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El secuestro de la justicia

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El secuestro de la justicia

Nos preguntamos si es posible una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público).

Para la construcción de todo Estado moderno (liberal y capitalista) se requiere dos condiciones básicas: a) que los futuros ciudadanos de ese Estado renuncien al —digamos— derecho de aplicar justicia por mano propia; y b) entregarle a ese nuevo Estado el monopolio de la violencia y la discutible posibilidad de matar a aquellos que cometen delitos graves. A cambio de este contrato se entrega a los ciudadanos un conjunto de derechos, como el derecho a la vida, al debido proceso, a la justicia misma, etc., que deben ser respetados por el Estado.

Es necesario tomar en cuenta que, en el caso de la justicia, el soberano —por llamarlo de alguna manera— sigue siendo el ciudadano o el pueblo porque son ellos quienes entregan su derecho a los jueces (y fiscales) para que la administren. En última instancia es el pueblo el depositario de la justicia y, por ende, se lo puede “entregar” al Estado.

Hemos hecho este recuento para señalar que la autonomía del Poder Judicial es siempre relativa respecto al pueblo, que es el soberano. Cuando hablamos de soberanía o potestad nos referimos a la relación con los otros poderes del Estado, no así respecto al soberano. El poder judicial debe ser independiente del poder político y económico ya que su interés primordial es aplicar justicia a todos por igual. No puede existir una justicia que solo beneficie a un sector de la sociedad.

Sin embargo, en los últimos tiempos estamos asistiendo al “secuestro de la justicia” por aquellos que la administran y por determinados sectores privados. El mayoritario malestar que hoy tiene la población respecto al Poder Judicial (incluyo al Ministerio Público) es la otra cara de dicho secuestro.

Ejemplos sobre este proceso hay muchos:

a) El abierto conflicto entre el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) al intentar, el primero, nombrar a dos fiscales supremos. En este caso, opinan los especialistas, es el TC quien está violando la Constitución y las leyes ya que es función del CNM nombrar, previa evaluación, a jueces y fiscales. Hay, pues, un intento muy claro de suplantación. Sin embargo, lo que está detrás de este conflicto son los intereses de un partido político y, hasta incluso, de sectores del crimen organizado que intentan penetrar directamente y copar el Ministerio Público.

b) La decisión de la jueza Gabriela Saavedra de La Cruz, del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Huaraz, que prohíbe al Juez Richard Concepción Carhuancho continuar toda investigación sobre el presidente regional de Ancash, César Álvarez. De otro lado, fuentes confiables indican que la misma resolución ha llegado al Fiscal Anticorrupción, Laureano Añanca Chumbe, con igual pretensión, es decir, dejar de lado la investigación a la autoridad regional. Como se sabe, Álvarez debe al país más de una explicación.

c) El intento de Juan Vidal, presidente (interino) de la Corte de Lima, de “quebrar” el juicio contra el exdictador Alberto Fujimori por el caso de los diarios “chicha”. Es sospechoso y hasta escandaloso que dicho presidente interino decida —a muy pocos días para dejar el cargo que ostenta transitoriamente— modificar la composición de seis salas penales de Lima, entre ellas, la que tiene a su cargo el juicio contra Fujimori, ya que al modificarse por segunda vez, como es en este caso, debe comenzar un nuevo juicio.

d) El intento de archivar definitivamente el dramático caso de las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres, realizadas durante el gobierno de Fujimori, al no encontrarse responsabilidad del Estado y de autoridades políticas.

e) La exclusión del juicio por el caso del llamado “baguazo” a Alan García, Mercedes Cabanillas y Yehude Simon, para someter a la justicia solo a indígenas y campesinos.

f) El negligente comportamiento del ex Fiscal José Peláez de colaborar con la justicia de EE.UU. en el caso de los Sánchez Paredes.

Se pueden sumar más ejemplos, como el comportamiento del Poder Judicial respecto a la investigación realizada por la llamada “megacomisión” del Congreso contra Alan García, pero la pregunta que debemos hacernos porque afecta el orden constitucional y, sobre todo, a la democracia, es ¿qué hacer frente a esta situación? Hay evidencias que por detrás de cada uno de estos casos estaría la influencia de partidos políticos (muchos hablan del APRA) y del crimen organizado y que, en algunos, hasta podría ser una práctica coordinada. Estamos, por lo tanto, frente a una crisis mayor, estructural, que pone en cuestión a la justicia como un derecho y un principio básico: la capacidad de autorreforma de un poder constitucional.

En este contexto nos preguntamos si es posible, más allá que suene paradójico, una “intervención democrática” al Poder Judicial (incluido el Ministerio Público) que suponga, además de la transparencia y el respeto a la ley, la participación de la sociedad y el compromiso democrático del Ejecutivo de aplicar una reforma a fondo.

Una reestructuración que suponga contar con jueces y fiscales competentes, capaces de administrar la justicia que está comprendida en las normas pero también en la moral pública, y con recursos suficientes para su normal funcionamiento. Esta experiencia se ha dado en otros países.

