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El Putumayo, la frontera caliente de la Amazonía

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La cuenca del Putumayo, con una superficie de 148 mil kilómetros, ha sido y sigue siendo la frontera más caliente de la Amazonía: conflictos bélicos, acuerdos y tratados, violencia guerrillera, actividades ilegales como el narcotráfico, la tala ilegal de madera y la extracción aurífera, marcan su historia con una huella profunda e indeleble.

Hoy reina una calma chicha en la capital de la provincia del Putumayo, San Antonio de “El Estrecho” y en sus distritos. Esa es la impresión y la percepción que tenemos mientras observamos el gentío en su Plaza de Armas sembrada de decenas de columnas de cemento y navegamos por el río con dirección al pueblos de Remanso, que fue uno de los centros de acopio de caucho del imperio del “Rey del Caucho”, Julio César Arana, a principios del siglo XX.

LOS CRUENTOS SUCESOS DEL PUTUMAYO
El río Putumayo es compartido por el Perú y Colombia. Pero a fines del siglo XIX ninguno de los dos países tenía el control territorial de ese espacio de la selva amazónica, estimado en 200 mil millas. Por esa razón en el año 1904 tanto Perú como Colombia sometieron al arbitraje del papa Pío X ese territorio, estableciéndose en julio de 1906 un Modus Vivendi hasta la definición del arbitraje.

Fue precisamente a fines del siglo XIX y en el período del arbitraje en que se inicia “la fiebre del caucho” y la cuenca del Putumayo es prácticamente ocupada e invadida por caucheros peruanos y colombianos y aventureros de toda laya.

Uno de esos caucheros fue Julio César Arana quien instaló su imperio a lo largo y ancho de toda la cuenca del Putumayo y sus afluentes. Un imperio esclavista que, lo señala el historiador de la República Jorge Basadre, costó la vida a más de 40 mil indígenas Witoto, Ocaina y Andoke. En solo una década, la maquinaria esclavista y criminal de Arana y sus socios ingleses de la Peruvian Amazon Company lograron acopiar 3 millones, 992 mil kilogramos de caucho a costa de la sangre indígena.

EL TRATADO SALOMÓN-LOZANO Y LA PÉRDIDA DEL TRAPECIO AMAZÓNICO
La tragedia indígena no fue el único corolario, consecuencia y efecto del violento ciclo cauchero en la cuenca del Putumayo. La otra consecuencia fue geopolítica y de pérdida de soberanía territorial a causa de un Estado débil, una clase dominante de espaldas a la realidad amazónica y una diplomacia inepta y entreguista.

En el año 1922 se firmó el Tratado Salomón-Lozano y se aprobó en 1927. El Tratado costó al Perú la pérdida del Trapecio Amazónico con 120 mil kilómetros de nuestro territorio y le dio a Colombia una salida al Amazonas. Jorge Basadre analiza el comportamiento entreguista del dictador Leguía y del negociador del Tratado, Alberto Salomón, y la poderosa presión que ejerció EEUU para que se firmara el Tratado porque así pagaba a Colombia su deuda por el territorio del Canal de Panamá.

EL PUTUMAYO HOY: CALMA CHICHA, PRECARIEDAD E INSEGURIDAD
El ciclo del narcotráfico sentó sus reales en toda la cuenca del Putumayo. Hasta fines de 1997 “El Estrecho” estaba tomado por el narcotráfico. En la otra orilla del Putumayo, “Marandúa” era el centro de acopio de los carteles y, en territorio peruano, “Champa” era el operador del barón de la droga, Pablo Escobar.

El otro gran negocio ilegal de peruanos y colombianos era la madera. El Decreto Supremo No. 013 promulgado por Fujimori decretando una drástica veda forestal en 10 cuencas de la Amazonía, incluyendo Loreto, no pudo detener el saqueo de los bosques del Putumayo.

Pese a los esfuerzos del el Estado nacional, de las inversiones en infraestructura ejecutadas por el Gobierno Regional de Loreto (GOREL), de los programas del Proyecto Especial de Desarrollo de la Cuenca del Putumayo (PEDICP), de la intervención de las Fuerzas Armadas y la Policía, la situación peruana en el Putumayo aún es precaria e insegura.

Se estima que el 90 por ciento de la gasolina y otros combustibles que se usan en El Estrecho y otros pueblos proviene de los vecinos fronterizos, Colombia y Brasil. Hay una dependencia casi absoluta de productos como el arroz, el azúcar y otros de consumo básico que proceden de Colombia.

