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El otro crimen por el que debe responder Fujimori

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La Constitución, el Derecho Penal y la Matanza de Pativilca (Provincia de Barranca).

El Estado Constitucional de Derecho impone el respeto escrupuloso de las normas constitucionales, así como el respeto y acatamiento del ordenamiento jurídico, precisamente el inciso 21 del artículo 118° de la Constitución fujimorista faculta al Presidente de la República a conceder indultos, conmutar penas y otorgar el Derecho de Gracia, en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de Instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.La Constitución Política de 1993 y el ordenamiento jurídico penal son las bases de la decisión presidencial; precisamente el ordenamiento constitucional ha sido transgredida y violentada por el otorgamiento de la gracia presidencial a favor de Fujimori como examinaremos líneas adelante.

Al respecto, el Artículo 38° de la actual Constitución impone a todos los peruanos el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación; por consiguiente, es deber supremo del Presidente Constitucional de la República, cumplir y acatar lo que la Constitución sanciona.

Sin embargo, del examen exegético de las normas constitucionales en comento, se establece que el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expedir la Resolución Suprema 281-2017-JUS de fecha 24 de diciembre de 2017, concediendo el Indulto y la Gracia Presidencial a favor de Alberto Fujimori, no ha respetado la actual Constitución, ni mucho menos el ordenamiento jurídico.

Es necesario tener en consideración que la Constitución Formal y la Constitución Material (Sustentada en la Teoría de la Materialización de Valores) ha sido transgredida y violentada; debido a que su naturaleza de Ciencia Jurídica, Política, Axiológica y Ontológica, ha sido desconocida y adulterada para imponer la impunidad de delitos de lesa humanidad y “Favorecer a Alberto Fujimori en los casos penales, la Cantuta, Barrios Altos y la Matanza de Pativilca”.

No obstante que, el texto constitucional, en forma imperativa, impone al gobernante limitaciones en el ejercicio del poder político, esto significa que el Presidente tiene que sujetarse a la normatividad constitucional y a la ley penal; es evidente entonces que Kuczynski ha faltado a sus deberes como Presidente.

Sin embargo, la resolución suprema que otorga el indulto inconstitucional, el 2 de febrero del presente año, será motivo de una Audiencia de Revisión de Cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta, a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El otorgamiento de la gracia presidencial inconstitucional, el 26 de enero del presente año, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, dejó al voto la decisión de incluir o no a Alberto Fujimori en el proceso penal por el asesinato de 6 personas en la Provincia de Barranca, al haberse desnaturalizado, constitucional y jurídicamente, el Derecho de Gracia.

En efecto, en doctrina la única fuente productora del Derecho Penal es la ley, pero la ley penal así concebida tiene como fuente de fuentes a la Constitución, esa es la manera como se definen los delitos y se establecen las sanciones y desde luego las leyes procesales penales.

Es más, las Teorías Penales, en forma coordinada, expresan los caracteres de la ley penal, tal como ser exclusiva (Puesto que solo la ley crea delitos y establece sanciones); ser obligatoria (Debido a que todos han de acatarla); ser ineludible (Puesto que las leyes solo se derogan por otras leyes); ser igualitaria (Puesto que las constituciones modernas proclaman que todos los individuos son iguales ante la ley) y fundamentalmente la Ley Penal debe ser Constitucional, o se invalida erga omnes, tal como escribe el destacado Maestro del Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa; a mayor abundamiento tratadistas penales como Ihering, Binding, Hippel, incluidos los maestros peruanos de Derecho Penal como el Dr. Raúl Peña Cabrera, Luis Brahamont Arias, Luis Miguel Brahamont Arias, Mario Rodríguez, Carlos Lecaros, Guillermo Olivera y otros que consideran que las leyes obligan a los órganos del Estado.

Estas son las enseñanzas que académicamente formaron a los jueces: Miluska Cano López, Presidenta, Otto Verapinto Márquez y Omar Pimentel Calle, integrantes del Tribunal de la Sala Penal Nacional que decidirán si incluyen o no al Sr. Alberto Fujimori en el proceso penal de la “Matanza de Pativilca”.

