Es urgente la constitucionalización y democratización de las instituciones

Colegio de Abogados de Lima CAL

Todos los días se registran hechos de trascendencia nacional, que exigen la opinión técnico-jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, pero constatamos también que hay un silencio de sus actuales representantes, dejando a merced de la clase política todo tipo de pronunciamientos y, sabemos, que siempre llevan consigo intereses partidarios.

La función de nuestras instituciones está regulada por la Constitución y las leyes. Sus representantes tienen el deber de respetar y hacer respetar sus fueros, amparados en la separación de poderes. Por eso creemos que optar por el camino del silencio resulta una abdicación consustancial y exige una sanción, aunque solo quede en la esfera moral. Esto, en el Ilustre Colegio de Abogados de Lima, debe cambiar y es una de nuestras principales propuestas para recuperar del ostracismo a la orden profesional.

¿Esta situación tiene algo que ver con la democratización de nuestras instituciones? Pues, sin duda. ¿Tiene que ver con el respeto de la Constitución?, también decimos que sí. Pensar lo contrario es cerrar los ojos y persistir en una actitud de parsimonia y, por lo tanto, mantener a la deriva a una sociedad en la que de oficio se abren forados para acciones de grupos acostumbrados a ejercer el abuso del poder. Nada más cercano al autoritarismo, un peldaño menos de la tiranía.

Es desde instituciones como el gremio de abogados, justamente, donde debe alzarse la clarinada de alerta ante acciones de abuso de poder. Lo que pasa con el Congreso es un claro ejemplo. Se pretende ejercer presión sobre otras instituciones, con denuncias constitucionales de por medio. No nos ponemos del lado de personas, defendemos la institucionalidad, con la ley en la mano, como corresponde. Desconocer la dimensión normativa, la supremacía constitucional, significa un retroceso en la aspiración de fortalecer una conciencia constitucional, necesaria en estos tiempos.

Firmemente creemos en la construcción de un Estado constitucional democrático de Derecho, donde incluso al interior de las instituciones se ponga en ejercicio la participación de sus componentes en las más altas decisiones para su mejor funcionamiento. No es posible, a estas alturas, mantener esquemas regulados por la ley donde las decisiones se expresan en forma de repartija del poder, como ocurre en la composición del Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva del Perú, entre otras.

Jurado Nacional de Elecciones

No es posible, a estas alturas, mantener esquemas regulados por la ley donde las decisiones se expresan en forma de repartija del poder, como ocurre en la composición del Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva del Perú, entre otras.

No es posible, a estas alturas, mantener esquemas regulados por la ley donde las decisiones se expresan en forma de repartija del poder, como ocurre en la composición del Jurado Nacional de Elecciones, Banco Central de Reserva del Perú, entre otras.

Esto no le hace bien al sistema democrático. Genera decepción en la ciudadanía. En tal sentido, formulamos un llamado a la reflexión a quienes representan a las diversas instituciones del Estado. Hablamos de promover y reforzar la conciencia constitucional en la sociedad, donde rige la validez, eficacia y representatividad de la Constitución.

La validez se refiere a la legitimidad y juridicidad de la Constitución. La eficacia, a que sea, en la clasificación de Loewenstein, una Constitución normativa, es decir que “sea como un traje que sienta bien y que se lleva realmente”. Por último, la representatividad entendida en orden a que la comunidad se sienta interpretada por la Constitución, lo cual se concreta en que aquello que los tribunales resuelvan, en base a la Carta Fundamental, sea lo que el hombre medio, razonable y común habría querido que se resolviese.

En esa línea de razonamiento, conciencia constitucional equivale a pensar en una sociedad en la que sus ciudadanos se sientan interpretados por la aplicación de la norma constitucional. Resulta ser el saber en común de una sociedad acerca de la efectividad de su Constitución.

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO FUNDAMENTO DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO
Nos preocupa, igualmente, toda sombra de amenaza a la libertad de expresión, que la Constitución y las leyes garantizan. Este derecho fundamental otorga seguridad jurídica al país y garantiza además la defensa de los derechos ciudadanos. No puede haber democracia sin libertad de expresión. No debemos tolerar ninguna amenaza contra este derecho.

La libertad de expresión es un derecho universal. Todos tienen el derecho a la libertad de opinión y de expresión sin interferencias, y a buscar, recibir y difundir información e ideas, a través de cualquier medio difusión sin limitación de fronteras, tal como lo establece la Declaración Universal de Derechos Humanos. La independencia y el pluralismo de los medios de comunicación son un componente esencial en el proceso de la democracia.

REFORMAS EN MATERIA ECONÓMICA Y EN POLÍTICA CRIMINAL, EXIGENCIA DE LOS ABOGADOS DE LIMA
Frente a la crisis económica y social, los abogados de Lima exigimos a los representantes de las instituciones públicas, dentro de la función que les compete y la responsabilidad de las mismas, revertir la grave crisis que se expresa en el desempleo y la informalidad donde se carecen de derechos laborales mínimos y seguridad social. El Gobierno debe exponer cuáles son las medidas en defensa del medio ambiente y el bienestar de todos los peruanos.

En esa misma línea, las instituciones públicas deben reorientar la política criminal a fin de que las personas no vivan con el temor, la amenaza y el ataque artero del crimen y de la criminalidad. Además, con urgencia, se debe proponer las reformas en la administración de justicia con el único propósito de que los peruanos tengan una solución rápida y eficaz de sus casos.

LUCHA FRONTAL CONTRA EL FEMINICIDIO
Nada justifica la violencia. En necesario reforzar los mecanismos de protección a los sectores más vulnerables de la sociedad (menores, mujeres y personas con discapacidad). No es posible que continúen los actos de abuso y violencia contra la mujer.

Por estos fundamentos, es necesaria la más amplia unidad de la ciudadanía en general, y de los abogados de Lima en particular, para defender la democracia y la libertad, bajo la enseñanza de que sin libertad no existe derecho ni justicia ni paz social. De allí la necesidad de llamar a la reflexión a las Instituciones Públicas en su accionar y en sus decisiones, las que deben estar siempre dirigidas en defensa del Estado Constitucional y el respeto a la libertad.