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El problema de la electricidad en el movido mercado peruano

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El precio de la electricidad ha bajado en el mercado; sin embargo, esto aún no se refleja en los recibos de luz de los peruanos.

Hay en el país una sobreproducción de 50% de electricidad. Se estima que existe el doble de energía de la que necesitamos. Para algunos esto es positivo porque podríamos venderla a países vecinos, pero para otros es la causa de una innecesaria y agresiva competencia que ha generado la denominada “guerra de precios” en el particular mercado de la electricidad en el Perú.

En esta guerra, las grandes empresas generadoras de electricidad bajan sus precios para dejar fuera del juego a las pequeñas y hacerse de la mayor cantidad de clientes. Curiosamente existe todo un marco regulatorio que las ampara y que ata de manos a las pequeñas. Es la lógica de la oferta y la demanda en la que el más débil casi siempre termina perdiendo.

Y el Estado, encargado de evitar distorsiones en el mercado, hasta ahora no logra tomar medidas para que la competencia se dé en mejores condiciones. Para entender el negocio de la electricidad hay que empezar por saber que este comprende tres mercados diferentes, cada uno con sus propias reglas.

MERCADOS ELÉCTRICOS
Uno de estos es el mercado regulado que tiene cerca de 8 millones de usuarios domésticos de baja tensión cuya demanda no supera los 200 Kilowatts (KW). Es regulado por el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) que fija el precio que las generadoras, transmisoras y distribuidoras cobrarán a los usuarios en los recibos de luz.

El segundo es el libre conformado por cerca de 400 grandes empresas consumidoras de energía. En este destacan las mineras y su demanda fluctúa entre los 200 y 2500 KW. Acá, el precio de la electricidad se fija entre las partes.

El tercero es el de corto plazo o “mercado spot” en el que el precio se fija cada quince minutos, mercado de 24 horas, y se caracteriza por ser de alta volatilidad y riesgo. Acá se libra con más fuerza la guerra de precios y es donde el “megavatio/hora”, medida con la que se vende la electricidad, ha llegado a costar hasta quince dólares. Precio nunca antes registrado producto de la agresiva competencia por captar clientes.

ACTOR PRINCIPAL
Un actor fundamental en esta historia es el Comité de Operación Económica del Sistema (COES), una entidad privada de derecho público que administra el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) y que está conformado por las generadoras de electricidad como Enersur, Kallpa, Edegel, Egasa, Egenor, Fénix Power Perú, etc.

Las transmisoras como Transmantaro, la Red de Energía del Perú etc., las distribuidoras como Luz del Sur, Edelnor, Electro Oriente, etc. y los usuarios libres. El COES decide el orden de prioridad en el despacho en el mercado libre y el spot. Tiene la facultad de dar preferencia a una u otra compañía sin importar que alguna de estas ya tengan contratos con consumidores de energía.

Jorge Manco Zaconetti.

Jorge Manco Zaconetti.

EXCESO DE TERMOELÉCTRICAS
El especialista en temas energéticos Jorge Manco Zaconetti cree que una de las razones de la sobreproducción y la guerra de precios es producto del poco crecimiento económico, pero apunta que otra razón fundamental fue la aparición de una gran cantidad de termoeléctricas, productoras de electricidad barata, a partir de la explotación del gas de Camisea en el año 2004.

De otro lado, considera que la manera como el COES dispone la compra y venta de electricidad no es la más adecuada. Para él, la marcada diferencia de precios que hay en los tres mercados y sobre todo en el spot está generando una mala práctica entre los productores que debería ser regulada.

Según el especialista, el exceso de energía debería hacer que nuestros recibos de luz bajen, pero lamenta que esto no suceda por las “distorsiones” del mercado. Sobre esto, cuestiona que los clientes regulados paguemos entre 60 a 65 dólares por megavatio/hora de electricidad, las empresas o clientes libres paguen de 28 a 30 dólares y en el mercado spot se pague menos de 20 dólares.

Al respecto explica que la Ley de Concesiones Eléctricas (LCE) establece que cuando la diferencia de precios en los mercados es mayor al 10% estos deberían ajustarse a favor de los usuarios regulados, hecho que no ocurre. Prueba de esto es la reciente alza de luz para los usuarios domésticos anunciada por Osinergmin.

Con ajustes como estos, indica, se combatiría la guerra de precio y también se podrían rebajar las tarifas de los usuarios regulados.

Para Manco Zaconetti existe un perverso patrón de consumo que debe ser mejorado en beneficio de los usuarios domésticos para lo cual deberían evitarse malas prácticas como la compra de electricidad barata que hacen algunas empresas para luego venderla a precios más caros en otros mercados.

La problemática de la electricidad no es simple. Es por eso que en próximas entregas informaremos con más precisión sobre cuestionadas prácticas en este negocio, sobre formas de rebajar las tarifas de luz y sobre las medidas que está tomando el gobierno y el Ministerio de Energía y Minas para este sector.