En el puerto de El Estrecho, la carga habitual que se embarca en los botes que se dirigen a los diferentes pueblos y comunidades del alto, medio y bajo Putumayo son cajas de huevos transportados por vía aérea desde Iquitos, así como botellas de agua. La Amazonía contiene el 70 por ciento de toda el agua del Perú y, sin embargo, se importa agua a las comunidades cuando el Estado, el PEDICP y el Gobierno Regional podrían instalar sencillos sistemas de filtración y purificación de agua para el consumo humano.

La Plaza de Armas de El Estrecho en vez de árboles tiene decenas de columnas de cemento. En la comunidad de Remanso la gente siente orgullo porque el ex Gobernador de Loreto, Iván Vásquez Valera, les regaló centenares de planchas de calamina como parte de un programa denominado “techo digno”. Los pobladores techaron sus casas con esas calaminas y ahora se achicharran de calor en el día y en la noche tiritan de frío.

El alcalde de Remanso salió del pueblo en junio con dirección a Iquitos. Hasta ahora no retorna. Lo mismo hace el alcalde de El Estrecho que pasa casi todo el tiempo en Iquitos. De los 14 alcaldes fronterizos de Loreto, 12 despachan en Iquitos, 1 en San Lorenzo y 1 en Yurimaguas.

El Putumayo necesita más Estado, más desarrollo productivo. Necesita eliminar la corrupción, desterrar concepciones falsas de modernidad y progreso que para muchos es la siembra de cemento. Requiere combatir frontalmente el subcentralismo, tan negativo como el hipercentralismo de Lima la horrible. (Continuará).

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Política

Jugarreta de FP: niega compromiso de aprobar reformas y el referendo

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

El Gobierno reaccionó ayer con cautela ante la difusa confianza concedida por el Congreso a dos de sus políticas generales de Estado, sin ninguna mención sobre las tres reformas políticas pendientes, la fecha límite para su aprobación ni sobre el referéndum proyectado para el 9 de diciembre.

La acción del Legislativo fue advertida por sectores políticos ajenos a Fuerza Popular como un escamoteo al propósito reformador del Gobierno, o como una maniobra del tipo “caramelo”, destinada a solo contentar al Gobierno, pero sobre todo a bloquear la posibilidad del cierre del Congreso y a aminorar la presión del Ejecutivo sobre el referéndum.

BATALLA POR EL REFERÉNDUM

De este modo, se prevé que aún si el legislativo cumpliese con aprobar los tres proyectos de ley pendientes de la reforma Vizcarra, la confrontación Ejecutivo – Legislativo, derivaría hacia una enconada batalla política por la realización de la consulta ciudadana.

Juan Sheput dijo ayer que en la moción de confianza no figura para nada el referéndum porque Fuerza Popular no lo quiere, lo detesta y hará todo para impedirlo, pues está convencida de que significará una derrota para sus intereses políticos.

Sobre el referéndum, desde Ica, la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higushi, declaró que es una cuestión que depende de la voluntad política del Congreso, sin presión de ningún lado, y se declaró satisfecha de que en la plenaria sobre la cuestión de confianza los legisladores de su partido hayan emitido votos de conciencia, algo inusual en esa organización en la que ella decide el más mínimo detalle, sin que los demás puedan disentir.

Casi en consonancia con Fujimori, en Lima, la presidenta de la Comisión de Constitución del Legislativo, Rosa Bartra, dijo que el único organismo que puede convocar el referéndum es el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y se negó a seguir hablando del tema pues, aseguró, no es de interés del Congreso.

CLAROSCUROS DE LA CONFIANZA

En el oficio Nº 070- 2018- 2019, mediante el cual el presidente del Congreso, Daniel Salaverry y la primera vicepresidenta, Leyla Chihuán, comunican al presidente Martín Vizcarra el acuerdo del Legislativo sobre la cuestión de confianza, se lee:

“(…) el Pleno del Congreso, en su sesión de hoy, luego de escuchar y debatir la exposición del Presidente del Consejo de Ministros sobre los ejes 1 y 2 de la política general de gobierno, acordó otorgar su voto de confianza al Consejo de Ministros que preside el señor César Villanueva Arévalo”.