Por estos fundamentos, y en apreciación de la trascendencia de su decisión, llamamos su atención para recordarles que la Concreción Constitucional se materializa a través de la vinculación de la Política Criminal con los Valores Constitucionales a través de los Principios Penales y bajo la consideración de los modelos políticos y las decisiones penales sustentados en la doctrina constitucional de las fuentes penales; en forma consecuente, si consideramos a los Principios Penales como fuente del Derecho, entonces con claridad y evidencia la gracia presidencial debe ser declarada inaplicable, debido a que constituye una transgresión violenta a los plazos establecidos en el Código Penal y los actuados en la Audiencia de Control Constitucional, vista por todo el país.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. - El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. – El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

En efecto, el plazo de 24 meses de investigaciones no ha caducado debido a que se iniciaron en junio del 2017, y ello es así puesto que el Poder Judicial de Chile aprobó la ampliación de la extradición de Fujimori hace 7 meses, es más cuando se concede la gracia presidencial ya se había emitido acusación fiscal y estaba próximo el señalamiento de la Audiencia de Control de Acusación; por esta razón la gracia concedida se ha otorgado fuera del marco de la Constitución, al no haber transcurrido el doble del plazo más su ampliatoria, es decir 24 meses, por lo tanto la gracia es inaplicable por lo que el señor Alberto Fujimori deberá compadecer y someterse a juicio oral; debido a que el plazo debe contabilizarse desde el 5 de Junio del 2017 (Por ser el día en que la justicia chilena aprobó la ampliación de la extradición) y no computarse desde la fecha de apertura; por consiguiente, solo han transcurrido 6 meses y 24 días.

Señores magistrados, el Derecho Constitucional tanto como el Derecho Penal, son disciplinas científicas del conocimiento del Derecho, por tal motivo están sujetas a los principios de observación, descripción, explicación, definición y predicción; y por lo tanto, están alejadas totalmente de las “Adivinanzas”, es decir, ustedes al resolver este caso sujeto a la resolución suprema que concede el indulto a través del negociado infame no pueden aplicar el derecho de gracia debido a que no está expresa y categóricamente precisado en la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS. Por consiguiente, volvemos a reiterar de que la administración de justicia penal no puede establecerse a través de una “Adivinanza”.

En consecuencia, el plazo constitucional para la procedencia de la Gracia Presidencial no se ha cumplido; como tampoco se ha cumplido con el deber de motivación de la Resolución que otorga la Gracia Presidencial; deber que impone no solo la Constitución sino también las Cortes Internacionales.

Asimismo, se tiene que observar que cuando el Artículo 43° de la Constitución regula sobre la institucionalidad estatal cita expresamente a la teoría de la separación de poderes, entonces que respeto puede haber a esta teoría si es que el Poder Ejecutivo violenta las prerrogativas del Poder Judicial y es más grave aun cuando se observa que los jueces encargados de administrar justicia le niegan a familias enteras y a todo un país la oportunidad de que los delincuentes sean debidamente sancionados por los delitos que cometieron y que la sed de justicia de un pueblo sea avasallado por la prepotencia y la impunidad.

Es evidente que el país vive horas dramáticas, el crimen y la criminalidad, la descomposición social y la corrupción generalizada en todos sus niveles devoran la nación, está en manos de los magistrados recordarnos lo sustentado hace décadas por el tratadista John Rawls, quien enseñaba que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y también la enseñanza de Hans Kelsen, el maestro de Viena sostuvo que la justicia es todo aquello que afirma la ciencia, la solidaridad y la honestidad; así tendremos la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la tolerancia, la justicia de la democracia.

Son entonces estos conceptos, afirmados en la moral y la ética, la luz que deben guiar los conocimientos de los magistrados a cargo del referido caso y que deben constituir la motivación de la decisión jurídica que adopten; considerando además que los familiares de las víctimas y el Perú entero tienen el derecho fundamental de conocer la verdad concreta.

