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El retorno al pasado

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Hace unas semanas el ministro de Economía, Alfredo Thorne, presentó el plan del gobierno para promover la formalización laboral en los próximos cinco años, fijándose como meta que la Población Económicamente Activa (PEA) laboral formal llegue al 60%, actualmente, conforme anota el ministro, de los 10.7 millones de trabajadores (PEA ocupada) unos 7.5 millones son trabajadores informales, de estos últimos, 5.4 millones laboran en empresas informales.

Para la consecución de dicho objetivo se ha fijado tres pilares básicos: a) Reducir barreras de formalización, simplificando los trámites tributarios y administrativos; b) Mejora en la calidad del acceso a los servicios públicos, expansión de la cobertura de salud, mejora educativa; y c) Política regulatoria proformalización, constitución del Consejo Nacional de Competitividad y Formalización, acceso a créditos, incentivos y capacitación empresarial, entre otros.

Hasta aquí nos parece correcto que se trace metas y estrategias concretas para lograr una mayor formalización laboral, según la OIT nuestro país ocupa uno de los primeros lugares en el índice de informalidad en la región. Por su parte el empresariado, añorando los “buenos tiempos” del fujimorismo, pretendiendo aprovechar la coyuntura generada, viene exigiendo a voz en cuello que dichas medidas estén acompañadas de una nueva reforma laboral de naturaleza flexibilizadora.

En anterior columna comentamos que uno de los principales objetivos de dicha propuesta de nueva “reforma laboral” es lograr un cambio legislativo que impida al trabajador arbitrariamente despedido accionar por su reposición quedándole sólo el derecho a reclamar un monto indemnizatorio por el despido arbitrario.

Otra vez estamos ante el mismo argumento, empleado por el fujimorismo en los 90 para imponer su modelo de “reforma laboral”, que los posteriores gobiernos no se han atrevido a modificar, sin embargo las estadísticas van a ser contundentes para desmentir el mito de la “flexibilidad laboral como generadora de trabajo formal”. Así tenemos que si para 1991 la informalidad laboral alcanzaba alrededor del 52.7%, para el año 2000 llegó al 59.2% y al día de hoy, según cifras del INEI llega al 75%, lo cual se agrava en el caso de los jóvenes o las personas mayores de 65 años, donde 9 de cada 10 trabaja en situación de informalidad.

La experiencia ha evidenciado que una mayor desprotección del trabajador, eliminando beneficios laborales (sobrecostos como lo llaman los empresarios) no se ha traducido en reducción de la informalidad laboral, es momento de explorar otros mecanismos que incentiven la formalización, en ésta línea de pensamiento diversos estudios coinciden en la necesidad de promover políticas que incentiven la productividad tales como inversión en tecnología, capacitación del capital humano, acceso a créditos y facilidades tributarias, entre otros.

Esperemos que el gobierno no termine sucumbiendo ante los renovados cantos de sirena del empresariado y, bajo el argumento de una mayor formalización laboral, tengamos en realidad una nueva reforma desprotectora del trabajador con la consiguiente implementación de nuevas leyes pulpín, estemos atentos.

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Economía

¿Es posible trasladarse de ONP a AFP?

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Asociación AFPs

¿Es posible trasladarse  de ONP a AFP? - Asociación de AFP

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Economía

Pasos para trasladarse de la ONP a una AFP

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AFP fonavista pensionista

Los trabajadores afiliados al Organismo de Normalización Previsional (ONP) también tienen la posibilidad de realizar el traspaso a una Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), donde podrán conocer cuánto dinero llevan ahorrado y de qué manera es manejado para conseguir un mayor rendimiento que le garantice una pensión digna.

Y claro, son muchos los trabajadores que aportan un porcentaje de su sueldo con la esperanza de recibir una pensión que les permita jubilarse llegado el momento, sin temor a pasar falencias económicas.

En las AFP el afiliado tiene la ventaja de poder conocer la totalidad de dinero que tiene ahorrado y cómo se va incrementando, a diferencia de lo que ocurre en la ONP, donde todos los aportes del trabajador van a parar a un fondo común.

