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El problema de la electricidad en el movido mercado peruano

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El precio de la electricidad ha bajado en el mercado; sin embargo, esto aún no se refleja en los recibos de luz de los peruanos.

Hay en el país una sobreproducción de 50% de electricidad. Se estima que existe el doble de energía de la que necesitamos. Para algunos esto es positivo porque podríamos venderla a países vecinos, pero para otros es la causa de una innecesaria y agresiva competencia que ha generado la denominada “guerra de precios” en el particular mercado de la electricidad en el Perú.

En esta guerra, las grandes empresas generadoras de electricidad bajan sus precios para dejar fuera del juego a las pequeñas y hacerse de la mayor cantidad de clientes. Curiosamente existe todo un marco regulatorio que las ampara y que ata de manos a las pequeñas. Es la lógica de la oferta y la demanda en la que el más débil casi siempre termina perdiendo.

Y el Estado, encargado de evitar distorsiones en el mercado, hasta ahora no logra tomar medidas para que la competencia se dé en mejores condiciones. Para entender el negocio de la electricidad hay que empezar por saber que este comprende tres mercados diferentes, cada uno con sus propias reglas.

MERCADOS ELÉCTRICOS
Uno de estos es el mercado regulado que tiene cerca de 8 millones de usuarios domésticos de baja tensión cuya demanda no supera los 200 Kilowatts (KW). Es regulado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que fija el precio que las generadoras, transmisoras y distribuidoras cobrarán a los usuarios en los recibos de luz.

El segundo es el libre conformado por cerca de 400 grandes empresas consumidoras de energía. En este destacan las mineras y su demanda fluctúa entre los 200 y 2500 KW. Acá, el precio de la electricidad se fija entre las partes.

El tercero es el de corto plazo o “mercado spot” en el que el precio se fija cada quince minutos, mercado de 24 horas, y se caracteriza por ser de alta volatilidad y riesgo. Acá se libra con más fuerza la guerra de precios y es donde el “megavatio/hora”, medida con la que se vende la electricidad, ha llegado a costar hasta quince dólares. Precio nunca antes registrado producto de la agresiva competencia por captar clientes.

ACTOR PRINCIPAL
Un actor fundamental en esta historia es el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), una entidad privada de derecho público que administra el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y que está conformado por las generadoras de electricidad como Enersur, Kallpa, Edegel, Egasa, Egenor, Fénix Power Perú, etc.

Las transmisoras como Transmantaro, la Red de Energía del Perú etc., las distribuidoras como Luz del Sur, Edelnor, Electro Oriente, etc. y los usuarios libres. El COES decide el orden de prioridad en el despacho en el mercado libre y el spot. Tiene la facultad de dar preferencia a una u otra compañía sin importar que alguna de estas ya tengan contratos con consumidores de energía.

Jorge Manco Zaconetti.

Jorge Manco Zaconetti.

EXCESO DE TERMOELÉCTRICAS
El especialista en temas energéticos Jorge Manco Zaconetti cree que una de las razones de la sobreproducción y la guerra de precios es producto del poco crecimiento económico, pero apunta que otra razón fundamental fue la aparición de una gran cantidad de termoeléctricas, productoras de electricidad barata, a partir de la explotación del gas de Camisea en el año 2004.

De otro lado, considera que la manera como el COES dispone la compra y venta de electricidad no es la más adecuada. Para él, la marcada diferencia de precios que hay en los tres mercados y sobre todo en el spot está generando una mala práctica entre los productores que debería ser regulada.

Según el especialista, el exceso de energía debería hacer que nuestros recibos de luz bajen, pero lamenta que esto no suceda por las “distorsiones” del mercado. Sobre esto, cuestiona que los clientes regulados paguemos entre 60 a 65 dólares por megavatio/hora de electricidad, las empresas o clientes libres paguen de 28 a 30 dólares y en el mercado spot se pague menos de 20 dólares.

Al respecto explica que la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) establece que cuando la diferencia de precios en los mercados es mayor al 10% estos deberían ajustarse a favor de los usuarios regulados, hecho que no ocurre. Prueba de esto es la reciente alza de luz para los usuarios domésticos anunciada por Osinergmin.

Con ajustes como estos, indica, se combatiría la guerra de precio y también se podrían rebajar las tarifas de los usuarios regulados.

