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Entre la soberanía energética patriótica y el entreguismo lobista

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Hidrocarburos refinería petróleo

Como integrante del grupo de trabajo “Revisión y seguimiento a la normatividad del Subsector Hidrocarburos” de la Comisión de Energía y Minas, habiendo formulado anteriormente un dictamen en minoría, y tras el nuevo debate abierto con los documentos del Poder Ejecutivo y de los respectivos ministerios, formulo estas observaciones y propuestas temáticas sustantivas en la materia en consulta.

Desafío energético nacional y plan estratégico 2020-2050

La ley debe declarar de interés, urgencia y necesidad nacional, elaborar el Plan Nacional Energético Estratégico 2020-2050. Para su elaboración el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, debe constituir una Comisión Nacional de Soberanía Energética, integrada bajo la responsabilidad compartida del ministro de Energía y Minas, el presidente de Petroperú, y el Colegio Nacional de Ingenieros del Perú, encargada de adoptar las medidas necesarias para su formulación a fin de elaborarlo y entregarlo a los poderes del Estado en julio del 2020.

La política integral debe permitir resolver positivamente el desafío del Perú en materia energética, en condiciones de soberanía, seguridad, acuerdo nacional, usos públicos, abastecimiento, productividad, diversificación productiva, participación privada, y desarrollo sostenible de la Patria. Requerimos un Plan Nacional Energético, basado en la soberanía del Perú, disponiendo la Patria de la decisión sobre los recursos, y en la sostenibilidad para su adecuado uso y aprovechamiento integral. Y es fundamental la afirmación de Petróleos del Perú, como empresa estratégica nacional.

La refinería de Petroperú en Talara debe entrar en operación el 2021.

Declárase de necesidad y urgencia nacional se concluya el 2021, por la empresa Petroperú, la construcción y puesta en operación de la nueva Refinería de Talara, que permitirá combustibles limpios, baratos, y productos derivados, tales como fertilizantes, así como beneficios al desarrollo de los territorios donde activa (Talara, Piura y el norte peruano, así como en la amazonia y en el sur peruano), garantizando el patrimonio público de la Nación.

Es de necesidad nacional la integración vertical de Petroperú, uniendo la refinería y otras actividades en el sector con las operaciones de extracción petrolera, incluyendo hacerse cargo de lotes petroleros, en la costa, sierra y en la amazonia, pudiendo Petroperú convocar socios empresariales para este fin, sin perder la respectiva mayoría accionaria.

Los lotes petroleros cuyos plazos de contrato con empresas privadas vencen, y los que están en situación de abandono, en la costa y en la amazonia, serán asumidos por Petroperú. Petroperú podrá también convocar a socios privados, nacionales e internacionales, para operar en conjunto los lotes.

La actual propuesta del Poder Ejecutivo mantiene los privilegios a inversionistas actuales lobistas: Frontera Energy (Lote 192), Graña y Montero (I,VI,VII), Sapet (V), Savia (Z-2B), Maple Gas (31B, 31D), Aguaytia Energy (31C), CNPC Perú (X), Pluspetrol (8) y Petrolera Monterrico (II) que podrían seguir como propietarios de parte o partes del lote hasta 10 años más, luego de concluido el plazo de sus contratos y para ellos no se les exige carta fianza alguna.

Debe cumplirse el mandato de la ley 30357 que entrega el lote 192 a Petroperú, afianzando la refinería de Talara.

Al no garantizarse que el Lote 192 pase a Petroperú como manda la Ley 30357, se afecta y alista la privatización de Petroperú, incluyendo la Refinería de Talara.

Reforzar y modernizar el oleoducto norperuano de Petroperú, incluyendo acuerdos con Ecuador para transportar el petróleo de sus pozos.

Petroperú cuenta con el Oleoducto Norperuano, el que debe ser reforzado y modernizado, para abastecerse de petróleo, existente en la costa y en la amazonia (lote 192 de Petroperú y otros). Incluye el avance de acuerdos con Ecuador para transportar el petróleo de sus pozos en la amazonia.

Hidrocarburos refinería petróleo

Construir el gasoducto sur peruano y desarrollar la industria petroquímica nacional.

