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Entretelones de una perversa exportación al sur

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En una reciente entrevista telefónica del semanario “Hildebrandt en sus Trece” Nº 368 se me preguntó sobre los posibles acuerdos de exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, en el marco de una integración energética que debiera ser el mandato del siglo XXI entre dos países que han supuestamente solucionado sus problemas limítrofes. Me gustaría ampliar mis declaraciones:

En principio, claramente expuse que no me oponía a la exportación de electricidad hacia Chile, pues técnicamente es mejor apostar por la exportación de valor agregado, por la venta externa de un servicio como la electricidad, antes que exportar gas natural como parece ser el objetivo estratégico de fondo, ante el déficit energético que tiene dicho país.

La integración energética con terceros países debiera ser un objetivo estratégico de nuestro país si se tiene un gran potencial energético, sobre todo hidráulico en especial en la vertiente oriental de los Andes, con millones de metros cúbicos de agua que anualmente se pierden en el Océano Atlántico, de allí que en el 2007 cuando se firmaron acuerdos con el Brasil para la exportación de electricidad a los estados amazónicos del gigante brasileño, expuse mi acuerdo preliminar.

Lamentablemente la gestión del presidente Alan García abortó dicha posibilidad, más la falta de transparencia en los acuerdos para la construcción de una serie de centrales hidráulicas en el año 2007, destacando la central de Inambari entre las hidráulicas por inundación que tendrían que construirse.

A ello debiera agregarse las relaciones asimétricas, desventajosas económicamente para nuestro país, con una falta de consulta a las poblaciones que serían afectadas, hicieron imposible avanzar en la integración con el gigante brasileño, que solamente en un año demandaba un promedio de 6,000 MW de potencia adicional para resolver sus problemas energéticos.

A ello debiera agregarse el perverso y activo interés de la constructora brasileña Odebrecht de participar en este acuerdo preliminar entre los presidentes Lula y García por la integración; ahora ya sabemos las razones de tanto interés, pues se ha destapado la megacorrupción de dicha empresa asociada a una serie de gobiernos.

EXPORTACIÓN CONDICIONADA
En tal contexto expuse mi acuerdo preliminar por la integración energética por medio de la exportación de electricidad hacia Chile, siempre y cuando se satisfagan algunas condiciones, pensando siempre en el interés nacional, en un modelo eléctrico que está haciendo agua y que urgentemente demanda su revisión.

En segundo término, me pregunté si tenía sentido exportar electricidad mientras millones de peruanos de los sectores rurales no cuentan con una cobertura eléctrica, segura, y oportuna. En tal sentido, la electrificación rural es una responsabilidad del Estado para la población del campo que no tienen asegurado el servicio eléctrico, lo cual no deja de ser una vergüenza que debiera solucionarse de cara al bicentenario de nuestra independencia.

Asumiendo que la electrificación rural no constituye un negocio para las empresas privadas por el alto costo de la instalación, los bajos niveles de ingresos y altos niveles de pobreza que impone una tarifa subsidiada, asociados a la alta dispersión de la población campesina, todo ello hace evidente que debiera ser un objetivo de interés público alcanzar niveles de electrificación cercanos al 95% tanto de la población urbana como rural, de allí la importancia de la masificación del gas natural y de la construcción del Gasoducto del Sur, a pesar de todos los problemas.

Por ello, señalé ¿qué sentido tiene exportar electricidad cuando departamentos como Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco, Piura a nivel rural tienen una cobertura eléctrica por debajo del promedio nacional de 75%?

SOBREOFERTA DE MW SUBSIDIADA
En tercer término, sostuve que ante el entrampamiento de las megainversiones en general y no solamente de los grandes proyectos mineros, existe una sobreoferta de capacidad de potencia que no es ficticia como dicen algunos expertos, sino que es real, y se mantendrá más allá del 2021.

Existe una sobreoferta de capacidad de potencia, una reserva que supera el 50% en capacidad de megavatios (MW), es decir hay disponible un potencial de generación que no tiene mercado, pues las inversiones que se hicieron en el pasado en razón de la proyectada demanda de electricidad en especial de los proyectos mineros, no están generando las utilidades esperadas.

