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Entre la soberanía energética patriótica y el entreguismo lobista

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Hidrocarburos refinería petróleo

Como integrante del grupo de trabajo “Revisión y seguimiento a la normatividad del Subsector Hidrocarburos” de la Comisión de Energía y Minas, habiendo formulado anteriormente un dictamen en minoría, y tras el nuevo debate abierto con los documentos del Poder Ejecutivo y de los respectivos ministerios, formulo estas observaciones y propuestas temáticas sustantivas en la materia en consulta.

Desafío energético nacional y plan estratégico 2020-2050

La ley debe declarar de interés, urgencia y necesidad nacional, elaborar el Plan Nacional Energético Estratégico 2020-2050. Para su elaboración el Presidente de la República, con acuerdo del Consejo de Ministros, debe constituir una Comisión Nacional de Soberanía Energética, integrada bajo la responsabilidad compartida del ministro de Energía y Minas, el presidente de Petroperú, y el Colegio Nacional de Ingenieros del Perú, encargada de adoptar las medidas necesarias para su formulación a fin de elaborarlo y entregarlo a los poderes del Estado en julio del 2020.

La política integral debe permitir resolver positivamente el desafío del Perú en materia energética, en condiciones de soberanía, seguridad, acuerdo nacional, usos públicos, abastecimiento, productividad, diversificación productiva, participación privada, y desarrollo sostenible de la Patria. Requerimos un Plan Nacional Energético, basado en la soberanía del Perú, disponiendo la Patria de la decisión sobre los recursos, y en la sostenibilidad para su adecuado uso y aprovechamiento integral. Y es fundamental la afirmación de Petróleos del Perú, como empresa estratégica nacional.

La refinería de Petroperú en Talara debe entrar en operación el 2021.

Declárase de necesidad y urgencia nacional se concluya el 2021, por la empresa Petroperú, la construcción y puesta en operación de la nueva Refinería de Talara, que permitirá combustibles limpios, baratos, y productos derivados, tales como fertilizantes, así como beneficios al desarrollo de los territorios donde activa (Talara, Piura y el norte peruano, así como en la amazonia y en el sur peruano), garantizando el patrimonio público de la Nación.

Es de necesidad nacional la integración vertical de Petroperú, uniendo la refinería y otras actividades en el sector con las operaciones de extracción petrolera, incluyendo hacerse cargo de lotes petroleros, en la costa, sierra y en la amazonia, pudiendo Petroperú convocar socios empresariales para este fin, sin perder la respectiva mayoría accionaria.

Los lotes petroleros cuyos plazos de contrato con empresas privadas vencen, y los que están en situación de abandono, en la costa y en la amazonia, serán asumidos por Petroperú. Petroperú podrá también convocar a socios privados, nacionales e internacionales, para operar en conjunto los lotes.

La actual propuesta del Poder Ejecutivo mantiene los privilegios a inversionistas actuales lobistas: Frontera Energy (Lote 192), Graña y Montero (I,VI,VII), Sapet (V), Savia (Z-2B), Maple Gas (31B, 31D), Aguaytia Energy (31C), CNPC Perú (X), Pluspetrol (8) y Petrolera Monterrico (II) que podrían seguir como propietarios de parte o partes del lote hasta 10 años más, luego de concluido el plazo de sus contratos y para ellos no se les exige carta fianza alguna.

Debe cumplirse el mandato de la ley 30357 que entrega el lote 192 a Petroperú, afianzando la refinería de Talara.

Al no garantizarse que el Lote 192 pase a Petroperú como manda la Ley 30357, se afecta y alista la privatización de Petroperú, incluyendo la Refinería de Talara.

Reforzar y modernizar el oleoducto norperuano de Petroperú, incluyendo acuerdos con Ecuador para transportar el petróleo de sus pozos.

Petroperú cuenta con el Oleoducto Norperuano, el que debe ser reforzado y modernizado, para abastecerse de petróleo, existente en la costa y en la amazonia (lote 192 de Petroperú y otros). Incluye el avance de acuerdos con Ecuador para transportar el petróleo de sus pozos en la amazonia.

Hidrocarburos refinería petróleo

Construir el gasoducto sur peruano y desarrollar la industria petroquímica nacional.

