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El problema de la electricidad en el movido mercado peruano

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El precio de la electricidad ha bajado en el mercado; sin embargo, esto aún no se refleja en los recibos de luz de los peruanos.

Hay en el país una sobreproducción de 50% de electricidad. Se estima que existe el doble de energía de la que necesitamos. Para algunos esto es positivo porque podríamos venderla a países vecinos, pero para otros es la causa de una innecesaria y agresiva competencia que ha generado la denominada “guerra de precios” en el particular mercado de la electricidad en el Perú.

En esta guerra, las grandes empresas generadoras de electricidad bajan sus precios para dejar fuera del juego a las pequeñas y hacerse de la mayor cantidad de clientes. Curiosamente existe todo un marco regulatorio que las ampara y que ata de manos a las pequeñas. Es la lógica de la oferta y la demanda en la que el más débil casi siempre termina perdiendo.

Y el Estado, encargado de evitar distorsiones en el mercado, hasta ahora no logra tomar medidas para que la competencia se dé en mejores condiciones. Para entender el negocio de la electricidad hay que empezar por saber que este comprende tres mercados diferentes, cada uno con sus propias reglas.

MERCADOS ELÉCTRICOS
Uno de estos es el mercado regulado que tiene cerca de 8 millones de usuarios domésticos de baja tensión cuya demanda no supera los 200 Kilowatts (KW). Es regulado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que fija el precio que las generadoras, transmisoras y distribuidoras cobrarán a los usuarios en los recibos de luz.

El segundo es el libre conformado por cerca de 400 grandes empresas consumidoras de energía. En este destacan las mineras y su demanda fluctúa entre los 200 y 2500 KW. Acá, el precio de la electricidad se fija entre las partes.

El tercero es el de corto plazo o “mercado spot” en el que el precio se fija cada quince minutos, mercado de 24 horas, y se caracteriza por ser de alta volatilidad y riesgo. Acá se libra con más fuerza la guerra de precios y es donde el “megavatio/hora”, medida con la que se vende la electricidad, ha llegado a costar hasta quince dólares. Precio nunca antes registrado producto de la agresiva competencia por captar clientes.

ACTOR PRINCIPAL
Un actor fundamental en esta historia es el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), una entidad privada de derecho público que administra el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y que está conformado por las generadoras de electricidad como Enersur, Kallpa, Edegel, Egasa, Egenor, Fénix Power Perú, etc.

Las transmisoras como Transmantaro, la Red de Energía del Perú etc., las distribuidoras como Luz del Sur, Edelnor, Electro Oriente, etc. y los usuarios libres. El COES decide el orden de prioridad en el despacho en el mercado libre y el spot. Tiene la facultad de dar preferencia a una u otra compañía sin importar que alguna de estas ya tengan contratos con consumidores de energía.

Jorge Manco Zaconetti.

Jorge Manco Zaconetti.

EXCESO DE TERMOELÉCTRICAS
El especialista en temas energéticos Jorge Manco Zaconetti cree que una de las razones de la sobreproducción y la guerra de precios es producto del poco crecimiento económico, pero apunta que otra razón fundamental fue la aparición de una gran cantidad de termoeléctricas, productoras de electricidad barata, a partir de la explotación del gas de Camisea en el año 2004.

De otro lado, considera que la manera como el COES dispone la compra y venta de electricidad no es la más adecuada. Para él, la marcada diferencia de precios que hay en los tres mercados y sobre todo en el spot está generando una mala práctica entre los productores que debería ser regulada.

Según el especialista, el exceso de energía debería hacer que nuestros recibos de luz bajen, pero lamenta que esto no suceda por las “distorsiones” del mercado. Sobre esto, cuestiona que los clientes regulados paguemos entre 60 a 65 dólares por megavatio/hora de electricidad, las empresas o clientes libres paguen de 28 a 30 dólares y en el mercado spot se pague menos de 20 dólares.

Al respecto explica que la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) establece que cuando la diferencia de precios en los mercados es mayor al 10% estos deberían ajustarse a favor de los usuarios regulados, hecho que no ocurre. Prueba de esto es la reciente alza de luz para los usuarios domésticos anunciada por Osinergmin.

Con ajustes como estos, indica, se combatiría la guerra de precio y también se podrían rebajar las tarifas de los usuarios regulados.

Para Manco Zaconetti existe un perverso patrón de consumo que debe ser mejorado en beneficio de los usuarios domésticos para lo cual deberían evitarse malas prácticas como la compra de electricidad barata que hacen algunas empresas para luego venderla a precios más caros en otros mercados.

La problemática de la electricidad no es simple. Es por eso que en próximas entregas informaremos con más precisión sobre cuestionadas prácticas en este negocio, sobre formas de rebajar las tarifas de luz y sobre las medidas que está tomando el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas para este sector.

Aurelio Ochoa.

Aurelio Ochoa.

NO MÁS SUBASTAS
El también especialista en temas energéticos y expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa cree que para evitar la agudización de la guerra de precios el Estado ya no debería hacer más subastas públicas para las termoeléctricas. Si estas se hicieran tendría que hacerse solo para energías renovables como las eólicas, las hidráulicas y las solares y precisa que el riesgo tendría que ir por cuenta de las empresas privadas y no del Estado.

Los dos especialistas consultados consideran que debido al consenso que existe entre los expertos en materia energética el gobierno debe reformular la política del sector, revisar la LCE de 1992, considerar las opiniones del COES, el SEIN y el Osinergmin y lograr un nuevo marco regulatorio.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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