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El Presidente olvidó la masificación del gas

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Martín Vizcarra Cornejo

VACÍOS DEL MENSAJE

Una de las ausencias fundamentales en el Mensaje a la Nación del Presidente de la República el pasado 12 de diciembre en materia económica ha sido el tema energético.

No hubo nada relacionado a la urgente masificación del gas natural, recurso que poseemos en abundancia, y nuestra crónica dependencia del petróleo, cuya importación es creciente, más de 100 mil barriles diarios, al margen de las compras del diésel 2 con 50 partes por millón de azufre (diésel limpio)

Ello está ligado al rol del Estado que debe jugar en el sector de hidrocarburos, y a la necesidad de una urgente reforma cualitativa que tenga que ver con la propiedad de los hidrocarburos, los mismos que están constituidos por el petróleo crudo, los líquidos de gas natural y el propio gas natural que resulta una mezcla del gas metano y butano.

ALTERNATIVA

Si todos los contratos de hidrocarburos firmados en el pasado bajo la modalidad de licencia, donde el Estado transfiere a cambio de una regalía, la propiedad plena sobre los recursos naturales, se modifican a contratos de servicios, cuestión contemplada en la legislación vigente, tendríamos una política energética al servicio nacional, sin afectar la gestión que seguiría siendo privada.

Bajo la modalidad de “contratos de servicios” , el Estado pagaría una retribución y las empresas se convertirían en contratistas del Estado, bajo esta condición la Nación representada por el Estado recuperaría la propiedad, la soberanía, la disponibilidad sobre los recursos naturales.

De esta forma, la explotación de los recursos naturales como el gas y los líquidos de gas natural estarán al servicio del desarrollo económico del país, con una integración energética al servicio de los sectores sociales menos favorecidos.

ALGUNAS PERVERSIONES

Mientras el Estado no recupere la capacidad de decisión sobre qué hacer con los hidrocarburos, tendremos la paradoja mediante la cual el Gasoducto del Sur será una ilusión a pesar de las importantes reservas que puedan existir en los lotes 88, 56, 57 y 58 en el Gran Camisea.

Igualmente la industria petroquímica dependerá de las condiciones del precio que imponga el productor privado.

Como país debemos ser capaces por lo menos de producir úrea que resulta un fertilizante esencial para la agricultura sobre todo de exportación, para reponer las energías gastadas de la tierra. Se tiene en abundancia el gas natural que está conformado por los hidrocarburos (metano y etano).

La transformación del metano en úrea es un proceso industrial donde resulta fudamental el precio del insumo como el metano. Por tanto, si la empresa privada impone un precio elevado por el gas natural, la petroquímica básica será hasta ahora una ilusión, a pesar de tantas leyes de promoción por la industria petroquímica desde el 2007.

La base industrial para la producción de úrea es el gas metano y el gas de Camisea tiene un 90 % de dicho hidrocarburo. Por ello, como no resulta de interés para las empresas privadas, el país tiene que importar volúmenes crecientes superiores a las 400 mil toneladas anuales de este fertilizante de Ucrania (ex-URSS) y de otros países para abastecer el mercado interno. ¡Un absurdo económico!

ABUSOS CON EL GLP

En el mismo sentido seguirán los abusos al consumidor en materia de precios del GLP, gas licuado de petróleo que resulta de una mezcla de dos hidrocarburos, propano y butano, y que se vende en balones de 10 kilos y en granel a mayores precios que no tienen correspondencia con los costos de explotación ni con la materia prima que se extrae.

En nuestro país en las zonas urbanas se tiene que abonar más de 40 soles por un balón de 10 kilos y en las poblaciones rurales más aún, llegando a costar en el Cusco en la región productora más de 55 soles el balón.

Debiera ser evidente que dichos precios resultan inaceptables, sobre todo a los más pobres del país que tienen ingresos diarios menores a los 2 dólares diarios.

Por ello se deforestan bosques en el norte para obtener leña a costa de los algarrobos y en la sierra se utilizan combustibles como la bosta y la propia leña, ajenos a la modernidad.

