Contáctanos

El secuestro de la justicia

Publicado

en

El secuestro de la justicia

Nos preguntamos si es posible una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público).

Para la construcción de todo Estado moderno (liberal y capitalista) se requiere dos condiciones básicas: a) que los futuros ciudadanos de ese Estado renuncien al —digamos— derecho de aplicar justicia por mano propia; y b) entregarle a ese nuevo Estado el monopolio de la violencia y la discutible posibilidad de matar a aquellos que cometen delitos graves. A cambio de este contrato se entrega a los ciudadanos un conjunto de derechos, como el derecho a la vida, al debido proceso, a la justicia misma, etc., que deben ser respetados por el Estado.

Es necesario tomar en cuenta que, en el caso de la justicia, el soberano —por llamarlo de alguna manera— sigue siendo el ciudadano o el pueblo porque son ellos quienes entregan su derecho a los jueces (y fiscales) para que la administren. En última instancia es el pueblo el depositario de la justicia y, por ende, se lo puede “entregar” al Estado.

Hemos hecho este recuento para señalar que la autonomía del Poder Judicial es siempre relativa respecto al pueblo, que es el soberano. Cuando hablamos de soberanía o potestad nos referimos a la relación con los otros poderes del Estado, no así respecto al soberano. El poder judicial debe ser independiente del poder político y económico ya que su interés primordial es aplicar justicia a todos por igual. No puede existir una justicia que solo beneficie a un sector de la sociedad.

Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo al “secuestro de la justicia” por aquellos que la administran y por determinados sectores privados. El mayoritario malestar que hoy tiene la población respecto al Poder Judicial (incluyo al Ministerio Público) es la otra cara de dicho secuestro.

Ejemplos sobre este proceso hay muchos:

a) El abierto conflicto entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al intentar, el primero, nombrar a dos fiscales supremos. En este caso, opinan los especialistas, es el TC quien está violando la Constitución y las leyes ya que es función del CNM nombrar, previa evaluación, a jueces y fiscales. Hay, pues, un intento muy claro de suplantación. Sin embargo, lo que está detrás de este conflicto son los intereses de un partido político y, hasta incluso, de sectores del crimen organizado que intentan penetrar directamente y copar el Ministerio Público.

b) La decisión de la jueza Gabriela Saavedra de La Cruz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que prohíbe al Juez Richard Concepción Carhuancho continuar toda investigación sobre el presidente regional de Ancash, César Álvarez. De otro lado, fuentes confiables indican que la misma resolución ha llegado al Fiscal Anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, con igual pretensión, es decir, dejar de lado la investigación a la autoridad regional. Como se sabe, Álvarez debe al país más de una explicación.

c) El intento de Juan Vidal, presidente (interino) de la Corte de Lima, de “quebrar” el juicio contra el exdictador Alberto Fujimori por el caso de los diarios “chicha”. Es sospechoso y hasta escandaloso que dicho presidente interino decida —a muy pocos días para dejar el cargo que ostenta transitoriamente— modificar la composición de seis salas penales de Lima, entre ellas, la que tiene a su cargo el juicio contra Fujimori, ya que al modificarse por segunda vez, como es en este caso, debe comenzar un nuevo juicio.

d) El intento de archivar definitivamente el dramático caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, realizadas durante el gobierno de Fujimori, al no encontrarse responsabilidad del Estado y de autoridades políticas.

e) La exclusión del juicio por el caso del llamado “baguazo” a Alan García, Mercedes Cabanillas y Yehude Simon, para someter a la justicia solo a indígenas y campesinos.

f) El negligente comportamiento del ex Fiscal José Peláez de colaborar con la justicia de EE.UU. en el caso de los Sánchez Paredes.

Se pueden sumar más ejemplos, como el comportamiento del Poder Judicial respecto a la investigación realizada por la llamada “megacomisión” del Congreso contra Alan García, pero la pregunta que debemos hacernos porque afecta el orden constitucional y, sobre todo, a la democracia, es ¿qué hacer frente a esta situación? Hay evidencias que por detrás de cada uno de estos casos estaría la influencia de partidos políticos (muchos hablan del APRA) y del crimen organizado y que, en algunos, hasta podría ser una práctica coordinada. Estamos, por lo tanto, frente a una crisis mayor, estructural, que pone en cuestión a la justicia como un derecho y un principio básico: la capacidad de autorreforma de un poder constitucional.

En este contexto nos preguntamos si es posible, más allá que suene paradójico, una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público) que suponga, además de la transparencia y el respeto a la ley, la participación de la sociedad y el compromiso democrático del Ejecutivo de aplicar una reforma a fondo.