Este otorgamiento de confianza sobre dos materias genéricas que, además, ya recibieron el visto bueno del Legislativo en mayo último luego de la presentación del plan de trabajo del gabinete Villanueva, no refleja tampoco el acuerdo de los portavoces, previo a la votación del miércoles 19, de conceder la confianza a la solicitud del Gobierno, contenido en el oficio Nº 257- 2018-PR, el cual menciona expresamente un pedido de aprobación urgente de los cuatro proyectos de ley de la reforma política.

PAÑOS FRÍOS

La primera reacción ante la prensa que advirtió esta notoria discrepancia central entre el principal motivo de la cuestión de confianza pedida por el Gobierno y la respuesta genérica de la presidencia del Congreso, fue del premier César Villanueva, en tono de paños fríos.

Dijo que no tiene “ni una pizca de duda” del compromiso asumido por los legisladores que votaron a favor de la confianza, de que aprobarán las cuatro reformas en los plazos establecidos y agregó que si no lo hacen sería “una miopía política gigantesca (…) o hacer algún tipo de triquiñuela”. Se refería al supuesto plazo del 4 de octubre próximo mencionado verbalmente por el presidente del Legislativo, Daniel Salaverry, ante la prensa, pero que no consta en ningún documento oficial del Estado Peruano.

No obstante, un confiado premier declaró: “Fue gran parte del partido Fuerza Popular la que votó favorablemente […] Los demócratas tenemos que empezar a creer que hay reserva moral como para tomar decisiones y no hacer las jugadas clásicas debajo de la mesa. Creo que van a aprobar las cuatro reformas y que van a ir a un referéndum”.

EL PRESIDENTE TAMPOCO DUDA

Después del mediodía, desde La Joya, en Arequipa, el presidente Martín Vizcarra felicitó al Congreso “por la confianza para las cuatro reformas”, sin mencionar que ni siquiera están mencionadas en la escueta y opaca decisión del Congreso, pero también mostrando una seguridad que puede ser otra forma de advertencia.

Dijo estar seguro de que la consulta se realizará el 9 de diciembre sobre los cambios judiciales y políticos propuestos, pues no tiene dudas de que los congresistas aprobarán los proyectos pendientes antes del 4 de octubre, fecha límite que la Junta de Portavoces del Parlamento se impuso. Y, seguidamente dejó en claro que no pensará en “sí y no” sobre la posibilidad de que el Congreso prolongue el debate de las reformas.

SHEPUT SIN ANESTESIA

En el contexto de estas expresiones de buena voluntad del Presidente y del Premier, Sheput fue el único representante del partido de gobierno y de la bancada oficialista que aceptó, casi con amargura, la inexistencia de un compromiso claro de aprobar las reformas ni del plazo para aprobarlas, ni garantía alguna de que habrá un referéndum.

Y fue más allá. Criticó a todos los miembros de la Junta de Portavoces y, por consiguiente, al representante de su partido que asistió a la reunión en la que se preparó la imprecisa moción que finalmente se votó.

Casi con pena dijo: “Quienes se ponen a confiar, que no se metan en política. En la política, uno genera las condiciones para que suceda algo […] En política no hay que ser ingenuo. Hablo en general, de mi bancada, de la política y de todos los voceros. En términos políticos, uno tiene que concretar lo que se plantea y, en ese sentido, es responsabilidad de la bancada, de los voceros de las bancadas, de nosotros”.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Poder Judicial debe anular indulto a Alberto Fujimori

Publicado

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Alberto Fujimori - Carlos Rivera Paz

El jurista Carlos Rivera, abogado de los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en entrevista con Diario UNO, afirmó que existen muchas posibilidades de que el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria del Poder Judicial anule el indulto al exdictador Alberto Fujimori otorgado por el expresidente Kuczynski.

“El juez tendrá que concluir que este indulto, efectivamente, no solo contiene graves irregularidades en cuanto al procedimiento interno, que es otra cosa muy importante que tenemos que establecer, sino que además es contrario al derecho internacional”, aseveró.

Rivera concedió la entrevista con motivo de que el Poder Judicial evaluará hoy, el indulto que en diciembre pasado dejó libre al expresidente Fujimori, y lo analizará en pedido de un control de convencionalidad presentado por familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos .

RESOLUCIÓN CLARA

Asimismo, señaló la importancia de la resolución de la Corte IDH publicada el 30 de mayo pasado, porque esta crea un precedente al otorgamiento de indulto a violadores de derechos humanos, y específicamente mediante indultos humanitarios y con eso queda resuelto con la resolución de la Corte IDH del 30 de mayo.