Instalación de tuberías gas licuado de petróleo GLP

PERNICIOSA EXPLOTACIÓN

Mientras el Estado no recupere la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos seremos testigos de cómo del país se exportan hacia México y terceros países volúmenes superiores a los 450 millones de pies cúbicos diarios de gas natural del lote 56 de Camisea a precios deprimidos con regalías miserables para el fisco. ¿Cuántos cientos de millones de dólares deja de percibir el Estado por dicho concepto?

Igualmente mientras el Estado no recupere la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos, seremos testigos de cómo en el Consorcio Camisea lote 88 se reinyectan más de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas natural, privilegiando la obtención de líquidos de gas natural de los lotes 88, 56 y 57.

Frente a nuestros vecinos Colombia y Bolivia, existe un manifiesto retraso en cuanto a la masificación del país. Después de casi 14 años de la inauguración del gasoducto y su llegada a Lima (2004/2018) solamente unas 550 mil familias tienen acceso a la cultura del gas natural lo cual representa un poco más de 1.2% de la demanda total.

Para el norte del país, Chimbote, Trujillo, Pacasmayo, Chiclayo, Cajamarca se lleva el gas tratado de Pampa Melchorita en camiones cisternas, el cual es regasificado en dichas ciudades.

Debiera ser evidente que por los pequeños volúmenes pactados el negocio es para el mercado industrial y vehicular, yen menor medida para el consumo residencial. Igual sucede en Arequipa, Tacna y Moquegua. ¡Una parodia de masificación!

¿DÓNDE ESTÁ EL NEGOCIO?

Se debe reconocer que el negocio de las empresas es el abastecimiento seguro y oportuno de gas natural a las empresas eléctricas que demandan más del 70% del total, luego a un conjunto de empresas industriales, le sigue el parque automotor y al último el sufrido consumidor residencial.

Por ello siempre he sostenido que resulta hasta cierto punto absurdo que se promueva la “quema del gas natural” en la generación eléctrica, cuando las empresas compran el gas de Camisea a un precio regulado, por no decir subsidiado, y tengamos que abonar mayores precios en las tarifas eléctricas, a pesar que existe un 50% de sobreoferta en la potencia instalada.

Es decir, existe un exceso de capacidad de generación térmica. ¡Pero curioso, las tarifas al consumidor regulado siguen subiendo!

MASIFICAR AHORA

La masificación del gas natural es un imperativo nacional para construir ventajas competitivas a favor de las provincias del sur, centro y norte del país, accediendo a un energético barato, seguro y ambientalmente limpio, para las grandes mayorías.

Sin embargo, para las empresas privadas si la masificación del gas natural no resulta un buen negocio con utilidades importantes, sencillamente se posterga al infinito. Lo que está pasando ahora. Por ello, serán “sueños de opio” los gasoductos del sur y norte, la petroquímica básica, el nodo energético en el sur (Ilo/Mollendo). Es decir, la masificación del país como una forma de integración nacional, mediante la energía barata y segura, será una quimera.

PERVERSIONES CON EL GLP

Mientras el Estado no recupere la plena soberanía sobre los recursos hidrocarburíferos seremos testigos de cómo en el Consorcio Camisea conformado por una serie de empresas de un gran poder económico y político, Aguaytía, el Consorcio Savia y Graña y Montero obtengan GLP gas licuado de petróleo a partir de los líquidos de gas natural (LGN) y lo vendan como si el GLP fuese obtenido del petróleo crudo, proceso de mayor complejidad y por tanto de mayor costo.

Osinergmin, el organismo regulador por excelencia, sabe mejor que nadie que aproximadamente el 90% del GLP obtenido en el país, se extrae a partir de las Plantas de Fraccionamiento que transforman los líquidos de gas natural (LGN) en GLP, diésel y algo de nafta.

El organismo regulador conoce también que los precios de los LGN son de 10 dólares hasta 15 más baratos en relación al petróleo. Pero oficialmente se asume que toda producción de GLP fuese a base del petróleo.

Por tanto, si los precios de LGN son más baratos en relación al petróleo, ¿por qué en nuestro país los precios del GLP toman como referencia los precios internacionales del petróleo?