Una reestructuración que suponga contar con jueces y fiscales competentes, capaces de administrar la justicia que está comprendida en las normas pero también en la moral pública, y con recursos suficientes para su normal funcionamiento. Esta experiencia se ha dado en otros países.

No se entiende por qué el neoliberalismo se queja tanto de la mala justicia pero hasta ahora no es capaz de resolver el problema. En este contexto, Miguel Castilla, el ministro de Economía, demuestra no solo su incompetencia sino también su olímpico desinterés por un asunto que es medular en toda sociedad. Los pobres y la mayoría de peruanos, señor ministro, tienen derecho a la justicia y no solo sus amigos, como los de las AFP, a quienes inmediatamente sale a defender cuando son objetados.

Es verdad que la propuesta puede ser calificada de “autoritaria” ya que se ha practicado en el pasado con resultados negativos. Sin embargo, más allá del tema de la reforma, lo que sí es necesario y urgente es discutir y resolver este problema. Dejarlo a la deriva, como ocurre ahora, es la mejor manera de regresar a la barbarie y de justificar el regreso de un nuevo autoritarismo en el país, acaso peor que los anteriores.

Seguir leyendo
Anuncio

Política

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

Publicado

en

Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce y otros legisladores y funcionarios, por la presunta compra de votos con prebendas para evitar la vacancia de Kuczynski, dio la razón a los analistas y medios de prensa que anunciaban una operación venganza ordenada por la “Señora K”.

El tema fue analizado por parlamentarios de diversas tendencias y analistas entrevistados por Diario UNO, como Carlos Monge, quien dijo que Chávarry funciona como una suerte de peón del fujimorismo, en este juego de poderes con el Ejecutivo, porque sirve a los objetivos de Keiko Fujimori y Fuerza Popular, al apuntar contra el presidente Martín Vizcarra como meta de su afán de venganza.

Recordó que Chávarry ya abrió investigación al exministro Alfredo Thorne por el caso de Chinchero, que es un pretexto porque su objetivo real es Vizcarra, por su papel en el tema cuando fue ministro de Transportes y Comunicaciones.

“Y ahora se pone la puntería no en Bruce y otros, sino en la vicepresidenta Mercedes Aráoz, entonces queda claro que en el movimiento de piezas de la Fiscalía de la Nación, en este caso Chávarry, está apuntando a Vizcarra”, manifestó.

Martín Vizcarra Cornejo con la gente

CHANTAJE

Indicó que es una suerte de chantaje o de venganza por la manera cómo el presidente Vizcarra ha arrinconado al fujimorismo y lo ha derrotado políticamente, en esta puja en torno a las reformas porque lo ha obligado a hacer lo que no querían y se ha partido la bancada por primera vez desde la salida de la facción de Kenji que votó de manera diferenciada.

“Entonces es una venganza por esa derrota política y es también un chantaje diciéndole ‘la próxima que me pongas contra las cuerdas te puedo vacar’. Ahí las palabras del presidente del Parlamento, Daniel Salaverry, vuelven a cobrar toda su significación cuando él mencionó que constitucionalmente esa era también una posibilidad”, dijo.

“Además hay que recordar que Rosa Bartra, en declaraciones en referencia a la Comisión Lava Jato apuntó a PPK, pero mencionó que Vizcarra también podría estar considerado”, advirtió.

MAFIOSOS

“Fuerza Popular está sumamente penetrado por mafias de todo tipo y por dineros ilegales, porque ese es el fondo de la cuestión, lo que está en juego. Porque la alianza del Apra con el fujimorismo es el acuerdo de dos grupos mafiosos, que a su vez están montados sobre intereses mafiosos en la sociedad y viven en permanente colusión con grupos mafiosos al interior del Estado”, añadió.

Asimismo, destacó que esta situación de un Estado y un sistema político profundamente corrompidos, es lo que desacredita totalmente a la democracia a los ojos de la gente, entonces quien contribuye y defiende ese estado de las cosas se convierte en un enemigo claro de la democracia.

Pedro Pablo Kuczynski (PPK)

VENGANZA DE KEIKO

Maritza García, parlamentaria No Agrupada, declaró que le parece mucha coincidencia, una reacción, un contraataque del fiscal Chávarry contra el informe del parlamentario Sheput, al que pretende desmerecer y debilitar con esta acusación sin sentido.

En el caso de ella y de sus colegas que renunciaron a Fuerza Popular los están procesando, abriendo investigación por no haber votado de manera uniforme con Fuerza Popular y por haber viajado con el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, lo cual no es delito, y lo han hecho también los congresistas keikistas.