Tenemos la ampliación de nuestras reservas de gas natural, especialmente en el sur andino amazónico, con las que se puede y debe masificar el uso del gas natural a nivel domiciliario, con las redes de conexión respectivas. Se declara de prioridad nacional construir el gasoducto surperuano, existiendo los tubos adquiridos y depositados en un trazo (Cusco-Ilo) que debe ser evaluado, (incluyendo sus ramales regionales, como la planta de fraccionamiento en Kepashiato y la planta de fertilizantes de Anta en el Cusco) y desarrollar la industria petroquímica nacional (fertilizantes y otros derivados), claves para la industria, la agricultura y el conocimiento científico técnico.

Recuperar para el Perú los derechos y recursos millonarios regalados en el contrato lobista de exportación del gas de Camisea a México, sobre el cual el nuevo presidente de México, López Obrador, ha aceptado renegociarlo.

Establecer con el gobierno de México un acuerdo a nivel de estados de Perú-México, para resolver el 2019, y a favor del Perú, el leonino contrato de exportación del gas de Camisea, recuperando para el Perú los derechos y recursos, afirmados por los organismos internacionales respectivos (CIADI).

Impulso decisivo al incremento de fuentes de energía sostenibles: eólica, solar e hídrica.

Impulsar como obligatorio el incremento sostenido de fuentes de energía eólica, solar, hídrica, las que permitirán un adecuado uso diversificado de las fuentes de generación de energía, para las diversas actividades, indispensable para la vida y el desarrollo, en condiciones sostenibles con la naturaleza, la producción nacional y el medio ambiente. Establecer que la minería debe generar sus fuentes propias de energía sostenibles, sea energía hidroeléctrica, solar o eólica.

Aplicar una adecuada política de protección ambiental y de las poblaciones de las zonas con recursos energéticos.

Se vulnera los controles ambientales y relaja los requisitos para el cuidado ambiental en la actividad de hidrocarburos con la vulneración de las normas ambientales como la Ley 27466 de Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley del 29325 de Fiscalización Ambiental. No se consulta a los órganos especializados como OEFA, SERFOR y ANA. Y se hace imposible la aplicación de la cláusula de terminación de contrato por incumplimiento de normas ambientales.

Se autoriza e impone el uso de las destructivas tecnologías de Fracturación Hidráulica (Fracking) para extraer petróleo en el mar, en la costa y en la amazonia, pese a que está comprobado su carácter fuertemente destructivo y altamente contaminante, devastando los suelos y los mares, así como la vida vegetal y animal, por lo que ha sido prohibido en muchos países del mundo. Incluso se pretende otorgar grandes beneficios en regalías, retribuciones y condiciones económicas y técnicas favorables para esta forma de explotación de recursos.

Se pretende beneficiar a un grupo lobista de empresas contratistas que pronto vencerá el plazo de sus contratos.

Este proyecto les permitirá la ampliación del plazo de sus contratos hasta por 30 años con más beneficios de los que ya tienen. Estas empresas son aquellas que dentro de 7 años culminará su plazo de vigencia: Graña y Montero, Sapet, Savia Perú, Maple, Aguaytía, CNPC, Pluspetrol Norte SA, Petrolera Monterrico, todas ellas se verían beneficiadas con el manejo aproximado de 16 mil millones de dólares.

La pretensión de regalías del 5%, dejarán sin presupuesto, por canon y regalías, a los gobiernos regionales, municipalidades y universidades.

Bajarán drásticamente los ingresos presupuestales, y por tanto se afectará gravemente a las poblaciones del país al no poder financiar sus obras, principalmente a las poblaciones pobres.

Los daños ambientales de las empresas contratistas lo pagaremos todos los peruanos.

Se permite que los contratistas burlen sus responsabilidades de remediación ambiental, ya que se les exonera de estos gastos, los que serán asumidos por los fondos públicos, como el Fondo de Contingencia para Remediación ambiental permitiendo grandes beneficios a las contratistas contaminadoras.

Se van a imponer nuevas y más grandes exoneraciones tributarias a las contratistas.

La lista de bienes importados exentos del pago de tributos de importación se actualiza y/o amplía de oficio a solicitud de las contratistas, en perjuicio del erario nacional. Las prórrogas se otorgarán con la garantía de estabilidad tributaria, negando al Perú la posibilidad de obtener sus rentas estratégicas, incluso en el tiempo de grandes sobreganancias.

Contratistas se adueñan de los territorios en la amazonia a partir del manejo del suelo del interior de los lotes en la amazonia, violando los derechos de las comunidades.