Lo hacen como si toda la producción de este combustible básico en la canasta familiar fuera obtenido del petróleo. ¡Lo cual resulta en un saqueo al bolsillo del consumidor!

En verdad, solamente en este proceso, al consumidor le cargan un sobrecosto mínimo de 10 dólares por barril de GLP. Luego existen otras detracciones y sustracciones, entiéndase abusos por el costo del transporte marítimo (fletes) de Pisco al Callao, donde se cobra 80 dólares o más por tonelada de GLP como si el flete fuera internacional.

Balones de gas licuado de petróleo GLP

CAE PRODUCCIÓN DE GLP

Se debe tomar conciencia que en los centros urbanos concentrados, la demanda de GLP es creciente, sube como la “espuma de una cerveza”.

Si cuando se privatizó Solgás, la empresa filial de Petroperú, en 1992, la demanda era de 6,500 barriles diarios, en el 2000 sumaba 14 mil barriles de GLP diarios y en el 2010 superaba los 40 mil barriles por día.

Es más, en lo que va del 2018 el promedio de ventas al mercado interno de GLP es superior a los 60 mil barriles diarios y la producción local de este derivado es un poco más de 40 mil barriles por día.

Por tanto, cada año importaremos es decir compraremos al mercado exterior crecientes volúmenes de GLP, pues el principal productor de GLP en la Planta de Fraccionamiento de Pisco, Pluspetrol Perú Corporation (PPC), experimenta un bajón en la producción de este derivado.

Así, en el 2013 Pluspetrol producía un máximo de GLP de 49 mil barriles diarios gracias a los líquidos explotados de los lotes 88, 56 y 57. En lo que va de este año en promedio apenas produce un poco más de 36 mil barriles por día. Y la tendencia es a la baja

Si la tendencia se agudiza por la menor producción interna de GLP en las plantas de Pisco, Aguaytía, Savia y Talara, se tendrá que importar mayores volúmenes de GLP, para satisfacer el mercado interno, lo cual resulta un absurdo económico teniendo grandes recursos de gas natural en el subsuelo.

ALGO MÁS

Mientras el Estado no recupere la capacidad de decisión sobre qué hacer con los hidrocarburos, tendremos la paradoja mediante la cual el Gasoducto del Sur será una ilusión a pesar de las importantes reservas que puedan existir en los lotes 88, 56, 57 y 58 en el Gran Camisea.

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Política

Celulares de AG contienen la verdad

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Alan García Pérez

El 17 de noviembre de 2018, cuando se le dicta impedimento de salida del país, fueron los días más lóbregos en la vida de Alan García. Movió todos sus hilos y contactos, e hizo declaraciones que golpearon al gobierno de turno.

En medio de esos manotazos de ahogado, urdió un plan para huir del país: solicitó asilo en la residencia del embajador de Uruguay, pero el intento no le dio resultado, porque se le denegó el pedido.

El gobierno uruguayo consideró que no había persecución contra el político acusado de corrupción. Alan García, desesperado, porque el cerco se le cerraba, mostraba un rostro donde se perfilaba la sombra de la muerte.

El 17 de abril de 2019, cuando fueron a allanar su casa, en un momento sube al segundo piso y, tras breves segundos, se escucha un disparo: Alan García se había suicidado, sus acusaciones prescribieron pero sus celulares señalaban a quienes estaban involucrados en sus hechos de corrupción.

LOS CELULARES SON IMPORTANTES

Más allá del respeto por los deudos del presidente Alan García, de lo que se trata es de llegar a la verdad. Y esto lo afirma al abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL). El letrado hace hincapié en que los celulares están incautados y que servirán, no solo para acusar a Alan García, que con su muerte sus delitos prescribieron, sino para identificar con quiénes tuvo contacto.

“Cuando el juez la denegó los celulares a José Domingo Pérez, le dijo algo importante:

que esos ya están en condición de incautados por el fiscal que entró en ese momento en casa del exmandatario”, expresó.

“Lógicamente -agregó-, lo que tendría que hacer José Domingo Pérez es pedir que esos celulares pasen a su investigación. Pero más allá de eso, la importancia de los aparatos celulares es de relativo interés porque no se estaría investigando a Alan García, porque una vez muerta la persona no se le puede investigar, hay un grupo de personas vinculadas a él, entre ellos sus familiares”.