En gran parte esta sobrecapacidad de potencia que supera los 6,000 MW ha sido posible gracias a una generosa política de subsidios establecidos en los gobiernos de García y Humala, que en última instancia han sido financiados por los millones de clientes regulados en las tarifas que se tienen que abonar, sobre todo en el rubro de los cargos de transmisión.

Por ello preguntaba el sentido económico de exportar electricidad haciendo uso de esta sobrecapacidad de potencia que si bien es titularidad de las empresas, la misma ha sido financiada por los usuarios, en especial por los clientes regulados. De allí, nuestra preocupación de primero satisfacer el mercado interno y luego exportar.

Luz del Sur y distribución en Perú

PERVERSO LOBBY EXPORTADOR
En cuarto lugar, es verdad, que existe un fuerte lobby donde el estudio Laub&Quijandría tiene un notorio protagonismo. Como que también es verdad que grupos eléctricos como Engie Energía Perú y Enel Generación que operan tanto en el Perú como en Chile están creando la necesidad de la exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, a pesar de la menor rentabilidad que obtienen en dicho país.

Si se adopta como indicador de rentabilidad eléctrica, la tasa de rentabilidad financiera definida como la relación existente entre la utilidad neta entre el patrimonio, cuya cuenta principal es el capital suscrito y pagado, podemos estimar las rentabilidades en ambos países, tal como se expone en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Perú superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas en Chile 2015/ 2016”.

En el caso de Engie Energía Perú, que antes se denominaba Enersur del grupo franco belga Suez Energy con plantas térmicas en Ilo (Moquegua) que operan a carbón y con potencia instalada al sur de Lima, con térmicas que utilizan el gas natural de Camisea, obtenía una tasa de rentabilidad financiera de 20.84% en el 2015 y de 13.83% en el 2016, que resultaban mayores a las tasas obtenidas por sus hermanas del mismo grupo.

Este grupo eléctrico que también opera en Chile, como Engie Energía Chile obtuvo en el 2015 una tasa de rentabilidad financiera del orden de 12.70%, es decir una rentabilidad ocho puntos por debajo que la obtenida en el Perú (20.84%). En tal sentido, por qué estarían altamente interesados en la venta de electricidad desde nuestro país al vecino del sur.

Si fuese posible la integración energética con la exportación de electricidad los grupos económicos interesados como Engie Perú y Engie Chile prácticamente harían negocios en familia, pues lo que sería ingreso para una empresa, sería egreso para su hermana, y todo se saldaría internamente en el grupo económico. ¡Así funciona el sistema y la libertad de mercado eléctrico!

En el mismo sentido, el grupo Enel Generación Perú obtuvo una tasa de rentabilidad financiera de 17.47% en el 2015 y de 8.19% en el 2016, las mismas que resultan superiores a las obtenidas por las empresas hermanas de generación que operan en Chile. Así, Enel Américas tuvo una tasa de rentabilidad financiera de 8.08% en el 2015 y de 7.26% en el 2016

Debe quedar en claro que el contrato de la exportación eléctrica es un negocio “de y para” las empresas privadas que operan tanto en Chile como en el Perú, y la sobrecapacidad de oferta de potencia sería la excusa para justificar dicho negocio, donde el Estado peruano sería el responsable de las inversiones para las líneas de transmisión correspondientes, lo cual sería un subsidio adicional, que en última instancia lo financiaría el sufrido consumidor, como siempre.

DISTRIBUCIÓN RENTABLE
Por último, en este contexto empresas eléctricas de distribución que han aumentado de forma extraordinaria los ingresos, la rentabilidad y fortalecido su patrimonio como Luz del Sur S.A.A. en el período de bonanza de la economía peruana, lideran en las tasas de rentabilidad financiera tanto en el 2015 y 2016, con unas tasas de 22.02 % y 16.34% respectivamente, tal como se muestra en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas En Chile”.

Con la finalidad de mantener y sobre todo incrementar su rentabilidad el grupo Sempra titular y mayor accionista de Luz del Sur S.A.A. está en un acelerado proceso de integración vertical comprometiendo inversiones superiores a los US $ 970 millones de dólares con la finalidad de incrementar la capacidad de potencia en generación, en el reconocido proyecto de Majes Siguas II (Arequipa), con 426 MW adicionales.