El proyecto de ley no hace referencia a la consulta previa, las responsabilidades de su implementación, así como tampoco se refiere al Convenio 169 de la OIT que son las garantías de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, y debe precisarse los mecanismos de participación y consulta previa de acuerdo a ley y la OIT, con su carácter obligatorio y con resultados de cumplimiento.

Debe definirse adecuadamente las competencias y funciones de Perupetro.

Crea inconstitucionalmente una agencia nacional de promoción de hidrocarburos que es un superministerio de privatización de nuestros hidrocarburíferos. Este organismo inconstitucional, actúa con facultades propias irrogadas aparte y encima de las entidades competentes del Poder Ejecutivo. Asume competencias del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio del Ambiente. Se le autoriza a entregar privatizando nuestros recursos naturales, anulando y quitando la soberanía de los peruanos sobre ellos.

Debilita la labor de supervisión y fiscalización de Osinergmin y facilita la evasión tributaria.

Al recortarle sus facultades y limitarla solo a fiscalizar en materia de seguridad de la infraestructura e instalaciones implementadas de las contratistas.

Se propone un fondo social diminuto que se maneja a libre albedrío por la empresa. Planteamos que este deba ser un fondo estatal para las comunidades, quienes concertarán con el Estado los planes de desarrollo.

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Política

Celulares de AG contienen la verdad

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Alan García Pérez

El 17 de noviembre de 2018, cuando se le dicta impedimento de salida del país, fueron los días más lóbregos en la vida de Alan García. Movió todos sus hilos y contactos, e hizo declaraciones que golpearon al gobierno de turno.

En medio de esos manotazos de ahogado, urdió un plan para huir del país: solicitó asilo en la residencia del embajador de Uruguay, pero el intento no le dio resultado, porque se le denegó el pedido.

El gobierno uruguayo consideró que no había persecución contra el político acusado de corrupción. Alan García, desesperado, porque el cerco se le cerraba, mostraba un rostro donde se perfilaba la sombra de la muerte.

El 17 de abril de 2019, cuando fueron a allanar su casa, en un momento sube al segundo piso y, tras breves segundos, se escucha un disparo: Alan García se había suicidado, sus acusaciones prescribieron pero sus celulares señalaban a quienes estaban involucrados en sus hechos de corrupción.

LOS CELULARES SON IMPORTANTES

Más allá del respeto por los deudos del presidente Alan García, de lo que se trata es de llegar a la verdad. Y esto lo afirma al abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL). El letrado hace hincapié en que los celulares están incautados y que servirán, no solo para acusar a Alan García, que con su muerte sus delitos prescribieron, sino para identificar con quiénes tuvo contacto.

“Cuando el juez la denegó los celulares a José Domingo Pérez, le dijo algo importante:

que esos ya están en condición de incautados por el fiscal que entró en ese momento en casa del exmandatario”, expresó.

“Lógicamente -agregó-, lo que tendría que hacer José Domingo Pérez es pedir que esos celulares pasen a su investigación. Pero más allá de eso, la importancia de los aparatos celulares es de relativo interés porque no se estaría investigando a Alan García, porque una vez muerta la persona no se le puede investigar, hay un grupo de personas vinculadas a él, entre ellos sus familiares”.

CRUCE DE LLAMADAS

En este punto, el letrado hace hincapié en que sus familiares y su segunda esposa son sospechosos de lavado de activos y por lo tanto “esos celulares van a servir para dar mayores luces sobre las comunicaciones que tuvo Alan García con determinadas personas”.

“Esas personas pueden ser miembros de su partido, su segunda pareja para hacer cualquier tipo de transacciones. Es decir, hay una pluralidad de personas, por lo cual, el fiscal José Domingo Pérez va a tener en esos celulares una herramienta importante para el equipo Lava Jato”, expresó.

“Lo que van a hacer es el cruce de llamadas, el tráfico de mensajes, van a tener que aperturar los aparatos para ver la importancia de los mensajes que han quedado grabados hasta el día de la muerte de Alan García. Esa perennización de llamadas de Alan García, que frenéticamente hizo antes de morir, va a ser importante, porque se va a establecer que se ha comunicado con gente de su partido, con Atala y el señor Nava, con su exesposa y qué llamadas hizo a otros países, todo eso tiene que ver el operador de la línea de Alan García y que tiene que dar a conocer”, precisó.

El jurista dijo que a pesar de lo que dice su abogado, su esposa no puede hacer nada, “porque la investigación no es contra Alan García, que ya está muerto. Lo que se ha incautado a partir de su muerte y es relevante para la investigación de otros, si va a ser muy importante”, concluyó el abogado Quispe.