“Porque contiene estándares bastante concretos y claros sobre cuándo se puede indultar y en qué circunstancias exclusivas se podría hacer, ese tema me parece que ya está resuelto por la Corte IDH”, manifestó.

Rivera destacó la conclusión del documento, donde la Corte IDH dice que la posibilidad de que se otorgue un indulto tiene carácter excepcional, que nunca puede ser la primera ni la única alternativa.

“Si es que se alega razones de salud, al respecto, la Corte IDH establece que hay obligaciones anteriores de parte del Estado en cuanto a su posición de garante como autoridad que debe proteger el derecho de los internos”, refirió.

ESTABLECE UN MANDATO

El jurista dijo que la Corte IDH ha establecido un mandato absolutamente claro pero también concreto, de cuáles deben ser los parámetros de la decisión judicial.

“La Corte IDH pudo haber dicho ya, luego de esa resolución y sobre la base de lo que fundamenta, que anulaba el indulto. Pero fueron percepciones de carácter político que originaron que la Corte IDH establezca estándares, pero que no tomen la decisión sobre el fondo del caso, sino que le devuelva el caso a la jurisdicción interna”, afirmó.

Además, indicó que el Poder Judicial debe tomar en cuenta el estándar de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por eso le han planteado un control de convencionalidad.

BUEN PRECEDENTE

Para Rivera la invalidación del derecho de gracia otorgado por Kuczynski a Fujimori para el caso Pativilca sienta una jurisprudencia favorable al control de convencionalidad presentado.

“Es un buen precedente y da cuenta de que las decisiones presidenciales a nivel del otorgamiento de este tipo de beneficios, son decisiones, aun cuando no tienen o no cuentan con un procedimiento de anulación, sí pueden ser objeto de un control constitucional o de carácter convencional”, explicó.

Señaló que esto hizo la Sala Penal Nacional para anular el derecho de gracia otorgado para el caso de la matanza del caso Pativilca, por eso presentaron un control de convencionalidad.

“Y por lo tanto, lo que le correspondía era que se declare la nulidad de ese beneficio y se disponga el retorno de Alberto Fujimori a su condición de procesado. Ese mismo ejercicio es el que le hemos planteado a la Corte Suprema, ahora en el caso del indulto”, agregó.

VOLVER A LA CORTE IDH

En el caso que el Poder Judicial desestime su pedido, el jurista anunció que los familiares apelarán a una Sala Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia. Además, afirmó que pueden volver a acudir a la Corte IDH.

“La propia resolución del 30 de mayo la Corte IDH propone, acá estoy planteando los estándares sobre los cuales la jurisdicción interna tiene que tomar una decisión. Con lo cual le dice a la jurisdicción interna si tú no tomas una decisión favorable sobre este asunto, retomaré competencia sobre el caso y ahí tomaremos un camino definitivo”, resaltó.

Rivera manifestó que si en el caso pierdan en dos instancias, recién ahí plantearán un pedido de cumplimiento de sentencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

ALGO MÁS

El Poder Judicial evaluará hoy, en audiencia pública, el indulto humanitario otorgado al expresidente Alberto Fujimori, en diciembre del 2017. Los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos presentaron un control de convencionalidad después del fallo de la Corte IDH.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

“Un indulto fraudulento”

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Francisco Soberón

Francisco Soberón, expresidente de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), declaró a Diario UNO que espera que la Sala se pronuncie por la revocatoria de este indulto fraudulento a Alberto Fujimori que Kuczynski decretó para evitar el primer intento de vacancia.

“Esperamos con expectativa acompañando como siempre a los familiares de las víctimas de La Cantuta y Barrios Altos, en esta su lucha por lograr justicia y para evitar la impunidad que ha favorecido al responsable de crímenes de lesa humanidad”.

NO TODO ESTÁ PERDIDO

Aunque el Poder Judicial ha perdido mucha credibilidad después de la revelación de los ‘CNM-audios’, Soberón afirmó que en muchos momentos decisivos esta institución se ha comportado de manera adecuada.

Recordó la condena a Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, al Grupo Colina, la condena del caso Accomarca, de Los Cabitos, que está por verse en la Corte Suprema.

“Entonces también ha habido comportamientos correctos y justos, hay que estar vigilantes e identificar estos comportamientos corruptos, mafiosos”, agregó.

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