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El otro crimen por el que debe responder Fujimori

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La Constitución, el Derecho Penal y la Matanza de Pativilca (Provincia de Barranca).

El Estado Constitucional de Derecho impone el respeto escrupuloso de las normas constitucionales, así como el respeto y acatamiento del ordenamiento jurídico, precisamente el inciso 21 del artículo 118° de la Constitución fujimorista faculta al Presidente de la República a conceder indultos, conmutar penas y otorgar el Derecho de Gracia, en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de Instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria.La Constitución Política de 1993 y el ordenamiento jurídico penal son las bases de la decisión presidencial; precisamente el ordenamiento constitucional ha sido transgredida y violentada por el otorgamiento de la gracia presidencial a favor de Fujimori como examinaremos líneas adelante.

Al respecto, el Artículo 38° de la actual Constitución impone a todos los peruanos el deber de honrar al Perú y proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución y el ordenamiento jurídico de la nación; por consiguiente, es deber supremo del Presidente Constitucional de la República, cumplir y acatar lo que la Constitución sanciona.

Sin embargo, del examen exegético de las normas constitucionales en comento, se establece que el presidente Pedro Pablo Kuczynski al expedir la Resolución Suprema 281-2017-JUS de fecha 24 de diciembre de 2017, concediendo el Indulto y la Gracia Presidencial a favor de Alberto Fujimori, no ha respetado la actual Constitución, ni mucho menos el ordenamiento jurídico.

Es necesario tener en consideración que la Constitución Formal y la Constitución Material (Sustentada en la Teoría de la Materialización de Valores) ha sido transgredida y violentada; debido a que su naturaleza de Ciencia Jurídica, Política, Axiológica y Ontológica, ha sido desconocida y adulterada para imponer la impunidad de delitos de lesa humanidad y “Favorecer a Alberto Fujimori en los casos penales, la Cantuta, Barrios Altos y la Matanza de Pativilca”.

No obstante que, el texto constitucional, en forma imperativa, impone al gobernante limitaciones en el ejercicio del poder político, esto significa que el Presidente tiene que sujetarse a la normatividad constitucional y a la ley penal; es evidente entonces que Kuczynski ha faltado a sus deberes como Presidente.

Sin embargo, la resolución suprema que otorga el indulto inconstitucional, el 2 de febrero del presente año, será motivo de una Audiencia de Revisión de Cumplimiento de las sentencias de Barrios Altos y la Cantuta, a cargo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El otorgamiento de la gracia presidencial inconstitucional, el 26 de enero del presente año, el Colegiado B de la Sala Penal Nacional, dejó al voto la decisión de incluir o no a Alberto Fujimori en el proceso penal por el asesinato de 6 personas en la Provincia de Barranca, al haberse desnaturalizado, constitucional y jurídicamente, el Derecho de Gracia.

En efecto, en doctrina la única fuente productora del Derecho Penal es la ley, pero la ley penal así concebida tiene como fuente de fuentes a la Constitución, esa es la manera como se definen los delitos y se establecen las sanciones y desde luego las leyes procesales penales.

Es más, las Teorías Penales, en forma coordinada, expresan los caracteres de la ley penal, tal como ser exclusiva (Puesto que solo la ley crea delitos y establece sanciones); ser obligatoria (Debido a que todos han de acatarla); ser ineludible (Puesto que las leyes solo se derogan por otras leyes); ser igualitaria (Puesto que las constituciones modernas proclaman que todos los individuos son iguales ante la ley) y fundamentalmente la Ley Penal debe ser Constitucional, o se invalida erga omnes, tal como escribe el destacado Maestro del Derecho Penal Luis Jiménez de Asúa; a mayor abundamiento tratadistas penales como Ihering, Binding, Hippel, incluidos los maestros peruanos de Derecho Penal como el Dr. Raúl Peña Cabrera, Luis Brahamont Arias, Luis Miguel Brahamont Arias, Mario Rodríguez, Carlos Lecaros, Guillermo Olivera y otros que consideran que las leyes obligan a los órganos del Estado.