CRUCE DE LLAMADAS

En este punto, el letrado hace hincapié en que sus familiares y su segunda esposa son sospechosos de lavado de activos y por lo tanto “esos celulares van a servir para dar mayores luces sobre las comunicaciones que tuvo Alan García con determinadas personas”.

“Esas personas pueden ser miembros de su partido, su segunda pareja para hacer cualquier tipo de transacciones. Es decir, hay una pluralidad de personas, por lo cual, el fiscal José Domingo Pérez va a tener en esos celulares una herramienta importante para el equipo Lava Jato”, expresó.

“Lo que van a hacer es el cruce de llamadas, el tráfico de mensajes, van a tener que aperturar los aparatos para ver la importancia de los mensajes que han quedado grabados hasta el día de la muerte de Alan García. Esa perennización de llamadas de Alan García, que frenéticamente hizo antes de morir, va a ser importante, porque se va a establecer que se ha comunicado con gente de su partido, con Atala y el señor Nava, con su exesposa y qué llamadas hizo a otros países, todo eso tiene que ver el operador de la línea de Alan García y que tiene que dar a conocer”, precisó.

El jurista dijo que a pesar de lo que dice su abogado, su esposa no puede hacer nada, “porque la investigación no es contra Alan García, que ya está muerto. Lo que se ha incautado a partir de su muerte y es relevante para la investigación de otros, si va a ser muy importante”, concluyó el abogado Quispe.

QUE SEPA LA VERDAD

Por su parte, el excongresista Juan Pari, y expresidente de la Comisión Lava Jato del Congreso (2011-2016), manifestó que en la investigación está pendiente en lo que respecta a otros personajes que están vinculados.

Por lo tanto, “los celulares tienen una información importante con respecto a las llamadas que Alan García realizó con respecto a los casos por los cuales era investigado”.

Pari comentó que es muy importante, no solo para llegar a la verdad, sino para saber con quienes se relacionó, quiénes se prestaban para las cosas de que se le acusaban, “no para investigar a Alan García que ya murió sino para identificarse a los personajes con lo que se relacionó.

Es importante que se sepa la verdad y para ello no hay vuelta que darle”, concluyó el excongresista Juan Pari.

LA TECNOLOGÍA SERÁ LA CLAVE

En este mismo sentido se expresó al abogado Luis Purizaga, Coordinador de Justicia Viva del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien dijo que es fundamental “seguir el registro de llamadas, de mensajes; dada la tecnología que se tiene, es el mecanismo más efectivo para poder encontrar y enriquecer las investigaciones, al saberse con quién se comunicaba, alguna red.”.

“También hay otro mecanismo:

el levantamiento del secreto de las comunicaciones y eso se puede llevar a cabo aún sin tener los celulares. Hay un registro que tienen todas las empresas de comunicaciones y eso sería muy importante”, sostuvo.

Después reflexionó y dijo que esas medidas tendrían sentido si se trata de averiguar cosas importantes para la investigación. “Yo presumo que hay cierto tipo de informaciones que se puede conseguir en las empresas de comunicaciones”.

ALGO MÁS

“Hay cierto tipo de información que no se pierde. La idea es obtener todo lo que sea posible, al margen de tener el aparato o no tenerlo”, concluyó el abogado de Justicia Viva.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Bolivia. El odio al indio

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Bolivia. El odio al indio

Como una espesa niebla nocturna, el odio recorre vorazmente los barrios de las clases medias urbanas tradicionales de Bolivia. Sus ojos rebalsan de ira. No gritan, escupen; no reclaman, imponen. Sus cánticos no son de esperanza ni de hermandad, son de desprecio y discriminación contra los indios.

Se montan en sus motos, se suben a sus camionetas, se agrupan en sus fraternidades carnavaleras y universidades privadas y salen a la caza de indios alzados que se atrevieron a quitarles el poder.