“Es insólito, este es un acto de venganza de Keiko Fujimori con la finalidad de intimidar a la ciudadanía porque finalmente esto va a terminar con presos políticos, ella lo que está buscando es intimidar a la ciudadanía”, afirmó.

Maritza García resaltó que lo que se viene acá es una crisis política terrible y dijo que va a tener que empezar a buscar las garantías que el caso corresponde para no dejarse avasallar en sus derechos fundamentales.

SIGUEN VIZCARRA Y ARÁOZ

La parlamentaria indicó que lo que a los peruanos nos debe quedar claro es que hay una serie de actos sistemáticos que ya están planificados y se van desarrollando de manera secuencial hasta llegar al objetivo final.

“Claramente lo advertí hace mucho tiempo cuando estaba dentro de la bancada, que ya se escuchaban voces que no se iba a dejar trabajar al en ese entonces presidente Kuczynski, que tenían que bajárselo; que el objetivo final del fujimorismo es preparar el escenario político para las elecciones del 2021, copar las instituciones del Estado y ganar a la fuerza”, aseveró.

Además, dijo que estos son actos planificados, primero vacar a PPK, después Vizcarra y luego a Mercedes Aráoz, porque ya lo estamos viendo con este acto de Chávarry, para dejarle la posta a Keiko Fujimori, pero antes a quien sea el presidente de turno en el Legislativo, en el momento que se desate la crisis política.

AUTORA INTELECTUAL

“Ahora queda accionar legalmente, porque aquí hay una autora intelectual que es la ‘Señora K’, porque ella es la que está utilizando las instituciones del Estado y está cobrando venganza mediante instituciones como el Ministerio Público, lo cual es grave porque un fiscal de la Nación no se puede utilizar para una venganza política”, denunció García.

“A Pedro Chávarry se le está investigando como cualquier otro funcionario que en el ejercicio de sus funciones cometa alguna infracción constitucional en la comisión de un delito”, dijo.

La congresista apuntó que si Chávarry se hubiese apartado del cargo de manera prudencial para ser investigado no se hubiera llegado a este informe de Juan Sheput. “Pero él ha provocado esta situación porque se ve protegido por Keiko Fujimori y por la bancada de Fuerza Popular”, agregó.

HAY UNA RELACIÓN

Alberto Adrianzén, analista político afirmó que la medida tomada por Chávarry es una respuesta política al informe de Sheput, porque el problema es que mientras no renuncie o no separen al fiscal de la Nación, esta guerra va a seguir, por eso el Congreso debería actuar de manera rápida y separar a Chávarry.

Refirió que mientras más tiempo se demora una reacción del Parlamento respecto al titular del Ministerio Público, uno puede sostener que efectivamente hay una relación entre el fujimorismo y el fiscal, por eso al Congreso le conviene.

“Lo que está quedando claro es que no basta el tema del referendo para terminar con la corrupción, eso tiene que enfrentarse de manera decidida por el Gobierno, esto tiene que terminarse y yo noto por parte del Ejecutivo una debilidad en este punto. Tiene que opinar políticamente, no basta con hablar del referendo”, enfatizó.

“Una posibilidad es que esto termine en una guerra abierta, unos por la vacancia y otros por el cierre del Congreso y en ese sentido, pedir que se investigue a la vicepresidenta Mercedes Aráoz, porque si efectivamente logran vacar a Vizcarra y a Aráoz, el presidente de la República será el titular del Congreso, por eso creo que tiene que haber una solución rápida porque esta es ya una guerra de desgaste que afecta tanto a unos como a otros”, agregó.

USO INDEBIDO DEL PODER

Por su parte, Alberto Quintanilla, parlamentario de Nuevo Perú, señaló que este es un uso indebido del poder, porque es un desatino la decisión del fiscal Chávarry de reaccionar de inmediato después de haber hecho público su informe Juan Sheput.

“Se ve como venganza política que ilegitima la acción del Ministerio Público. Él ha debido actuar con mayor prudencia y buscar mayor distancia e imparcialidad, lo cual ratifica que debe irse”, añadió.

“Creo que hay una suerte de venganza por parte del fujimorismo en alianza y a través de Chávarry, lo cual debería dejarse de lado. Pero ellos no entienden que la democracia también significa ciertos límites en la contienda política, no es un sálvese quien pueda y el todo vale. Porque existen límites éticos y políticos”, agregó el legislador.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

Seguir leyendo

Política

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

Publicado

en

Mercedes Aráoz - Carlos Bruce

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, usa su cargo para venganzas políticas, al criticar la investigación preliminar que les inició dicha autoridad.

