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El otro crimen por el que debe responder Fujimori

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La Constitución, el Derecho Penal y la Matanza de Pativilca (Provincia de Barranca).

El Estado Constitucional de Derecho impone el respeto escrupuloso de las normas constitucionales, así como el respeto y acatamiento del ordenamiento jurídico, precisamente el inciso 21 del artículo 118° de la Constitución fujimorista faculta al Presidente de la República a conceder indultos, conmutar penas y otorgar el Derecho de Gracia, en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de Instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.La Constitución Política de 1993 y el ordenamiento jurídico penal son las bases de la decisión presidencial; precisamente el ordenamiento constitucional ha sido transgredida y violentada por el otorgamiento de la gracia presidencial a favor de Fujimori como examinaremos líneas adelante.

Al respecto, el Artículo 38° de la actual Constitución impone a todos los peruanos el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación; por consiguiente, es deber supremo del Presidente Constitucional de la República, cumplir y acatar lo que la Constitución sanciona.

Sin embargo, del examen exegético de las normas constitucionales en comento, se establece que el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expedir la Resolución Suprema 281-2017-JUS de fecha 24 de diciembre de 2017, concediendo el Indulto y la Gracia Presidencial a favor de Alberto Fujimori, no ha respetado la actual Constitución, ni mucho menos el ordenamiento jurídico.

Es necesario tener en consideración que la Constitución Formal y la Constitución Material (Sustentada en la Teoría de la Materialización de Valores) ha sido transgredida y violentada; debido a que su naturaleza de Ciencia Jurídica, Política, Axiológica y Ontológica, ha sido desconocida y adulterada para imponer la impunidad de delitos de lesa humanidad y “Favorecer a Alberto Fujimori en los casos penales, la Cantuta, Barrios Altos y la Matanza de Pativilca”.

No obstante que, el texto constitucional, en forma imperativa, impone al gobernante limitaciones en el ejercicio del poder político, esto significa que el Presidente tiene que sujetarse a la normatividad constitucional y a la ley penal; es evidente entonces que Kuczynski ha faltado a sus deberes como Presidente.

Sin embargo, la resolución suprema que otorga el indulto inconstitucional, el 2 de febrero del presente año, será motivo de una Audiencia de Revisión de Cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta, a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El otorgamiento de la gracia presidencial inconstitucional, el 26 de enero del presente año, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, dejó al voto la decisión de incluir o no a Alberto Fujimori en el proceso penal por el asesinato de 6 personas en la Provincia de Barranca, al haberse desnaturalizado, constitucional y jurídicamente, el Derecho de Gracia.

En efecto, en doctrina la única fuente productora del Derecho Penal es la ley, pero la ley penal así concebida tiene como fuente de fuentes a la Constitución, esa es la manera como se definen los delitos y se establecen las sanciones y desde luego las leyes procesales penales.

Es más, las Teorías Penales, en forma coordinada, expresan los caracteres de la ley penal, tal como ser exclusiva (Puesto que solo la ley crea delitos y establece sanciones); ser obligatoria (Debido a que todos han de acatarla); ser ineludible (Puesto que las leyes solo se derogan por otras leyes); ser igualitaria (Puesto que las constituciones modernas proclaman que todos los individuos son iguales ante la ley) y fundamentalmente la Ley Penal debe ser Constitucional, o se invalida erga omnes, tal como escribe el destacado Maestro del Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa; a mayor abundamiento tratadistas penales como Ihering, Binding, Hippel, incluidos los maestros peruanos de Derecho Penal como el Dr. Raúl Peña Cabrera, Luis Brahamont Arias, Luis Miguel Brahamont Arias, Mario Rodríguez, Carlos Lecaros, Guillermo Olivera y otros que consideran que las leyes obligan a los órganos del Estado.

Estas son las enseñanzas que académicamente formaron a los jueces: Miluska Cano López, Presidenta, Otto Verapinto Márquez y Omar Pimentel Calle, integrantes del Tribunal de la Sala Penal Nacional que decidirán si incluyen o no al Sr. Alberto Fujimori en el proceso penal de la “Matanza de Pativilca”.