Tenemos la ampliación de nuestras reservas de gas natural, especialmente en el sur andino amazónico, con las que se puede y debe masificar el uso del gas natural a nivel domiciliario, con las redes de conexión respectivas. Se declara de prioridad nacional construir el gasoducto surperuano, existiendo los tubos adquiridos y depositados en un trazo (Cusco-Ilo) que debe ser evaluado, (incluyendo sus ramales regionales, como la planta de fraccionamiento en Kepashiato y la planta de fertilizantes de Anta en el Cusco) y desarrollar la industria petroquímica nacional (fertilizantes y otros derivados), claves para la industria, la agricultura y el conocimiento científico técnico.

Recuperar para el Perú los derechos y recursos millonarios regalados en el contrato lobista de exportación del gas de Camisea a México, sobre el cual el nuevo presidente de México, López Obrador, ha aceptado renegociarlo.

Establecer con el gobierno de México un acuerdo a nivel de estados de Perú-México, para resolver el 2019, y a favor del Perú, el leonino contrato de exportación del gas de Camisea, recuperando para el Perú los derechos y recursos, afirmados por los organismos internacionales respectivos (CIADI).

Impulso decisivo al incremento de fuentes de energía sostenibles: eólica, solar e hídrica.

Impulsar como obligatorio el incremento sostenido de fuentes de energía eólica, solar, hídrica, las que permitirán un adecuado uso diversificado de las fuentes de generación de energía, para las diversas actividades, indispensable para la vida y el desarrollo, en condiciones sostenibles con la naturaleza, la producción nacional y el medio ambiente. Establecer que la minería debe generar sus fuentes propias de energía sostenibles, sea energía hidroeléctrica, solar o eólica.

Aplicar una adecuada política de protección ambiental y de las poblaciones de las zonas con recursos energéticos.

Se vulnera los controles ambientales y relaja los requisitos para el cuidado ambiental en la actividad de hidrocarburos con la vulneración de las normas ambientales como la Ley 27466 de Evaluación del Impacto Ambiental, la Ley del 29325 de Fiscalización Ambiental. No se consulta a los órganos especializados como OEFA, SERFOR y ANA. Y se hace imposible la aplicación de la cláusula de terminación de contrato por incumplimiento de normas ambientales.

Se autoriza e impone el uso de las destructivas tecnologías de Fracturación Hidráulica (Fracking) para extraer petróleo en el mar, en la costa y en la amazonia, pese a que está comprobado su carácter fuertemente destructivo y altamente contaminante, devastando los suelos y los mares, así como la vida vegetal y animal, por lo que ha sido prohibido en muchos países del mundo. Incluso se pretende otorgar grandes beneficios en regalías, retribuciones y condiciones económicas y técnicas favorables para esta forma de explotación de recursos.

Se pretende beneficiar a un grupo lobista de empresas contratistas que pronto vencerá el plazo de sus contratos.

Este proyecto les permitirá la ampliación del plazo de sus contratos hasta por 30 años con más beneficios de los que ya tienen. Estas empresas son aquellas que dentro de 7 años culminará su plazo de vigencia: Graña y Montero, Sapet, Savia Perú, Maple, Aguaytía, CNPC, Pluspetrol Norte SA, Petrolera Monterrico, todas ellas se verían beneficiadas con el manejo aproximado de 16 mil millones de dólares.

La pretensión de regalías del 5%, dejarán sin presupuesto, por canon y regalías, a los gobiernos regionales, municipalidades y universidades.

Bajarán drásticamente los ingresos presupuestales, y por tanto se afectará gravemente a las poblaciones del país al no poder financiar sus obras, principalmente a las poblaciones pobres.

Los daños ambientales de las empresas contratistas lo pagaremos todos los peruanos.

Se permite que los contratistas burlen sus responsabilidades de remediación ambiental, ya que se les exonera de estos gastos, los que serán asumidos por los fondos públicos, como el Fondo de Contingencia para Remediación ambiental permitiendo grandes beneficios a las contratistas contaminadoras.

Se van a imponer nuevas y más grandes exoneraciones tributarias a las contratistas.