No se entiende por qué el neoliberalismo se queja tanto de la mala justicia pero hasta ahora no es capaz de resolver el problema. En este contexto, Miguel Castilla, el ministro de Economía, demuestra no solo su incompetencia sino también su olímpico desinterés por un asunto que es medular en toda sociedad. Los pobres y la mayoría de peruanos, señor ministro, tienen derecho a la justicia y no solo sus amigos, como los de las AFP, a quienes inmediatamente sale a defender cuando son objetados.

Es verdad que la propuesta puede ser calificada de “autoritaria” ya que se ha practicado en el pasado con resultados negativos. Sin embargo, más allá del tema de la reforma, lo que sí es necesario y urgente es discutir y resolver este problema. Dejarlo a la deriva, como ocurre ahora, es la mejor manera de regresar a la barbarie y de justificar el regreso de un nuevo autoritarismo en el país, acaso peor que los anteriores.

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Política

Viaje de fiscales acabará con mediatización de muerte de García y salud de PPK

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Hernando Cevallos

El interrogatorio que se inicia mañana martes al exrepresentante de Odebrecht en el Perú, Jorge Barata, se dará en un complejo escenario. El equipo de fiscales peruanos y procuradores ad hoc viajó a Brasil en las últimas horas, mientras consultados por Diario UNO coinciden en que las próximas revelaciones acabarán con el manejo político de la muerte de Alan García.

ADIÓS A LAS ILUSIONES

El congresista del Frente Amplio Hernando Cevallos aseguró que las declaraciones que recojan los fiscales del equipo Lava Jato acabarán con las ilusiones de sectores de la derecha y con la mediatización de las investigaciones, a partir del suicidio de Alan García y el estado de salud del expresidente Pedro Pablo Kuczynski.

“Las declaraciones que recojan los fiscales que viajan a Brasil pueden acabar con las ilusiones que se han ido generando a partir de la ofensiva de la derecha, al querer mediatizar las investigaciones a partir del suicidio de García y el estado de salud de PPK”, dijo a Diario UNO tras asegurar que todo ello pretende ser vincularlo a una supuesta insistencia desmedida de los fiscales.

Asimismo, indicó: “Sí será importante que Jorge Barata nos dé mayor información que nos permita seguir separando la paja del trigo pero todo ello deberá ser corroborado por el Ministerio Público”.

Walter Albán

RESPALDO CIUDADANO

Sobre esto mismo, el exdefensor del pueblo Walter Albán dijo que el equipo de fiscales del caso Lava Jato debe contar con el respaldo ciudadano y que no se puede tolerar que el aprovechamiento político de la muerte de García frene las investigaciones.

“Lo que ha sucedido tras la muerte de García es un intento de aprovechar políticamente la situación para tratar de frenar los avances en las investigaciones que se han venido desarrollando. Esto no puede ser tolerado y los fiscales del equipo Lava Jato deben contar con el respaldo ciudadano”, aseguró a Diario UNO.

COMPLEJO ESCENARIO

En medio de un complejo escenario tras el suicidio del expresidente Alan García y la orden de detención preventiva del también expresidente Pedro Pablo Kuczynski, los fiscales del Equipo Especial Lava Jato y los procuradores ad hoc viajaron en las últimas horas a la ciudad de Curitiba (Brasil) para coordinar los últimos detalles de los interrogatorios a Jorge Barata.

El exrepresentante de Odebrecht en el Perú tendrá que responder entre el 23 y 26 de abril por diversas investigaciones de la Fiscalía como la carretera Interoceánica, el Metro de Lima, la campaña por la no revocatoria de Susana Villarán y el Club de la Construcción.

DECLARACIONES DE OAS

Simultáneamente a la toma de testimonio de Jorge Barata, los fiscales interrogarán en reserva a exdirectivos de la constructora OAS por los casos de Susana Villarán, Luis Castañeda, Ollanta Humala y el Club de la Construcción.

SIN RESTRICCIÓN SOBRE LAS PREGUNTAS

El fiscal Rafael Vela fue claro en sostener que no habrá ninguna restricción sobre las preguntas y aunque la muerte de García extingue la acción penal en su contra “se extingue la acción penal para él, no para los que fueron sus coinvestigados” ya que los hechos tienen que ser investigados independientemente de la condición que existe ahora por la muerte del expresidente.

Al respecto, Walter Albán asegura: “Barata no puede mentir porque perdería sus beneficios obtenidos en Brasil y los que obtendría con el Ministerio Público peruano. Más allá de lo que anímicamente puede estar influyendo en la persona de Barata, la verdad de los hechos es que tiene que cumplir con los compromisos asumidos”.

Mientras tanto, Cevallos asegura que independientemente a lo que diga Barata se debe buscar la verdad sin presión como la que estarían generado algunos sectores que no quieren la verdad.

SIN IMPUNIDAD

Tras la muerte de García surgen diversas interrogantes sobre la continuidad del proceso en contra suya y contra otros implicados por el presunto pago de coimas de Odebrecht. Al respecto, Hernando Ceballos asegura: “García no puede seguir siendo juzgado o inculpado pero su entorno y los beneficios que con dinero ilícito se hubiera dado, sí es posible ser embargado a solicitud del Ministerio Público si se demuestra que el dinero procedía de una fuente ilegal. Eso lo permite la ley”.

