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Entretelones de una perversa exportación al sur

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En una reciente entrevista telefónica del semanario “Hildebrandt en sus Trece” Nº 368 se me preguntó sobre los posibles acuerdos de exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, en el marco de una integración energética que debiera ser el mandato del siglo XXI entre dos países que han supuestamente solucionado sus problemas limítrofes. Me gustaría ampliar mis declaraciones:

En principio, claramente expuse que no me oponía a la exportación de electricidad hacia Chile, pues técnicamente es mejor apostar por la exportación de valor agregado, por la venta externa de un servicio como la electricidad, antes que exportar gas natural como parece ser el objetivo estratégico de fondo, ante el déficit energético que tiene dicho país.

La integración energética con terceros países debiera ser un objetivo estratégico de nuestro país si se tiene un gran potencial energético, sobre todo hidráulico en especial en la vertiente oriental de los Andes, con millones de metros cúbicos de agua que anualmente se pierden en el Océano Atlántico, de allí que en el 2007 cuando se firmaron acuerdos con el Brasil para la exportación de electricidad a los estados amazónicos del gigante brasileño, expuse mi acuerdo preliminar.

Lamentablemente la gestión del presidente Alan García abortó dicha posibilidad, más la falta de transparencia en los acuerdos para la construcción de una serie de centrales hidráulicas en el año 2007, destacando la central de Inambari entre las hidráulicas por inundación que tendrían que construirse.

A ello debiera agregarse las relaciones asimétricas, desventajosas económicamente para nuestro país, con una falta de consulta a las poblaciones que serían afectadas, hicieron imposible avanzar en la integración con el gigante brasileño, que solamente en un año demandaba un promedio de 6,000 MW de potencia adicional para resolver sus problemas energéticos.

A ello debiera agregarse el perverso y activo interés de la constructora brasileña Odebrecht de participar en este acuerdo preliminar entre los presidentes Lula y García por la integración; ahora ya sabemos las razones de tanto interés, pues se ha destapado la megacorrupción de dicha empresa asociada a una serie de gobiernos.

EXPORTACIÓN CONDICIONADA
En tal contexto expuse mi acuerdo preliminar por la integración energética por medio de la exportación de electricidad hacia Chile, siempre y cuando se satisfagan algunas condiciones, pensando siempre en el interés nacional, en un modelo eléctrico que está haciendo agua y que urgentemente demanda su revisión.

En segundo término, me pregunté si tenía sentido exportar electricidad mientras millones de peruanos de los sectores rurales no cuentan con una cobertura eléctrica, segura, y oportuna. En tal sentido, la electrificación rural es una responsabilidad del Estado para la población del campo que no tienen asegurado el servicio eléctrico, lo cual no deja de ser una vergüenza que debiera solucionarse de cara al bicentenario de nuestra independencia.

Asumiendo que la electrificación rural no constituye un negocio para las empresas privadas por el alto costo de la instalación, los bajos niveles de ingresos y altos niveles de pobreza que impone una tarifa subsidiada, asociados a la alta dispersión de la población campesina, todo ello hace evidente que debiera ser un objetivo de interés público alcanzar niveles de electrificación cercanos al 95% tanto de la población urbana como rural, de allí la importancia de la masificación del gas natural y de la construcción del Gasoducto del Sur, a pesar de todos los problemas.

Por ello, señalé ¿qué sentido tiene exportar electricidad cuando departamentos como Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco, Piura a nivel rural tienen una cobertura eléctrica por debajo del promedio nacional de 75%?

SOBREOFERTA DE MW SUBSIDIADA
En tercer término, sostuve que ante el entrampamiento de las megainversiones en general y no solamente de los grandes proyectos mineros, existe una sobreoferta de capacidad de potencia que no es ficticia como dicen algunos expertos, sino que es real, y se mantendrá más allá del 2021.

Existe una sobreoferta de capacidad de potencia, una reserva que supera el 50% en capacidad de megavatios (MW), es decir hay disponible un potencial de generación que no tiene mercado, pues las inversiones que se hicieron en el pasado en razón de la proyectada demanda de electricidad en especial de los proyectos mineros, no están generando las utilidades esperadas.

En gran parte esta sobrecapacidad de potencia que supera los 6,000 MW ha sido posible gracias a una generosa política de subsidios establecidos en los gobiernos de García y Humala, que en última instancia han sido financiados por los millones de clientes regulados en las tarifas que se tienen que abonar, sobre todo en el rubro de los cargos de transmisión.