Lo señores magistrados que decidirán el caso bajo comentario, deben tener en consideración que la verdad es un derecho fundamental debidamente institucionalizado en la Constitución y es aspiración no solamente de los familiares de estos horrendos crímenes dirigidos desde el ejercicio del poder político sino que constituye un derecho constitucional consagrado de millones de peruanos y, sin lugar a dudas, no solo la conciencia nacional sino que por la magnitud criminal, cruel y despiadada del asesinato de seres humanos, compromete también la conciencia de la sociedad mundial.

Es más, la gravedad en la perpetración de los crímenes revisten gravedad no solamente por su naturaleza espeluznante de la manera como se ejecutaron sino que fueron planificados desde la altura del ejercicio del poder; precisamente provienen estos crímenes de quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad interna expresada en cuidar y proteger la vida de los peruanos y peruanas; sin embargo, en una desnaturalización total del poder político, expresado en un contenido autofágico y demoníaco del ejercicio del poder conforme al pensamiento del tratadista alemán Karl Loeweintein.

En atención a todo lo señalado, los señores magistrados a cargo del presente caso, deben considerar que el país no tiene confianza en el Poder Judicial (De conformidad con los datos estadísticos); sin embargo, tenemos fe de que ustedes sabrán cumplir con su deber y que estarán a la altura del reclamo de los pueblos y que con su decisión están escribiendo la historia, el foro nacional aspira a que esta no sea una historia de vergüenza.

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Política

AG debe rendir cuentas a la justicia y a los peruanos

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Alan García Pérez

Travesía sin retorno. Parece que los viajecitos se le acabaron a Alan García, y tendrá que cambiar los barrios residenciales de Madrid por las apretadas calles del Cercado de Lima y las oficinas del Ministerio Público.

La decisión de José Pérez, fiscal de lavado de activos, de solicitar el impedimento de salida del país, ha sido calificada por diversos sectores como una buena señal de un sistema judicial que solía ser siempre condescendiente con AG.

RENDIR CUENTAS

El historiador Nelson Manrique declaró a Diario UNO que la medida del fiscal acaba de evitar que Alan García pueda fugarse de nuevo e invocar la condición de perseguido político, como hizo ayer, al igual que sus defensores apristas.

“Su juicio debe llevarse en un nivel que supere cualquier estándar internacional en términos de entereza o limpieza”, añadió.

Señaló que “es tiempo de que Alan García rinda cuentas al pueblo peruano de mil y un latrocinios e irregularidades con el que ha vivido de la política”.

INSULTOS

Recordó los antecedentes de Alan García, de huir alegando razones políticas para luego esperar la prescripción de sus delitos, como lo hizo tras su primer gobierno.

“Es la primera vez que se encuentra con una acusación consistente y fundamentada en el caso de los sobornos de Odebrecht. Y creo que su estado de ánimo lo ha delatado, porque ha insultado a los periodistas, cuando le han preguntado por las pruebas que lo acusan”, añadió.

Asimismo, destacó que con este informe IDL-Reporteros ha demostrado cuánto hay por investigar sobre Alan García y ha desnudado la otra cara del informe Lava Jato del Congreso, el papel encubridor de Fuerza Popular y el Apra para cubrir a sus líderes.

DEVUELVA LO ROBADO

Gloria Montenegro, legisladora de Alianza para el Progreso, declaró a Diario UNO que ha sido una muy buena decisión del fiscal Pérez de solicitar el impedimento de salida del país, y espero que el Ministerio del Interior tome todas las precauciones en el asunto para que no hayan sorpresas.

“Es lamentable que la Comisión Lava Jato del Parlamento, no quiso involucrarlo pero eso no implica que el Ministerio Público tenga el hecho bien claro sobre las coimas generadas en la concesión de la línea 1 y 2 del Metro de Lima. Eso está más que evidente, por eso creo que la justicia una esfuerzos y podamos llegar a la verdad”, aseveró.