Aurelio Ochoa.

Aurelio Ochoa.

NO MÁS SUBASTAS
El también especialista en temas energéticos y expresidente de Perupetro Aurelio Ochoa cree que para evitar la agudización de la guerra de precios el Estado ya no debería hacer más subastas públicas para las termoeléctricas. Si estas se hicieran tendría que hacerse solo para energías renovables como las eólicas, las hidráulicas y las solares y precisa que el riesgo tendría que ir por cuenta de las empresas privadas y no del Estado.

Los dos especialistas consultados consideran que debido al consenso que existe entre los expertos en materia energética el gobierno debe reformular la política del sector, revisar la LCE de 1992, considerar las opiniones del COES, el SEIN y el Osinergmin y lograr un nuevo marco regulatorio.

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Política

Fujiaprismo pretende forzar renuncia del presidente Vizcarra

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Yeni Vilcatoma

La congresista pro fujimorista Yeni Vilcatoma, anunció ayer que denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra por presuntamente haber representado a la empresa CyM Vizcarra cuando era ministro y vicepresidente. Esto fue considerado sin fundamento por el abogado constitucionalista Luciano López y dos parlamentarios. Incluso se sostiene que Vilcatoma puede ser pasible de una denuncia por tal despropósito.

“Desde mi despacho estamos elaborando una denuncia constitucional contra el presidente Martín Vizcarra por haber inobservado el artículo 126 de la Constitución”, refirió Vilcatoma.

Incluso, Vilcatoma dijo que el Presidente le ha mentido al país y que eso no se puede aceptar viniendo de la más alta magistratura de la República, que confía en él de manera sincera.

FUERZA POPULAR NIEGA CONOCERLA

Además, el vocero de Fuerza Popular, Carlos Tubino, dijo que “no puedo adelantar opinión con respecto a este tema, esa es una denuncia que nosotros estamos tomando conocimiento recién, no hemos tenido ningún tipo de acceso a ella, la congresista Vilcatoma ha pedido licencia a la bancada. Entonces, desconocemos totalmente, no tengo idea de lo que está hablando”.

Agregó que “nosotros no conocemos la denuncia, no la hemos tenido en la mano, no la hemos leído. Lógicamente tendríamos que verla para poder decir responsablemente algo, sería una irresponsabilidad dar una opinión sobre si respaldamos o no la denuncia, porque Yeni Vilcatoma ha solicitado licencia a FP”.

FUERZA POPULAR Y EL APRA PRESIONAN

Cateriano señaló que la Constitución del Perú establece claramente que no se le puede denunciar a un Presidente de la República durante su gestión. En ese sentido, consideró que Fuerza Popular, apoyado por el Apra, busca presionar a Martín Vizcarra que está llevando adelante una lucha frontal contra la corrupción.

“La Constitución es clara: no se le puede acusar en su período al Presidente de la República. No es un problema de lectura, ni de comprensión. El fujiaprismo pretende forzar su renuncia”, escribió en su cuenta de Twitter.

A esto se sumó Aníbal Quiroga, abogado constitucionalista, quien dijo que al Presidente no se le puede denunciar en su período, sino después de haber acabado el mismo.

Otro abogado constitucionalista, Luciano López, dijo que “de acuerdo al artículo 117 de la Constitución Política del Perú, la excepción de inmunidad presidencial se da por: traición a la patria; por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales; por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento, o los del Jurado Nacional de Elecciones y otros organismos del sistema electoral”.

AFIRMA VOCERO PPK, JORGE MELÉNDEZ:

Denuncia trata de desviar atención de los peruanos

“Lo que sí se puede hacer es investigarlo y ayer el presidente Vizcarra ha dicho que está abierto a todas las investigaciones, en concordancia con la lucha contra la corrupción que ha emprendido su gobierno”, dijo Jorge Meléndez.

“Desde el Congreso, el fujimorismo y el Apra actúan de forma desesperada para proteger a sus líderes tratando de levantar acusaciones sin ningún fundamento. Quieren convertir, hacer un circo de las investigaciones, pero la población no les da el respaldo”, puntualizó.

Fuerza Popular actúa de forma coordinada al considerar que la investigación a Conirsa en la comisión de Fiscalización y la denuncia de Vilcatoma forman parte de una misma estrategia que tiene como objetivo mellar la imagen del mandatario, subrayó Meléndez.

“El Apra y el fujimorismo tienen un doble discurso, pues el 2008 votaron en el Congreso un informe que califica con buena conducta a Odebrecht, pero ahora quieren investigar contratos de la empresa familiar del presidente Vizcarra con la constructora brasileña de hace 12 años”, señaló.

“Quieren investigar un contrato legal y regular que se dio cuando el mandatario no era funcionario público”, concluyó el vocero de PPK, el parlamentario Jorge Meléndez.

