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El pacto de la Cepal

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El pacto de la Cepal

Tanto optimistas como pesimistas reconocen que América Latina ya cruzó la puerta de ingreso a la crisis económica iniciada en los países ricos. En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (Cepal) propone un pacto a toda la región.

En el último día de debates del reciente periodo de reuniones de la Cepal en Lima, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del organismo, presentó una propuesta para Latinoamérica que más que económica es centralmente política. Se trata de llegar a consensos para enfrentar la crisis, seguir creciendo y al mismo tiempo igualar en derechos y oportunidades a la población. Para ello la CEPAL ofrece una trilogía que se resumen en que la igualdad es el horizonte, el cambio estructural es el camino y la política es el instrumento.

Se trata de cerrar brechas en relación al pago de impuestos, los salarios, la producción, la calidad de vida en relación a vivienda, educación y servicios públicos. Asimismo, en los derechos reproductivos y otras áreas en donde sigue flaqueando el Perú y casi toda el subcontinente. Así, aumentar el consumo de las familias no solo es cuestión de una tarjeta de crédito para comprar electrodomésticos, sino del acceso a servicios donde el Estado tiene la palabra.

Y como casi toda la región se apoya en la explotación de recursos naturales, al Cepal apunta un cambio estructural que parta de otra gobernanza orientada a la redistribución de tales recursos y a la sostenibilidad ambiental. Es decir, retener más renta para el Estado al tiempo que se modifica la estructura productiva para ir dejando la centralidad económica en la actividad primario exportadora.

Nada de esto se podrá hacer sin un pacto entre todos los agentes económicos, la ciudadanía y el Estado. Y eso lo vemos claramente en el Perú, en donde por más que la productividad y la renta de las empresas aumentaron, los salarios se mantuvieron rezagados.

Bárcena hizo una reflexión profunda reconociendo que ahora nos enfrentamos a un contexto externo difícil con menor dinamismo económico. La mexicana invitó a enfrentar este reto con un camino propio, casi como decir que no hagamos caso a las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) que ya reclama ajuste macroeconómico a las economías latinoamericanas. Según Bárcena, el tránsito en esta etapa debe ser hecho como decía el amauta José Carlos Mariátegui, sin calco ni copia, sino con creación heroica.

EXCUSA DE LA

INFORMALIDAD

A cargo de los comentarios de los pactos propuestos por Bárcena quedaron Miguel Castilla, ministro de Economía peruano y Danilo Astori, vicepresidente uruguayo y exministro de Economía de ese país. Astori que representa la derecha del Frente Amplio del país oriental (pero que al lado de Castilla es casi un guerrillero revolucionario) fue enfático en el tema salarial y en redistribuir la carga social lo más equitativo posible.

No por nada el Uruguay apoya la gratuidad de su educación universitaria y su sistema de seguridad social en pilares de reparto que hacen que todo uruguayo que quiera estudiar lo haga, y que nadie se quede sin pensión ni salud.

Todo lo contrario a lo que pasa en el Perú, en donde tenemos a más de un millón de viejos sin jubilación y con miras a duplicar o triplicar esa cifra en el mediano plazo pues muy poca parte de la población económicamente activa cotiza y no hay sistema de pensiones sociales, salvo el diminuto bono mal llamado Pensión 65.

El turno de Castilla fue de lo más embrutecedor e ideológico. Salió a discrepar no solo con Bárcena sino con Astori al decir que subir el salario mínimo aumenta la informalidad y que ese es el tendón de Aquiles peruano.

Es que antes había echado tantas flores al modelo económico de la cero regulación que había logrado tan buenos número en la macroeconomía que prácticamente señaló que el piloto automático en la mayoría de sectores es el camino en el Perú. Es como el perro que persigue su cola, pues la informalidad, aunque no lo reconozca, tiene su gran asiento en la desregulación y la ausencia del Estado.