En el caso de Santa Cruz organizan hordas motorizadas 4×4 con garrote en mano a escarmentar a los indios, a quienes llaman «collas», que viven en los barrios marginales y en los mercados. Cantan consignas de que «hay que matar collas”, y si en el camino se les cruza alguna mujer de pollera la golpean, amenazan y conminan a irse de su territorio. En Cochabamba organizan convoyes para imponer su supremacía racial en la zona sur, donde viven las clases menesterosas, y cargan -como si fuera un destacamento de caballería- sobre miles de mujeres campesinas indefensas que marchan pidiendo paz.

Llevan en la mano bates de béisbol, cadenas, granadas de gas; algunos exhiben armas de fuego. La mujer es su víctima preferida; agarran a una alcaldesa de una población campesina, la humillan, la arrastran por la calle, le pegan, la orinan cuando cae al suelo, le cortan el cabello, la amenazan con lincharla, y cuando se dan cuenta de que son filmadas deciden echarle pintura roja simbolizando lo que harán con su sangre.

En La Paz sospechan de sus empleadas y no hablan cuando ellas traen la comida a la mesa. En el fondo les temen, pero también las desprecian. Más tarde salen a las calles a gritar, insultan a Evo y, con él, a todos estos indios que osaron construir democracia intercultural con igualdad. Cuando son muchos, arrastran la Wiphala, la bandera indígena, la escupen, la pisan la cortan, la queman. Es una rabia visceral que se descarga sobre este símbolo de los indios al que quisieran extinguir de la tierra junto con todos los que se reconocen en él.

El odio racial es el lenguaje político de esta clase media tradicional. De nada sirven sus títulos académicos, viajes y fe porque, al final, todo se diluye ante el abolengo. En el fondo, la estirpe imaginada es más fuerte y parece adherida al lenguaje espontáneo de la piel que odia, de los gestos viscerales y de su moral corrompida.

Todo explotó el domingo 20, cuando Evo Morales ganó las elecciones con más de 10 puntos de distancia sobre el segundo, pero ya no con la inmensa ventaja de antes ni el 51% de los votos. Fue la señal que estaban esperando las fuerzas regresivas agazapadas: desde el timorato candidato opositor liberal, las fuerzas políticas ultraconservadoras, la OEA y la inefable clase media tradicional. Evo había ganado nuevamente pero ya no tenía el 60% del electorado; estaba más débil y había que ir sobre él. El perdedor no reconoció su derrota.

La OEA habló de «elecciones limpias » pero de una victoria menguada y pidió segunda vuelta, aconsejando ir en contra de la Constitución, que establece que si un candidato tiene más del 40% de los votos y más de 10% de votos sobre el segundo es el candidato electo. Y la clase media se lanzó a la cacería de los indios. En la noche del lunes 21 se quemaron 5 de los 9 órganos electorales, incluidas papeletas de sufragio. La ciudad de Santa Cruz decretó un paro cívico que articuló a los habitantes de las zonas centrales de la ciudad, ramificándose el paro a las zonas residenciales de La Paz y Cochabamba.

Y entonces se desató el terror.

Bandas paramilitares comenzaron a asediar instituciones, quemar sedes sindicales, a incendiar los domicilios de candidatos y líderes políticos del partido de gobierno. Hasta el propio domicilio privado del presidente fue saqueado; en otros lugares las familias, incluidos hijos, fueron secuestrados y amenazados de ser flagelados y quemados si su padre ministro o dirigente sindical no renunciaba a su cargo. Se había desatado una dilatada noche de cuchillos largos, y el fascismo asomaba las orejas.

Cuando las fuerzas populares movilizadas para resistir este golpe civil comenzaron a retomar el control territorial de las ciudades con la presencia de obreros, trabajadores mineros, campesinos, indígenas y pobladores urbanos -y el balance de la correlación de fuerzas se estaba inclinando hacia el lado de las fuerzas populares- vino el motín policial.

Los policías habían mostrado durante semanas una gran indolencia e ineptitud para proteger a la gente humilde cuando era golpeada y perseguida por bandas fascistoides.

Pero a partir del viernes, con el desconocimiento del mando civil, muchos de ellos mostraron una extraordinaria habilidad para agredir, detener, torturar y matar a manifestantes populares.