Por estos fundamentos, y en apreciación de la trascendencia de su decisión, llamamos su atención para recordarles que la Concreción Constitucional se materializa a través de la vinculación de la Política Criminal con los Valores Constitucionales a través de los Principios Penales y bajo la consideración de los modelos políticos y las decisiones penales sustentados en la doctrina constitucional de las fuentes penales; en forma consecuente, si consideramos a los Principios Penales como fuente del Derecho, entonces con claridad y evidencia la gracia presidencial debe ser declarada inaplicable, debido a que constituye una transgresión violenta a los plazos establecidos en el Código Penal y los actuados en la Audiencia de Control Constitucional, vista por todo el país.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. - El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. – El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

En efecto, el plazo de 24 meses de investigaciones no ha caducado debido a que se iniciaron en junio del 2017, y ello es así puesto que el Poder Judicial de Chile aprobó la ampliación de la extradición de Fujimori hace 7 meses, es más cuando se concede la gracia presidencial ya se había emitido acusación fiscal y estaba próximo el señalamiento de la Audiencia de Control de Acusación; por esta razón la gracia concedida se ha otorgado fuera del marco de la Constitución, al no haber transcurrido el doble del plazo más su ampliatoria, es decir 24 meses, por lo tanto la gracia es inaplicable por lo que el señor Alberto Fujimori deberá compadecer y someterse a juicio oral; debido a que el plazo debe contabilizarse desde el 5 de Junio del 2017 (Por ser el día en que la justicia chilena aprobó la ampliación de la extradición) y no computarse desde la fecha de apertura; por consiguiente, solo han transcurrido 6 meses y 24 días.

Señores magistrados, el Derecho Constitucional tanto como el Derecho Penal, son disciplinas científicas del conocimiento del Derecho, por tal motivo están sujetas a los principios de observación, descripción, explicación, definición y predicción; y por lo tanto, están alejadas totalmente de las “Adivinanzas”, es decir, ustedes al resolver este caso sujeto a la resolución suprema que concede el indulto a través del negociado infame no pueden aplicar el derecho de gracia debido a que no está expresa y categóricamente precisado en la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS. Por consiguiente, volvemos a reiterar de que la administración de justicia penal no puede establecerse a través de una “Adivinanza”.

En consecuencia, el plazo constitucional para la procedencia de la Gracia Presidencial no se ha cumplido; como tampoco se ha cumplido con el deber de motivación de la Resolución que otorga la Gracia Presidencial; deber que impone no solo la Constitución sino también las Cortes Internacionales.

Asimismo, se tiene que observar que cuando el Artículo 43° de la Constitución regula sobre la institucionalidad estatal cita expresamente a la teoría de la separación de poderes, entonces que respeto puede haber a esta teoría si es que el Poder Ejecutivo violenta las prerrogativas del Poder Judicial y es más grave aun cuando se observa que los jueces encargados de administrar justicia le niegan a familias enteras y a todo un país la oportunidad de que los delincuentes sean debidamente sancionados por los delitos que cometieron y que la sed de justicia de un pueblo sea avasallado por la prepotencia y la impunidad.

Es evidente que el país vive horas dramáticas, el crimen y la criminalidad, la descomposición social y la corrupción generalizada en todos sus niveles devoran la nación, está en manos de los magistrados recordarnos lo sustentado hace décadas por el tratadista John Rawls, quien enseñaba que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y también la enseñanza de Hans Kelsen, el maestro de Viena sostuvo que la justicia es todo aquello que afirma la ciencia, la solidaridad y la honestidad; así tendremos la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la tolerancia, la justicia de la democracia.

Son entonces estos conceptos, afirmados en la moral y la ética, la luz que deben guiar los conocimientos de los magistrados a cargo del referido caso y que deben constituir la motivación de la decisión jurídica que adopten; considerando además que los familiares de las víctimas y el Perú entero tienen el derecho fundamental de conocer la verdad concreta.

Lo señores magistrados que decidirán el caso bajo comentario, deben tener en consideración que la verdad es un derecho fundamental debidamente institucionalizado en la Constitución y es aspiración no solamente de los familiares de estos horrendos crímenes dirigidos desde el ejercicio del poder político sino que constituye un derecho constitucional consagrado de millones de peruanos y, sin lugar a dudas, no solo la conciencia nacional sino que por la magnitud criminal, cruel y despiadada del asesinato de seres humanos, compromete también la conciencia de la sociedad mundial.

Es más, la gravedad en la perpetración de los crímenes revisten gravedad no solamente por su naturaleza espeluznante de la manera como se ejecutaron sino que fueron planificados desde la altura del ejercicio del poder; precisamente provienen estos crímenes de quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad interna expresada en cuidar y proteger la vida de los peruanos y peruanas; sin embargo, en una desnaturalización total del poder político, expresado en un contenido autofágico y demoníaco del ejercicio del poder conforme al pensamiento del tratadista alemán Karl Loeweintein.