Y eso lo vemos todos los días en el transporte, el comercio, y los puestos de trabajo. Entonces, Castilla salió con el discurso de quienes se aferran a que el Estado siga sin intervenir y que los pactos no son necesarios pues con Fujimori ya se pactó que la privatización de las responsabilidades del Estado y que más o menos cada quien se salve como pueda.

Castilla insiste en luchar contra la informalidad con más desregulación.

LOS QUE SÍ DEBATIERON

Cada delegación nacional de los países que integran la Cepal estuvo compuesta por varios funcionarios, desde el más alto nivel hasta operadores en planificación, servicios sociales y ortos sectores, quienes participaron en el debate sugerido por la Cepal sobre la necesidad de pactar para la igualdad.

Uno de los casos más destacados fue el de los ecuatorianos, quienes señalaron que los pactos por la igualdad no se pueden dar si los grupos económicos más poderosos se apoyan precisamente en la desigualdad para aumentar sus ganancias. En todo caso hay que pactar contra ese modo de hacer negocios.

En tal sentido cuestionaron los Tratados Bilaterales de Protección de Inversiones (TBI) y el sistema de solución de disputas entre inversionistas y Estados como el Ciadi del Banco Mundial, o el Uncitral de Naciones Unidas.

Todos estos instrumentos garantizan ventajas para el gran capital con el cuento de que la inversión genera empleo y renta, cuando lo que en realidad sucede es que a través de ellos se imponen condiciones y se chantajea a los gobiernos, como en el caso de las demandas multimillonarias de OXY y Chevrón contra el Estado ecuatoriano que sin tomar en cuenta que estas mismas transnacionales incumplieron la ley nacional y violaron derechos de pueblos indígenas, se les dio la razón imponiéndole una multa ridícula al Ecuador que por poco equivale a su presupuesto público anual.

Otra intervención muy lúcida fue la delegación cubana, que planteó a través de su ministro de Comercio Exterior, que el pacto por la igualdad no debe ser solo a nivel nacional, sino regional, de tal suerte, que se expresen intereses comunes de América Latina y El Caribe en los debates globales a fin de equilibrar posiciones con países desarrollados. Por ejemplo a través de posiciones en el marco del G-77, Unasur, Celac y Alba.

Podemos afirmar que la trigésimo quinta reunión de la Cepal ha traído una voz diferente en el concierto multilateral. Frente a las clásicas recetas de austeridad del FMI, la Cepal propone un pacto para una fiscalidad, otro para la inversión, la política industrial y el financiamiento. Uno más para la igualdad en el mundo del trabajo, y para un mayor bienestar social y mejores servicios públicos. También un pacto para la sostenibilidad ambiental, para la gobernanza de los recursos naturales y uno por el desarrollo y la cooperación.

Para ello se requieren funcionarios y autoridades creativas. El rol del Estado es esencial.

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Política

Toledo se salvaría

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Alejandro Toledo Manrique

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como Pedro en su casa. Pero fue detenido y pasado mañana se verá su caso por el pedido de su extradición en Perú.

Sin embargo, si se comprueba que tiene doble nacionalidad o que ya renunció a la peruana por la norteamericana, el pedido de extradición se verá entrampado porque EEUU siempre defiende a sus connacionales.

Si no ha sucedido lo anterior, dependerá del cuadernillo de extradición presentado por el abogado sobre su caso y, al parecer, está mejor fundamentado y documentado.

De ser así, se habrán acabado las gollerías de las que gozaba. Y no solo él, también su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, quienes estarían en la danza por Ecoteva.

DEPENDERÁ DEL CUADERNILLO

“El pago de la fianza va a depender mucho de la corte de los EEUU y del acervo documentario que haya presentado la Fiscalía para determinar la vinculación del delito por el cual está siendo investigado Toledo, que permita establecer una suerte de veracidad para el tribunal americano”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Hay una posibilidad de que pagando una fianza podría (lo pongo en condicional) seguir su proceso en libertad, una caución bastante elevada que fácilmente la podría pagar con todo lo que se ha llevado”, precisó.

