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El paquetongo: fracaso y abdicación

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El Paquete de Castilla no resuelve la baja de producción actual ni reactiva la demanda, pues se propone reconquistar la confianza de los grandes grupos económicos, otorgándoles beneficios claves con efecto de mediano plazo.

Oculta el fracaso de Castilla, que tuvo estos años más de 30 mil millones de dólares para invertir, pero se dedicó a guardarlo como superávits fiscales para regalarlos ahora, y paralizó la inversión pública reclamada y posible en infraestructuras, servicios y políticas sociales.

El Paquetongo evidencia la Abdicación. El gobierno de Ollanta Humala no solo regala millones a grupos de poder evasores de impuestos, y precariza el empleo, la salud y los servicios, sino sobre todo, para “recuperar su confianza”, les da garantías contractuales por 15 años (los próximos tres gobiernos), abdicando la soberanía del Perú sobre su territorio y sus recursos naturales, los que privatiza y desnacionaliza. Cruel paradoja: Ollanta reestablece un tipo de contratos que anulan la soberanía. Como si regresara la IPC a la Brea y Pariñas.

Las inversiones mineras previstas para los próximos años están a la baja, por reducción de los precios mundiales de los metales. El lobbysmo aprovecha para exigir la abdicación. El Paquetongo plantea la privatización del territorio y la soberanía. El Gobierno regala a las Corporaciones privadas la soberanía, el uso público, y la protección ambiental sostenible de los recursos.

El Paquetongo incluye para esto un nuevo modelo de Contrato de Estabilidad Tributaria CET, por los próximos 15 años, es decir, por los próximos tres gobiernos que no podrían hacer nada al respecto de ellos. Los CET se reducen Contratos de Adhesión, a un estudio de factibilidad técnico económico, con carácter de declaración jurada, sin estudios técnicos-económicos, ni garantías a la nación, y sin obligación con los objetivos nacionales en el uso público de los recursos y el territorio. De esta manera, abdican de la Nación pretendiendo deformarla como una inmensa Zona Franca Privatizada, en la que no existe soberanía respecto a sus recursos y territorios.

Abarcan los CET los grandes proyectos de inversión minera, estimada en 52 mil millones de dólares, y también se proyectan a energía, que incluye la privatización de Petroperú, y a otras inversiones conexas en diversos campos (puertos, vías de transporte, refinerías, fundiciones, zonas urbanas, usos del agua, etc.). Al mismo tiempo, esfuma el ordenamiento territorial como política pública, impidiendo establezca el uso público y sostenible de los recursos (agua, aire, etc.) e infraestructuras. Quiebra al MINAM y a los estudios de impacto ambiental y de calidad del aire. El Perú, uno de los países más afectados por el cambio climático, y cuyo futuro civilizatorio depende de una nueva ecuación agua-tierra-población, es desguarnecido con esta abdicación y privatización territorial. La República Lobbysta aísla al Perú de la Patria Grande Latinoamericana, y pretende sujetarnos al declinante interés geopolítico del Imperio USA en crisis. Peruanizando al Perú, más bien, desde la República de ciudadanos, estamos en condiciones de afirmar sus recursos y potencialidades, para superar las desigualdades, y abrir las grandes alamedas del cambio social y el progreso de la nación. ◘

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Actualidad

Así cayó el coronel Ibárcena

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Manuel Ibárcena Escalante

A las 6 de la mañana la fiscal Sandra Castro ingresó a la vivienda del coronel Manuel Ibárcena Escalante en Surquillo para finalizar el operativo contra Los Rápidos y Elegantes del Aeropuerto.

En todo el tiempo el oficial se mostró sorprendido aunque está no es la primera vez que es detenido.

 

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Política

Las incoherencias de Vilcatoma

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Yeni Vilcatoma

Yeni Vilcatoma parece haber adoptado como estrategia distanciarse del ala dura del fujimorismo, no solo por su decisión de postular al Congreso en la lista de Solidaridad Nacional, sino por las últimas declaraciones en medios de comunicación donde ha dado mensajes contradictorios con su procedencia política y trayectoria.