En atención a todo lo señalado, los señores magistrados a cargo del presente caso, deben considerar que el país no tiene confianza en el Poder Judicial (De conformidad con los datos estadísticos); sin embargo, tenemos fe de que ustedes sabrán cumplir con su deber y que estarán a la altura del reclamo de los pueblos y que con su decisión están escribiendo la historia, el foro nacional aspira a que esta no sea una historia de vergüenza.

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Política

Fuerza Popular es un lastre para el Congreso

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Daniel Enrique Salaverry Villa

Daniel Salaverry, presidente del Congreso de la República, sostuvo que la imagen de la institución que dirige se ve perjudicada por las acciones de Fuerza Popular, bancada a la que calificó como “lastre”.

A través de su cuenta de Twitter, Salaverry intentó defenderse de las críticas, ya que, según Ipsos, la desaprobación a su gestión subió de 42% a 59% en el último mes.

“Hace un año, la aprobación del Congreso era de 6%, ahora hemos logrado que llegue a 20%”, reza parte del tuit del que fuera vocero de Fuerza Popular.

“Sin embargo, los blindajes a Cuellos Blancos, la impunidad para aliados, las leyes con nombre propio, todo esto que es impulsado por la cúpula de una mayoría es una lastre para la institución”, finalizó el tuit de Salaverry.

Tuit de Daniel Enrique Salaverry Villa

SIEMPRE HA SIDO UN OBSTÁCULO

“Nosotros siempre hemos afirmado que el fujimorismo mayoritario en el Congreso es un obstáculo para debatirse problemas importantes para el pueblo peruano”, afirmó Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP).

“Por tanto ellos se van a oponer a cualquier tipo de investigación de los que están comprometidos con la corrupción como por ejemplo el señor Chávarry, Los cuellos blancos del Callao, a quienes siempre protegen”, observó.

“Evidentemente están defendiendo a los altos mandos de su partido comprometidos con la corrupción y no están cumpliendo su función como bancada al servicio de las grandes mayorías”, espetó.

“Se han convertido en una bancada que protege a corruptos y favorecen a las trasnacionales y a los casinos con el no pago de impuestos. Están de espaldas al país”, concluyó López.

FUERZA POPULAR JUEGA CONTRA EL PAÍS

“Yo deseo que esta situación termine, que el Congreso resuelva el tema de las nuevas comisiones, que debió hacerse. Eso resolvería muchos problemas”, opinó el analista políticoMiguel Jugo.

“Fuerza Popular no solo es un lastre sino que está jugando contra el país y los que vivimos el día a día sabemos que protegen sus intereses y no los intereses del país”, agregó.

ALGO MÁS

Horas antes, tras los resultados del sondeo de opinión, el fujimorista Carlos Tubino manifestó que el rechazo hacia Daniel Salaverry se debe a las decisiones que tomó en durante su gestión, tratando de responder las afirmaciones de Daniel Salaverry

 

Félix Grijalba Sato

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Política

Se protege a Pedro Chávarry: ¿por qué?

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Rosa María Palacios

La conductora de RTV sostuvo que el chat “La botica” se ha vuelto una fuente inagotable de noticias, pues este fin de semana se hizo pública una conversación entre las congresistas Úrsula Letona, Luz Salgado y Karina Beteta, donde se revela nuevamente el apoyo de Fuerza Popular a Pedro Chávarry.

La abogada y periodista Rosa María Palacios señaló que el temor de la parlamentaria Úrsula Letona era que César San Martín asumiera la presidencia del Poder Judicial, pues este presidio la sala que falló en contra de Alberto Fujimori.

“En ese momento estaban desesperados para que la casación se resuelva favorable para Keiko Fujimori y por tanto, había que garantizar que Chávarry llegue a ser Fiscal de la Nación”, sustentó.

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Política

Utilizaron el poder político para un beneficio particular

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Augusto Álvarez Rodrich

El periodista Augusto Álvarez Rodrich sostuvo que las nuevas conversaciones de Fuerza Popular en el chat “La Botica” solo ratifican el apoyo de la bancada de Keiko Fujimori al exfiscal de la Nación Pedro Chávarry.

“(‘La botica’) da más información de que (Chávarry) es una persona crucial, importantísima en el esquema de poder del fujimorismo”, comentó.

El conductor de RTV aclaró que las conversaciones son privadas y políticas como alega la congresista Rosa Bartra, no obstante, Augusto Álvarez Rodrich manifestó que el contenido del chat es de interés público.

“La pregunta que cabe plantear es si están actuando de manera que obstaculizan el desarrollo de la justicia y parece que sí”, manifestó. Por otro lado, indicó que el problema es que Fuerza Popular y el Apra han dedicado sus mejores esfuerzos durante este periodo de gobierno para blindar a sus líderes y dirigentes.

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