QUE SEPA LA VERDAD

Por su parte, el excongresista Juan Pari, y expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso (2011-2016), manifestó que en la investigación está pendiente en lo que respecta a otros personajes que están vinculados.

Por lo tanto, “los celulares tienen una información importante con respecto a las llamadas que Alan García realizó con respecto a los casos por los cuales era investigado”.

Pari comentó que es muy importante, no solo para llegar a la verdad, sino para saber con quienes se relacionó, quiénes se prestaban para las cosas de que se le acusaban, “no para investigar a Alan García que ya murió sino para identificarse a los personajes con lo que se relacionó.

Es importante que se sepa la verdad y para ello no hay vuelta que darle”, concluyó el excongresista Juan Pari.

LA TECNOLOGÍA SERÁ LA CLAVE

En este mismo sentido se expresó al abogado Luis Purizaga, Coordinador de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien dijo que es fundamental “seguir el registro de llamadas, de mensajes; dada la tecnología que se tiene, es el mecanismo más efectivo para poder encontrar y enriquecer las investigaciones, al saberse con quién se comunicaba, alguna red.”.

“También hay otro mecanismo:

el levantamiento del secreto de las comunicaciones y eso se puede llevar a cabo aún sin tener los celulares. Hay un registro que tienen todas las empresas de comunicaciones y eso sería muy importante”, sostuvo.

Después reflexionó y dijo que esas medidas tendrían sentido si se trata de averiguar cosas importantes para la investigación. “Yo presumo que hay cierto tipo de informaciones que se puede conseguir en las empresas de comunicaciones”.

ALGO MÁS

“Hay cierto tipo de información que no se pierde. La idea es obtener todo lo que sea posible, al margen de tener el aparato o no tenerlo”, concluyó el abogado de Justicia Viva.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Bolivia. El odio al indio

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Bolivia. El odio al indio

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios.

Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman «collas», que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que «hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz.

Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota.

La OEA habló de «elecciones limpias » pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba.

Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides.

Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares.

Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo, ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas.

Bolivia. El odio al indio

Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008.

Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial.

No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional.

Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial.

Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral? Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media», medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales.

Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes.

Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

 

ALVARO GARCÍA LINERA
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. | http://www.la-epoca.com.bo

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Política

El retorno de la obstrucción

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Rosa Bartra - Marcha Chávez - Mauricio Mulder

Las próximas elecciones parlamentarias a desarrollarse el 26 de enero del 2020 podrían llevar nuevamente al Congreso a un importante número de excongresistas disueltos. Acaso motivados por la demora en el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la prohibición de la reelección congresal, diversos partidos políticos se apuraron en anunciar la postulación de exparlamentarios desprestigiados por su accionar en el último Congreso.

Ya habilitados finalmente por el JNE, algunos actores políticos como Mauricio Mulder, Rosa Bartra o Yeni Vilcatoma no dan indicio alguno de sentirse afectados por el amplio rechazo de la población. Por el contrario, sus candidaturas parecen logradas siguiendo la consigna de que el fin justifica los medios.

En el caso del excongresista aprista, a pesar de quedar relegado en las votaciones internas del Apra, diversas fuentes han afirmado que él mismo decidió postular ocupando el primer lugar de la lista. Y no solo eso, pues al no contar con los votos para ser elegido como candidato, fue incluido como “invitado” a la lista congresal. Esto motivó que el exparlamentario Jorge del Castillo critique su inclusión, recalcando que un militante del partido con casi 20 años como congresista, no puede ser considerado un “invitado”.

En el caso de las excongresistas fujimoristas Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros, fueron incluidas en la lista de Solidaridad Nacional, partido que además lleva en su lista al líder del grupo violento denominado “La Resistencia”, Juan José Muñico, quien ha sido denunciado por difamación por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Las postulaciones de las fujimoristas en el partido de Luis Castañeda han generado críticas en tanto Rosa Bartra recomendó denunciar por presunta corrupción al exalcalde de Lima en su informe final de la Comisión Lava Jato.

Además, diversos analistas han advertido que este “camuflaje” de los fujimoristas en otros partidos políticos responde a una estrategia de postular bajo diferentes organizaciones para tener mayores opciones de volver al Congreso.