Aráoz cuestionó que a horas de conocerse el informe del legislador oficialista Juan Sheput recomendando destituir e inhabilitar a Chávarry, este abriera “una investigación sin sustento” que tiene por evidencia un viaje de supervisión de obras hecho con varios congresistas.

“Es claro que la Fiscalía es usada como instrumento de venganza política”, escribió en Twitter.

Por su parte, Carlos Bruce consideró que “es una coincidencia bien rara” que Chávarry anunciara la investigación justo después del informe de Juan Sheput.

Dicha pesquisa, que tiene aún condición de preliminar, incluye a Pedro Pablo Kuczynski, Mercedes Aráoz, Carlos Bruce, Marvín Palma, Maritza García y Lucio Ávila.

Además, les atribuye presunto cohecho activo genérico, cohecho pasivo impropio, tráfico de influencias y pertenencia a una organización criminal en agravio del Estado.

“Es un delito usar su cargo para vendettas políticas (…) Esto se llama usar el cargo para finalidades políticas y defenderse de acusaciones que está teniendo”, dijo Bruce indignado.

El parlamentario calificó de apresurada la investigación llevada a cabo por Chávarry.

“Se me incluye en la investigación por haber viajado a Tumbes con la primera ministra y congresistas. Todos sabemos que los ministros viajan todas las semanas y eso no tiene nada de malo, pero yo nunca viajé a Tumbes, el viaje que me atribuyen es falso”, aseveró.

“Esto demuestra lo apresurado con que han armado el documento como una reacción al informe de Juan Sheput”, añadió el congresista.

Seguir leyendo

Política

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

Publicado

en

Pedro Gonzalo Chávarry

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales y recomienda su destitución, la que se ha convertido en un clamor nacional, al que solo se opone el partido fujimorista Fuerza Popular (FP), cuyo respaldo hace que el personaje se aferre al cargo sin rubor alguno, pese a que el país entero demanda su retiro.

Chávarry intentó desacreditar el informe presentado por Sheput a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, lo que fue considerado como lógico primer paso a la destitución del fiscal cuestionado por sus relaciones estrechas con la organización criminal “Los Cuellos Blancos del Puerto” y a quien la bancada fujimorista y la propia Keiko Fujimori protegen.

“El informe de Sheput colisiona con la Constitución. Su motivación es subjetiva, por lo tanto, bajo el criterio de conciencia usado por el Tribunal Constitucional, deberá ser rechazado en el marco de un estado constitucional de derecho”, sostuvo Chávarry en un mensaje de Twitter.

Agregó que “La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso debe rechazarlo pues, sin mayor argumento, pretende destituirme del cargo de Fiscal de la Nación, yendo contra la legalidad”.

“QUE DIGA LO QUE QUIERA”

En la misma red, Sheput descartó contestarle pero escribió un mensaje que tácitamente señala que no va a retroceder ante los ataques de Chávarry y solo señaló que este “puede decir todo lo que crea conveniente. Está en su derecho. Lo mismo hicieron todos los otros implicados tanto del CNM como del Poder Judicial”.

“Yo solo me pronunciaré en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales”, añadió, en referencia a la fundamentación del informe que debe hacer dentro de los plazos legales establecidos.

En su informe, Sheput plantea la destitución de Chávarry y su inhabilitación por diez años, lo que significa que, de aprobarse la acusación, no podrá ser fiscal ni ocupar ningún cargo público, por ser autor de graves infracciones a los artículos 3, 39, 44 y 158 de la Constitución.

Según el procedimiento establecido, el informe del parlamentario oficialista tendrá que debatirse en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la próxima semana. Si en esta instancia fuera aprobado, se trasladará el informe a la Comisión Permanente para un nuevo debate.

TREMENDO EXPEDIENTE

Según un reciente informe del portal de investigación Wayka, Chávarry inició su carrera en el Ministerio Público como fiscal provincial en setiembre de 1986, durante el primer gobierno de Alan García, a quien se le ha vinculado desde aquella época, aunque alega que la versión es falsa.

La fuente indica que 1994 ascendió a fiscal superior en mayo de 1994, bajo el mando de la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, quien usaba el Ministerio Público como herramienta del régimen dictatiorial de Alberto Fujimori y recibía por ello diez mil dólares mensuales del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN), instrumento de corrupción y represión manejado por Vladimiro Montesinos.

Nélida Colán terminó presa hasta 2008, condenada por los delitos de encubrimiento personal, omisión de denuncia y enriquecimiento ilícito, debido a que se negó a investigar a Montesinos por presuntos cobros de cupos al narcotráfico y por el ‘vladivideo’ en que aparecía sobornando al excongresista Alberto Kouri, cuya difusión precipitó el desmoronamiento de aquel régimen y la fuga y renuncia por fax de Fujimori desde Japón.