Claro, antes había que contener a los hijos de la clase media y, supuestamente, no tenían capacidad; sin embargo, ahora, que se trataba de reprimir a indios revoltosos, el despliegue, la prepotencia y la saña represiva fueron monumentales. Lo mismo sucedió con las Fuerzas Armadas.

Bolivia. El odio al indio

Durante toda nuestra gestión de gobierno nunca permitimos que salieran a reprimir las manifestaciones civiles, ni siquiera durante el primer golpe de Estado cívico del 2008.

Y ahora, en plena convulsión y sin que nosotros les preguntáramos nada, plantearon que no tenían elementos antidisturbios, que apenas tenían 8 balas por integrante y que para que se hagan presentes en la calle de manera disuasiva se requería un decreto presidencial.

No obstante, no dudaron en pedir/imponer al presidente Evo su renuncia rompiendo el orden constitucional.

Hicieron lo posible para intentar secuestrarlo cuando se dirigía y estaba en el Chapare; y cuando se consumó el golpe salieron a las calles a disparar miles de balas, a militarizar las ciudades, asesinar a campesinos. Y todo ello sin ningún decreto presidencial.

Para proteger al indio se requería decreto. Para reprimir y matar indios sólo bastaba obedecer lo que el odio racial y clasista ordenaba. Y en sólo 5 días ya hay más de 18 muertos, 120 heridos de bala. Por supuesto, todos ellos indígenas.

La pregunta que todos debemos responder es ¿cómo es que esta clase media tradicional pudo incubar tanto odio y resentimiento hacia el pueblo, llevándola a abrazar un fascismo racializado y centrado en el indio como enemigo? ¿Cómo hizo para irradiar sus frustraciones de clase a la policía y a las FF. AA. y ser la base social de esta fascistización, de esta regresión estatal y degeneración moral? Ha sido el rechazo a la igualdad, es decir, el rechazo a los fundamentos mismos de una democracia sustancial.

Los últimos 14 años de gobierno de los movimientos sociales han tenido como principal característica el proceso de igualación social, la reducción abrupta de la extrema pobreza (de 38 al 15%), la ampliación de derechos para todos (acceso universal a la salud, a educación y a protección social), la indianización del Estado (más del 50% de los funcionarios de la administración pública tienen una identidad indígena, nueva narrativa nacional en torno al tronco indígena), la reducción de las desigualdades económicas (caída de 130 a 45 la diferencia de ingresos entre los más ricos y los más pobres); es decir, la sistemática democratización de la riqueza, del acceso a los bienes públicos, a las oportunidades y al poder estatal. La economía ha crecido de 9.000 millones de dólares a 42.000, ampliándose el mercado y el ahorro interno, lo que ha permitido a mucha gente tener su casa propia y mejorar su actividad laboral.

Pero esto dio lugar a que en una década el porcentaje de personas de la llamada “clase media», medida en ingresos, haya pasado del 35% al 60%, la mayor parte proveniente de sectores populares, indígenas. Se trata de un proceso de democratización de los bienes sociales mediante la construcción de igualdad material pero que, inevitablemente, ha llevado a una rápida devaluación de los capitales económicos, educativos y políticos poseídos por las clases medias tradicionales.

Si antes un apellido notable o el monopolio de los saberes legítimos o el conjunto de vínculos parentales propios de las clases medias tradicionales les permitía acceder a puestos en la administración pública, obtener créditos, licitaciones de obras o becas, hoy la cantidad de personas que pugnan por el mismo puesto u oportunidad no sólo se ha duplicado -reduciendo a la mitad las posibilidades de acceder a esos bienes- sino que, además, los “arribistas”, la nueva clase media de origen popular indígena, tiene un conjunto de nuevos capitales (idioma indígena, vínculos sindicales) de mayor valor y reconocimiento estatal para pugnar por los bienes públicos disponibles.