También aseguró que se quiere condicionar la lucha contra la corrupción en función a la edad de Kuczynski o el suicidio de García.“Lo que hable Barata puede contribuir pero esto debe ser corroborado con lo que tiene el Ministerio Público”.

Sobre esto mismo, Walter Albán sostuvo: “Una cosa es que García no pueda ser procesado y otra es que los aspectos que se puedan vincular a él queden excluidos de la investigación; esto es materialmente imposible”.

Asimismo, indicó que puede ser objeto de embargo los depósitos o transferencias bancarias hechas a personas vinculadas a García.

“Hay depósitos o transferencias bancarias hechas a personas vinculadas a García y esto puede ser objeto de embargo. Lo que tiene que ver con disposiciones patrimoniales habrá que ver si se hace por la vía civil”.

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Política

Serán embargados todos los bienes de AG que son producto del delito

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Guillermo Olivera Díaz

La gente se pregunta ¿y qué pasará ahora? Los apristas quieren que se acaben las investigaciones y esto no es así. Si bien AG ya no es investigado, la gente de su confianza sí continuará siendo investigada. Y si se comprueba que AG con dinero mal habido compró inmuebles y otros bienes, estos serán incautados.

Se le aplicará lo que es la extinción de dominio y las indagaciones continuarán a fondo, incluso su familia será expulgada para saber si alguno de ellos es testaferro y esto está amparado por ley. No hay vuelta que darle. El suicidio de AG solamente impide que se le investigue. Nada más. Aunque le duela a la cúpula.

EL BIEN PRODUCTO DE UN DELITO NO ES UN BIEN COMÚN

“La muerte exime una acción penal. El expediente contra Alan García se archiva. Pero no libra la acción penal de sus coimputados, no extingue la acción penal que se les está efectuando”, dijo el jurista Guillermo Olivera Díaz.

Es este sentido se refirió a su exsecretario general Luis Nava, a su hijo, a Atala y su hijo. Todos ellos son coimputados de Alan García en el delito que se llama organización criminal.

“El proceso penal sigue abierto aunque haya fallecido Alan García y con respecto a los bienes del muerto Alan García, todos los que fueron adquiridos con dinero mal habido, no son bienes hereditarios”, precisó.

“Es decir, no pasan a la esposa, no pasan a los hijos; a la esposa pasan los bienes comunes, el bien producto de un delito no es un bien común. Para ello se aplica la ley de extinción de dominio y se le confisca todo el patrimonio que haya de hacerse”, concluyó Guillermo Olivera Díaz.

Alberto Quintanilla

NECESITAMOS SABER LA VERDAD

“El país necesita conocer la verdad. La verdad tiene que ir más allá de la muerte de Alan. Nosotros respetamos el dolor, pero creo que el país necesita conocer la verdad y, a partir de ella, superar los errores”, dijo el congresista Alberto Quintanilla de Nuevo Perú.

“Si se comprueba que Alan García compró bienes con dinero mal habido, deberá caer todo el peso de la ley como corresponde. Ciertamente eso de decir que no debe seguir investigando es el peor error y en política es lo más inconveniente y eso concluirá con la liquidación del Apra”, declaró.

“Creo que el ataque a los fiscales es otro atropello. Hay que respetar la independencia del Ministerio Público y del Poder Judicial. Es parte del equilibrio de poderes, y hay que defender que así sea”, explicó.

ALGO MÁS

Finalmente, el congresista Quintanilla dijo que el dinero ilícito de AG y de todos los corruptos debe ser embargado, mientras avanzan las investigaciones, de todas las cuentas en donde se encuentran depositadas, porque la ley lo respalda.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Hijo de Nava quiso llevarse la plata

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Rafael Vela Barba

Rafael Vela, coordinador del Equipo Especial Lava Jato, señaló que José Nava Mendiola, hijo del exsecretario personal de Alan García durante su segundo gobierno, Luis Nava, intentó transferir los fondos de sus cuentas en Perú a una en Estados Unidos.

Según contó Rafael Vela, el último miércoles, una semana después de que José Nava Mendiola se enrumbara con destino a Estados Unidos, quiso transferir más de 300 mil soles.

“Que viajara a EE.UU. el mismo día que la Fiscalía solicitó su impedimento de salida revela claramente su voluntad de sustraerse de la acción de la justicia. Además, ha pretendido movilizar todas sus cuentas financieras en el banco BBVA a una cuenta en EE.UU”, reveló.

Por esta razón, indicó, solicitaron el congelamiento de las cuentas de Luis Nava y su hijo a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que aceptó el pedido.

“Si quiere transferir todo su patrimonio económico a un banco fuera del país, es porque no pretende regresar. También al señor Nava Mendiola se le han congelado cuentas por más de S/300 mil y alrededor de 200 mil dólares”, precisó.

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