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El otro crimen por el que debe responder Fujimori

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La Constitución, el Derecho Penal y la Matanza de Pativilca (Provincia de Barranca).

El Estado Constitucional de Derecho impone el respeto escrupuloso de las normas constitucionales, así como el respeto y acatamiento del ordenamiento jurídico, precisamente el inciso 21 del artículo 118° de la Constitución fujimorista faculta al Presidente de la República a conceder indultos, conmutar penas y otorgar el Derecho de Gracia, en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de Instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.La Constitución Política de 1993 y el ordenamiento jurídico penal son las bases de la decisión presidencial; precisamente el ordenamiento constitucional ha sido transgredida y violentada por el otorgamiento de la gracia presidencial a favor de Fujimori como examinaremos líneas adelante.

Al respecto, el Artículo 38° de la actual Constitución impone a todos los peruanos el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación; por consiguiente, es deber supremo del Presidente Constitucional de la República, cumplir y acatar lo que la Constitución sanciona.

Sin embargo, del examen exegético de las normas constitucionales en comento, se establece que el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expedir la Resolución Suprema 281-2017-JUS de fecha 24 de diciembre de 2017, concediendo el Indulto y la Gracia Presidencial a favor de Alberto Fujimori, no ha respetado la actual Constitución, ni mucho menos el ordenamiento jurídico.

Es necesario tener en consideración que la Constitución Formal y la Constitución Material (Sustentada en la Teoría de la Materialización de Valores) ha sido transgredida y violentada; debido a que su naturaleza de Ciencia Jurídica, Política, Axiológica y Ontológica, ha sido desconocida y adulterada para imponer la impunidad de delitos de lesa humanidad y “Favorecer a Alberto Fujimori en los casos penales, la Cantuta, Barrios Altos y la Matanza de Pativilca”.

No obstante que, el texto constitucional, en forma imperativa, impone al gobernante limitaciones en el ejercicio del poder político, esto significa que el Presidente tiene que sujetarse a la normatividad constitucional y a la ley penal; es evidente entonces que Kuczynski ha faltado a sus deberes como Presidente.

Sin embargo, la resolución suprema que otorga el indulto inconstitucional, el 2 de febrero del presente año, será motivo de una Audiencia de Revisión de Cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta, a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El otorgamiento de la gracia presidencial inconstitucional, el 26 de enero del presente año, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, dejó al voto la decisión de incluir o no a Alberto Fujimori en el proceso penal por el asesinato de 6 personas en la Provincia de Barranca, al haberse desnaturalizado, constitucional y jurídicamente, el Derecho de Gracia.

En efecto, en doctrina la única fuente productora del Derecho Penal es la ley, pero la ley penal así concebida tiene como fuente de fuentes a la Constitución, esa es la manera como se definen los delitos y se establecen las sanciones y desde luego las leyes procesales penales.

Es más, las Teorías Penales, en forma coordinada, expresan los caracteres de la ley penal, tal como ser exclusiva (Puesto que solo la ley crea delitos y establece sanciones); ser obligatoria (Debido a que todos han de acatarla); ser ineludible (Puesto que las leyes solo se derogan por otras leyes); ser igualitaria (Puesto que las constituciones modernas proclaman que todos los individuos son iguales ante la ley) y fundamentalmente la Ley Penal debe ser Constitucional, o se invalida erga omnes, tal como escribe el destacado Maestro del Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa; a mayor abundamiento tratadistas penales como Ihering, Binding, Hippel, incluidos los maestros peruanos de Derecho Penal como el Dr. Raúl Peña Cabrera, Luis Brahamont Arias, Luis Miguel Brahamont Arias, Mario Rodríguez, Carlos Lecaros, Guillermo Olivera y otros que consideran que las leyes obligan a los órganos del Estado.

Estas son las enseñanzas que académicamente formaron a los jueces: Miluska Cano López, Presidenta, Otto Verapinto Márquez y Omar Pimentel Calle, integrantes del Tribunal de la Sala Penal Nacional que decidirán si incluyen o no al Sr. Alberto Fujimori en el proceso penal de la “Matanza de Pativilca”.