Estas son las enseñanzas que académicamente formaron a los jueces: Miluska Cano López, Presidenta, Otto Verapinto Márquez y Omar Pimentel Calle, integrantes del Tribunal de la Sala Penal Nacional que decidirán si incluyen o no al Sr. Alberto Fujimori en el proceso penal de la “Matanza de Pativilca”.

Por estos fundamentos, y en apreciación de la trascendencia de su decisión, llamamos su atención para recordarles que la Concreción Constitucional se materializa a través de la vinculación de la Política Criminal con los Valores Constitucionales a través de los Principios Penales y bajo la consideración de los modelos políticos y las decisiones penales sustentados en la doctrina constitucional de las fuentes penales; en forma consecuente, si consideramos a los Principios Penales como fuente del Derecho, entonces con claridad y evidencia la gracia presidencial debe ser declarada inaplicable, debido a que constituye una transgresión violenta a los plazos establecidos en el Código Penal y los actuados en la Audiencia de Control Constitucional, vista por todo el país.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. - El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

Podría pasarle lo mismo que en los procesos por los crímenes de Barrios. – El que cumplió las órdenes que venían de arriba.

En efecto, el plazo de 24 meses de investigaciones no ha caducado debido a que se iniciaron en junio del 2017, y ello es así puesto que el Poder Judicial de Chile aprobó la ampliación de la extradición de Fujimori hace 7 meses, es más cuando se concede la gracia presidencial ya se había emitido acusación fiscal y estaba próximo el señalamiento de la Audiencia de Control de Acusación; por esta razón la gracia concedida se ha otorgado fuera del marco de la Constitución, al no haber transcurrido el doble del plazo más su ampliatoria, es decir 24 meses, por lo tanto la gracia es inaplicable por lo que el señor Alberto Fujimori deberá compadecer y someterse a juicio oral; debido a que el plazo debe contabilizarse desde el 5 de Junio del 2017 (Por ser el día en que la justicia chilena aprobó la ampliación de la extradición) y no computarse desde la fecha de apertura; por consiguiente, solo han transcurrido 6 meses y 24 días.

Señores magistrados, el Derecho Constitucional tanto como el Derecho Penal, son disciplinas científicas del conocimiento del Derecho, por tal motivo están sujetas a los principios de observación, descripción, explicación, definición y predicción; y por lo tanto, están alejadas totalmente de las “Adivinanzas”, es decir, ustedes al resolver este caso sujeto a la resolución suprema que concede el indulto a través del negociado infame no pueden aplicar el derecho de gracia debido a que no está expresa y categóricamente precisado en la Resolución Suprema N° 281-2017-JUS. Por consiguiente, volvemos a reiterar de que la administración de justicia penal no puede establecerse a través de una “Adivinanza”.

En consecuencia, el plazo constitucional para la procedencia de la Gracia Presidencial no se ha cumplido; como tampoco se ha cumplido con el deber de motivación de la Resolución que otorga la Gracia Presidencial; deber que impone no solo la Constitución sino también las Cortes Internacionales.

Asimismo, se tiene que observar que cuando el Artículo 43° de la Constitución regula sobre la institucionalidad estatal cita expresamente a la teoría de la separación de poderes, entonces que respeto puede haber a esta teoría si es que el Poder Ejecutivo violenta las prerrogativas del Poder Judicial y es más grave aun cuando se observa que los jueces encargados de administrar justicia le niegan a familias enteras y a todo un país la oportunidad de que los delincuentes sean debidamente sancionados por los delitos que cometieron y que la sed de justicia de un pueblo sea avasallado por la prepotencia y la impunidad.

Es evidente que el país vive horas dramáticas, el crimen y la criminalidad, la descomposición social y la corrupción generalizada en todos sus niveles devoran la nación, está en manos de los magistrados recordarnos lo sustentado hace décadas por el tratadista John Rawls, quien enseñaba que la justicia es la primera virtud de las instituciones sociales y también la enseñanza de Hans Kelsen, el maestro de Viena sostuvo que la justicia es todo aquello que afirma la ciencia, la solidaridad y la honestidad; así tendremos la justicia de la libertad, la justicia de la paz, la justicia de la tolerancia, la justicia de la democracia.