La exparlamentaria por Fuerza Popular afirmó en entrevista con Radio Programas del Perú (RPP), que la lideresa del partido naranja, Keiko Fujimori, debería retirarse de la política. “Para mí Keiko Fujimori debería retirarse de la política luego que se ha conocido estos aportes que nunca anunció. Y debe retirarse de la política porque luego de ver sufrir a su familia como ha sufrido nunca más los debería exponer así”, indicó acerca de los millonarios aportes recibidos por parte de grupos empresariales y que no fueron declarados ante el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

TAMBIÉN CONTRA CASTAÑEDA

Luego de desacreditar como política a Keiko Fujimori, la excongresista sostuvo que el exalcalde de Lima, Luis Castañeda Lossio, también debería alejarse de la política.

“Ha dado un paso al costado y se está sometiendo a las investigaciones. Yo confío que el Equipo Especial (Lava Jato) está haciendo sus actividades de investigación que hace poco se han dado a conocer”, afirmó respecto a la licencia temporal que Castañeda solicitó a Solidaridad Nacional.

El exalcalde es investigado por presuntos delitos de corrupción vinculados a los aportes que habría recibido para su campaña del 2014 de parte de la empresa brasileña OAS, por lo que cuenta con impedimento de salida del país por 18 meses desde julio.

Hay que indicar que luego de que el secretario general de Solidaridad Nacional, Rafael López Aliaga, afirmó que la excongresista Rosa Bartra fue elegida como candidata por ser la mejor congresista de la historia de la República, Yeni Vilcatoma también destacó su labor en la Comisión Lava Jato. Lo que omitió Vilcatoma es que Bartra postula al Congreso con el número uno en la lista de Solidaridad Nacional, a pesar de que propuso investigar a Castañeda por presunta corrupción en su informe de la Comisión Lava Jato.

FLORES PARA PÉREZ

Días atrás, cuando fue consultada por los millonarios aportes recibidos por Keiko Fujimori, Vilcatoma manifestó sentirse sorprendida por la noticia y no escatimó elogios para el trabajo realizado por el Equipo Especial Lava Jato.

“Saludo la estrategia del fiscal José Domingo Pérez porque ha trabajado una estrategia que ha revelado algo tan igual de grave o más grave todavía que es que se haya recibido financiamiento de todas estas empresas”, declaró a Canal N.

“Estoy totalmente en contra de este tipo de proceder. Recibir dinero siendo un líder político, y no solo me refiero a Fuerza Popular, sino todos los partidos, recibir estos montos millonarios y que no se declaren, que no se hagan conocer a la población y además el grado de influencia que puede haber tenido en la aprobación de determinadas normas. Por eso la ciudadanía está rechazando a la clase política”, comentó entonces.

CONTRATACIÓN IRREGULAR DE SU ESPOSO

Por otro lado, la Contraloría General de la República reveló que la Municipalidad de Miraflores contrató a Manuel Elera Moquillaza, esposo de la excongresista Yeni Vilcatoma, como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana sin justificación.

“La Municipalidad contrató a Manuel Alfonso Elera Moquillaza como locador de servicios para la Gerencia de Seguridad Ciudadana, mediante la orden de servicio n.° 0001159 de 12 de abril de 2018, por el importe de S/ 4,500 no obstante que la necesidad del servicio no se sustentaba en el Plan Operativo Institucional 2018”, indica el informe.

Según el documento, estos hechos han afectado “el correcto funcionamiento de la administración pública”, al generar el pago irregular de S/ 4,500 a un profesional al que no correspondía ser contratado.

Además, el informe de la Contraloría recomienda a la Municipalidad de Miraflores disponer el inicio de las acciones administrativas para el deslinde de las responsabilidades que correspondan contra cuatro funcionarios involucrados, y advierte al OSCE sobre el incumplimiento cometido por Elera Moquillaza, “quien a pesar de estar impedido para contratar con el Estado, por ser cónyuge de Vilcatoma de la Cruz, contrató con la Municipalidad Distrital de Miraflores, vulnerando lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado”.

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Política

El tribunal de la impunidad

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Ernesto Blume

En tiempo récord y sin mayor explicación, el Tribunal Constitucional desestimó el pedido de aclaración presentado por el procurador del Poder Judicial sobre la sentencia que liberó a Keiko Fujimori. Jurista Juan José Quispe advierte que un nuevo Congreso podría investigar y denunciar a magistrados por el delito de prevaricato.

De un día para el otro. Así resolvió el Tribunal Constitucional (TC) y declaró la improcedencia del pedido de aclaración formulado por el procurador del Poder Judicial, Marco Palomino, sobre la resolución del citado colegiado que determinó la excarcelación de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori Higuchi.