Para Manco Zaconetti existe un perverso patrón de consumo que debe ser mejorado en beneficio de los usuarios domésticos para lo cual deberían evitarse malas prácticas como la compra de electricidad barata que hacen algunas empresas para luego venderla a precios más caros en otros mercados.

La problemática de la electricidad no es simple. Es por eso que en próximas entregas informaremos con más precisión sobre cuestionadas prácticas en este negocio, sobre formas de rebajar las tarifas de luz y sobre las medidas que está tomando el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas para este sector.

Aurelio Ochoa.

Aurelio Ochoa.

NO MÁS SUBASTAS
El también especialista en temas energéticos y expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa cree que para evitar la agudización de la guerra de precios el Estado ya no debería hacer más subastas públicas para las termoeléctricas. Si estas se hicieran tendría que hacerse solo para energías renovables como las eólicas, las hidráulicas y las solares y precisa que el riesgo tendría que ir por cuenta de las empresas privadas y no del Estado.

Los dos especialistas consultados consideran que debido al consenso que existe entre los expertos en materia energética el gobierno debe reformular la política del sector, revisar la LCE de 1992, considerar las opiniones del COES, el SEIN y el Osinergmin y lograr un nuevo marco regulatorio.

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Política

Fujimorismo tiene doble discurso

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Bancada fujimorista de Fuerza Popular

Pese a que el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, confía que se aprobará los cuatro proyectos de reforma política y judicial propuestos por el Ejecutivo antes del 4 de octubre, plazo acordado por la Junta de Portavoces, sus propios compañeros de la bancada de Fuerza Popular siguen poniendo trabas al debate y aprobación de las reformas.

“Ya nos queda una semana, ocho días máximo, para que puedan avanzar con los tres proyectos que faltan. Tenemos que llegar, quien asume un compromiso tiene que honrar ese compromiso”, declaró Salaverry al ser abordado por la prensa.

Sin embargo, por la noche, durante la presentación del presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva Arévalo, ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República, diferentes parlamentarios de Fuerza Popular resaltaron que el Legislativo aprobó la cuestión de confianza al Ejecutivo, pero no se comprometieron a respaldar las reformas y menos a cumplir con los plazos.

BARTRA, LETONA

Horas antes, en Nueva York, el presidente Martín Vizcarra manifestaba plena seguridad de que el Congreso de la República cumpliría sus compromisos y que las reformas se aprobarán conforme a lo previsto.

Las declaraciones fujimoristas en sentido contrario se dieron luego de la exposición del premier Villanueva sobre la propuesta del Ejecutivo de un Congreso bicameral que implica la creación de macrodistritos y macrorregiones.

“Aceptamos la bicameralidad como un sistema para el Parlamento (…) Pero ahora nos han impuesto plazo, celeridad y nos piden que lo pasemos a ley de desarrollo sin ni siquiera saber qué estamos pasando”, dijo Rosa Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución.

En esa línea, su beligerante compañera de bancada fujimorista, Úrsula Letona dijo: “Este Congreso ha claudicado a debatir un tema importante como la bicameralidad. Me resisto a aprobar una reforma de este tipo”.

CUMPLAN EL COMPROMISO

En medio de los entredichos entre los parlamentarios fujimoristas y los de la bancada oficialista, Luis Galarreta, congresista de Fuerza Popular, resaltó que la “cuestión de confianza (aprobada por el Congreso) se dio en base a respaldar los ejes 1 y 2 de la política general del Gobierno, pero no a la aprobación de reformas y dentro de plazos”.

“La cuestión de confianza no se refiere a la aprobación de proyectos de ley”, afirmó Letona. Al respecto, el congresista Lescano, lamentó que ahora el fujimorismo desconozca los compromisos acordados en la Junta de Portavoces.

“Nos hemos comprometido en aprobar las reformas hasta el 4 de octubre”, concluyó el parlamentario de Acción Popular.

PROPUESTA DEL EJECUTIVO

Con el fin de crear un Congreso bicameral, el Ejecutivo ha propuesto crear seis macrodistritos para 30 senadores, es decir cinco macrorregiones y el área metropolitana, lo que –según Villanueva- garantizará que todos los departamentos tendrán al menos un senador en el próximo Parlamento.

