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Entretelones de una perversa exportación al sur

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En una reciente entrevista telefónica del semanario “Hildebrandt en sus Trece” Nº 368 se me preguntó sobre los posibles acuerdos de exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, en el marco de una integración energética que debiera ser el mandato del siglo XXI entre dos países que han supuestamente solucionado sus problemas limítrofes. Me gustaría ampliar mis declaraciones:

En principio, claramente expuse que no me oponía a la exportación de electricidad hacia Chile, pues técnicamente es mejor apostar por la exportación de valor agregado, por la venta externa de un servicio como la electricidad, antes que exportar gas natural como parece ser el objetivo estratégico de fondo, ante el déficit energético que tiene dicho país.

La integración energética con terceros países debiera ser un objetivo estratégico de nuestro país si se tiene un gran potencial energético, sobre todo hidráulico en especial en la vertiente oriental de los Andes, con millones de metros cúbicos de agua que anualmente se pierden en el Océano Atlántico, de allí que en el 2007 cuando se firmaron acuerdos con el Brasil para la exportación de electricidad a los estados amazónicos del gigante brasileño, expuse mi acuerdo preliminar.

Lamentablemente la gestión del presidente Alan García abortó dicha posibilidad, más la falta de transparencia en los acuerdos para la construcción de una serie de centrales hidráulicas en el año 2007, destacando la central de Inambari entre las hidráulicas por inundación que tendrían que construirse.

A ello debiera agregarse las relaciones asimétricas, desventajosas económicamente para nuestro país, con una falta de consulta a las poblaciones que serían afectadas, hicieron imposible avanzar en la integración con el gigante brasileño, que solamente en un año demandaba un promedio de 6,000 MW de potencia adicional para resolver sus problemas energéticos.

A ello debiera agregarse el perverso y activo interés de la constructora brasileña Odebrecht de participar en este acuerdo preliminar entre los presidentes Lula y García por la integración; ahora ya sabemos las razones de tanto interés, pues se ha destapado la megacorrupción de dicha empresa asociada a una serie de gobiernos.

EXPORTACIÓN CONDICIONADA
En tal contexto expuse mi acuerdo preliminar por la integración energética por medio de la exportación de electricidad hacia Chile, siempre y cuando se satisfagan algunas condiciones, pensando siempre en el interés nacional, en un modelo eléctrico que está haciendo agua y que urgentemente demanda su revisión.

En segundo término, me pregunté si tenía sentido exportar electricidad mientras millones de peruanos de los sectores rurales no cuentan con una cobertura eléctrica, segura, y oportuna. En tal sentido, la electrificación rural es una responsabilidad del Estado para la población del campo que no tienen asegurado el servicio eléctrico, lo cual no deja de ser una vergüenza que debiera solucionarse de cara al bicentenario de nuestra independencia.

Asumiendo que la electrificación rural no constituye un negocio para las empresas privadas por el alto costo de la instalación, los bajos niveles de ingresos y altos niveles de pobreza que impone una tarifa subsidiada, asociados a la alta dispersión de la población campesina, todo ello hace evidente que debiera ser un objetivo de interés público alcanzar niveles de electrificación cercanos al 95% tanto de la población urbana como rural, de allí la importancia de la masificación del gas natural y de la construcción del Gasoducto del Sur, a pesar de todos los problemas.

Por ello, señalé ¿qué sentido tiene exportar electricidad cuando departamentos como Cajamarca, Huancavelica, Ayacucho, Puno, Cusco, Piura a nivel rural tienen una cobertura eléctrica por debajo del promedio nacional de 75%?

SOBREOFERTA DE MW SUBSIDIADA
En tercer término, sostuve que ante el entrampamiento de las megainversiones en general y no solamente de los grandes proyectos mineros, existe una sobreoferta de capacidad de potencia que no es ficticia como dicen algunos expertos, sino que es real, y se mantendrá más allá del 2021.

Existe una sobreoferta de capacidad de potencia, una reserva que supera el 50% en capacidad de megavatios (MW), es decir hay disponible un potencial de generación que no tiene mercado, pues las inversiones que se hicieron en el pasado en razón de la proyectada demanda de electricidad en especial de los proyectos mineros, no están generando las utilidades esperadas.

En gran parte esta sobrecapacidad de potencia que supera los 6,000 MW ha sido posible gracias a una generosa política de subsidios establecidos en los gobiernos de García y Humala, que en última instancia han sido financiados por los millones de clientes regulados en las tarifas que se tienen que abonar, sobre todo en el rubro de los cargos de transmisión.

Por ello preguntaba el sentido económico de exportar electricidad haciendo uso de esta sobrecapacidad de potencia que si bien es titularidad de las empresas, la misma ha sido financiada por los usuarios, en especial por los clientes regulados. De allí, nuestra preocupación de primero satisfacer el mercado interno y luego exportar.