Se trata, por tanto, de un desplome de lo que era una característica de la sociedad colonial: la etnicidad como capital, es decir, del fundamento imaginado de la superioridad histórica de la clase media por sobre las clases subalternas porque aquí, en Bolivia, la clase social sólo es comprensible y se visibiliza bajo la forma de jerarquías raciales. El que los hijos de esta clase media hayan sido la fuerza de choque de la insurgencia reaccionaria es el grito violento de una nueva generación que ve cómo la herencia del apellido y la piel se desvanece ante la fuerza de la democratización de bienes.

Así, aunque enarbolen banderas de la democracia entendida como voto, en realidad se han sublevado contra la democracia entendida como igualación y distribución de riquezas. Por eso el desborde de odio, el derroche de violencia; porque la supremacía racial es algo que no se racionaliza, se vive como impulso primario del cuerpo, como tatuaje de la historia colonial en la piel. De ahí que el fascismo no sólo sea la expresión de una revolución fallida sino, paradójicamente también en sociedades postcoloniales, el éxito de una democratización material alcanzada.

Por ello no sorprende que mientras los indios recogen los cuerpos de alrededor de una veintena de muertos asesinados a bala, sus victimarios materiales y morales narran que lo han hecho para salvaguardar la democracia. Pero en realidad saben que lo que han hecho es proteger el privilegio de casta y apellido.

El odio racial solo puede destruir; no es un horizonte, no es más que una primitiva venganza de una clase histórica y moralmente decadente que demuestra que, detrás de cada mediocre liberal, se agazapa un consumado golpista.

 

ALVARO GARCÍA LINERA
Vicepresidente del Estado Plurinacional de Bolivia. | http://www.la-epoca.com.bo

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Política

El retorno de la obstrucción

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Rosa Bartra - Marcha Chávez - Mauricio Mulder

Las próximas elecciones parlamentarias a desarrollarse el 26 de enero del 2020 podrían llevar nuevamente al Congreso a un importante número de excongresistas disueltos. Acaso motivados por la demora en el pronunciamiento del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) respecto a la prohibición de la reelección congresal, diversos partidos políticos se apuraron en anunciar la postulación de exparlamentarios desprestigiados por su accionar en el último Congreso.

Ya habilitados finalmente por el JNE, algunos actores políticos como Mauricio Mulder, Rosa Bartra o Yeni Vilcatoma no dan indicio alguno de sentirse afectados por el amplio rechazo de la población. Por el contrario, sus candidaturas parecen logradas siguiendo la consigna de que el fin justifica los medios.

En el caso del excongresista aprista, a pesar de quedar relegado en las votaciones internas del Apra, diversas fuentes han afirmado que él mismo decidió postular ocupando el primer lugar de la lista. Y no solo eso, pues al no contar con los votos para ser elegido como candidato, fue incluido como “invitado” a la lista congresal. Esto motivó que el exparlamentario Jorge del Castillo critique su inclusión, recalcando que un militante del partido con casi 20 años como congresista, no puede ser considerado un “invitado”.

En el caso de las excongresistas fujimoristas Rosa Bartra, Yeni Vilcatoma y Nelly Cuadros, fueron incluidas en la lista de Solidaridad Nacional, partido que además lleva en su lista al líder del grupo violento denominado “La Resistencia”, Juan José Muñico, quien ha sido denunciado por difamación por el Instituto de Defensa Legal (IDL).

Las postulaciones de las fujimoristas en el partido de Luis Castañeda han generado críticas en tanto Rosa Bartra recomendó denunciar por presunta corrupción al exalcalde de Lima en su informe final de la Comisión Lava Jato.

Además, diversos analistas han advertido que este “camuflaje” de los fujimoristas en otros partidos políticos responde a una estrategia de postular bajo diferentes organizaciones para tener mayores opciones de volver al Congreso.

En sintonía con esta estrategia electoral postulan, a través de Vamos Perú, los excongresistas Maritza García y Luis Yika, así como el fundador de esta organización, Juan Sotomayor. Cabe indicar que Sotomayor ha sido vinculado al caso de “Los Cuellos Blancos del Puerto” hasta el 2018 tenía 90 investigaciones fiscales en su contra.

Otro sector de aliados al fujimorismo que busca un lugar en el Congreso es el vinculado al movimiento “Con mis hijos no te metas”. En el partido Avanza País, la lista congresal lleva como candidata número uno a la abogada Beatriz Mejía, quien es opositora a las políticas de enfoque de género.