Los macrodistritos son la agrupación de departamentos que comportan características similares a su cultura, desarrollo, crecimiento económico, entre otros indicadores, lo cual propicia que estén mejor conectados entre sí.

El macrodistrito electoral Nor–Oeste estará conformado por Cajamarca, La Libertad, Lambayeque, Piura, Tumbes; el Nor–Este por Amazonas, Loreto, San Martín, Ucayali; y el Centro por Áncash, Huánuco, Junín, Lima Provincias y Pasco.

El Centro–Sur, en tanto, por Apurímac, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Ica; el Sur por Arequipa, Madre de Dios, Moquegua, Puno, Tacna; y el Metropolitano por la Provincia Constitucional del Callao y Lima Metropolitana.

ALGO MÁS

Sobre los microdistritos electorales, Villanueva explicó que no persiguen fragmentar departamentos pequeños, sino resolver las asimetrías y desigualdades que se observan en los departamentos grandes, para que tengan la voz que no necesariamente tienen en el Parlamento.Se ha propuesto siete microdistritos para Lima Metropolitana: Lima Norte, Lima Este, Lima Centro, Lima Centro Sur, Lima Sur, San Juan de Lurigancho y el Callao.

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Política

Sin referendo no hay reformas

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Marcha protesta CGTP

Existe la posibilidad de que el Parlamento apruebe la propuesta de reformas presentada por el Ejecutivo, pero que no apoyen llevarlas al referendo como era la intención del Gobierno para legitimar los cambios constitucionales ante la población. Al respecto, Diario UNO, recogió la opinión de dirigentes sindicales.

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), aseguró que el fujimorismo tiene doble discurso, uno para afuera en el que dice que está allanando el camino para que se dé el referendo, mientras otros fujimoristas señalan que se aprobó el voto de confianza, pero no hay fecha para el tema del referendo.

OBSTACULIZAN

“Ellos están tratando de obstaculizar el referendo y boicotear las reformas, por lo que es importante que el pueblo se manifieste de manera democrática en favor de las reformas judiciales y políticas aprobadas por el Parlamento”, señaló.

Advirtió que esta actitud, amerita que el pueblo tenga que seguir movilizándose para que el referendo se efectúe en la segunda vuelta electoral de las elecciones regionales.

POSTERGAR AL PUEBLO

“Si no hay referendo, se vería postergado el clamor del pueblo en las calles que rechaza el tema de la corrupción, a un Congreso que no representa a la mayoría del pueblo y el Ejecutivo perdería la legitimidad que le dio la gente en las calles”, agregó López.

Destacó que el pueblo tiene que ser consciente que mientras no se dé el referendo, no podemos decir que ya se cumplió el objetivo.

POSITIVO PERO…

Hammer Villena, dirigente del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP), dijo que si bien el referendo es positivo, por eso “hemos apoyado todo el pueblo al Ejecutivo” .

“Lamentablemente hemos sido defraudados por la aprobación de estos decretos lesivos a la clase trabajadora como el 1442, que prohíbe en la negociación colectiva a los trabajadores en el sector público”, dijo.

Afirmó que es importante el referendo, siempre y cuando se incluyan preguntas que sí podrían solucionar el problema de fondo, porque la pregunta principal sería si la población quiere una nueva Constitución, en consecuencia tendría que convocarse a una Asamblea Constituyente.

NUEVA CONSTITUCIÓN

“Porque es la actual Constitución la que permite que el Estado no intervenga en las transacciones económicas, tampoco en las inversiones privadas por la cual saquean nuestros recursos naturales”, afirmó.

Agregó: “El referendo es un aspecto importante de la reforma política para el tema de la corrupción, no lo va a solucionar todo el referendo”.

DÉJENSE DE TRUCOS

La vicepresidenta de la República, Mercedes Aráoz, se pronunció respecto de las reformas que planteó el Ejecutivo al Parlamento y espera que estas salgan en los plazos que se han establecido.

“Estoy convencida de que el compromiso que se hizo con los parlamentarios se concretará. La mayor parte de las bancadas vinieron con esa buena fe y espero que el fujimorismo no haga trucos”, aseveró.