La lista de bienes importados exentos del pago de tributos de importación se actualiza y/o amplía de oficio a solicitud de las contratistas, en perjuicio del erario nacional. Las prórrogas se otorgarán con la garantía de estabilidad tributaria, negando al Perú la posibilidad de obtener sus rentas estratégicas, incluso en el tiempo de grandes sobreganancias.

Contratistas se adueñan de los territorios en la amazonia a partir del manejo del suelo del interior de los lotes en la amazonia, violando los derechos de las comunidades.

El proyecto de ley no hace referencia a la consulta previa, las responsabilidades de su implementación, así como tampoco se refiere al Convenio 169 de la OIT que son las garantías de los derechos de los pueblos indígenas y originarios, y debe precisarse los mecanismos de participación y consulta previa de acuerdo a ley y la OIT, con su carácter obligatorio y con resultados de cumplimiento.

Debe definirse adecuadamente las competencias y funciones de Perupetro.

Crea inconstitucionalmente una agencia nacional de promoción de hidrocarburos que es un superministerio de privatización de nuestros hidrocarburíferos. Este organismo inconstitucional, actúa con facultades propias irrogadas aparte y encima de las entidades competentes del Poder Ejecutivo. Asume competencias del Ministerio de Energía y Minas, de la Presidencia del Consejo de Ministros y del Ministerio del Ambiente. Se le autoriza a entregar privatizando nuestros recursos naturales, anulando y quitando la soberanía de los peruanos sobre ellos.

Debilita la labor de supervisión y fiscalización de Osinergmin y facilita la evasión tributaria.

Al recortarle sus facultades y limitarla solo a fiscalizar en materia de seguridad de la infraestructura e instalaciones implementadas de las contratistas.

Se propone un fondo social diminuto que se maneja a libre albedrío por la empresa. Planteamos que este deba ser un fondo estatal para las comunidades, quienes concertarán con el Estado los planes de desarrollo.

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Política

6 millones de soles para limpiar a AG y Keiko

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Comisión Lava Jato del Congreso - Rosa María Bartra Barriga

Bastaron tres días de debate y dos de sustentación para que el Pleno del Congreso aprobara el pasado 9 de noviembre, el informe final de la Comisión Lava Jato que dirigía la fujimorista Rosa Bartra. Ayer revelaron que los peruanos no pagaron 4 millones de soles, sino más de 6 millones de soles para mantener un grupo de trabajo que no incluyó en actos de corrupción al expresidente Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori. Consultados por Diario UNO coincidieron en que el fujimorismo apeló desde un inicio al blindaje.

INFORME ABSURDO

El congresista del Frente Amplio, Hernando Cevallos afirmó que el encubrimiento inútil y grotesco a Alan García y Keiko Fujimori les costó a los peruanos seis millones de soles.

“Seis millones de soles costó el encubrimiento a García y Keiko. Eso nos costó a los peruanos que un grupo de congresistas intentaran blindar a García y Keiko de manera inútil y grotesca, ya que los acontecimientos terminaron por demostrar que era un absurdo el informe de la comisión”, explicó.

SIN ALTURA HISTÓRICA

Por otro lado, su colega de bancada, Humberto Morales, sostuvo que el informe de la Comisión Lava Jato no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país.

“La Comisión Lava Jato, finalmente presentó un informe que no estuvo a la altura histórica que ameritaba el país”, adujo.

NO ERAN 4 SINO 6 MILLONES

Según un informe del Congreso, la Comisión Lava Jato, dirigida por la fujimorista Rosa Bartra, gastó 6 millones 448 mil 157.06 soles, y no los 4 millones 096 mil 450 soles que informaron hace varios meses.

El monto real salió de una revisión mes por mes y finalmente, el grupo de trabajo presidido por Bartra e integrado por Karina Beteta (Fuerza Popular), Gilbert Violeta (Peruanos por el Kambio), Mauricio Mulder (APRA) y Víctor Andrés García Belaúnde (Acción Popular) incluyeron como denunciados a los expresidentes Alejandro Toledo, Ollanta Humala y Pedro Pablo Kuczynski pero no a Alan García ni a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

Tras sostener que el informe “ni siquiera dio respuesta al acometido histórico que en ese momento recibíamos como responsabilidad por parte del Congreso”, Morales aseguró que en los últimos seis meses de funcionamiento de la comisión se notó claramente que los documentos que tenían no contenía información que comprometía a García y Keiko Fujimori.