En tanto, los excongresistas acusados de ser “fujitopos”, Juan Sheput, Salvador Heresi y Gilbert Violeta, intentarán reelegirse bajo la inscripción de Contigo.

Todo esto, sin mencionar la propuesta de Fuerza Popular para “renovar” la política en el Congreso, de la mano de los rostros más duros de la dictadura fujimorista. Entre ellos, la excongresista Martha Chávez y el exministro de Salud Víctor Paredes Guerra, quien en el 2001 fue acusado de haber permitido que el dictador reparta medicamentos a las comunidades campesinas con fines proselitistas.

LA AGENDA DE SIEMPRE

Si la estrategia del fujimorismo y sus aliados comprende dispersar las candidaturas bajo diferentes organizaciones políticas, la propuesta de agenda parlamentaria para el nuevo Congreso resulta ser prácticamente la misma que se ha conocido al disuelto Parlamento.

Entre lo anunciado por los representantes del fujimorismo, se advierte un deseo de venganza política. Martha Chávez ya adelantó el 4 de noviembre que “Fuerza Popular sale a defender el orden constitucional sin que esto pueda identificarse como reconocer algún atisbo ni una pizca de legitimidad o constitucionalidad en las decisiones que ha tomado el señor Vizcarra desde el 30 de setiembre en adelante”.

Estas declaraciones guardan relación con las versiones, negadas ante medios, de que el fujimorismo planea la vacancia del presidente Vizcarra una vez que se vuelva a posicionar en el Legislativo. Al respecto, es necesario recordar que Mauricio Mulder ya impulsó anteriormente esta medida, y tras la disolución del Congreso señaló que candidatos como Juan Sheput y Salvador Heresi “ven con simpatía” la posibilidad de la vacancia presidencial.

Por otro lado, el candidato aprista José Pimentel Aliaga afirmó en Twitter que las facultades de la Sunedu “afectan autonomía universitaria y derechos de miles de alumnos”. Además, calificó de “burócrata” al presidente Vizcarra y lo acusó de “poner fin al proyecto de vida de miles de jóvenes y familias”, en referencia a las sanciones contra las universidades “bamba” que la Sunedu viene fiscalizando.

Por su parte, el cuestionado candidato aprista Mijael Garrido Lecca, quien ha sido desmentido por el Ministerio de Defensa respecto a sus falsas afirmaciones de ostentar el grado de capitán del Ejército y de comandar un pelotón en el Vraem, señaló que uno de sus propósitos en el próximo Congreso es “defender el capítulo económico” de la Constitución de 1993.

Finalmente, la defensa del exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry, no podía quedar fuera del menú fujimorista para el próximo parlamento. Entre los candidatos de Fuerza Popular van el excongresista Mario Mantilla, quien en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ejerció una férrea defensa del funcionario vinculado a los “Cuellos Blancos, y Carlos Mesía, exmilitante aprista y expresidente del Tribunal Constitucional. Mesía, además, ha sido abogado de Chávarry y defensor a ultranza de la posición fujimorista en la demanda competencial ante el TC.

JNE SE EQUIVOCÓ

El escenario propiciado por la decisión del JNE ha motivado los cuestionamientos de diversos analistas, entre ellos, el especialista en derecho electoral César Castiglioni, quien consideró que la convocatoria a elecciones tras la disolución del Congreso debió implicar también la renovación total de todos sus integrantes.

Según Castiglioni, el ente electoral hizo una interpretación “restringida y equivocada de las normas” para llegar a esta conclusión, y además no se tomó en cuenta el sentir de la población.

El especialista indicó que la norma que debió invocarse para este proceso electoral es el artículo 84 de la Ley Orgánica de Elecciones, el cual precisa claramente que, una vez disuelto el Legislativo, la convocatoria a comicios es para la renovación total de esa institución.

“Si se cerró el Congreso no es solo por negar la confianza a dos gabinetes, sino también porque la población requiere de un cambio de Parlamento, ya que no quería a estas personas en el Congreso”, concluyó.

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