Sin embargo, resulta lamentable e injustificado que parte del financiamiento para alcanzar la integración vertical se realice a costa de una explotación laboral que se expresa en abusivos programas de racionamiento de personal, con invitaciones al retiro de más de cien colaboradores, con mínimos incrementos salariales en las negociaciones colectivas. Todo ello a pesar de la contribución del factor trabajo en el crecimiento patrimonial de dicha corporación.

En resumen, las empresas eléctricas que operan en el Perú demandan la venta de electricidad a nuestro vecino del sur, en especial al norte de Chile (Antofagasta), donde se concentra la mayor producción cuprífera del mundo, a pesar que la rentabilidad eléctrica en dicho país sería menor a la que se obtiene en nuestro país.

En el fondo, la integración eléctrica es la excusa, en lo profundo el objetivo estratégico del Estado chileno y las empresa que operan en su economía es una dotación de energía barata y segura, como sería el gas natural de Camisea, pues a pesar de todo, nuestro vecino paga precios de necesidad por el gas natural importado de lejanos mercados y regasificado en sus dos plantas. Esta es la verdad de la milanesa que el gobierno peruano debe resolver preservando el interés nacional antes que los negocios privados.

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Política

Derrochan la plata del pueblo para venganza política

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Bancada de Fuerza Popular fujimoristas

Daniel Salaverry anunció que auditaría las gestiones de Luis Galarreta y Luz Salgado cuando eran presidentes del Congreso. A decir de varios congresistas hay numerosas sorpresas, porque se registra un aumento dispendioso del presupuesto y de trabajadores.

Además, se ha favorecido a personas cercanas a Fuerza Popular o “aportantes”, y se ha contratado a “trabajadores fantasmas” sin que les importe para nada el uso de ese dinero que el pueblo da con el pago de sus impuestos.

Por ejemplo, del presupuesto total S/ 709’777.837 en el 2018, de ese monto, S/ 13’800.000 estuvo destinado a proyectos (obras mínimas) y la mayor parte fue para los gastos corrientes y el pago de planillas: S/ 695’977.837. O sea, una minucia para legislar.

De este último monto, 255 millones de soles se van en prestaciones sociales y otros gastos, mientras que S/ 440’490.516 quedan principalmente para el pago de las planillas del personal actual, además de las llamadas “otras retribuciones”, dice un informe periodístico.

ES SU BOTÍN

“Fuerza Popular ha convertido el Congreso en su botín y no solo ha servido para el movimiento de todo su accionar político. Porque si hablamos de cuando eran 73 congresistas, 7 asesores cada uno multiplique usted”, dijo Wilbert Rozas de Frente Amplio.

Expresó que estamos hablando de un ejército de gente o supuestos “aportantes”, porque en realidad no aportaron nada, más bien los han convertido en cómplices y se manejaba el Congreso como una institución para insultar a los otros congresistas”, dijo.

Denunció que se manejaba a los troles para los fines que todos conocen. Espero que el señor Salaverry, que también fue parte de ellos y conoce por dentro al monstruo, porque ha militado allí, haga que de manera inmediata se conozca la auditoría.

“Ojalá -concluyó-, que no sea un ajuste de cuentas entre ellos, sino que sea una reorganización del Congreso, y exista una verdadera meritocracia tal y como todos lo piden.

SE MALGASTABA LA PLATA

“Bueno, el derroche del presupuesto del Congreso de la República por parte de Fuerza Popular ha sido porque, como han sido mayoría parlamentaria, han hecho lo que han querido”, dijo Gerónimo López, secretario general de la CGTP.

Observó que se ha visto cómo se repartían flores, se compraban computadoras, televisores, entre otras cosas; se gastaba la plata de peruanos en perjuicio de los más pobres del país que exigían atención a sus demandas, denunció.

“Creo que la auditoría que se está haciendo está bien, pero que se ponga en conocimiento de todo el dinero que se ha gastado, es una cantidad inmensa, que incluye a ‘trabajadores fantasmas’, allegados”, precisó.

Continuó afirmando que ellos no han querido legislar a favor del pueblo sino en beneficio propio y también para los grupos de poder económico. Yo creo que los peruanos y peruanas deben estar atentos porque debe haber delitos por el dinero mal usado que se pudo emplear para hacer colegios, hospitales, etc., concluyó Gerónimo López.