Son entonces estos conceptos, afirmados en la moral y la ética, la luz que deben guiar los conocimientos de los magistrados a cargo del referido caso y que deben constituir la motivación de la decisión jurídica que adopten; considerando además que los familiares de las víctimas y el Perú entero tienen el derecho fundamental de conocer la verdad concreta.

Lo señores magistrados que decidirán el caso bajo comentario, deben tener en consideración que la verdad es un derecho fundamental debidamente institucionalizado en la Constitución y es aspiración no solamente de los familiares de estos horrendos crímenes dirigidos desde el ejercicio del poder político sino que constituye un derecho constitucional consagrado de millones de peruanos y, sin lugar a dudas, no solo la conciencia nacional sino que por la magnitud criminal, cruel y despiadada del asesinato de seres humanos, compromete también la conciencia de la sociedad mundial.

Es más, la gravedad en la perpetración de los crímenes revisten gravedad no solamente por su naturaleza espeluznante de la manera como se ejecutaron sino que fueron planificados desde la altura del ejercicio del poder; precisamente provienen estos crímenes de quien tenía la responsabilidad de garantizar la seguridad interna expresada en cuidar y proteger la vida de los peruanos y peruanas; sin embargo, en una desnaturalización total del poder político, expresado en un contenido autofágico y demoníaco del ejercicio del poder conforme al pensamiento del tratadista alemán Karl Loeweintein.

En atención a todo lo señalado, los señores magistrados a cargo del presente caso, deben considerar que el país no tiene confianza en el Poder Judicial (De conformidad con los datos estadísticos); sin embargo, tenemos fe de que ustedes sabrán cumplir con su deber y que estarán a la altura del reclamo de los pueblos y que con su decisión están escribiendo la historia, el foro nacional aspira a que esta no sea una historia de vergüenza.

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Política

Acorralado, Congreso apura el paso para eludir cuestión de confianza

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Daniel Enrique Salaverry Villa y congresistas de fujimoristas de Fuerza Popular

En la confrontación por la demora intencional de las reformas judicial y política, agudizada anteayer por la cuestión de confianza planteada por el presidente Vizcarra, el Congreso reaccionó aprobando con inusitada velocidad dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y empezó a discutir la referida a la bicameralidad

Sin embargo, paralelamente a esta línea de aparente cumplimiento veloz, la presidencia del Congreso, a través de la Junta de Portavoces, empezó a desplegar otra línea de contención ante la cuestión de confianza y su consiguiente opción de la disolución en caso de que esta sea rehusada.

Una escopeta de dos cañones que trata de demostrar que no es necesaria ninguna cuestión de confianza para obligar al Congreso a que acelere su trabajo y que el camino escogido por el presidente Vizcarra es improcedente y supuestamente atropella la autonomía del Legislativo y la independencia de poderes.

La jornada congresal se inició poco después de las nueve de la mañana con la reunión urgente de la Junta de Portavoces la que, a eso de las once de la mañana, culminó acordando lo siguiente:

ACUERDO UNO

Discutir en el Pleno los dictámenes sobre la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) con celeridad sorprendente por las comisiones de Constitución y de Justicia, las mismas que la semana pasada se habían entrampado, debido a desacuerdos aparentemente irresolubles.

ACUERDO DOS

Responder, ayer mismo, mediante un escrito, el Decreto Supremo Nº 097- 2018-PCM con el cual el presidente Vizcarra convocó a sesión extraordinaria del Congreso para mañana miércoles, para que reciba el pedido de cuestión de confianza del presidente del Consejo de ministros, respecto a:

“Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada medianteDecreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

ACUERDO TRES

El presidente del Congreso, Daniel Salaverry, convocará de oficio (o sea por su cuenta, sin tomar en cuenta la convocatoria constitucional del Jefe del Estado) al primer ministro César Villanueva para que mañana miércoles a las 9 a.m. explique al Pleno la cuestión de confianza solicitada por el presidente Martín Vizcarra como forma de presión para acelerar las reformas y el referéndum.