Luz del Sur y distribución en Perú

PERVERSO LOBBY EXPORTADOR
En cuarto lugar, es verdad, que existe un fuerte lobby donde el estudio Laub&Quijandría tiene un notorio protagonismo. Como que también es verdad que grupos eléctricos como Engie Energía Perú y Enel Generación que operan tanto en el Perú como en Chile están creando la necesidad de la exportación de electricidad hacia nuestro vecino del sur, a pesar de la menor rentabilidad que obtienen en dicho país.

Si se adopta como indicador de rentabilidad eléctrica, la tasa de rentabilidad financiera definida como la relación existente entre la utilidad neta entre el patrimonio, cuya cuenta principal es el capital suscrito y pagado, podemos estimar las rentabilidades en ambos países, tal como se expone en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Perú superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas en Chile 2015/ 2016”.

En el caso de Engie Energía Perú, que antes se denominaba Enersur del grupo franco belga Suez Energy con plantas térmicas en Ilo (Moquegua) que operan a carbón y con potencia instalada al sur de Lima, con térmicas que utilizan el gas natural de Camisea, obtenía una tasa de rentabilidad financiera de 20.84% en el 2015 y de 13.83% en el 2016, que resultaban mayores a las tasas obtenidas por sus hermanas del mismo grupo.

Este grupo eléctrico que también opera en Chile, como Engie Energía Chile obtuvo en el 2015 una tasa de rentabilidad financiera del orden de 12.70%, es decir una rentabilidad ocho puntos por debajo que la obtenida en el Perú (20.84%). En tal sentido, por qué estarían altamente interesados en la venta de electricidad desde nuestro país al vecino del sur.

Si fuese posible la integración energética con la exportación de electricidad los grupos económicos interesados como Engie Perú y Engie Chile prácticamente harían negocios en familia, pues lo que sería ingreso para una empresa, sería egreso para su hermana, y todo se saldaría internamente en el grupo económico. ¡Así funciona el sistema y la libertad de mercado eléctrico!

En el mismo sentido, el grupo Enel Generación Perú obtuvo una tasa de rentabilidad financiera de 17.47% en el 2015 y de 8.19% en el 2016, las mismas que resultan superiores a las obtenidas por las empresas hermanas de generación que operan en Chile. Así, Enel Américas tuvo una tasa de rentabilidad financiera de 8.08% en el 2015 y de 7.26% en el 2016

Debe quedar en claro que el contrato de la exportación eléctrica es un negocio “de y para” las empresas privadas que operan tanto en Chile como en el Perú, y la sobrecapacidad de oferta de potencia sería la excusa para justificar dicho negocio, donde el Estado peruano sería el responsable de las inversiones para las líneas de transmisión correspondientes, lo cual sería un subsidio adicional, que en última instancia lo financiaría el sufrido consumidor, como siempre.

DISTRIBUCIÓN RENTABLE
Por último, en este contexto empresas eléctricas de distribución que han aumentado de forma extraordinaria los ingresos, la rentabilidad y fortalecido su patrimonio como Luz del Sur S.A.A. en el período de bonanza de la economía peruana, lideran en las tasas de rentabilidad financiera tanto en el 2015 y 2016, con unas tasas de 22.02 % y 16.34% respectivamente, tal como se muestra en el cuadro “Luz del Sur y Enel Distribución Superan las Tasas de Rentabilidad Financiera de las Empresas Eléctricas En Chile”.

Con la finalidad de mantener y sobre todo incrementar su rentabilidad el grupo Sempra titular y mayor accionista de Luz del Sur S.A.A. está en un acelerado proceso de integración vertical comprometiendo inversiones superiores a los US $ 970 millones de dólares con la finalidad de incrementar la capacidad de potencia en generación, en el reconocido proyecto de Majes Siguas II (Arequipa), con 426 MW adicionales.

Sin embargo, resulta lamentable e injustificado que parte del financiamiento para alcanzar la integración vertical se realice a costa de una explotación laboral que se expresa en abusivos programas de racionamiento de personal, con invitaciones al retiro de más de cien colaboradores, con mínimos incrementos salariales en las negociaciones colectivas. Todo ello a pesar de la contribución del factor trabajo en el crecimiento patrimonial de dicha corporación.

En resumen, las empresas eléctricas que operan en el Perú demandan la venta de electricidad a nuestro vecino del sur, en especial al norte de Chile (Antofagasta), donde se concentra la mayor producción cuprífera del mundo, a pesar que la rentabilidad eléctrica en dicho país sería menor a la que se obtiene en nuestro país.

En el fondo, la integración eléctrica es la excusa, en lo profundo el objetivo estratégico del Estado chileno y las empresa que operan en su economía es una dotación de energía barata y segura, como sería el gas natural de Camisea, pues a pesar de todo, nuestro vecino paga precios de necesidad por el gas natural importado de lejanos mercados y regasificado en sus dos plantas. Esta es la verdad de la milanesa que el gobierno peruano debe resolver preservando el interés nacional antes que los negocios privados.

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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en

Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

Publicado

en

Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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