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El tema de las devoluciones

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El presidente Martín Vizcarra acaba de declarar que una “mayor recaudación no necesariamente se alcanzará con mayores impuestos”. En gran medida tiene razón. Por ese motivo, el presidente y su equipo económico, debería comenzar a revisar algunos temas que son la causa de la falta de recursos en las arcas del Estado y del forado que se sigue abriendo entre ingresos y egresos.

Al lado de la evasión, elusión, las exoneraciones y los diferentes beneficios tributarios, se le debería prestar mucha atención a un tema cada vez más relevante y que no puede seguir pasando desapercibido: el de las devoluciones fiscales.

Vamos por partes para entender la verdadera dimensión del problema.

¿Qué son las devoluciones fiscales?

Se entiende por devolución fiscal al acto por el cual la Hacienda Pública de un país transfiere -devuelve- a una persona natural o jurídica una cantidad de recursos inicialmente recaudados. Para que se produzca una devolución fiscal es necesario el previo reconocimiento por la Administración Tributaria del derecho a percibirla; para lo cual se tiene que haber establecido un exceso de pago del contribuyente.

Las devoluciones fiscales se clasifican en: (a) regulares u ordinarias, aquellas que forman parte del procedimiento normal de recaudación de los tributos que puede producir un pago anticipado excesivo frente a la carga tributaria que corresponde pagar; (b) irregulares o extraordinarias, aquellas que son resultado de procedimientos excepcionales de revisión.

En el Perú destacan los siguientes tipos de devoluciones por orden de importancia: devoluciones por exportación (en los últimos años representan casi un 60% del total); pagos indebidos o en exceso; recuperación anticipada de IGV; restitución arancelaria (draw back); régimen de percepciones y retenciones del IGV y otros. (Gráfico 1)

¿Qué ha estado pasando en los últimos años?

Como se puede apreciar en el gráfico 2, las devoluciones se han disparado en los últimos años, sobre todo a partir del año 2015, en el contexto del fin del súper ciclo de precios de las materias primas. El año pasado han alcanzado la cifra récord de 16,268 millones de soles, lo que significa un incremento de casi el 60%, solo en el período 2014-2017.

En el total de devoluciones, destacan las del sector minero (30% del total): entre el 2015 y 2017, las devoluciones a empresas mineras pasaron de 2,385 millones de soles a 6,144 millones de soles, lo que representa un incremento de casi un 40% (Gráfico 3).

Este incremento significativo de las devoluciones, en particular las que benefician a las mineras, viene afectando considerablemente los niveles de recaudación. Como se puede apreciar en los gráficos 4 y 5, la recaudación neta del sector minero se volvió negativa el año 2015, lo que significa que el Estado peruano comenzó a devolverle a las empresas mineras más dinero de lo que éstas pagaban por el Impuesto a la Renta que grava sus utilidades y el IGV. Esta situación continuó el año 2016 y recién el año pasado la recaudación minera superó las devoluciones; aunque por un monto muy pequeño (apenas 845 millones de soles1), si se lo compara con el total de devoluciones.

¿Qué hacer?

Una pregunta clave es qué hacer frente a este hecho gravísimo que viene minando la capacidad recaudatoria de nuestro Estado. Aparte de hacer visible el problema y reconocer la gravedad del mismo, debería quedar claramente establecido que para ningún país es posible mantener por mucho tiempo una situación como la descrita.

¿Qué pistas se deberían explorar? Revisar las experiencias de otros países sobre este tema y recoger opiniones de organismos como la OCDE, que ha venido planteando propuestas importantes relacionadas con el tema tributario.

Otro tema a revisar y/o limitar es el poder discrecional que tienen las empresas para optar por el mecanismo de devoluciones. En la práctica se ha observado que cuando las empresas incrementan sus utilidades y por lo tanto aumenta el Impuesto a la Renta a pagar, aplican las devoluciones contra el pago de este impuesto, con lo cual disminuye el Impuesto a la Renta efectivamente pagado. Pero cuando las utilidades disminuyen y es menor el Impuesto a la Renta a pagar, las mineras optan por pedir que se les devuelva de manera efectiva.

Como se ha comprobado, esto lleva a una curiosa situación: en términos netos, el Estado termina subsidiando a las empresas, pues el monto devuelto termina superando el Impuesto a la Renta recaudado por la Sunat.

Se debería apuntar a que bajo ningún concepto los aportes tributarios de los sectores sean negativos. Cuando ello ocurre se debe establecer un mecanismo que permita postergar estas devoluciones hasta que la situación fiscal del país mejore.

En estos momentos, cuánto bien le haría al país, por ejemplo, postergar estas devoluciones hasta que la situación fiscal se recupere y que el Estado capture, por los menos, una parte de ese enorme forado que representan en la actualidad las devoluciones.

