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El polémico tema de la despenalización del aborto

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Mujeres del Perú y Bolivia exigen un derecho que para muchos es el “cuco” en persona.

“No las toquen”, “No las toquen”, grita una joven a los policías que intentan disuadir una intervención pública de un grupo de activistas vestidas de lila, con flores en la cabeza, en las manos, y que por un momento se han descubierto el pecho en el que se ve escrito “Mi cuerpo, mi territorio”, frente a una sede estatal, en el distrito de San Isidro, donde sesionan las diversas relatorías de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los policías no las tocan, claro, sería más que un abuso tocarlas semidesnudas, apropiadas del espacio público durante apenas cinco minutos, y en la cara de quienes defienden a nivel internacional los derechos humanos. La Policía trata de formar un cordón para que no las vean. Muy tarde, ya hay cámaras de vídeo y celulares filmando y flashes disparando.

¿Qué hacen aquí?, pregunta alguien al paso. Están aquí para llamar la atención de un problema del que nadie quiere hablar, menos aún en un contexto en el que los conservadurismos en el Perú batallan desde cualquier esquina. Hablar de la despenalización del aborto le voltea los ojos a más de uno, es un país donde la jerarquía católica y evangélica han convertido la palabra aborto en una palabra repulsiva, pese a ser legal en este país al menos en un caso.

VOLVIENDO AL PUNTO

Estas mujeres artistas, activistas, han llegado para exigir a la CIDH una audiencia sobre el derecho a decidir de las mujeres, decidir sobre sus cuerpos, su salud, sus vidas, sin intromisión de la sociedad, del Estado, de las iglesias. No llegaron solas, llegaron con algunas organizaciones feministas del Perú y Bolivia.

“Nos encontramos en una coyuntura en la que se advierten retrocesos en cuanto a logros conquistados a favor de los derechos sexuales y reproductivos, como el aborto terapéutico, que es legal desde 1924; así como el peligro de que se sigan obstaculizando iniciativas legislativas como la despenalización del aborto en casos de violación, pese a que Perú es el segundo país con mayor tasa de violaciones sexuales, siendo las niñas y adolescentes las principales víctimas”, advierte María Ysabel Cedano, directora de la organización feminista DEMUS.

El país con la mayor tasa de abusos sexuales es Bolivia, donde si bien ya lograron despenalizar el aborto en casos de violación, se han estancado en legalizar el aborto hasta las 22 semanas.

Y, ¿cuál es el principal obstáculo para que las mujeres puedan ser libres de decidir si quieren o no ser madres cuando han sido víctimas de violación, o cuando, simplemente, no lo desean por razones económicas o porque impide su realización personal, o cuando está en riesgo su vida?

“Los Estados permiten que las iglesias criminalicen y ejerzan persecución a las mujeres cuando deciden sobre su vida y sus cuerpos. Los Estados están causando un daño existencial al restringir a las mujeres el acceso a sus derechos y la toma de sus decisiones. Se nos quita la oportunidad de contar con un proyecto de vida y lograr desarrollo en todos los ámbitos posibles”, sostuvo Tania Nava, de Católicas por el Derecho a Decidir de Bolivia.

CIFRAS DE PÁNICO

En Bolivia, cada día se presentan 246 embarazos en adolescentes y, según estudios realizados, 7 de cada 10 adolescentes embarazadas entre los 15 y 19 años no desean su embarazo. Mientras que en el Perú, cada día, cuatro niñas se convierten en madres, la mayoría por casos de violación. Asimismo, se estima que 40 adolescentes mueren al año, por complicaciones con el embarazo y el parto.

Si revisamos la historia de los últimos años en el Congreso, podemos encontrar que desde 1991, las diferentes Comisiones revisoras del Código Penal han propuesto despenalizar el aborto por violación en Perú, pero el Parlamento peruano nunca dio el último paso de aprobarlo en sesión del Pleno.

En la actualidad hay un proyecto de ley conocido como ‘Cunas salvadoras’, presentado por Yonhy Lescano, de Acción Popular, para que las mujeres dejen a sus hijos en “cubículos, buzones, tornos o incubadoras” si las madres no los quieren. Las organizaciones feministas consideran que es una revictimización y crueldad contra las mujeres víctimas de violación, forzarlas a llevar un embarazo y encima abandonar a los recién nacidos.

Tras una audiencia pública simbólica, a manera de réplica de las que organiza la CIDH, las mujeres recomendaron a los gobiernos del Perú y Bolivia el respeto al principio de ser Estados laicos, la revisión del concordato (la Iglesia católica recibe más dinero del Estado que los programas de violencia hacia la mujer), para así acabar con la injerencia político religiosa en las decisiones de políticas públicas, la promoción de leyes y el respeto a los compromisos internacionales de derechos humanos y de las mujeres.