Por estos fundamentos, y en apreciación de la trascendencia de su decisión, llamamos su atención para recordarles que la Concreción Constitucional se materializa a través de la vinculación de la Política Criminal con los Valores Constitucionales a través de los Principios Penales y bajo la consideración de los modelos políticos y las decisiones penales sustentados en la doctrina constitucional de las fuentes penales; en forma consecuente, si consideramos a los Principios Penales como fuente del Derecho, entonces con claridad y evidencia la gracia presidencial debe ser declarada inaplicable, debido a que constituye una transgresión violenta a los plazos establecidos en el Código Penal y los actuados en la Audiencia de Control Constitucional, vista por todo el país.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. - El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. – El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

En efecto, el plazo de 24 meses de investigaciones no ha caducado debido a que se iniciaron en junio del 2017, y ello es así puesto que el Poder Judicial de Chile aprobó la ampliación de la extradición de Fujimori hace 7 meses, es más cuando se concede la gracia presidencial ya se había emitido acusación fiscal y estaba próximo el señalamiento de la Audiencia de Control de Acusación; por esta razón la gracia concedida se ha otorgado fuera del marco de la Constitución, al no haber transcurrido el doble del plazo más su ampliatoria, es decir 24 meses, por lo tanto la gracia es inaplicable por lo que el señor Alberto Fujimori deberá compadecer y someterse a juicio oral; debido a que el plazo debe contabilizarse desde el 5 de Junio del 2017 (Por ser el día en que la justicia chilena aprobó la ampliación de la extradición) y no computarse desde la fecha de apertura; por consiguiente, solo han transcurrido 6 meses y 24 días.

Señores magistrados, el Derecho Constitucional tanto como el Derecho Penal, son disciplinas científicas del conocimiento del Derecho, por tal motivo están sujetas a los principios de observación, descripción, explicación, definición y predicción; y por lo tanto, están alejadas totalmente de las “Adivinanzas”, es decir, ustedes al resolver este caso sujeto a la resolución suprema que concede el indulto a través del negociado infame no pueden aplicar el derecho de gracia debido a que no está expresa y categóricamente precisado en la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS. Por consiguiente, volvemos a reiterar de que la administración de justicia penal no puede establecerse a través de una “Adivinanza”.

En consecuencia, el plazo constitucional para la procedencia de la Gracia Presidencial no se ha cumplido; como tampoco se ha cumplido con el deber de motivación de la Resolución que otorga la Gracia Presidencial; deber que impone no solo la Constitución sino también las Cortes Internacionales.

Asimismo, se tiene que observar que cuando el Artículo 43° de la Constitución regula sobre la institucionalidad estatal cita expresamente a la teoría de la separación de poderes, entonces que respeto puede haber a esta teoría si es que el Poder Ejecutivo violenta las prerrogativas del Poder Judicial y es más grave aun cuando se observa que los jueces encargados de administrar justicia le niegan a familias enteras y a todo un país la oportunidad de que los delincuentes sean debidamente sancionados por los delitos que cometieron y que la sed de justicia de un pueblo sea avasallado por la prepotencia y la impunidad.

Es evidente que el país vive horas dramáticas, el crimen y la criminalidad, la descomposición social y la corrupción generalizada en todos sus niveles devoran la nación, está en manos de los magistrados recordarnos lo sustentado hace décadas por el tratadista John Rawls, quien enseñaba que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y también la enseñanza de Hans Kelsen, el maestro de Viena sostuvo que la justicia es todo aquello que afirma la ciencia, la solidaridad y la honestidad; así tendremos la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la tolerancia, la justicia de la democracia.

Son entonces estos conceptos, afirmados en la moral y la ética, la luz que deben guiar los conocimientos de los magistrados a cargo del referido caso y que deben constituir la motivación de la decisión jurídica que adopten; considerando además que los familiares de las víctimas y el Perú entero tienen el derecho fundamental de conocer la verdad concreta.

Lo señores magistrados que decidirán el caso bajo comentario, deben tener en consideración que la verdad es un derecho fundamental debidamente institucionalizado en la Constitución y es aspiración no solamente de los familiares de estos horrendos crímenes dirigidos desde el ejercicio del poder político sino que constituye un derecho constitucional consagrado de millones de peruanos y, sin lugar a dudas, no solo la conciencia nacional sino que por la magnitud criminal, cruel y despiadada del asesinato de seres humanos, compromete también la conciencia de la sociedad mundial.

Es más, la gravedad en la perpetración de los crímenes revisten gravedad no solamente por su naturaleza espeluznante de la manera como se ejecutaron sino que fueron planificados desde la altura del ejercicio del poder; precisamente provienen estos crímenes de quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad interna expresada en cuidar y proteger la vida de los peruanos y peruanas; sin embargo, en una desnaturalización total del poder político, expresado en un contenido autofágico y demoníaco del ejercicio del poder conforme al pensamiento del tratadista alemán Karl Loeweintein.

En atención a todo lo señalado, los señores magistrados a cargo del presente caso, deben considerar que el país no tiene confianza en el Poder Judicial (De conformidad con los datos estadísticos); sin embargo, tenemos fe de que ustedes sabrán cumplir con su deber y que estarán a la altura del reclamo de los pueblos y que con su decisión están escribiendo la historia, el foro nacional aspira a que esta no sea una historia de vergüenza.

