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El secuestro de la justicia

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El secuestro de la justicia

Nos preguntamos si es posible una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público).

Para la construcción de todo Estado moderno (liberal y capitalista) se requiere dos condiciones básicas: a) que los futuros ciudadanos de ese Estado renuncien al —digamos— derecho de aplicar justicia por mano propia; y b) entregarle a ese nuevo Estado el monopolio de la violencia y la discutible posibilidad de matar a aquellos que cometen delitos graves. A cambio de este contrato se entrega a los ciudadanos un conjunto de derechos, como el derecho a la vida, al debido proceso, a la justicia misma, etc., que deben ser respetados por el Estado.

Es necesario tomar en cuenta que, en el caso de la justicia, el soberano —por llamarlo de alguna manera— sigue siendo el ciudadano o el pueblo porque son ellos quienes entregan su derecho a los jueces (y fiscales) para que la administren. En última instancia es el pueblo el depositario de la justicia y, por ende, se lo puede “entregar” al Estado.

Hemos hecho este recuento para señalar que la autonomía del Poder Judicial es siempre relativa respecto al pueblo, que es el soberano. Cuando hablamos de soberanía o potestad nos referimos a la relación con los otros poderes del Estado, no así respecto al soberano. El poder judicial debe ser independiente del poder político y económico ya que su interés primordial es aplicar justicia a todos por igual. No puede existir una justicia que solo beneficie a un sector de la sociedad.

Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo al “secuestro de la justicia” por aquellos que la administran y por determinados sectores privados. El mayoritario malestar que hoy tiene la población respecto al Poder Judicial (incluyo al Ministerio Público) es la otra cara de dicho secuestro.

Ejemplos sobre este proceso hay muchos:

a) El abierto conflicto entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al intentar, el primero, nombrar a dos fiscales supremos. En este caso, opinan los especialistas, es el TC quien está violando la Constitución y las leyes ya que es función del CNM nombrar, previa evaluación, a jueces y fiscales. Hay, pues, un intento muy claro de suplantación. Sin embargo, lo que está detrás de este conflicto son los intereses de un partido político y, hasta incluso, de sectores del crimen organizado que intentan penetrar directamente y copar el Ministerio Público.

b) La decisión de la jueza Gabriela Saavedra de La Cruz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que prohíbe al Juez Richard Concepción Carhuancho continuar toda investigación sobre el presidente regional de Ancash, César Álvarez. De otro lado, fuentes confiables indican que la misma resolución ha llegado al Fiscal Anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, con igual pretensión, es decir, dejar de lado la investigación a la autoridad regional. Como se sabe, Álvarez debe al país más de una explicación.

c) El intento de Juan Vidal, presidente (interino) de la Corte de Lima, de “quebrar” el juicio contra el exdictador Alberto Fujimori por el caso de los diarios “chicha”. Es sospechoso y hasta escandaloso que dicho presidente interino decida —a muy pocos días para dejar el cargo que ostenta transitoriamente— modificar la composición de seis salas penales de Lima, entre ellas, la que tiene a su cargo el juicio contra Fujimori, ya que al modificarse por segunda vez, como es en este caso, debe comenzar un nuevo juicio.

d) El intento de archivar definitivamente el dramático caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, realizadas durante el gobierno de Fujimori, al no encontrarse responsabilidad del Estado y de autoridades políticas.

e) La exclusión del juicio por el caso del llamado “baguazo” a Alan García, Mercedes Cabanillas y Yehude Simon, para someter a la justicia solo a indígenas y campesinos.

f) El negligente comportamiento del ex Fiscal José Peláez de colaborar con la justicia de EE.UU. en el caso de los Sánchez Paredes.

Se pueden sumar más ejemplos, como el comportamiento del Poder Judicial respecto a la investigación realizada por la llamada “megacomisión” del Congreso contra Alan García, pero la pregunta que debemos hacernos porque afecta el orden constitucional y, sobre todo, a la democracia, es ¿qué hacer frente a esta situación? Hay evidencias que por detrás de cada uno de estos casos estaría la influencia de partidos políticos (muchos hablan del APRA) y del crimen organizado y que, en algunos, hasta podría ser una práctica coordinada. Estamos, por lo tanto, frente a una crisis mayor, estructural, que pone en cuestión a la justicia como un derecho y un principio básico: la capacidad de autorreforma de un poder constitucional.