Y PUEDE SER ACUSADA, DICE CARLOS BRUCE

Vilcatoma infringe la Constitución

“La que está infringiendo la Constitución y puede ser acusada por ello es la congresista Vilcatoma”, indicó Carlos Bruce. Añadió que la Carta Magna “prohíbe acusar al Presidente de la República salvo causales muy específicos”.

El congresista de PpK insinuó que se estaría buscando que distintos investigados de Fuerza 2011 por presunto lavado de activos salgan librados de la acusación que pesa sobre ellos.

Bruce fue claro en manifestar que Vilcatoma pretende armar un embrollo en el Congreso, prestándose al juego sucio de los aprofujimoristas, que quieren tumbarse al presidente Vizcarra.

Gilbert Violeta ha dicho desde la bancada oficialista que se trata de una decisión y de un error político la indagación sobre la relación entre ambas partes. Martín Vizcarra, por su parte, ha sostenido que investiguen lo necesario sobre el caso.

ALGO MÁS

Yeni Vilcatoma no solo denunciará constitucionalmente al presidente Vizcarra, sino que le pidió al propio mandatario que reflexione en torno a su renuncia, para no pasar la vergüenza de una revocatoria.

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Política

Pretenden impunidad

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José Domingo Pérez Gómez

El fiscal del equipo especial de Lava Jato, Domingo Pérez, dijo que esa es una práctica indebida, que busca la impunidad de los involucrados y que está preocupado porque se ha fotografiado un documento que está circulando en las redes sociales.

La filtración del acuerdo preparatorio de colaboración eficaz, que el Ministerio Público habría celebrado con la empresa brasileña Odebrecht y la Procuraduría, preocupa al fiscal Domingo Pérez, que pide la evaluación de los empleados, pero especialmente la remoción de los miembros de seguridad.

“Estoy preocupado porque se estaría haciendo actos o prácticas indebidas de haber obtenido copias o fotografías de un documento que está archivado en las oficinas de la Fiscalía y se estaría dando un uso indebido a través de las redes sociales”, subrayó Pérez.

“La preocupación es legítima, atendiendo a lo sucedido voy a solicitar que se redoble la seguridad en las instalaciones del despacho fiscal y se haga una reevaluación del personal asignado, sobre todo el personal de seguridad”, precisó el fiscal.

El fiscal Domingo Pérez viajará a Brasil en marzo con Rafael Vela, para reunirse con Barata quien hablará claro sobre todo lo que hizo Odebrecht en el Perú y a las personas o empresas que involucró ilegalmente, con grandes sumas de dinero repartidas a diestra y siniestra.

EL ACUERDO DE COLABORACIÓN

“Estamos con el firme propósito de que la corrupción tiene que acabar y la única manera de que pueda acabar es con la colaboración de la persona jurídica (empresa) y las personas naturales”, precisó.

“Tener en consideración que anteriormente se había señalado que había informantes de la Fiscalía que estaban brindando información a personas investigadas”, señaló Pérez.

Luego lamentó que esto pueda generar confusión en la ciudadanía y recalcó que de haber informantes en la Fiscalía, significaría que “hay un peligro de obstaculización en las investigaciones” orientada a la impunidad de los que están envueltos en el escándalo Odebrecht.

Destacó que en el Ministerio Público y la Procuraduría “hay voluntad para que este acuerdo se suscriba, se firme y homologue ante un juez”, porque “la corrupción tiene que acabar y la única forma es con la colaboración eficaz”.

ALGO MÁS

Tras la filtración del preacuerdo en las redes sociales, dos usuarios de Twitter aprovecharon en recordar cuando el expresidente Alan García, investigado por el caso Odebrecht, sostuvo hace dos meses que tiene “informantes” en la Fiscalía. Por esto, en dichas redes le atribuyeron al ex jefe de Estado querer tumbarse el acuerdo de colaboración con esta filtración realizada por un “informante”.

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Política

Corte Suprema pidió al INPE establecer el penal

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Alberto Fujimori en silla de ruedas

La Sala Penal Especial de la Corte Suprema envió esta mañana al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) un oficio para que determine cuál de los establecimientos penitenciarios que cumplen con las condiciones requeridas podrá ser internado Alberto Fujimori.

En el oficio, la Corte Suprema (CS) puso a disposición del INPE el certificado médico legal Nº003447 -V remitido por el Instituto de Medicina Legal.

Según la evaluación médica, Alberto Fujimori se encuentra en “condiciones estables” y “podría recibir tratamiento en forma ambulatoria”.

Asimismo, la CS envió el informe cardiológico expedido por el doctor Jorge Bravo Manucci, para que, con ello, el INPE tenga las herramientas necesarias y emita un pronunciamiento sobre el penal donde irá Fujimori.

El plazo otorgado para dicha decisión será en el término del segundo día, es decir, las 48 horas, de acuerdo al documento.

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