¿Los sectores que se benefician de estas devoluciones estarían dispuestos a postergar estos beneficios? Hay que abrir cuanto antes el debate sobre un tema tan importante: el Ejecutivo y el Congreso de la República tienen la palabra.

_______________

1 El principal tipo de devolución en el Perú es el saldo a favor del exportador, con casi 60% del total de devoluciones y su evolución está influida por los propios cambios en la actividad exportadora. Es decir, un aumento en las exportaciones (incluido el sector minero) tendería a aumentar automáticamente este tipo de devoluciones. El saldo a favor del exportador está regido por la Ley del Impuesto General a las Ventas, la cual señala en su artículo 34: “El monto del Impuesto que hubiere sido consignado en los comprobantes de pago correspondientes a las adquisiciones de bienes, servicios, contratos de construcción y las pólizas de importación, dará derecho a un saldo a favor del exportador conforme lo disponga el Reglamento”.

José De Echave y César Flores

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Política

El empresario más poderoso financió a Keiko Fujimori

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Reunión en la sala del SIN con Vladimiro Montesinos

Dionisio Romero Paoletti, presidente del directorio de Credicorp Ltd., reveló ayer, ante el fiscal José Domingo Pérez del Equipo Especial Lava Jato, que le entregó 3 millones 650 mil dólares en efectivo a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, para financiar su campaña presidencial en el año 2011.

En una carta dirigida a su equipo de colaboradores, Romero señala que en sus declaraciones de la mañana de ayer informó a la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones por ese monto a la campaña de Fujimori.

Dice que lo hizo ese año, 2011, porque “el régimen de Venezuela, encabezado entonces por Hugo Chávez, desplegaba millonarios esfuerzos por expandir el nefasto chavismo en toda América Latina. Y el Perú se había vuelto un objeto crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La gran transformación’”.

Y este comportamiento financista se corrobora el martes 22 de junio de 1999, cuando el patriarca de la dinastía Dionisio Romero Seminario se reunió, muy paciente y obsequioso, en la salita del Servicio de Inteligencia (SIN), con Vladimiro Montesinos, el gemelo de Alberto Fujimori.

Desde la dictadura de los 90 hasta la fecha, los Fujimori han tenido operadores como Jaime Yoshiyama, expremier; José Chlimper, exministro de Agricultura; y Silva Checa, muy cercano a Montesinos. Los cuales hoy también son piezas claves para Keiko Fujimori y Fuerza Popular.

FUJIMORI-ROMERO: ESTRECHA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político, no tiene que hacer mucho esfuerzo para retrotraerse, como en un calidoscopio, a esa época de los 90, porque fue un testigo excepcional como principal asesor del expresidente Valentín Paniagua, que piloteó la transición después de la caída del fujimorismo.

“Siempre se ha sabido que los Romero, en este caso el padre, estuvo muy vinculado al poder, con la dictadura de los noventa. Y esto ocurrió dentro de la lógica de Alberto Fujimori, que tenía dos problemas acuciantes: el económico y la violencia”, recordó.

No hay que olvidar que el soporte de la dictadura de Fujimori fueron cuatro pilares, según los analistas de esa época:La coalición que sirvió de soporte al gobierno de Fujimori estuvo integrada por cuatro actores: “Las Fuerzas Armadas, los sectores conservadores de la Iglesia católica, las elites empresariales y los organismos internacionales”.

Dionisio Romero Paoletti

Dionisio Romero Paoletti confesó financiamiento a la hija del dictador.

HAN COPADO EL ESTADO

En lo referente a los empresarios, Adrianzén recuerda muy bien el papel de los Romero. “Si se revisan los famosos vladivideos, veremos cuán estrecha era la relación de la dictadura con Dionisio Romero, de cómo pactaban, por ejemplo el precio de trigo para beneficiar a sus empresas que iban monopolizando poco a poco el mercado”.

Después manifiesta que es evidente que han copado los partidos para justamente capturar el Estado, “y sus intentos no han cesado hasta hoy, financiando a Keiko con el pretexto de frenar al chavismo. Creo que la pregunta debe ser ¿quién corrompe a quién? Yo pienso que los empresarios, porque quieren asegurar sus ganancias”.

“Ellos financian a los partidos, pensando que alguno de ellos llegará al poder. De ese modo garantizan que no van a perder, venga quien venga. De allí la habilidad de los empresarios, como los Romero, para penetrar los partidos políticos, moverse en los altos niveles y capturar el Estado”, refirió.

“Esto se ha visto desde la dictadura de Alberto Fujimori hasta su hija Keiko, pasando por todos los gobiernos de turno; eso no es una novedad. Y para ello son hábiles, para acercarse a las cúpulas y llevar a cabo sus planes de enriquecimiento”, concluyó Adrianzén.