Chávarry llevaba unos meses como fiscal, cuando, en agosto de 1994, fue nombrado secretario general de la Fiscalía de la Nación, es decir estrecho colaborador bajo el mandato de Blanca Nélida Colán, operadora de Montesinos, y sus críticos señalan que hoy utiliza los métodos de su jefa y mentora, los que habría puesto al servicio del fujimorismo.

MENTIRAS

En julio 2002, tras la caída de ese gobierno Chávarry tuvo que dejar el Ministerio Público por no haber sido ratificado, lo que equivale a ser expectorado o declarado tácitamente indeseable

Chávarry se dedicó entonces a la actividad privada y en marzo de 2003 fue abogado del empresario peruano James Stone Cohen, traficante de armas que formaba parte de la mafia de Montesinos y al que defendió durante tres años, lo que ha negado, diciendo que fue solo consultor.

Haber mentido reiteradamente, por cierto, es otra de las causas por las que Chávarry, para la mayoría de los partidos y ciudadanos, debe renunciar, por no cumplir el requisito de imagen impecable que se exige para ser fiscal de la Nación.

En 2007, ¡oh casualidad!, con García nuevamente en el Gobierno, fue reincorporado como fiscal superior titular, beneficiado por un acuerdo de solución amistosa con el Estado, dispuesto por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

Al parecer, tras volver al Ministerio Público, Chávarry no abandonó sus acciones cuestionables, pues en abril de 2017, ya como fiscal supremo, emitió una resolución que dio impunidad a condenados por corrupción en la Caja de Pensiones Militar Policial, por un presunto desfalco durante la dictadura, recuerda Wayka.

Seguir leyendo

Lo más reciente

Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori Pedro Gonzalo Chávarry y Keiko Fujimori
Políticahace 11 horas

Keiko y su fiscal atentan contra la democracia con su afán de venganza

La apertura de una investigación preliminar al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, la segunda vicepresidenta, Mercedes Aráoz, el congresista Carlos Bruce...

Mercedes Aráoz - Carlos Bruce Mercedes Aráoz - Carlos Bruce
Políticahace 11 horas

Aráoz y Bruce seguros de que es una represalia

La vicepresidenta Mercedes Aráoz y el congresista Carlos Bruce coincidieron hoy en que el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry,...

Pedro Gonzalo Chávarry Pedro Gonzalo Chávarry
Políticahace 12 horas

Fiscal Chávarry arremete contra informe que plantea destituirlo

El fiscal Pedro Chávarry arremetió ayer contra el informe del congresista Juan Sheput que lo acusa de presuntas infracciones constitucionales...

Elecciones votaciones urna Elecciones votaciones urna
Políticahace 12 horas

Nuevos líderes se imponen en distritos

A menos de quince días para las elecciones, nuevos rostros renovarán nuestra clase política. Sin duda alguna, mucho tiene que...

Jurado Nacional de Elecciones (JNE) Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
Políticahace 12 horas

Sillas de los que escapen del debate estarán vacías

La gran mayoría de los partidos políticos que postulan a la Alcaldía de Lima Metropolitana acordó que se exhiba la...

Elecciones Votaciones ONPE Elecciones Votaciones ONPE
Políticahace 12 horas

Observadores extranjeros en comicios de octubre

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) acreditó a observadores de Argentina y Ecuador para las Elecciones Regionales y Municipales del...

Úrsula Letona Úrsula Letona
Políticahace 12 horas

Mejor es reírse

Sí jefa, lo que usted diga, jefa

Daniel Urresti Daniel Urresti
Políticahace 12 horas

La voz clara

“Te aseguro que nadie tiene nada que copiarte. Todos los demás hemos tenido la humildad de asistir a todos los...

Ricardo Belmont Cassinelli Ricardo Belmont Cassinelli
Políticahace 12 horas

La palabra

“No me animen tanto porque si no me veré obligado a ir al debate del Jurado Nacional de Elecciones a...

Rosa María Palacios Rosa María Palacios
Políticahace 12 horas

En el twitter

“Es evidente que el propósito es enlodar a todos por igual. Pero ni todos lo pidieron, ni alguno cobró. Nunca...

Publicidad

Tendencia

Calle Max González Olaechea Nº118 Urbanización Las Leyendas – San Miguel - Lima - Perú Teléfonos: (+51 1) 565-7756
Copyright © 2018 - DIARIO UNO. El diario que siempre dice la verdad - Todos los derechos reservados - Diario UNO.