NADA CON AG

En abril de este año, la Comisión Lava Jato fue centro de la crítica, luego que Miguel Atala, exdirectivo de Petroperú, confesara que fue testaferro del exmandatario Alan García. El grupo de trabajo no incluyó en su informe al exlíder aprista, quien se suicidó para evadir una orden de detención preliminar en su contra.

Al respecto, Hernando Cevallos aseguró: “Las declaraciones de Atala fue el golpe final a un informe que tenía todo el descrédito. Se puso en ridículo a la Comisión Lava Jato”.

¡QUÉ BRAVO!

El documento demuestra que entre mayo y diciembre de 2017, la Comisión Lava Jato tuvo en planilla a 45 colaboradores, pagando 2 millones 453 mil 215 soles. Solo en esos meses el asesor Henry Vidal Palomino, quien también es militante de Fuerza Popular, fue el mejor pagado con 134 mil 792.92 soles.

En el 2018, el grupo de trabajo contó con 46 colaboradores, a quienes pagó en general 3 millones 840 mil 048.92 soles, siendo el abogado Roque Bravo Basaldúa el mejor pagado, con 267 mil 624.95 soles. En total, hasta diciembre la Comisión Lava Jato le costó al Perú 6 millones 293 mil 264,13 soles. Sin embargo, para este 2019 se arrastró una deuda de 154 mil 892.93 soles por conceptos de pagos por liquidación de beneficios sociales de seis colaboradores.

Tras sostener que la Comisión Lava Jato fue diseñada para blindar al expresidente García y a Keiko Fujimori, Cevallos afirmó que “intencionalmente avanzaron con investigar hechos que ya se conocían y que la Fiscalía estaba en plenas investigaciones”.

Asimismo, advirtió: “Mientras tanto operaban dentro del sistema de justicia con Pedro Chávarry y César Hinostroza”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Fiscal Ávalos pone en su sitio a fujimorista Segura

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Zoraida Ávalos

Ante las afirmaciones del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, César Segura, quien dijo que la denuncia contra el extitular del Ministerio Público, Pedro Chávarry, será analizada por orden de llegada y no podrá volver a verse hasta el siguiente periodo anual de sesiones (en agosto), la Fiscal de la Nación aclaró al legislador fujimorista que no está supeditada a los calendarios del Congreso. Consultados por Diario UNO coinciden en que la Fiscal de la Nación hizo bien en confrontar al congresista.

SALUDA EMPLAZAMIENTO

El congresista de Nuevo Perú, Alberto Quintanilla, saludó la posición tomada por la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al emplazar al congresista fujimorista, César Segura, quien pretende demorar el tratamiento de la denuncia a Pedro Chávarry.

“Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”, señaló a Diario UNO.

Sobre esto, afirmó: “Me parece una buena posición de la Fiscal de la Nación al defender un tema que está dentro de sus fueros y emplazar al presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por pretender demorar el tratamiento de la denuncia”.

Tras insistir que la posición de César Segura “es la posición de Fuerza Popular”, que es, a su entender, la protección a la corrupción y el rechazo a resolver los problemas de corrupción en el país, Quintanilla dijo parecerle inadmisible las declaraciones del congresista fujimorista, ya que la presentación de nuevas pruebas deben ser prioritarias.

RESPONSABLE DE DENUNCIA

La congresista de Alianza para el Progreso, Gloria Montenegro, aseguró que la fiscal Zoraida Ávalos es responsable de la denuncia al exfiscal Pedro Chávarry y que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que su institución encuentra.

“La Fiscal de la Nación tiene toda la responsabilidad sobre el caso de la denuncia a Chávarry y me parece que la presentación de esta denuncia va acorde con las evidencias que ella encuentra en su institución”, sostuvo a Diario UNO.

Asimismo, indicó: “Siendo la cabeza del Ministerio Público, la fiscal Ávalos tiene toda la autoridad para confrontar al congresista Segura”.