En las Administradoras de Fondos de Pensiones cada afiliado tiene una Cuenta Individual de Capitalización (CIC) y puede ver el detalle de su fondo todos los meses. Allí está la diferencia con la ONP.

Por eso, muchos se preguntan si es posible pasar de la ONP a una AFP, y la respuesta es afirmativa, pues es totalmente posible hacerlo en el momento en que el trabajador lo decida, pero primeramente debe recuperar sus aportes a través de un Bono de Reconocimiento. La ONP es la que evalúa y determina si te corresponde dicho bono.

¿Y CÓMO LO HACE?

Para realizar el traspaso primero el trabajador deberá desafiliarse de la ONP. Luego, debe acercarse a las oficinas de PRIMA AFP, dado que es la encargada de recibir a los nuevos afiliados, por ofrecer la comisión más baja del mercado.

Allí, firmará el contrato de afiliación presentando su DNI y adjuntando la fotocopia de las boletas de pago de los dos últimos meses.

En caso acceda al bono de reconocimiento, deberá presentar la documentación que sustente el monto de sus últimas 12 remuneraciones asegurables consecutivas o no anteriores a diciembre de 1992, en el caso del bono 1992; enero de 1997, para el bono 1996; y a enero de 2002 para el Bono 2001.

Además, para sustentar sus remuneraciones y/o meses aportados se puede utilizar boletas de pago legalmente emitidas; liquidación por tiempo de servicio; certificado de retención del Impuesto a la Renta de quinta categoría; y comprobantes de pago de aportaciones, para los períodos como asegurado facultativo.

ALGO MÁS

Otros documentos que el trabajador debe presentar son: una declaración jurada del empleador; certificados o constancias de trabajo; o cualquier otro documento emitido por el empleador que evidencie la relación laboral y que indique fecha de inicio y término de la misma.

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Economía

Recursos del canon para vivienda social

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Viviendas casas hogares domicilios

El Gobierno autorizó a los gobiernos regionales y locales, mediante ley publicada ayer en el diario oficial El Peruano, a utilizar los recursos del canon para financiar los bonos que otorga el Estado, destinados a los programas de viviendas sociales.

La Ley Nº 30848 modifica la Ley de Canon, con el fin de promover el financiamiento de proyectos de vivienda social, a través del Programa Techo Propio con el beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

Para tal efecto, la presente ley cambia el artículo 6 de la Ley de Canon de la siguiente manera.

“Artículo 6. Utilización del canon […] 6.2. Los recursos que los gobiernos regionales y gobiernos locales reciban por concepto de canon serán utilizados para el financiamiento o cofinanciamiento de proyectos u obras de infraestructura de impacto regional y local, respectivamente, a cuyo efecto se establecen las cuentas destinadas a estos fines”.

MÁS DETALLES

“También podrán ser utilizados para el financiamiento de Bonos Familiares Habitacionales (BFH) destinados a proyectos de vivienda del Programa Techo Propio y para el financiamiento del Programa Nacional de Vivienda Rural, mediante convenios con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento o el Fondo Mivivienda, según corresponda”, agrega.

“Los gobiernos regionales entregarán el 20 % del total percibido por canon a las universidades públicas y el 10 % del total percibido por canon a los institutos y escuelas de educación superior de su circunscripción, destinado exclusivamente a la inversión en investigación científica y tecnológica y de su respectiva infraestructura, que potencien su desarrollo. El canon petrolero mantiene las condiciones actuales de distribución conforme a ley”, añade.

Al respecto, la Asociación de Empresas Inmobiliarias del Perú (ASEI) dijo que el dinero proveniente del canon que ahora podrá ser usado por los gobiernos regionales y locales para financiar los programas de vivienda social, ayudará a solucionar el problema de acceso a una casa digna en provincias.

ALGO MÁS

La Ley Nº 30848 permite que los recursos del canon puedan ser usados por los gobiernos regionales y locales para promover el financiamiento de proyectos de vivienda social, a través del Programa Techo Propio con el beneficio del Bono Familiar Habitacional (BFH) y el Programa Nacional de Vivienda Rural (PNVR).

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