“Lo importante es que la Fiscalía ha hecho acopio de mayor información de su examigo Maiman y que ya está el pedido de homologación en el Poder Judicial, así como se hizo con el acuerdo con Odebrecht; cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la Fiscalía, una vez que ha corroborado la información, ha llegado a un acuerdo, este tiene que ser validado por el Poder Judicial”, explicó.

“La Fiscalía tiene ese pedido o se lo va hacer al Poder Judicial, porque ha corroborado, ha comprobado, que toda la información que tiene y que le ha dado el examigo de Toledo, es cierta”, anotó.

NO SE DESCARTA LA CAUCIÓN

“Va a depender mucho de esta primera audiencia que va a tener Toledo… Yo no descartaría la caución, lo que seguramente su defensa va a solicitar al tribunal de los EEUU”, sostuvo.

“Si por delitos más graves ha habido caución, entonces por un delito de corrupción también pueden ponerle una caución. Podría librarla Toledo, pero todo está condicionado a lo que el abogado contratado por el Estado peruano presente ante el tribunal”, subrayó.

“Yo creo que en este caso se va a presentar un segundo pedido de extradición por Ecoteva, con pruebas mucho más fehacientes. En resumen, le está llegando la hora, pero este procedimiento demorará por lo menos un año en que podamos traer a Toledo”, afirmó.

¿LE LLEGÓ LA HORA?

“Pero, vuelvo a reiterar que le llegó la hora al señor Toledo. Pero, las cosas se podrían complicar si él demuestra la nacionalidad norteamericana. Eso sería grave para los fines de extradición, porque todos sabemos que EEUU protege a sus connacionales bastante fuerte”, advirtió.

“Y en ese sentido -agregó- sería un doble trabajo en caso Toledo pase a la nacionalidad americana. Vamos a ver ahora si nuestro expresidente sigue siendo peruano o ya es americano-peruano o ya renunció a la nacionalidad peruana. No lo sabemos”, declaró.

“En este procedimiento vamos a poder comprobar dos cosas: uno, si sigue siendo peruano o tiene ambas nacionalidades; y dos, si la Fiscalía se ha preocupado a través de conductos que establecen los medios procesales allá en el país y asociarla a un mayor acervo documentario concerniente a Toledo, con el cual se le está vinculando, y con la acusación de Ecoteva que debe sumarse a la anterior”, subrayó.

ALGO MÁS

“Solo así podemos pedir la extradición, en caso contrario, Toledo estaría fuera con una elevada caución”, dijo el jurista Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

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Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la Fiscalía de Perú que ha apelado a la cooperación internacional con la finalidad de facilitar su proceso de deportación.

Toledo, cuyo mandato abarcó el período 2001-2006, es señalado de recibir sobornos por el conocido caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a mandatarios de toda la región, incluyendo a sus homólogos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el fallecido, Alan García.

LAVADO DE DINERO

La justicia peruana también señala a Toledo por los delitos de lavado de dinero a través de la creación de la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y representada por su suegra, Eva Fernenbug, detalla Europa Press. En el caso también se señala a su esposa, Eliane Karp.

El exmandatario ha negado tales acusaciones y ha instado a presentar las pruebas que lo incriminan. Sin embargo, el testimonio de su amigo de infancia, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó la intención de Toledo de crear el consorcio en una transacción calculada en 20 millones de dólares.

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Política

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

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Congreso de la República del Perú

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección. En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del Congreso.

Actualmente, el procedimiento está a cargo del propio Congreso, poder del Estado que, de acuerdo a las estadísticas, rechaza la mayoría de las solicitudes de levantamiento de fuero parlamentario, como se ha observado en recientes casos escandalosos

“La primera de las reformas aprobadas impone una suerte de valla a la presencia de personajes corruptos en el Congreso en la medida que impide candidatear si hay una sentencia firme”, afirmó Carlos Monge, analista político.