ACUERDO CUATRO

El Congreso se compromete a aprobar hasta el 4 de octubre los cuatro proyectos de reforma constitucional: la reorganización del CNM, la bicameralidad, la no reelección inmediata de congresistas y el control al financiamiento privado a partidos políticos.

SEGUNDO PEDIDO DE CONFIANZA

En medio de duras críticas de las congresistas fujimoristas Úrsula Letona y Alejandra Aramayo al DS 097, por supuestas fallas de “fondo y forma”, los observadores esperaban que la presidencia del Congreso rechazara la convocatoria del Jefe del Estado a la sesión extraordinaria de mañana y optara por convocar al Pleno al premier Villanueva solo a explicar, pero no a presentar la cuestión de confianza, en el contexto de que el reglamento del Congreso impide la presentación de este mecanismo de control político.

Sin embargo, al parecer el régimen de Vizcarra le ganó en velocidad al legislativo, puesto que mientras la Junta de Portavoces se reunía, el premier César Villanueva envió el oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, al presidente del Legislativo Salaverry, remarcándole que el pedido de confianza planteado por el presidente Vizcarra es el segundo, con todo lo que eso significa.

Villanueva no fue delicado en su oficio. Acusó al Congreso de haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos presentados y dejó en claro que este segundo pedido de confianza no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso. Así mismo, pidió que el Pleno reciba al Consejo de Ministros a las 8 de la mañana del miércoles 19.

Es posible que esta comunicación haya frustrado la aplicación del acuerdo dos de la Junta de Portavoces y que la presidencia del Congreso haya preferido contemporizar la confrontación decidiendo a nivel de su partido Fuerza Popular, principal opositora del régimen, que sus delegados asistan a la reunión convocada por el Jefe del Estado con los portavoces de las bancadas legislativas, a las 5 pm en Palacio.

VA LA CUESTIÓN DE CONFIANZA

Al mediodía, luego de la Junta de Portavoces, la congresista fujimorista Ursula Letona, declaró que el DS de convocatoria a sesión extraordinaria de Vizcarra, tiene errores e interpretaciones “inconstitucionales”. Su colega de bancada, Alejandra Aramayo, se atrevió a decir que el dispositivo contiene “infracciones constitucionales”.

Sin embargo, al término de la reunión palaciega, cerca de las siete de la noche, Mauricio Mulder informó que la reunión con el Presidente había sido positiva y que tal como se habían desarrollado los acontecimientos, no veía problema para que el Congreso concediera la confianza que mañana solicitaría Villanueva.

Letona, en la misma línea dijo que explicaron al Presidente el avance de las reformas, que de la confianza nadie habló en la reunión y que el premier Villanueva y el gabinete serían bien recibidos y escucharían sus razones respecto a su pedido de confianza.

REGRESO DEL SENADO

En tanto lo anterior ocurría en la Plaza de Armas, en el Congreso, presos de una energía nunca antes vista, los miembros de la Comisión de Constitución entraron al debate del segundo punto de la reforma política: la bicameralidad o la creación de la cámara de senadores.

Sobre el tema, si no lograban ponerse de acuerdo ayer, podrían hacerlo en las primeras horas de hoy, de tal modo que el Pleno podría debatir dos de las cuatro reformas propuestas por Vizcarra.

LAS MÁS DIFÍCILES

Si esto ocurre, quedarían pendientes las reformas más problemáticas en función de los intereses personales de los congresistas y los de sus agrupaciones: la no reelección de los legisladores, la que tiene más apoyo ciudadano, por el desprestigio del Legislativo, y el financiamiento de las organizaciones políticas, tema intocable para el fujiaprismo.

No obstante, el propio presidente del Congreso había establecido el 4 de octubre, como fecha máxima de aprobación de todas las reformas.