Por ello preguntaba el sentido económico de exportar electricidad haciendo uso de esta sobrecapacidad de potencia que si bien es titularidad de las empresas, la misma ha sido financiada por los usuarios, en especial por los clientes regulados. De allí, nuestra preocupación de primero satisfacer el mercado interno y luego exportar.

Luz del Sur y distribución en Perú

PERVERSO LOBBY EXPORTADOR
En cuarto lugar, es verdad, que existe un fuerte lobby donde el estudio Laub&Quijandría tiene un notorio protagonismo. Como que también es verdad que grupos eléctricos como Engie Energía Perú y Enel Generación que operan tanto en el Perú como en Chile están creando la necesidad de la exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, a pesar de la menor rentabilidad que obtienen en dicho país.

Si se adopta como indicador de rentabilidad eléctrica, la tasa de rentabilidad financiera definida como la relación existente entre la utilidad neta entre el patrimonio, cuya cuenta principal es el capital suscrito y pagado, podemos estimar las rentabilidades en ambos países, tal como se expone en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Perú superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas en Chile 2015/ 2016”.

En el caso de Engie Energía Perú, que antes se denominaba Enersur del grupo franco belga Suez Energy con plantas térmicas en Ilo (Moquegua) que operan a carbón y con potencia instalada al sur de Lima, con térmicas que utilizan el gas natural de Camisea, obtenía una tasa de rentabilidad financiera de 20.84% en el 2015 y de 13.83% en el 2016, que resultaban mayores a las tasas obtenidas por sus hermanas del mismo grupo.

Este grupo eléctrico que también opera en Chile, como Engie Energía Chile obtuvo en el 2015 una tasa de rentabilidad financiera del orden de 12.70%, es decir una rentabilidad ocho puntos por debajo que la obtenida en el Perú (20.84%). En tal sentido, por qué estarían altamente interesados en la venta de electricidad desde nuestro país al vecino del sur.

Si fuese posible la integración energética con la exportación de electricidad los grupos económicos interesados como Engie Perú y Engie Chile prácticamente harían negocios en familia, pues lo que sería ingreso para una empresa, sería egreso para su hermana, y todo se saldaría internamente en el grupo económico. ¡Así funciona el sistema y la libertad de mercado eléctrico!

En el mismo sentido, el grupo Enel Generación Perú obtuvo una tasa de rentabilidad financiera de 17.47% en el 2015 y de 8.19% en el 2016, las mismas que resultan superiores a las obtenidas por las empresas hermanas de generación que operan en Chile. Así, Enel Américas tuvo una tasa de rentabilidad financiera de 8.08% en el 2015 y de 7.26% en el 2016

Debe quedar en claro que el contrato de la exportación eléctrica es un negocio “de y para” las empresas privadas que operan tanto en Chile como en el Perú, y la sobrecapacidad de oferta de potencia sería la excusa para justificar dicho negocio, donde el Estado peruano sería el responsable de las inversiones para las líneas de transmisión correspondientes, lo cual sería un subsidio adicional, que en última instancia lo financiaría el sufrido consumidor, como siempre.

DISTRIBUCIÓN RENTABLE
Por último, en este contexto empresas eléctricas de distribución que han aumentado de forma extraordinaria los ingresos, la rentabilidad y fortalecido su patrimonio como Luz del Sur S.A.A. en el período de bonanza de la economía peruana, lideran en las tasas de rentabilidad financiera tanto en el 2015 y 2016, con unas tasas de 22.02 % y 16.34% respectivamente, tal como se muestra en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas En Chile”.

Con la finalidad de mantener y sobre todo incrementar su rentabilidad el grupo Sempra titular y mayor accionista de Luz del Sur S.A.A. está en un acelerado proceso de integración vertical comprometiendo inversiones superiores a los US $ 970 millones de dólares con la finalidad de incrementar la capacidad de potencia en generación, en el reconocido proyecto de Majes Siguas II (Arequipa), con 426 MW adicionales.

Sin embargo, resulta lamentable e injustificado que parte del financiamiento para alcanzar la integración vertical se realice a costa de una explotación laboral que se expresa en abusivos programas de racionamiento de personal, con invitaciones al retiro de más de cien colaboradores, con mínimos incrementos salariales en las negociaciones colectivas. Todo ello a pesar de la contribución del factor trabajo en el crecimiento patrimonial de dicha corporación.