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Política

Cerco a García Pérez; se somete a impedimento de salir del país

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Alan García Pérez - Odebrecht

El expresidente Alan García Pérez aceptó ayer a regañadientes permanecer en el país durante los próximos 18 meses ante el pedido de la Fiscalía, de impedirle la salida del país durante ese tiempo, para investigarlo por los delitos de tráfico de influencias, colusión y lavado de activos, en el caso del Tren Eléctrico de Lima.

A través de su defensa legal presentó un escrito de allanamiento ante el juez de investigación preparatoria Juan Sánchez Balbuena, respecto al pedido del fiscal José Pérez Gómez de que se le imponga la citada medida preventiva.

Sin embargo, de todas maneras, el juez Sánchez realizará la audiencia hoy a las 3 de la tarde, cuando se leerán tanto el pedido del fiscal de la medida cautelar restrictiva como la aceptación de García Pérez.

Se prevé que, al no producirse oposición entre las partes, la diligencia será rápida y la medida será formalizada.

Alan García residía en Madrid, España, desde el 2016 junto a su pareja Roxane Chesmman y el hijo de ambos.

ARGUMENTOS DEL ARRAIGO

Para pedir el arraigo de AGP por 128 meses, la Fiscalía aduce lo siguiente: debido a sus continuos viajes al exterior, el imputado ofrece un potencial peligro de fuga; no reside en Miraflores, sino en Madrid, España; el arraigo es “proporcional” con los presuntos delitos atribuidos: lavado de activos, colusión y tráfico de influencias, en organización criminal; debe estar disponible para las múltiples diligencias que la Fiscalía planea realizar prontamente, como el acopio de documentos de Brasil y la entrega de sus estados de cuentas para peritajes.

UN ABUSO

No obstante su acatamiento judicial, García Pérez, continuó con su permanente enfrentamiento contra sus críticos, a quienes les dijo por Twitter que es un abuso que le acusen de lavado de activos por haber cobrado 100 mil dólares, con todas las de la ley, por ofrecer una conferencia al empresariado brasileño, en 2012, cuando no era funcionario.

Particularmente, sobre la acusación de que cobró el dinero a sabiendas de que procedía de fondos ilícitos de Odebrecht, García reiteró que eso es falso; que no tenía como saber que el estudio de abogados Spinola, con el que firmó el contrato del servicio de la conferencia, era una tapadera de Odebrecht y que su propietario, José Américo Spinola, era un agente encubierto de las operaciones de soborno de la constructora. Omitió mencionar su estrecha vinculación con Odebrecht, empresa a la que benefició desde el Gobierno, según documentadas denuncias.

Cuestionó al periodista Gustavo Gorriti, su duro crítico que reveló el tema de los 100 mil dólares, y señaló que cuando Gorriti era directivo del Instituto Prensa y Sociedad (IPYS), esta entidad suscribió un convenio para la realización de un concurso periodístico en el Perú, sin la seguridad sobre el origen de esos fondos, aunque Odebrecht no se había beneficiado previamente de negocios con el IPYS. En su oportunidad, Gorriti dijo que este hecho solo era “una falta grave”.

Alan García escribió: “Por el mismo y supuesto hecho me hace cómplice de un pago estructurado. ¿El 2012 alguien sabía de la existencia de pagos no contabilizados por parte de Odebrecht?”.

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Política

“Caso García” avanza pero con serios problemas para aclarar coimas

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Tren eléctrico Metro de Lima

El “Caso García”, en la megainvestigación Lava Jato, corresponde a la gestión de los dos contratos sucesivos del Tren Eléctrico de Lima y de los US$ 23.9 millones en sobornos que la constructora Odebrecht confirmó haber pagado a altos funcionarios de la última administración de Alan García Pérez.

Solo por el factor de origen y estrategia de investigación, el equipo especial Lava Jato, realiza las pesquisas por separado, a pesar de que se trata de aspectos de una misma materia.

Sin embargo, a casi dos años del estallido del megacaso Lava Jato en el país, el avance en la investigación de los dos aspectos deja mucho que desear y, a pesar de los bríos del fiscal José Domingo Pérez, enfrenta dificultades importantes.

SIN ACUERDO DE COLABORACIÓN

La principal es la no suscripción del acuerdo definitivo de colaboración eficaz entre el Ministerio Público del Perú y Odebrecht, a pesar de las intensas gestiones del equipo Lava Jato.

El fiscal supervisor Rafael Vela Barba, aseguró que el acuerdo sería logrado el 15 de este mes, pero no hay noticias al respecto.

Sin ese acuerdo, no es posible que los fiscales continúen interrogando a los ejecutivos y exejecutivos de Odebrechet como colaboradores eficaces en cada una de las 41 investigaciones en marcha.