Finalmente, la congresista dijo que en base a lo que se tiene de pruebas, en el Congreso se debe dar una debida respuesta “a un caso tan importante y que lamentablemente viene siendo postergado”.

SIN CALENDARIO

La fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, señaló no estar supeditada a los calendarios del Congreso, debido a que la denuncia constitucional que presentó contra el exfiscal Pedro Chávarry se analizará por orden de llegada, es decir, se vería en la siguiente legislatura.

“En primer lugar, yo represento a un organismo constitucionalmente autónomo. Yo soy autónoma, yo hago una investigación y terminando esa investigación tengo dos caminos: o archivo o formulo la denuncia; y no estoy supeditada a los calendarios del Congreso. En segundo lugar, no son los mismos hechos, el tema que se archivó fue un hecho, nosotros estamos presentando otros hechos más”, afirmó.

La fiscal de la Nación presentó una denuncia constitucional contra Pedro Chávarry, por la irrupción a la oficina que fue lacrada por el fiscal José Domingo Pérez, en el marco de la investigación que se seguía contra la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Luego de cuatro meses de investigación estamos presentando una denuncia ante el Congreso por delito de encubrimiento personal agravado en grado de tentativa, por encubrimiento real; y el último delito es el de atentado a la conservación y de identidad de objeto. Hemos presentado una denuncia que tiene más de 2 mil folios”, explicó.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa

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PNP agrede a manifestantes de Construcción Civil en Arequipa con perdigones

Otra vez los manifestantes de Construcción Civil en Arequipa fueron agredidos por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP), mientras protestaban exigiendo la reposición de trabajadores. El incidente se produjo en la mañana de ayer y dejó un saldo de aproximadamente 21 heridos, algunos de gravedad.

Los hechos de violencia iniciaron luego de que los manifestantes intentaran bloquear la avenida Kennedy, frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa. En esas circunstancias, la policía reprimió lanzando bombas lacrimógenas y disparando perdigones que impactaron en los obreros.

Juan Alberto Calle López, exsecretario de Defensa de Construcción Civil – Arequipa, indicó que el sindicato de obreros exige la reposición de los trabajadores despedidos de las obras del colegio Maritza Campos y Cuatro Carriles, entre otras. “Pero hay una intransigencia de parte del gobierno regional en no solucionar. El señor Fernando Arenas no ata ni desata en el Gobierno, hemos pedido el retiro de este señor como funcionario”, señaló.

Calle López también se quejó por el ataque desmedido de la Unidad de Servicios Especiales (USE) de la PNP. “Hemos sido atacados por la Policía sin motivo, la protesta es un derecho constitucional y nos han reprimido. Tenemos 30 heridos, nos han disparado al cuerpo y a la cabeza, un compañero está a punto de perder el ojo, hay dos enyesados y heridos porque nos han disparado con perdigones y bombas lacrimógenas”.

Además indicó que no es el primer episodio de violencia que sufren, pues llevan más de 10 días de protestas. “Ya desde el viernes pasado hemos sido atacados, yo mismo he sido agredido”.

De otro lado, apuntó que parte de los reclamos están orientados a que los puestos laborales sean para arequipeños. “Estos señores Málaga no respetan los derechos laborales, traen gente de Lima y dejan a la gente de Arequipa afuera”.

Sobre la empresa constructora Málaga, Calle López cuestionó que tuviera hasta ocho obras otorgadas por el Gobierno Regional de Arequipa. “Tienen las obras del colegio Maritza Campos, el penal de Socabaya y Cuatro Carriles, parece el nuevo Odebrecht”, dijo, a la vez que solicitó la participación de la Contraloría a fin de investigar las supuestas preferencias del gobierno local con la referida empresa constructora.

Finalmente, Calle López indicó que formalizarán las denuncias por las agresiones recibidas por parte de la Policía, y que el día lunes los manifestantes se volverán a concentrar frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa para exigir la destitución del funcionario Arenas, y se dirigió al presidente del gobierno regional, Elmer Llica. “Si Llica quiere guerra, guerra va a tener, es un traicionero que antes pidió nuestro apoyo y luego nos da la espalda”.

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