En este contexto nos preguntamos si es posible, más allá que suene paradójico, una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público) que suponga, además de la transparencia y el respeto a la ley, la participación de la sociedad y el compromiso democrático del Ejecutivo de aplicar una reforma a fondo.

Una reestructuración que suponga contar con jueces y fiscales competentes, capaces de administrar la justicia que está comprendida en las normas pero también en la moral pública, y con recursos suficientes para su normal funcionamiento. Esta experiencia se ha dado en otros países.

No se entiende por qué el neoliberalismo se queja tanto de la mala justicia pero hasta ahora no es capaz de resolver el problema. En este contexto, Miguel Castilla, el ministro de Economía, demuestra no solo su incompetencia sino también su olímpico desinterés por un asunto que es medular en toda sociedad. Los pobres y la mayoría de peruanos, señor ministro, tienen derecho a la justicia y no solo sus amigos, como los de las AFP, a quienes inmediatamente sale a defender cuando son objetados.

Es verdad que la propuesta puede ser calificada de “autoritaria” ya que se ha practicado en el pasado con resultados negativos. Sin embargo, más allá del tema de la reforma, lo que sí es necesario y urgente es discutir y resolver este problema. Dejarlo a la deriva, como ocurre ahora, es la mejor manera de regresar a la barbarie y de justificar el regreso de un nuevo autoritarismo en el país, acaso peor que los anteriores.

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Política

Desesperación en el fiscal Chávarry y el fujiaprismo

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José Domingo Pérez Gómez

Personalidades políticas y sociales consultadas por Diario UNO coincidieron en señalar que detrás de la posible apertura de un proceso al fiscal José Pérez por sus declaraciones en un seminario internacional en México, lo que hay es un afán de venganza del titular del Ministerio Público.

Los entrevistados señalan que se trata de una represalia por el comportamiento inclaudicable de Pérez ante la corrupción, línea con la que ha puesto en jaque a la cúpula fujimorista.

Hernando Cevallos, parlamentario del Frente Amplio, declaró a Diario UNO que Chávarry está desesperado y busca golpear a un fiscal que aparece como una luz disonante en el Ministerio Público y que de alguna manera es la expresión del enorme descontento interno que existe en la Fiscalía.

QUIEREN BAJÁRSELO

“Entonces, lo que pretende al golpear al fiscal Pérez es golpear al movimiento que se ha generado en el Ministerio Público, reclamando transparencia y cambios en la Fiscalía de la Nación”, destacó.

Indicó que por eso ahora le apunta las baterías al fiscal Pérez porque no puede pelearse con todos los fiscales superiores que han pedido su salida, tampoco con los fiscales que de manera directa lo están investigando por el caso “Los cuellos blancos del puerto”.

“Una figura emergente que aparece en la lucha contra la corrupción y que cuestiona la posición del señor Chávarry, quiere bajársela, por eso es que está enfilando en esa dirección”, afirmó.

Cevallos resaltó que no se trata solo de Chávarry sino que el ataque contra Pérez es consonante con las voces que hay en Fuerza Popular y el Apra para intentar deslegitimar y desprestigiar al fiscal Domingo Pérez.

OBSTACULIZAR INVESTIGACIONES

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que este es un acto de desesperación del fiscal Chávarry que intenta obstaculizar las investigaciones a Keiko Fujimori y Fuerza Popular por el tema de lavado de activos.

“Además, Chávarry está cuestionado por sus vínculos con esta red criminal al interior del fujimorismo, por eso está interesado en que queden impunes las investigaciones que realiza el fiscal Pérez”, aseguró.

Destacó que en el país son pocos los fiscales valientes que enfrentan a la corrupción. El fujimorismo está echando a andar la maquinaria que suele utilizar, para hacerle un cargamontón al fiscal Pérez.