DETENCIÓN PREVENTIVA

Wilbert Rozas, parlamentario del Frente Amplio, destacó la decisión del fiscal, que contrasta con el blindaje que se ha hecho en la Comisión Lava Jato en el Legislativo, al no denunciar a Keiko Fujimori y García.

“Hay todavía gente digna en nuestro país como lo es el fiscal Pérez o el juez Carhuancho. Y no solo debe pedir el impedimento de salida del país de García, sino también solicitar prisión preventiva para este señor”, añadió.

Según el congresista estamos hablando de una persona que sacaba decretos de urgencia precisamente para favorecer a la empresa Odebrecht.

“Y ya conocemos que le daba dinero bajo el estilo de las famosas conferencias que hacía Alan García. Lo importante es que a este señor le pagaban de la Caja 2, que estaba dedicada en exclusiva para pagar la corrupción”, enfatizó.

FIN DE LAS VACAS SAGRADAS

Gerónimo López, secretario general de la Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), declaró a Diario UNO que es una buena decisión la del fiscal Pérez porque García está involucrado en una serie de casos de corrupción y debe someterse a las investigaciones y asumir las consecuencias de los delitos cometidos.

Comentó que con decisiones como las del fiscal José Pérez, el pueblo volverá a confiar en la justicia, en“algunos funcionarios de la justicia que tienen una actitud firme de investigar y sancionar a los que han cometido actos de corrupción”.

Resaltó que esto puede ser el inicio para ponerle fin a las vacas sagradas, que siempre han estado acostumbradas a hacer lo que quieran.

“Eso también va a depender del respaldo de la gente y la movilización social en las calles. Porque (los corruptos) están tratando de mover todos sus tentáculos para quedar impunes y así bloquear o entorpecer cualquier investigación”, añadió López.

ALGO MÁS

El Poder Judicial anunció que el Segundo Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria del Sistema Anticorrupción programa la audiencia de requerimiento de impedimento de salida del país contra Alan García, por los delitos de lavado de activos y colusión agravada, para el próximo sábado 17 de noviembre a las tres de la tarde.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

El cuento de la persecución política

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Alan García Pérez

Alan García dijo que sufre persecución política porque él ha estado 49 veces en las fiscalías, en los juzgados y en el Congreso. “Y lamento mucho que se use este tipo de instrumentos para difamar a personas políticas”, afirmó.

En su empeño por politizar su situación penal, reiteró que hace unos días ha denunciado que se está produciendo una acumulación de poder que no es positiva para el país.

Señaló que en el mes de abril del año 1992–antes del autogolpe fujimorista-, el 80% de los peruanos encuestados decían que no había golpe de Estado porque no había un militar en el poder.

“Pero cuando veo que al Parlamento se le amenaza, se le arrincona y se le sanciona con la no reelección, cuando veo que eso no garantiza que después haya un mejor Congreso. También se ha descabezado al Poder Judicial, y luego cuando veo que se intenta capturar la Fiscalía de la Nación, por eso tengo derecho a preguntarme si no estamos yendo a una autocracia”, alegó, en sintonía con su aliada Keiko Fujimori, ya encarcelada.

Indicó que a él le contrató la Federación Industrial de Sao Paulo, y que eso se vincule ahora con un soborno o con la Caja 2 de Odebrecht le llena de absoluta sorpresa. “Lo rechazo, porque a mí me ha contratado la FISP a través de la agencia de contratación Espínola y no tengo nada que ver en ningún tema de soborno”, aseveró.

El caso es que Espínola ha confesado que pagó a García los 100 mil dólares por una conferencia, suma que no cobra ni siquiera un premio Nobel, por encargo de Odebrecht y con fondos de la Caja 2, dedicada a pagar sobornos bajo modalidades como la contratación de conferencias.

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Política

Pier Figari y Ana Hertz van también 36 meses tras las rejas por lavado

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Pier Figari y Ana Hertz

El juez Richard Concepción Carhuancho ordenó anoche prisión preventiva por 36 meses contra Pier Figari Mendoza y Ana Hertz Garfias, asesores de la jefa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por graves sospechas de haber cometido el delito de lavado de activos en modalidad de ocultamiento, transferencia y tenencia de dinero ilícito, como miembros de una organización criminal.