En resumen, las empresas eléctricas que operan en el Perú demandan la venta de electricidad a nuestro vecino del sur, en especial al norte de Chile (Antofagasta), donde se concentra la mayor producción cuprífera del mundo, a pesar que la rentabilidad eléctrica en dicho país sería menor a la que se obtiene en nuestro país.

En el fondo, la integración eléctrica es la excusa, en lo profundo el objetivo estratégico del Estado chileno y las empresa que operan en su economía es una dotación de energía barata y segura, como sería el gas natural de Camisea, pues a pesar de todo, nuestro vecino paga precios de necesidad por el gas natural importado de lejanos mercados y regasificado en sus dos plantas. Esta es la verdad de la milanesa que el gobierno peruano debe resolver preservando el interés nacional antes que los negocios privados.

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Política

Salaverry favorito en elecciones del Congreso

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Daniel Enrique Salaverry Villa - Luz Salgado Rubianes

Pareciera que Lourdes Alcorta le enmienda la plana a Rosa Bartra (que muere por la presidencia) al decir en una entrevista que se debe dar paso a otros partidos (léase fujitopos o personajes fácilmente manipulables) para que presidan la Mesa Directiva.

Y no estamos equivocados en esta lectura entre líneas si escuchamos los decires y vemos el comportamiento de los integrantes de la mayoría fujimorista que tanto daño le hace al país con su comportamiento de espaldas al pueblo y promoviendo lobies a favor de grandes intereses.

Lo que sucede es que se oponen al retorno de Daniel Salaverry, que es apoyado por votos pluripartidarios, que están contra el fujimorismo, y para ello asumen posturas aparentemente democráticas.

Nada más falso. Porque hoy más que nunca se quieren aferrar al poder congresal y cuentan para ello con los fujitopos y el posible retorno de Kenji y los Avengers, y la salida de Keiko Fujimori, gracias a la intervención de los cuellos blancos, y apelan a jugadas distractivas.

PICOTAZOS DE GALLINAZOS

Para el congresista Hernando Cevallos de Frente Amplio se trata de “picotazos de gallinazos, como dicen en mi tierra (dice riendo); ese tipo de discusiones no tocan el problema de fondo, que Fuerza Popular tiene una presencia absolutamente indeseable dentro y fuera del Congreso”.

“Es absurdo que quieran mantenerse no solo en la presidencia sino integrando de cualquier manera la Mesa Directiva. Así que para nosotros la presencia de Fuerza Popular en una Mesa Directiva, hace inviable cualquier apoyo”, subrayó.

“Yo creo que están inmersos en un debate que surgen de sus propias contradicciones. Algunos son más realistas en el sentido de que interpretan mejor el sentimiento de lo que la gente quiere y otros que siguen pensando que como tienen una mayoría relativa quieren aferrarse a la presidencia”, comentó.

NO TIENEN DIFERENCIAS

“Esa es la contradicción que tienen en la superficie, pero de fondo no tienen contradicciones. Apuestan a seguir manteniendo la verticalidad en el Congreso, las prácticas antidemocráticas”, resaltó.

“Y, sobre todo, en donde no hay diferencias entre Alcorta y Bartra es en impulsar una agenda en el Congreso más cerca de los lobies y de los grupos empresariales, que de las necesidades de la gente, de los trabajadores, de los conflictos ambientales, un desarrollo independiente del país, allí no tienen contradicciones”, concluyó el legislador Cevallos.

Por su parte, el excongresista Juan Pari, presidente de la Comisión Lava Jato del Parlamento (2011-2016), dijo que “por el bien de ellos deberían dejar de practicar lo de siempre en el Congreso. Todos estos años el comportamiento de los niveles de conducción del Legislativo no ha tenido efectos positivos. El Congreso como institución está muy cuestionado”, sentenció.

“Entonces hay que avanzar y darle una mirada más pluripartidaria al Congreso. Esto le haría bien a Fuerza Popular, porque la imagen que se tiene es el de una fuerza política que no está abordando los problemas del país sino que se está beneficiando un solo sector y el Congreso se está debilitando más”, observó.

