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¿Erradicar o proteger?

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El 12 de junio es el día internacional contra el trabajo infantil. Casi en automático se repiten los slogans de erradicación y las autoridades declaran que el trabajo infantil es un flagelo. Son 2 millones que trabajan según cifras del INEI del año pasado. Creo que son muchos más.

Desde el 2011 opera en el Perú el proyecto semilla para la erradicación del trabajo infantil con fondos del gobierno norteamericano. Según algunas fuentes son 5 millones de dólares invertidos en acciones en Junín, Pasco y Huancavelica, logrando que 6,000 niños dejen de trabajar. Por otro lado, el programa Yachay del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables atendió el año pasado a más de 7,000 niños que trabajan en la calle, con diversas acciones.

La mayoría de niños que trabajan (NATs) son pobres, lo hacen en chacras familiares, crecen y se educan en ellas porque es parte de su vida y su cultura. Otros trabajan en calles y emprendimientos familiares. Cuando estas actividades son forzadas, afectan su salud y dificultan el goce de otros derechos, como la educación, el juego y el descanso, estamos ante una situación de explotación porque su voluntad no cuenta y su vida está en riesgo. Estamos ante dos conceptos que deben ser diferenciados. Al niño que trabaja hay que protegerlo como a todo niño, al explotado hay que rescatarlo.

Los NATs no quieren estar en situación prohibitiva, ser perseguidos, ni tampoco recogidos en los operativos. Ellos, como todos los peruanos, quieren vivir dignamente, alimentarse, educarse, recrearse, etc. pero esto no sucederá mientras las políticas sociales y laborales no mejoren la situación de sus familias. Por lo tanto, es ocioso y hasta ofensivo para los NATs decretar erradicación del trabajo infantil sin intervenir sobre la pobreza y la desigualdad.

Bajo esta perspectiva, es comprensible que un niño que trabaja se sienta orgulloso, seguro y empoderado de contribuir a la economía familiar, porque labró la tierra, porque atendió el puestito antes de ir al colegio, o porque hizo carreo (vender y/o cantar en los carros). Mucho más orgullosos se sienten sus padres porque sus hijos no son ajenos a los problemas familiares, por el contrario aportan soluciones, muchas más de las que el Estado ineficiente es capaz de aportar. Una vez más expreso mi respeto y reconocimiento a los niños que trabajan y coreo su lema: “Sí al trabajo digno. No a la explotación”.

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Editorial

Un decreto antilaboral

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El Gobierno publicó el pasado domingo el Decreto Legislativo Nº 1442 que crea la Planilla Única de Pago del Sector Público. La norma ha sido cuestionada porque en la práctica anula las negociaciones colectivas en el ámbito estatal y aunque el ministro de Economía y Finanzas, Carlos Oliva, niega que el Gobierno haya eliminado la figura de la negociación colectiva para los trabajadores estatales, el abogado laboralista Javier Neves Mujica, sostuvo que el DL 1442 representa un acto de inconstitucionalidad.

Ocurre, sin embargo, que el cuestionado decreto legislativo implementa la Planilla Única de Pago del Sector Público, un registro con los ingresos de cada uno de los trabajadores públicos, que se encuentra bajo el ámbito del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), específicamente de la Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos. Además, establece que las entidades del Estado deben cumplir con entregar a sus trabajadores 12 remuneraciones al año, una bonificación por escolaridad, una gratificación por Fiestas Patrias y otra por Navidad (algo que ya se sabe de sobra).

Pero la norma, también, precisa que los montos de gratificaciones y bonificaciones son fijados únicamente por la Ley de Presupuesto del Sector Público. Asimismo, señala que todos –salarios incluidos– deben ser reglamentados mediante decreto supremo del MEF. El artículo 16 obliga a todas las entidades públicas a cumplir con los lineamientos de la Planilla Pública, caso contrario se comunicará a la Contraloría General de la República, detallando el impacto fiscal.

En opinión de expertos, nos encontraríamos ante una flagrante violación de la Constitución y los derechos laborales por parte del Poder Ejecutivo, ante lo cual el Congreso deberá retomar el proyecto consensuado que tiene sobre la materia. En caso contrario, qué razón de ser tendrían los sindicatos. Es necesario, pues, que se corrija cualquier atisbo de colisión con los derechos laborales, consagrados por la Constitución, toda vez que es el Estado el encargado de velar por su cumplimiento.

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Portada 22 setiembre 2018

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Portada 22 setiembre 2018

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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