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Política

Un desesperado García ataca al presidente Vizcarra

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Alan García Pérez

Una vez más AG acusó al Gobierno de estar asociado a las empresas vinculadas al “Club de la Construcción”. Su reacción fue después que la Fiscalía de la Nación pidiera al Congreso de la República copias certificadas del informe en minoría desarrollado por el parlamentario del Frente Amplio, Humberto Morales que lo involucra.

Tuit de Alan García Pérez

Tuit de Alan García Pérez

GOBIERNO ESTÁ EMBARRADO

“Los enemigos seguirán frustrados. A dos años de investigaciones, delaciones, cuentas y colaboradores eficaces, nada me vincula con coimas y depósitos, pero el Gobierno sí está embarrado con el ‘Club de la Construcción’”, escribió García en su cuenta de Twitter.

Tras insistir que “no se vendió”, García insistió: “A los especuladores y enemigos: si no me vendí por millones como los otros, ¿por qué me vendería por 70 mil dólares de una conferencia real y pública y un año después de mi gobierno? La historia aprista y el orgullo no tienen precio”, aclaró.

METIENDO A VIZCARRA

Según indicó un aspirante a colaborador eficaz, la empresa Construcción y Administración S.A. (CASA), parte del denominado “Club de la Construcción” aportó con 100 mil dólares a la campaña electoral del partido Peruanos por el Kambio (PpK) en el 2016; posteriormente, CASA obtuvo cuatro proyectos, en la gestión de Martín Vizcarra, cuando era titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

No obstante, el Presidente negó haber tenido una relación con el “Club” y calificó como “patrañas” las denuncias que tratan de vincularlo y asegura que fue él quien combatió a ese grupo de empresas.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Ataques seguidos

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Martín Vizcarra Cornejo

Los ataques de García al presidente Vizcarra se remontan a inicios de año. El 2 de enero y tras el reciente planteamiento del Ejecutivo para aprobar un proyecto de ley para declarar en emergencia al Ministerio Público, García escribió en su Twitter: “Menos alharaca y más respeto por las instituciones. Señor, comience a gobernar, no hay obras y la anemia se mantiene. Por lo menos haga un hospital, porque el circo pasará y no habrá empleo ni pan”, escribió García en su red social.

A mediados de ese mes, García dijo que el Presidente “ha mentido al país” debido a que su empresa, C y M Vizcarra alquiló maquinarias para la construcción de la carretera Interoceánica Sur, que estaba bajo la responsabilidad de Conirsa que entonces agrupaba a las empresas Odebrecht, Graña y Montero, ICCGSA y JJC Contratistas Generales.

“El circo se terminó, el referéndum pasó y ya botaron a Chávarry. Se está volviendo a la realidad y la realidad con la falta de empleo y obras, pero desde ayer con la evidencia que el presidente Vizcarra ha mentido al país porque en efecto él trabajó en la construcción de la Interoceánica y no vale decir que no sabía quién construyó la Interoceánica”, indicó García.

“Creo que falta investigar profundamente el caso Chinchero y en tercer lugar que se sepa qué hay en las fiscalías sobre el ‘Club de los Constructores’ que involucra a varios del Gobierno”, agregó. Según AG, investigado por el caso Lava Jato, desde el Gobierno se ha “levantado una supuesta bandera de la corrupción”.

“(Martín Vizcarra) Cree que somos ingenuos y que nos tomamos los circos que monta. Ha sido socio de Conirsa y Conirsa es socio de Odebrecht. Él tiene allí, y lo ha mostrado una periodista, un papel en el cual es apoderado de la empresa Graña”, señaló el exmandatario quien saludó la decisión del Congreso de investigar al Presidente.

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Política

Villanueva defiende a Vizcarra

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, aseguró que las críticas contra Martín Vizcarra buscan empañar la gestión del Ejecutivo.

“(Martín Vizcarra) no tiene en absoluto nada que ver. Él, personalmente, ha mostrado una total apertura a la investigación, una colaboración total para lo que se haga. Además, ha señalado que los órganos pertinentes hagan la investigación a todos los partidos políticos por igual”, señaló en declaraciones a una radioemisora.

Asimismo, reiteró su confianza en la transparencia del Jefe de Estado.

“Todos los caminos [de quienes critican] apuntan a que el presidente Vizcarra tropiece y caiga. Eso es clarísimo. Golpes vamos a tener, pero la limpieza que tiene el Presidente la avalé, la avalo y la avalaré. Lo conozco desde hace mucho tiempo y conozco su transparencia. Por eso lo acompaño hasta el momento que él diga”, aseguró.

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