“El pueblo peruano, quienes estamos luchando y exigiendo el combate a fondo en la lucha contra la corrupción, tenemos que cerrar filas y expresarle el respaldo al fiscal Pérez por el valiente enfrentamiento que está dando a este grupo de mafiosos, que trata de que queden impunes todas sus fechorías”, añadió el referente sindical.

VENGANZA Y TEMOR

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que la hostilidad contra Pérez es un abuso total, un complot del alanismo y de Fuerza Popular unidos con Chávarry.

“Y recordemos que toda una sesión de la Comisión de Defensa del Parlamento lo dedicaron a este tema y felizmente Pérez no asistió porque todo iba ser un ataque contra él. Ahora están tomando medidas más de venganza que de poner orden y nada que ver con el espíritu de trabajo que implica estar en la Fiscalía”, afirmó.

Indicó que todo está coordinado entre Fuerza Popular, los congresistas del Apra y el señor Chávarry, quien está entornillado en su puesto.

“No están actuando de manera profesional como corresponde, y por supuesto que se nota una actitud de venganza pero sobre todo de temor, es decir de que se investiguen las coimas de Odebrecht”, cuestionó Montenegro.

“La ciudadanía porque no debe permitir ningún abuso contra el fiscal Pérez, ni el juez Carhuancho”, añadió en referencia al anuncio de la congresista naranja Rosa Bartra, de que denunciará a ambos penalmente.

DESESPERADOS

Rocío Silva Santistevan, exsecretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, declaró a Diario UNO que hay una estrategia política, pensar en cualquier otra posibilidad sería pecar de ingenuos porque todo esto está relacionado con los afectados por la batalla que han sacado adelante el fiscal Pérez y el juez Concepción Carhuancho.

“El tema de denunciarlo por apología al terrorismo es absurdo y ridículo pero puede ser efectivo.Están desesperados y se siguen percibiendo así mismo como impunes; es patético escuchar a Rosa Bartra anunciar que va a denunciar al fiscal y al juez”, manifestó.

Asimismo, señaló que el gran problema es que ellos siguen teniendo un gran poder que han perdido, aunque todavía lo tienen en ese espacio reducido que es el Ministerio Público, que es el lugar donde manda Chávarry.

DENUNCIAS POR DOQUIER

La Oficina de Control Interno de Lima del Ministerio Público recibió el encargo de ver el caso del fiscal de Lavado de Activos, José Domingo Pérez, por las expresiones brindadas en México sobre la época de violencia política que vivió el país.

La disposición fue establecida por el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, luego de que Pérez no atendió el requerimiento del fiscal superior titular coordinador de la Fiscalía Penal Nacional, Luis Landa, quien le había pedido explicar las referidas expresiones.

Según el documento suscrito por Chávarry, Pérez hizo caso omiso al requerimiento de Landa y le atribuye una “presunta renuencia” a dar explicaciones sobre sus referencias a Sendero Luminoso, cuando señaló en México entre los méritos de Fujimori el de haber derrotado a la guerrilla senderista y puesto fin a la guerra civil.

Por su parte, la fujimorista Rosa Bartra, presidenta de la Comisión Lava Jato, anunció que presentará una denuncia penal contra el juez Richard Concepción Carhuancho y el fiscal José Pérez, pues consideró que habrían hecho afirmaciones falsas en el proceso que tienen a cargo.

La legisladora afirmó que ambos “han repetido una mentira”, al sostener que entre lo hallado en el allanamiento de la vivienda de Vicente Silva Checa, había documentación sensible procedente de la mencionada comisión investigadora del Congreso.

ALGO MÁS

“Todos los peruanos sabemos que todo lo que están haciendo y diciendo es para vengarse de las decisiones que se han tomado en relación al caso de Keiko Fujimori.Aunque ellos nos quieren hacer creer otra cosa, nosotros sabemos quiénes están detrás de la máscara”, añadió.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Alberto Fujimori denunciado por esterilizaciones forzadas

Publicado

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Alberto Fujimori

Marcelita Gutiérrez Vallejos, Fiscal Provincial Penal de la Segunda Fiscalía, formalizó la denuncia penal contra Alberto Fujimori Fujimori, Eduardo Yong Mottam, Ricardo Luis Costa Bauer, Alejadro Aguinaga, Ulises Jorge Aguilar, Segundo Aliaga Pinedo, Octavio Marroquín Osorio y Magda González Carrillo.