ALGO MÁS

Sin embargo, en el Congreso hubo absoluto silencio sobre el referéndum, sobre todo en la oposición parlamentaria, y sobre su fecha de realización, el sábado 8 de diciembre.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Cardenal, regiones y Poder Judicial apoyan a Vizcarra

Publicado

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Pedro Barreto

Personalidades políticas, religiosas y representantes de otros poderes del Estado, se sumaron al sólido respaldo ciudadano que recibió la decisión del presidente Martín Vizcarra de plantear ante el Congreso la cuestión de confianza respecto a las reformas judicial y política, que tienen como objetivo frenar y reducir el alto nivel de corrupción que afecta al país.

De la curia católica expresaron su apoyo el cardenal Pedro Barreto y el presidente de la Comisión Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos. El presidente del Poder Judicial, Víctor Prado Saldarriaga hizo lo mismo, así como también la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales que emitió un pronunciamiento en ese mismo sentido.

EL CARDENAL

En una entrevista a la agencia de prensa alemana, Deutsche Welle, el cardenal Barreto dijo que la cuestión de confianza planteada por el mandatario Martín Vizcarra, es una expresión altamente democrática.

Añadió que la medida apunta a“conseguir lo más pronto posible plasmar medidas que tiendan a la reducción del alto nivel de cuestionamiento a los poderes Legislativoy Judicial, por el tema de la corrupción, añadiendo que el mandatario cuenta con el respaldo total de la Iglesia para realizar las reformas.

PRESIDENTE DE CEP

Por su parte, el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Miguel Cabrejos, felicitó al mandatario Vizcarra, vía Twitter, por la iniciativa de la cuestión de confianza, por considerarla una acción necesaria y fundamental para luchar contra la corrupción destapada desde julio a través de los “CNM audios”.

El religioso escribió: “Haciendo eco del clamor de la población, saludo y felicito al presidente Martín Vizcarra por su mensaje en el que plantea la cuestión de confianza al Congreso para la reforma del sistema judicial y político en la lucha contra la corrupción.

PODER JUDICIAL

En la coyuntura también se manifestó el presidente del Poder Judicial, Víctor Prado, al lado del mandatario Martín Vizcarra, expresando su esperanza de que la cuestión de confianza acelere las reformas y contradijo a quienes califican al Jefe del Estado de golpista, y señaló que eso está fuera de lugar.

Ante los medios de prensa dijo: “El Poder Judicial sigue con la expectativa de que estas propuestas legislativas deben tener un resultado”.

“Confío en que lo que viene aconteciendo en estos dos últimos días debe llevarnos a todos los que tenemos responsabilidades en el Estado a entender que hay una perspectiva a nivel nacional para que se dé un plazo razonable a los cambios que la justicia espera”, añadió.

GOBIERNOS REGIONALES

En el marco de los lineamientos institucionales sobre la encrucijada nacional, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR) dio en un comunicado su “total respaldo al señor presidente Martín Vizcarra por la decisión de plantear cuestión de confianza ante el Congreso de la República, a efectos de iniciar la ansiada reforma judicial y política, que toda nuestra nación peruana requiere y así lo exige”.

URRESTI

El candidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, también felicitó al jefe del Estado Martín Vizcarra por la decisión tomada. “Felicitaciones, señor Presidente. Luchemos realmente contra la corrupción apañada y defendida por la ‘Sra. K’”, escribió el polémico general en Twitter.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Titular del TC pide serenidad ante situación

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Ernesto Blume

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Ernesto Blume, hizo un llamado a la serenidad y a continuar con la búsqueda de consensos, tras la presentación de la cuestión de confianza del Ejecutivo al Congreso para aprobar la reforma política y judicial.

“Quiero hacer un llamado a la serenidad, al diálogo y a la búsqueda de consensos para superar esta situación; el sistema constitucional es un sistema potente que permite solucionar todos los problemas que se puedan presentar”, afirmó.

“El Perú es capaz de solucionar cualquier problema”, dijo a la prensa tras exponer el presupuesto del tribunal para el próximo año.

Blume destacó que el Perú cuenta con 23 años de democracia continúa y la sucesión de siete presidentes, en el marco de la Constitución.

“Debemos seguir siempre pensando en la unidad, con serenidad, una apertura al diálogo y un espíritu real de búsqueda de consenso”, explicó.

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