AGENCIA DE EMPLEOS

Al Congreso, ha señalado el congresista Hernando Cevallos del Frente Amplio, han ingresado 800 trabajadores en la gestión de Galarreta y Salgado. Lo que pasa es que el Congreso se ha usado como si fuera una agencia de empleos, como una empresa particular por al fujimorismo y sus aliados.

Remarcó que son recursos del Estado, del pueblo peruano. Los trabajadores que ingresen al Congreso, los absolutamente necesarios de acuerdo a su capacitación y al sector donde son más necesarios, como asesorías para las comisiones, deben ingresar no para resolver deudas políticas o agredir a los otros congresistas.

Dijo que no se pueden manejar los recursos del Congreso con esa direccionalidad, para devolver favores a los amigos o usar a los subcontratados como un arma política o contra la oposición.

“Nosotros esperamos que se definan cuáles son las verdaderas necesidades del Congreso, cuánto se ha manejado. Salaverry pueda ser que lo ha hecho como un mea culpa o porque no quiere ser arrastrado por el descrédito”, comentó Cevallos.

Afirmó que en el caso de los trabajadores fantasma no solamente era un asunto de ética sino que había delito. El trabajo administrativo del Congreso es evaluar los currículo, corroborar la validez de ese currículo, de las funciones del trabajador, de su asistencia, para evitar irregularidades.

ALGO MÁS

Hay más de 34 trabajadores con contratos determinados sin que les corresponda. O sea: han contratado personal y les han hecho contratos de tal manera que si son despedidos, pueden hacer un juicio. Porque en verdad se necesitan 5 años para que pasen a planilla. Y lo que se ha hecho es asegurar a algunos fujimoristas o “aportantes”, en lugares claves del Congreso para usarlos a favor de la bancada naranja.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Barata dirá dónde están los 25 millones de dólares

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Jorge Barata

En declaraciones a los fiscales peruanos integrantes del Equipo Lava Jato en Curitiba, Brasil, el exsecretario del Consorcio Conirsa Sergio Nogueira confesó que se pagaron 45 millones de dólares en sobornos por la obtención de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.

Nogueira resaltó que Odebrecht pagó el 70% de esa cantidad y el restante 30% fue aceptado por las socias peruanas: ICCGSA, JJCamet, Graña y Montero.

En el 2017 Barata manifestó que la constructora brasileña le entregó 20 millones de dólares al prófugo expresidente Alejandro Toledo. Respecto a los 25 millones de dólares restantes en coimas, Nogueira señaló que Jorge Barata, quien dará su testimonio en el mes de marzo, es quien conoce al detalle la repartición de la coima.

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Política

Keiko Fujimori declara ante la Fiscalía

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Joaquín Ramírez - Keiko Fujimori

Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, quien cumple 36 meses de prisión preventiva como parte de las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos bajo la modalidad de crimen organizado, declaró ante un fiscal como parte de las pesquisas contra Joaquín Ramírez, exsecretario general del partido naranja.

Ramírez presuntamente habría recibido de Keiko Fujimori la suma de 15 millones de dólares para lavarlos en su negocio de grifos.

Además, el piloto Jesús Vásquez, colaborador del Departamento Antidrogas de Estados Unidos (DEA), señaló ante la Fiscalía que Joaquín Ramírez le dijo que había lavado dinero a pedido de Keiko Fujimori para la campaña presidencial del 2011.

La diligencia a Keiko Fujimori se inició a las 9 de la mañana en el Penal Anexo de Mujeres de Chorrillos, donde se encuentra recluida desde noviembre del 2018.

El fiscal de lavado de activos a cargo de la investigación es Wilson Salazar Reque, quien coordino previamente con el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) para el acondicionamiento del lugar donde se llevaría a cabo la declaración.

No obstante, el encargado de efectuar el interrogatorio fue el fiscal adjunto Jorge García, quien hizo su ingreso al penal a las 9:30 de la mañana.

Se informó también que la abogada de Keiko Fujimori, Giulliana Loza, llegó al Penal Anexo de Mujeres al promediar las 8:30 de la mañana. El viernes 15 de febrero, Joaquín Ramírez declaró ante la Fiscalía de lavado de activos también como parte de esta investigación.

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