ALGO MÁS

La vicepresidenta Mercedes Aráoz, aseguró que la investigación iniciada a ella por el fiscal Chávarry es un instrumento político para afectar al presidente Vizcarra. “Algunos están buscando ver la manera de buscar la vacancia del Presidente porque está luchando frontalmente contra la corrupción”, afirmó.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

Keikismo intenta salvar a Chávarry y Becerril

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Pedro Gonzalo Chávarry - Héctor Becerril

La decisión de última hora del fujimorismo, de aplazar sin fecha el debate y la votación de los informes acusatorios contra el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y Héctor Becerril, implicados en el “Caso CNM Audios”, permitió conocer que por lo menos cuatro bancadas congresales están decididas a apoyar la destitución e inhabilitación de Chávarry.

Se trata de las representaciones de Nuevo Perú (NP), Frente Amplio (FA), Alianza para el Progreso (APP) y Acción Popular (AP), que adelantaron que en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprobarán el informe de Juan Sheput que recomienda que Chávarry sea destituido e inhabilitado para la función pública por 10 años.

Gloria Montenegro de APP dijo: “Chávarry está deslegitimado moralmente para que continúe en la Fiscalía”. Marco Arana del Frente Amplio, denunciante de Chávarry, declaró que es necesario que deje el cargo.

Su compañero de bancada Hernando Cevallos afirmó “Nosotros pensamos que el señor Chávarry debe irse a su casa inmediatamente”. Edmundo del Águila, de AP, explicó: “Puedo decir que hay un gran consenso en investigar el discutido actuar del fiscal”. Richard Arce, de Nuevo Perú, vaticinó: “Chávarry va a ser destituido, como mínimo”.

SHEPUT

Por otro lado, el congresista de PPK, Juan Sheput, autor del informe que inculpa a Chávarry dijo en Twitter que la prórroga para ver los casos es una forma de proteger al titular del Ministerio Público (MP). “Hace muy mal Fuerza Popular (FP) en postergar la discusión del informe que pide destitución del fiscal Chávarry. Es un pretexto decir que se quiere dar prioridad a las reformas. Es una forma de blindar al fiscal y evitar el debate formal”.

VÁSQUEZ

Ante la prórroga, el congresista César Vásquez, de Alianza para el Progreso (APP), autor del informe que sindica a su colega Becerril, de Fuerza Popular, como presunto corrupto y recomienda su destitución e inhabilitación por 5 años, lamentó que la vista del caso haya sido pospuesta sin nueva fecha.

Argumentando que es más importante que los miembros de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales intervengan en los debates de la reforma política, el presidente de ese grupo, el fujimorista, César Segura, liquidó la reunión de hoy.

En la reunión se iba a debatir los informes sobre las acusaciones constitucionales contra Becerril, el fiscal de la Nación, Pedro Chávarry y el expresidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez. Segura no mencionó nueva fecha.

En el Congreso y otros círculos políticos, al conocerse la suspensión de la reunión, surgió la sospecha de que se trata de una maniobra de dilación mientras el fujimorismo prepara un “blindaje” o encubrimiento para salvar a Becerril y Chávarry.

En el caso de Rodríguez, el informe sobre su caso lo exculpa de infracciones constitucionales y delitos.

BECERRIL CORRUPTO

El legislador ponente de la acusación a Becerril, César Vásquez se ratificó en que ha comprobado que Becerril cometió infracción constitucional, por lo que ha pedido su destitución e inhabilitación. “Hay indicios suficientes de que cometió delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico. Becerril debe ser suspendido, tal cual se hizo con los congresistas “Avengers”.

Asimismo, declaró que “esta semana debió darse el debate y la votación. El reglamento dice que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales tiene prioridad sobre otras comisiones”.

“No sé si es una estrategia para enfriar el tema, para dilatar o proteger a alguien. La situación del país exige que la clase política sea rápida contra la corrupción y pasarlo una semana más es un mal mensaje hacia la población. Las reformas también son urgentes pero se pueden trabajar al mismo tiempo”, aseveró.

ALGO MÁS

En el caso Becerril, Marco Arana se reservó la opinión sobre la conducta del keikista para no invalidar su voto. Pero dijo que sería todo un escándalo que teniendo informes en un caso acusatorio se decidiera lo contrario.

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