso Chacas.

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Odebrecht ha pedido que el saldo de esa operación, aproximadamente 254 millones de soles, sea devuelto por el Estado.

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