Con las firmas de los magistrados Ernesto Blume, Carlos Ramos, José Luis Sardón y Augusto Ferrero, el TC desestimó en todos sus extremos el pedido de aclaración por considerar que escondía una impugnación a la sentencia cuestionada.

La resolución recuerda que contra las sentencias del TC no cabe impugnación alguna y por tanto, al solicitar el pedido de aclaración que se deje sin efecto la sentencia y, por consiguiente, que se efectúe una nueva votación sobre lo resuelto, el TC determinó que debía ser rechazado el recurso presentado por Palomino.

Sin embargo, llamó la atención que los magistrados del TC no hayan considerado aclarar los puntos en cuestión, al margen de que esto no fuera a variar el estado de las cosas sobre lo ya juzgado. Para el TC, “no cabe aclarar ningún concepto ni subsanar cualquier error material u omisión respecto de la sentencia emitida en autos, pues esta no contiene ningún error ni omisión”.

SIGUEN SIN FUNDAMENTAR

Al conocer la noticia, el procurador del Poder Judicial manifestó sentirse extrañado por la manera “tan célere” en que se resolvió la improcedencia del recurso presentado por su despacho. “Me llamó poderosamente la atención esto porque se presentó ayer (martes) a las 2 y 30 de la tarde y el día de hoy (miércoles) nosotros hemos tenido audiencia en el Tribunal Constitucional desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. No sé en qué momento han podido hacer el estudio del pedido que se hizo y que se presentó ayer por la tarde”, afirmó.

Además, expresó su mortificación al comprobar que “no hay mayor argumentación en la resolución que ha emitido el Tribunal Constitucional”. “Veo una resolución escueta que no ha cubierto cada uno de los puntos que se plantearon en el pedido de aclaración”, comentó.

ACLARACIONES SON NECESARIAS

Para el abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Juan José Quispe, en virtud de que el mismo presidente del TC, Ernesto Blume, solicitó al fiscal Pérez que le envíe las copias de las declaraciones de Jorge Yoshiyama, la resolución del ente constitucional debió explicar cuáles fueron las razones legales para desechar o no considerar como útiles o pertinentes estas declaraciones. “Si eso no consta en la resolución, como ya hemos visto, hizo bien el procurador del Poder Judicial en pedir una aclaración respecto a esta falta de motivación en la sentencia”, apuntó.

“Blume no puede tapar el sol con un dedo. Los votos se componen de decisión y de fundamento, y no es cierto que solamente importe el sentido de la resolución. Están engañando a la población, porque los fundamentos de Blume, Ferrero y Sardón son diferentes al de Carlos Ramos; y si nos vamos estrictamente a los fundamentos, la votación sería de 4 contra 3 y el hábeas corpus hubiera sido declarado infundado”, advirtió.

En ese sentido, el jurista recordó que la posición del magistrado Ramos es más bien de crítica a la posición sustentada por Blume, Sardón y Ferrero. Sin embargo, y a pesar de esto, Ramos votó a favor de la libertad de Keiko Fujimori apelando al argumento del Congreso disuelto, argumento que no fue mencionado por los otros magistrados. Todo esto, sin embargo, no ha ameritado explicación alguna por parte del TC.

MAGISTRADOS PODRÍAN SER  DENUNCIADOS

Además, Quispe señaló que Blume, Sardón y Ferrero han cuestionado indebidamente las decisiones del Poder Judicial, al punto de pedir sanciones contra el juez Richard Concepción Carhuancho, e incluso afirmar que no habrían pruebas contra Keiko Fujimori para ser procesada por lavado de activos.

“A pesar de no ser de su competencia pronunciarse sobre la casación de Keiko Fujimori, por no ser materia del hábeas corpus, los magistrados se pronuncian sobre los fundamentos de los jueces supremos en dicho recurso de casación. Esto se llama prevaricato, porque están resolviendo más allá de lo que establece la ley. Debieron evaluar si hubo vulneración de los derechos constitucionales de Fujimori Higuchi pero se han pronunciado sobre todo”, explicó.

Por ello, el jurista consideró que podría haber una acusación constitucional contra los magistrados Blume, Sardón y Ferrero, ya sea desde la Fiscalía, por el propio procurador del Poder Judicial o por iniciativa de algún congresista cuando se instale el próximo Parlamento.

 

JOSÉ ALFREDO MADUEÑO

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