Por ejemplo, no es posible interrogar a Jorge Simoes de Barata para que diga a quién o a quiénes pagó los US$ 13.9 millones del total del soborno programado por Carlos Nostre Junior por el Tren Eléctrico, lo cual resulta decisivo para esclarecer el caso.

Tampoco es posible que la justicia brasileña proporcione a la peruana los archivos encriptados “My Web Day” y “Droussys”, que contienen todos los archivos de las operaciones corruptas de Odebrecht en el país.

FACTOR CHÁVARRY

Otra dificultad es la carencia de recursos económicos suficientes para financiar los desplazamientos de equipos especiales a los paraísos financieros, a fin de realizar complejas comprobaciones del manejo de dinero “negro”, vía offshores.

Y, por si no fuera poco, otro problema es la crisis interna que afecta al Ministerio Público por la permanencia de Pedro Chávarry al frente de ese organismo, así como por su innegable conducta personal obstruccionista contra la labor del equipo Lava Jato, derivada de su evidente dependencia política del partido político Fuerza Popular que controla el Congreso.

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Política

Informe médico descarta gravedad de exdictador

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Alberto Fujimori

Según el informe mostrado por Canal N, el exdictador registra hipertensión arterial no controlada, fibrilación auricular, cardiopatía coronaria y anticoagulado, lo que tácitamente descarta que esté grave o sufra una enfermedad terminal.

Recomienda que siga las indicaciones médicas establecidas pero no precisa si es necesario que continúe internado en un nosocomio

El reporte del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, firmado por los doctores Marleny del Rosario Huerta Valdivia, Jorge Paredes Pérez y Ruver Páucar Silva, determina que Alberto Fujimori debe continuar con los cuidados médicos adecuados, debido a su estado de salud.

La evaluación fue dispuesta por los magistrados de la Sala Penal Nacional que procesan a Alberto Fujimori por la matanza de seis pobladores de Pativilca.

La resolución de la Sala Penal indicó que especialistas o una junta médica del Instituto de Medicina Legal acudirán a la Clínica Centenario con el objetivo de que emitan pronto un informe.

MUCHO CUIDADO

Los familiares de las víctimas de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta habían pedido a la Sala Penal que solicite al Colegio Médico del Perú que nombre especialistas para que participen en la evaluación.

Al respecto, Gloria Cano, la abogada de los familiares, envió un oficio en el que, además, solicitaba la posibilidad de acreditar un médico que integre la junta médica para asegurar la transparencia del examen.

Cano argumentó para la petición los cuestionamientos al fiscal de la Nación, Pedro Chávarry, de quien depende el Instituto de Medicina Legal, por sus presuntos vínculos con organizaciones criminales como “Los Cuellos Blancos del Puerto”, y su cercanía al fujiaprismo, que lo blinda en el Legislativo.

“Los representantes del Colegio Médico deben ser de las especialidades de las enfermedades por las que supuestamente está internado Fujimori, que son fibrilación auricular no controlada, hipertensión arterial y cáncer a la lengua”, anotó.

Además, aseguró que si se demuestra que su situación no es grave debe volver a la Diroes porque tiene mandato de detención.

¿POR QUÉ SE PIDIÓ?

El fiscal Luis Landa, titular de la Tercera Fiscalía Penal Nacional, solicitó al Colegiado B de la Sala Penal Nacional que se oficie al IML para que disponga que una Junta de Médicos evalúe el real estado de salud del exdictadorAlberto Fujimori, quien se encuentra internado en un nosocomio desde el 3 de octubre.

Tras la anulación judicial del indulto humanitario concedido por el expresidente Kuczynski, hace un par de semanas se difundió un video en el que se observaba a Fujimori coordinando por teléfono y levantándose de la cama enérgico y sin ayuda.

CONTROL Y ACUMULACIÓN

Landa recordó que para el 23 de noviembre está prevista una audiencia pública en la que se hará un control de la acusación fiscal contra el exdictador, después del cual se fijará la fecha del inicio del juicio oral.

Destacó que en la audiencia también se verá la acumulación de otro expediente al Caso Pativilca.

“A propósito de eso es bueno saber exactamente cuál es el estado de salud de Alberto Fujimori, está internado hace 32 días y no se sabe cuál es su verdadera situación”, insistió al pedir el examen.

La Fiscalía lo acusa de presunta autoría mediata por el asesinato de seis campesinos en el distrito de Barranca, al norte de Lima, a manos del destacamento Colina, en enero de 1992.

ALGO MÁS

La Cuarta Sala Penal de Apelaciones de Arequipa resolverá dentro de cuatro días el hábeas corpus presentado por un ciudadano para que deje sin efecto la resolución que anula el indulto de Alberto Fujimori. Informó que revisarán los fundamentos del juez de investigación de Mariano Melgar que declaró improcedente dicho recurso porque el caso está en la Corte Suprema.

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