ESTÁN MOVIENDO SUS PIEZAS

“Ellos están moviendo sus piezas, diseñando el tema. Espero que los congresista en esta última fase, porque les queda tiempo hasta el 2021, se reinventen y rediseñen sus prácticas, porque lamentablemente se nota que no hay democracia interna, que hay mucho sesgo político y mucho manoseo de acuerdo a los intereses y eso no puede seguir ocurriendo”, concluyó Pari.

El analista político Miguel Jugo expresó “que el fujimorismo está en un debate, creo que es cierto eso. Mantiene la Mesa Directiva o se la da a alguien afín a ellos. Eso es un debate bastante intenso el que tienen. Hay sectores que apoyan a Rosa Bartra, que quiere la presidencia del Congreso”.

Dijo que “uno de los allegados a la bancada fujimorista es el congresista Pedro Olaechea para que de alguna manera no aparezcan como están apareciendo. Su postura central será intentar en un primer momento mantener la Mesa Directiva y eso tiene que ver con los votos que puedan recolectar”, subrayó.

NO QUIEREN ARRIESGAR

“Ellos tampoco quieren -agregó- arriesgarse a perder en una votación frente a una mesa multipartidaria. Me parece que lo primero que quieren es frustrar es una mesa pluripartidaria sin ellos y por eso es que están buscando a los Avengers, a Concertación Parlamentaria, a los Contigo y de esa manera mantenerse en la Mesa Directiva”, señaló.

“Están convocando a los fujitopos. Ellos definitivamente saben del poder que les da controlar la Mesa Directiva y quieren recuperarla y poner a una persona bastante afín a ellos para que haga lo que ellos quieren”, puntualizó.

ALGO MÁS

“Yo creo que eso sería el segundo negocio. El primero es -reitero-, frustrar una mesa pluripartidaria, controlar la Mesa Directiva y finalmente seguir como han estado estos años”, concluyó Jugo.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

La Cantuta es una herida abierta

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La Cantuta es una herida abierta

El 18 de julio de 1992, un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación – Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta, fueron secuestrados y asesinados por integrantes del Grupo Colina, quienes posteriormente enterraron los cuerpos en fosas clandestinas. 27 años después, conversamos con Avelino Guillén, el fiscal que en su momento fue responsable de la investigación y la acusación contra el dictador Alberto Fujimori, que hoy cumple prisión por ese y otros delitos.

Avelino Guillén

—Han pasado 27 años desde del crimen de La Cantuta. ¿Sigue siendo el caso más emblemático de violaciones a derechos humanos en el Perú?

—El solo hecho de haber logrado la extradición y el juzgamiento y condena del exdictador Alberto Fujimori constituye un hecho excepcional en la historia del Perú. Si recordamos, en los años 90, Fujimori parecía un personaje invulnerable al cual la ley no alcanzaba a pesar de cargar diversas denuncias por violaciones a derechos humanos.

En consecuencia, este proceso es un hito en la historia jurídica del país y es el hecho más importante de una condena por un crimen de lesa humanidad ejecutado por orden de las máximas autoridades del régimen fujimorista, encabezadas por Fujimori, Vladimiro Montesinos y el general Nicolás Hermoza Ríos.

—¿Recuerda cómo llegó a este caso?

—Yo integro el equipo de fiscales que iba a participar en el megaproceso, y la ventaja que yo tenía era que conocía bastante sobre el funcionamiento de la organización de la red delictiva que empezó a operar en enero de 1991 en el Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Esto, en virtud de que participé en diversos procesos contra jefes y líderes de esa organización. Varios integrantes del fujimorismo fueron sometidos a procesos, y del 2001 al 2007 participé de varios juicios orales, por ello pude conocer la red, sus objetivos y estructura.

—¿Cuán complicado fue realizar las investigaciones considerando el enorme poder de los imputados?

—Fue un esfuerzo extraordinario, una labor de equipo muy grande. Un hecho importante fue obtener las declaraciones de algunos integrantes del destacamento Colina, quienes se acogieron a la colaboración eficaz.

Nosotros analizamos cuál era la naturaleza de las funciones de este órgano de ejecución, el destacamento Colina, y el primer gran debate era si existió o no el destacamento Colina y de quién dependía. Fujimori sostenía que era un grupo descarriado que actuaba por cuenta propia; pero nosotros demostramos que era un órgano de ejecución que seguía planes de inteligencia y dependía de los aparatos de inteligencia durante el régimen de Fujimori.