SON EMPRESARIOS MERCANTILISTAS

Uno de los testigos cercanos del catastrófico primer gobierno de Alan García hasta la férrea dictadura de Alberto Fujimori, fue el actual excongresista Alberto Quintanilla, a la sazón diputado por Izquierda Unida (IU).

“Los grandes empresarios -afirma- siempre han estado con los gobiernos de derecha. Hay una relación bastante cercana entre ellos, porque coincidían en querer capturar el Estado para hacer negocios. Ellos no eran neoliberales, eran mercantilistas”.

“Lo que querían era capturar el Estado para hacer negocios. Su concepción es que el Estado es un apéndice de sus negocios e intereses, eso siempre ha sido así. La declaración de Dionisio Romero significa eso, que no dan puntada sin hilo en la defensa de sus intereses”, concluye Quintanilla.

Y lo que afirma Quintanilla concuerda con las afirmaciones de Francisco Durand, que escribióel libro “Los Romero”, donde afirma: “Dionisio el viejo entra en las esferas del poder político. Primero, en los setenta y ochenta, lo hace personalmente en directorios y consejos consultivos, y luego, desde los noventa, aunque sigue tratando con presidentes y ministros cara a cara, comienza a apoyarse en gestores, lobistas, abogados, amigos, consultores”.

 

Fèlix Grijalba Sato

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Política

Equipo Lava Jato debería tener respaldo del Ministerio Público

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Equipo Lava Jato

Tiene que haber un apoyo de la propia institución a los miembros del Equipo Especial Lava Jato, sostuvo el escritor y periodista, Álvaro Vargas Llosa, tras considerar que el respaldo no solo debe provenir de la población, sino de parte de la propia Junta de Fiscales Supremos.

“No es el respaldo popular el que tendría que sostener la actividad de estos fiscales y eventualmente también de los jueces. Es el propio sistema institucional y el propio sistema jurisdiccional, en general, el que debería de tener el máximo interés que todos estos canales institucionales tengan un desarrollo sin obstáculos”, declaró en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“¿Por qué? porque para eso están, esa es la función de un Estado de derecho de la Fiscalía y del Poder Judicial. Es decir, la función no puede ser el de convertirse en vehículos de complicidad con la corrupción y, además, de sabotaje de la propia democracia desde su interior. Nada empuja más a los países a optar por soluciones autoritarias que el desprestigio de sus instituciones, y en eso se han están luchando contra la corrupción, como el caso de José Domingo Pérez y Rafael Vela, miembros del Equipo Especial Lava Jato.

“Y no solo eso, perseguirían a quienes están tratando de luchar contra la corrupción. No tengo la menor duda que empezarían hacer la vida difícil al Equipo Especial Lava Jato. Yo espero que la población que tiene el poder de decidir en sus manos, tome las decisiones correctas y entienda bien el riesgo que se corre volviendo a llevar al Parlamento a gente cuya conducta fue la que condujo a la disolución”, precisó.

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Política

En el PPC tenemos claro que inmunidad no es impunidad

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MARISOL PÉREZ TELLO

Todos los candidatos del Partido Popular Cristiano (PPC) tenemos claro que inmunidad no es impunidad, subrayó Marisol Pérez Tello, secretaria general de dicha agrupación política, al subrayar que Alberto Beingolea no está postulando en las elecciones 2020 para obtener esa prerrogativa parlamentaria.

“En el caso del PPC, de Alberto en particular y de lo que esto significa para el proceso que enfrentamos hay tres cosas que tiene que quedar claro. Para nosotros, inmunidad no puede ser impunidad. Si vamos al Congreso, cualquier cosa que se investigue contra cualquiera de nosotros [de los que vayan al Congreso] tendrá que asumir la responsabilidad. Eso nos incluye a todos. No hay un blindaje acá a nadie”, dijo en el programa No Hay Derecho de Ideeleradio.

“[¿Beingolea no está yendo al Congreso también para, entre otras cosas, tener inmunidad?] Cero. Él y lo estamos planteando todos que inmunidad no es impunidad, los 140 estamos en esa línea, porque creemos que esa es una de las reformas políticas que se tiene que hacer urgente”, apuntó.

Indicó, en otro momento, que el último cónclave del PPC demuestra que “este es un proceso interesante de formación de juventudes que está empezando a dar frutos”. Subrayó que la intención del PPC es llegar con los proyectos de reforma política y judicial.

“[…] Tenemos clarísimo que lo que se puede hacer [en el nuevo Congreso] es la reforma política, la reforma de la justicia, con un país que crezca que genere oportunidades en condiciones de igualdad, y finalmente tener un país con seguridad. Si no hay institucionalidad, no funciona. Nosotros vamos a llegar con los proyectos listos [al Congreso], porque no hay tiempo”, refirió.

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