En sintonía con esta estrategia electoral postulan, a través de Vamos Perú, los excongresistas Maritza García y Luis Yika, así como el fundador de esta organización, Juan Sotomayor. Cabe indicar que Sotomayor ha sido vinculado al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” hasta el 2018 tenía 90 investigaciones fiscales en su contra.

Otro sector de aliados al fujimorismo que busca un lugar en el Congreso es el vinculado al movimiento “Con mis hijos no te metas”. En el partido Avanza País, la lista congresal lleva como candidata número uno a la abogada Beatriz Mejía, quien es opositora a las políticas de enfoque de género.

En tanto, los excongresistas acusados de ser “fujitopos”, Juan Sheput, Salvador Heresi y Gilbert Violeta, intentarán reelegirse bajo la inscripción de Contigo.

Todo esto, sin mencionar la propuesta de Fuerza Popular para “renovar” la política en el Congreso, de la mano de los rostros más duros de la dictadura fujimorista. Entre ellos, la excongresista Martha Chávez y el exministro de Salud Víctor Paredes Guerra, quien en el 2001 fue acusado de haber permitido que el dictador reparta medicamentos a las comunidades campesinas con fines proselitistas.

LA AGENDA DE SIEMPRE

Si la estrategia del fujimorismo y sus aliados comprende dispersar las candidaturas bajo diferentes organizaciones políticas, la propuesta de agenda parlamentaria para el nuevo Congreso resulta ser prácticamente la misma que se ha conocido al disuelto Parlamento.

Entre lo anunciado por los representantes del fujimorismo, se advierte un deseo de venganza política. Martha Chávez ya adelantó el 4 de noviembre que “Fuerza Popular sale a defender el orden constitucional sin que esto pueda identificarse como reconocer algún atisbo ni una pizca de legitimidad o constitucionalidad en las decisiones que ha tomado el señor Vizcarra desde el 30 de setiembre en adelante”.

Estas declaraciones guardan relación con las versiones, negadas ante medios, de que el fujimorismo planea la vacancia del presidente Vizcarra una vez que se vuelva a posicionar en el Legislativo. Al respecto, es necesario recordar que Mauricio Mulder ya impulsó anteriormente esta medida, y tras la disolución del Congreso señaló que candidatos como Juan Sheput y Salvador Heresi “ven con simpatía” la posibilidad de la vacancia presidencial.

Por otro lado, el candidato aprista José Pimentel Aliaga afirmó en Twitter que las facultades de la Sunedu “afectan autonomía universitaria y derechos de miles de alumnos”. Además, calificó de “burócrata” al presidente Vizcarra y lo acusó de “poner fin al proyecto de vida de miles de jóvenes y familias”, en referencia a las sanciones contra las universidades “bamba” que la Sunedu viene fiscalizando.

Por su parte, el cuestionado candidato aprista Mijael Garrido Lecca, quien ha sido desmentido por el Ministerio de Defensa respecto a sus falsas afirmaciones de ostentar el grado de capitán del Ejército y de comandar un pelotón en el Vraem, señaló que uno de sus propósitos en el próximo Congreso es “defender el capítulo económico” de la Constitución de 1993.

Finalmente, la defensa del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no podía quedar fuera del menú fujimorista para el próximo parlamento. Entre los candidatos de Fuerza Popular van el excongresista Mario Mantilla, quien en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ejerció una férrea defensa del funcionario vinculado a los “Cuellos Blancos, y Carlos Mesía, exmilitante aprista y expresidente del Tribunal Constitucional. Mesía, además, ha sido abogado de Chávarry y defensor a ultranza de la posición fujimorista en la demanda competencial ante el TC.

JNE SE EQUIVOCÓ

El escenario propiciado por la decisión del JNE ha motivado los cuestionamientos de diversos analistas, entre ellos, el especialista en derecho electoral César Castiglioni, quien consideró que la convocatoria a elecciones tras la disolución del Congreso debió implicar también la renovación total de todos sus integrantes.

Según Castiglioni, el ente electoral hizo una interpretación “restringida y equivocada de las normas” para llegar a esta conclusión, y además no se tomó en cuenta el sentir de la población.

El especialista indicó que la norma que debió invocarse para este proceso electoral es el artículo 84 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual precisa claramente que, una vez disuelto el Legislativo, la convocatoria a comicios es para la renovación total de esa institución.

“Si se cerró el Congreso no es solo por negar la confianza a dos gabinetes, sino también porque la población requiere de un cambio de Parlamento, ya que no quería a estas personas en el Congreso”, concluyó.

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