Nosotros logramos demostrar la existencia de un aparato criminal en el SIN y que entró en funcionamiento en enero de 1991. También demostramos que ese aparato de poder tenía una cadena de mando y un órgano directriz con el triunvirato Fujimori, Montesinos y Hermoza Ríos, y que tenía un órgano de ejecución que efectuaba las operaciones de inteligencia de acuerdo a los planes diseñados por ellos. El destacamento estaba integrado por elementos del ejército en actividad y perpetró otras matanzas a nivel nacional.

—¿El hecho de que las víctimas sean acusadas de terroristas, hizo más complicado formular la acusación?

—La estrategia del fujimorismo fue enlodar y mantener la negación de la verdad. Si me pide una definición en una línea, diría que el juicio fue el triunfo de la verdad. La parte final de la sentencia, en el punto 827, señaló que los agraviados de Barrios Altos y La Cantuta no estaban vinculados a las acciones terroristas de Sendero Luminoso ni integraban esa organización criminal. Sin embargo, como estrategia de defensa, el fujimorismo siempre atribuyó de manera absolutamente falsa la condición de supuestos terroristas a las víctimas, lo cual fue descartado por la corte en su sentencia.

El proceso se inició en diciembre de 2007 y terminó en abril de 2009, una gran batalla jurídica donde la verdad se abrió paso sin atenuantes, y se probó de manera irreprochable y ante diversos observadores nacionales e internacionales, la culpabilidad de Alberto Fujimori.

La Cantuta es una herida abierta

—¿La estigmatización de las víctimas impidieron a la población visibilizar los hechos correctamente?

—Cuando mostramos la estructura de la organización del Grupo Colina, Fujimori adoptó la estrategia de decir que estaba en un proceso por 25 personas cuando él había defendido a 25 millones del terrorismo, entonces cuando se señala que las víctimas estarían vinculadas al terrorismo, una parte de la población se pone una venda en los ojos y pareciera negar los hechos y hasta justificarlos. Pero gracias a los medios de prensa el juicio fue transmitido en su integridad en directo y también hubo sectores informados que pudieron contrastar las argumentaciones formarse una mejor opinión.

—En esta historia, ¿qué tan importante ha sido la lucha emprendida por los familiares de las víctimas?

—Ellos han tenido una actividad heroica muy importante, pues con su presencia permanente en todas las actuaciones judiciales, su persistencia y decisión de salir a decir la verdad, a debatir, a expresar su sufrimiento, han hecho que gran parte de la población se haya sensibilizado con estos graves hechos.

A pocos días de la matanza los familiares presentaron un hábeas corpus contra varios jefes militares, y gracias a eso en algún momento esos jefes dieron declaraciones que más adelante fueron útiles durante el juicio, por una serie de contradicciones en que incurrieron.

Entonces, la importancia de los familiares es vital, no se habría avanzado mucho si no fuera por la entrega absoluta y las expresiones de amor de los familiares por sus hermanos e hijos, exigiendo justicia.

—Habría deuda pendiente por parte del Estado considerando que hay implicados que no han sido procesados judicialmente…

—En el destacamento Colina participaron diversos estamentos del Ejército, y el mismo comandante general Hermoza Ríos ordenó se le brinde facilidades a este destacamento militar en La Cantuta. Así como él, varios jefes militares están comprometidos y pendientes de ser juzgados por el Poder Judicial. Igualmente, no se han encontrado los restos de cinco víctimas. Esas son tareas que hay que llevar adelante.

—¿Se configura delito de encubrimiento al no procesar a algunos de los responsables y al no exigir que confiesen dónde están los cuerpos hoy desaparecidos?

—En estos temas pendientes hay responsabilidad del Poder Judicial. Entiendo que hay una sala especializada en esos temas y esperamos que se programen cuanto antes esas diligencias y que el Ministerio Público continúe trabajando para que se logren hallar los restos de los cuerpos de las cinco víctimas que faltan ubicar. No podemos hablar de justicia si tenemos todavía esta herida abierta, si tenemos cinco cuerpos desaparecidos y sigue pendiente el juzgamiento de los responsables que faltan procesar.

—¿Existe un plazo para que esto ocurra?