Los mismos son sindicados como “autores mediatos de la presunta comisión del delito contra la vida el cuerpo y la salud. Lesiones graves seguidas de muerte en un contexto de grave violación de derechos humanos”, por la política de esterilizaciones forzadas de la dictadura de los noventa.

UN AVANCE

María Ysabel Cedano, activista feminista e integrante de Demus (Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer), señaló que con esta decisión se ha dado un paso histórico en la justicia, en cuanto a las esterilizaciones forzadas, por la persistencia y la tenacidad de las víctimas, de las denunciantes y de las organizaciones de derechos humanos y del movimiento feminista.

Indicó que las víctimas han luchado a pesar de la intromisión política, de las irregularidades, de una serie de archivamientos que felizmente no fueron definitivos y que lo pudieron vencer.

“Ya era hora que la fiscal Marcelita Gutiérrez cumpla con formalizar la denuncia penal, porque en abril pasado el fiscal superior Luis Landa cuando nos da la razón, en la queja interpuesta por IDL y Demus, frente a los archivamientos irregulares, le ordena que formalice denuncia”, refirió Sedano.

VELOCIDAD

Asimismo, destacó que han pasado más de 200 días y por fin cumplen con hacerlo. “Ahora toca estar vigilantes y exigirle al juez del primer juzgado penal nacional, que pueda hacer un control de la denuncia justo, imparcial y que si no hay problema en la denuncia, se inicie las investigaciones judiciales, y esperamos que todo eso no dure más de un año”, aseveró.

“Se necesita avanzar de manera rápida en la investigación judicial, para que el Ministerio Público pueda formular acusación y llevar a un juicio donde se determinará las responsabilidades penales o no de los denunciados”, añadió.

TESTIMONIOS

Según Sedano, la decisión de la fiscal es importante ahora “porque se está valorando el testimonio de las denunciantes, algo que no se hizo antes, se están valorando sus alegatos de que fueron engañadas, violentadas, que no hubo garantías para su derecho al consentimiento previo, libre, informado y por escrito, que se requiere en el caso de anticoncepción quirúrgica”.

Además, destacó que ellas puedan contar con defensa pública de parte del Ministerio de Justicia, porque tienen el derecho a ello, debido a la creación del Registro de Víctimas de Esterilización Forzada.

ALGO MÁS

Advirtió que no se trata solo de un mero registro sino que también tiene como fin lograr justicia y ofrecerles a las víctimas abogados, psicólogos y médicos que puedan tratar las secuelas de la esterilización forzada.

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Política

Justicia demoró excesivamente

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casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas

Para la integrante de Demus, si bien es cierto que el Ministerio Público ha cumplido con denunciar, no se puede dejar de criticar que lo ha hecho después de 16 años de investigación fiscal preliminar y eso da cuenta de cómo esta institución no le ha dado la prioridad ni los recursos suficientes y ha estado presionado para no sacar adelante esta denuncia.

“Ahora debilitado como lo está el fujimorismo, probablemente algunos funcionarios tienen menos temor de cumplir con su deber”, advirtió.

Ysabel Cedano aseguró que tienen que estar atentos porque mientras no exista un órgano independiente, autónomo para la elección de magistrados idóneos con sensibilidad de género, siempre habrá impunidad en los casos de violencia contra la mujer, en particular campesinas e indígenas.

“Nos alegramos por esta victoria de las víctimas, de las denunciantes pero también nos reafirmamos en estar alertas, vigilantes”, dijo.

Planteó también “seguir exigiendo las garantías judiciales, la autonomía, la imparcialidad para que en algún momento podamos ir a juicio y conocer, qué responsabilidad tuvieron los autores mediatos hoy denunciados”.

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