“Allí había una primera valla. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la manera como el Congreso ha venido usando sus prerrogativas para protegerlo de acciones en curso sobre delitos que se han cometido antes de ser parlamentarios”, acentuó.

QUE NO SEA EL CONGRESO

“Como se sabe cuando hay una investigación abierta sobre un delito cometido fuera de la función parlamentaria el Poder Judicial no puede directamente investigar al congresista, sino que tiene que oficiar al propio Parlamento y el Parlamento a su Comisión de Ética para que decida si le levantan o no la inmunidad parlamentaria”, explicó.

“Como el Parlamento tiene la capacidad de decir que no, porque no le parece suficiente, está utilizando mecanismos de la inmunidad parlamentaria para convertirlo en un mecanismo de impunidad, de protección”, remarcó.

“La reforma que el Ejecutivo plantea es que ya no sea el propio Congreso el que decida si se le quita o no la inmunidad parlamentaria al congresista frente al requerimiento del Poder Judicial”, puntualizó.

“El planteamiento original era que sea la Corte Suprema o cualquier entidad que no sea el propio Congreso, porque allí hay conflicto manifiesto de intereses. Porque en la práctica se ha usado como un mecanismo para asegurar impunidad de los amigos de la mayoría”, denunció.

ESTO ES MUY IMPORTANTE

“Creo que esto es muy, muy importante porque hemos visto en estos años cómo la mayoría fujimorista, sobre todo, ha tenido la capacidad para proteger y dejar fuera de investigaciones judiciales a un grupo ya bastante grande de parlamentarios, que obviamente han cometido delitos de toda índole, incluidos delitos electorales a la hora de candidatear, falsificando documentos y datos. Es un tema absolutamente fundamental”, anotó.

“No está en juego en realidad, eso hay que aclararlo, la inmunidad parlamentaria. No está en juego que el parlamentario esté protegido de acusaciones debido a sus funciones parlamentarias, de que alguien quiera sacarlo del Parlamento por una discrepancia. Eso no está en juego”, deslindó.

“Eso hay que protegerlo, porque el parlamentario tiene que poder tener la confianza de legislar y fiscalizar, sin tener miedo de la venganza, de un particular o de un sector del Estado”, aclaró.

FUJIMORISMO Y EL CABALLAZO

“Lo que es inaceptable es que yo falsifiqué toda la información sobre mi educación a la hora de presentar mi documentación y ese es un delito cometido antes de ser elegido parlamentario; ahora puedo durante cinco años evadir la justicia, con el agravante de que la Comisión de Ética no me levante la inmunidad”, observó.

“Eso es lo que se quiere evitar dándole la decisión a un ente que no sea el Congreso y sea por ejemplo la Corte Suprema. Se comparte la preocupación de muchos, porque estamos a 16 y se supone que el día 25 se acaba la Legislatura. Quedan pendientes 2 o 3 reformas, que son complejas, que son importantes”, advirtió.

“Me da la impresión de que el fujimorismo está jugando con llegar a la última hora y llegar al límite para aprobar al caballazo cualquier cosa. Lo que falta ver, además, es cómo reacciona el presidente Vizcarra y el Ejecutivo frente a lo que se está aprobando”, indicó.

“Le dieron el voto de confianza, pero en la reforma de las primarias el Congreso ha reformado groseramente las propuestas. Los partidos registrados se la llevan fácil y los nuevos tienen que registrar votos de la ciudadanía. Eso es completamente inconstitucional; no se le puede poner vallas a los partidos nuevos”, analizó.

ALGO MÁS

¿Qué va hacer Vizcarra contra eso? Dirá ‘bueno, eso es lo que se ha podido conseguir’, o decir ‘se han burlado de la confianza’ y disolvería el Congreso o podría convocar a un referéndum para que la gente sea la que decida. Yo creo que este es el camino”, concluyó Monge.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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