—Hay un plazo que debe cumplirse, aunque esta es una respuesta que la tiene que dar el Poder Judicial, deben explicar el porqué hasta ahora no se ha culminado con el juzgamiento de todos los responsables de la matanza de La Cantuta. Esto sigue pendiente y es uno de los pasivos del Poder Judicial.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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Política

Toledo y Karp podrían buscar asilo para evitar extradición

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Alejandro Toledo Manrique y Eliane Karp

Si la justicia norteamericana le concede libertad bajo fianza, Alejandro Toledo podría buscar cobijarse en alguna embajada para evitar la extradición al Perú, pero esa sería una jugada muy torpe, advirtió Yván Montoya, exjefe de la Unidad de Extradiciones de la Procuraduría Ad hoc.

Fue al comentar la situación de Toledo Manrique -investigado por recibir 20 millones de dólares por parte de Odebrecht por la adjudicación de la Carretera Interoceánica- quien fue arrestado en Estados Unidos y presentado ante el juez de primera instancia Thomas S. Hixson en la corte de San Francisco, en el norte de California.

“Podría ocurrir que pueda intentar ganar tiempo de esa manera y cobijarse en alguna embajada. Sería una jugada torpe de su parte, pero podría ocurrir, con lo cual ya sería una perturbación -digamos- a la garantía de aseguramiento que el gobierno norteamericano tiene en este momento con respecto a él, para poder asegurar que la decisión eventual de extraditarlo se pueda efectivizar”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

KARP TAMBIÉN

El exintegrante de la Procuraduría no descartó que Eliane Karp corra la misma suerte que Alejandro Toledo y que intente también asilarse en alguna embajada o viajar hacia Israel.

“Creo que es inevitable el pedido hacia ella, pero yo creo que en este momento debe estar pensando, no sé si volar hacia Israel o en cobijarse en alguna embajada para protegerse. La política de Israel es no conceder la extradición de sus nacionales y se complica un poco el panorama”, anotó.

“Por eso mismo, las medidas deben pensarse rápidamente en este momento respecto a ella también”, argumentó.

Cabe indicar que el coordinador del Equipo Especial Lava Jato del Ministerio Público, Rafael Vela, informó que el pedido para la extradición de la ex primera dama Eliane Karp por el caso Ecoteva se encuentra en trámite.

Karp está en calidad de acusada en el caso Ecoteva, por el cual la Fiscalía solicitó una condena de 16 años y 8 meses, el pago de una reparación civil de 15 millones de soles y su extradición.

PODRÍA ESGRIMIR QUE LO PERSIGUEN

“Mi preocupación es que en pleno proceso de extradición, el expresidente Alejandro Toledo pueda esgrimir como argumento que está siendo un perseguido dos veces por un mismo delito y que hay una vulneración de sus derechos”, advirtió Montoya.

“Hay que tener un poco de cuidado para lo que viene respecto al proceso de extradición de Toledo. Él tiene dos procesos: el de Ecoteva y Odebrecht. El cuaderno que se envió en julio del año pasado, en el 2018, es el de Odebrecht y tiene ver con sobre todo el delito fuente, de todos los sobornos y la imputación del lavado, pero existe el de Ecoteva. Son dos procesos que al final tienen nexos comunes, y en buena cuenta el caso Odebrecht termina o debería terminar en Ecoteva por su propia naturaleza”, dijo en el programa No hay Derecho de Ideeleradio.

“Mi preocupación está en que, en pleno proceso, él esgrima como argumento que está siendo perseguido por dos procesos judiciales, que aquí hay un abuso, y una vulneración de sus derechos y que eso es el reflejo de la persecución sobre él”, anotó.

PERSECUCIÓN

“La detención de Alejandro Toledo es una noticia esperanzadora y significa dos cosas. La primera: que la Fiscalía -al tomar la decisión de solicitar al juez federal esta detención para iniciar el proceso judicial de extradición- implica que efectivamente encuentra una causa probable, una causa razonable para que al final un juez conceda la extradición”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“Y segundo: este pedido encarna que en el ente fiscal y judicial no habría un contexto de persecución política que desnaturalice o que tenga en mente la posibilidad de que sea posteriormente cuestionado como una forma de persecución política”, subrayó

ALGO MÁS

“En el caso de Fujimori, también empezó con una detención en una dependencia militar, pero luego fue progresivamente modulada la medida y hubo una detención domiciliaria, una orden de arraigo para no salir en el país hasta que se determine el proceso de extradición”, recordó Yván Montoya.

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