El juez empleó más de cinco horas en dar lectura a su fallo, siguiendo el mismo formato de fundamentar los cinco presupuestos que exige el nuevo código de procedimientos penales para el dictado de la media cautelar de privación de la libertad de personas en condición de investigadas por delitos graves en el marco de la ley de organizaciones criminales.

ALTO NIVEL

Concepción Carhuancho consideró válido el criterio de la Fiscalía de que Hertz y Figari, además de ser miembros del Comité Ejecutivo Nacional de Fuerza Popular en el año 2011, también integraron el comité cerrado y secreto, presidido por Keiko Fujimori e integrado también por su asesor en la sombra, Vicente Silva Checa y otros.

Ese grupo generaba, formulaba y tomaba las principales decisiones, que después imponían a rajatabla a los demás organismos partidarios, incluyendo la bancada parlamentaria.

En cuanto a la vinculación de ambos con la recepción–tenencia de activos ilícitos, este hecho se da por su participación, a través de la llamada cúpula de la presunta organización criminal keikista que se infiltró en fuerza Popular, en la obtención del millón de dólares de Odebrecht para la campaña política del 2011.

LAVADO

Respecto a actos de transferencia de activos a lavar, se dan, según los elementos de convicción del Ministerio Público, porque Figari y Herz habrían ordenado la entrega de aportes ilícitos al congresista Rolando Reátegui para su blanqueo con donadores falsos del departamento de San Martín.

El juez Concepción no otorgó mayor importancia a los argumentos de ambos investigados sobre su arraigo familiar, laboral y domiciliario y le dio mayor peso a la capacidad de ambos de obstruir a la justicia y obstaculizar la actividad probatoria de la Fiscalía, sobre la base de su influencia y preponderancia sobre los integrantes de la bancada congresal de Fuerza Popular.

En ese sentido les enrostró capacidad para “articular redes de impunidad” mediante la captura de instituciones del Estado como el Consejo Nacional de la Magistratura y el Poder Judicial y coordinar acciones a través de redes sociales que iban más allá del rol normal de conversaciones entre un asesor y congresistas.

LOS QUE FALTAN

No obstante, el juez no relacionó a Figari ni a Hertz con el trasiego de 800 mil dólares de dinero de origen dudoso que el martes 13 confesó ante el fiscal el investigado Jorge Yoshiyama Sasaki.

En el procedimiento de prisión preventiva del “Caso Keiko”, que ya lleva 26 días, desde el 21 de octubre último, Figari y Hertz son la tercera y cuarta personas investigadas que van a prisión preventiva por 3 años.

Falta aun que el juez decida la suerte de otras siete, lo cual ocurriría en los próximos días. Ellos son: Augusto Bedoya, Jaime y Jorge Yoshiyama, Adriana Tarazona Martínez, Carmela Paucará Paxi, Luis Mejía Lecca y Giancarlo Bertini Vivanco.

A PRISIÓN

Los enviados a prisión escucharon el veredicto del juez Concepción con el rostro desencajado, pese a lo previsible del fallo. De pie intercambiaron algunas palabras y se dieron un abrazo de despedida, antes de que la policía los condujera a otros ambientes para el inicio de los trámites de su internamiento.

Ambos llegaron a la audiencia de la tarde una hora después de iniciada la lectura del fallo. Pier Figari, antes de ingresar, declaró que estaba preparado para ir a la cárcel “por sus ideas políticas” porque es inocente y eso le dará fortaleza para resistir el encierro.

CONCEPCIÓN SIGUE FIRME

El juez Concepción sigue resolviendo el tema de la prisión preventiva de los integrantes de la supuesta organización criminal keikista y continuará supervisando el caso.

Ayer la Segunda Sala Nacional de Apelaciones, o Sala Sahuanay, rechazó los recursos de recusación en contra del magistrado presentados por Vicente Silva Checa y Augusto Bedoya Cámere, por haber ordenado su detención preliminar en octubre último.

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