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El nuevo golpismo

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En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

Hace unos días, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y un grupo importante de congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, firmaron una moción (N° 12588) en la que, luego de criticar la misión de la Unasur en Venezuela y condenar al gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos, “recomiendan” al Poder Ejecutivo dos acciones: a) que se aparte de la actual conducción de ese organismo, y b) que “mientras persista la situación” (se refieren al tema de los derechos humanos y las protestas), el Perú debería suspender su participación en dicho organismo de integración regional.

Si bien la actual situación en Venezuela, además de dramática es polémica y criticable en varios aspectos, cabe llamar la atención que la moción es presentada días después de que el gobierno del presidente Obama diera a conocer un Decreto Ejecutivo en el cual señala que EEUU se ha declarado en “emergencia” porque Venezuela, curiosamente, representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional y la política exterior”.

Con ello, los congresistas firmantes se han puesto no solo del lado de la grosera injerencia estadounidense en los asuntos internos de un país soberano, de la oposición más dura en Venezuela, sino que se ponen también de espaldas a la mayoría de países de la región.

Llama la atención el tono de franca beligerancia de la moción que apuntala a quienes persiguen una salida violenta y anticonstitucional a la crisis política venezolana. Si se leen con un mínimo de serenidad los últimos comunicados de la Unasur se puede concluir que prima en ellos la ponderación, y el esfuerzo para que la crisis en Venezuela se resuelva en el marco democrático y así evitar escenarios de violencia que tendrían una repercusión negativa y perturbadora para toda la región.

El primer comunicado de Unasur, referido a la continuación del diálogo político en Venezuela, afirma que este debe realizarse con todas las fuerzas democráticas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la actual situación debe ser resuelta mediante los mecanismos democráticos previstos en la Constitución; y que las próximas elecciones parlamentarias deben mantener el orden constitucional así como la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, “principios fundamentales de Unasur”.

El segundo comunicado, que rechaza el famoso Decreto Ejecutivo del gobierno de Obama porque considera que es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, manifiesta que se respete el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención; y que EE.UU. “ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela”.

Por eso creo que la moción presentada, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, representaría un enorme retroceso para nuestro país en el ámbito de la integración regional.

El nuevo golpismo

Afirmar, como sostiene la propuesta de estos congresistas, que la campaña represiva del gobierno de Maduro consiste en “el asesinato generalizado de estudiantes y amas de casa contrarios a su gobierno” o condenar la actuación del secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, porque supuestamente pretende “dejar de lado a la oposición” y “consolidar una tiranía desembozada” es, sinceramente, no solo un despropósito sino también una gran falsedad.

Los lamentables hechos de violencia en Venezuela no se pueden comparar con los sucedidos en México -para mencionar un país cercano- y la misión de Unasur se ha comprometido a defender los derechos políticos de la oposición dentro de los marcos institucionales.

La moción de este grupo de congresistas peruanos avala, finalmente, la política torpe e irresponsable que EEUU desarrolla frente a Venezuela y a otros países de la región, como ya se ha comenzado a reconocer en ese país, y se alinea con los sectores golpistas que quieren una solución al margen de los mecanismos constitucionales. Es estar con Leopoldo López y Corina Machado y no con Henrique Capriles quien, desde la oposición, está buscando una salida negociada y constitucional.

Por eso lo que se juega hoy en Venezuela no es solo la suerte de un gobierno que ha cometido errores, entre ellos encarcelar a los opositores violentos, sino también la de otros gobiernos de América latina. Se busca romper la continuidad democrática en la región a través de una nueva modalidad de golpe de Estado.

En América del Sur las crisis políticas que terminaron con la salida o renuncia de presidentes se solucionaron, por lo general, con el camino constitucional. Eso sucedió en Perú en el año 2000, como también en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Hoy no solo Venezuela está bajo presión. También lo está el gobierno de Dilma Rousseff donde un sector pide no solo la salida de la presidenta sino también un golpe militar. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno argentino que soporta en estos días las manifestaciones de la derecha y los intentos de los sectores más conservadores y de los grandes medios para involucrar interesadamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal Alberto Nisman que estaba investigando el atentado de la AMIA de 1994.

Por eso la moción de los congresistas sobre Venezuela no está tanto motivada por sus preocupaciones democráticas, como lo demostraría la firma de la mayoría de fujimoristas, que avalaron en su tiempo y que hoy día defienden lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino más bien por la intención de poner fin a los gobiernos progresistas de la región.

Lo que está en juego en la región es la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos contra aquellos nostálgicos de las soluciones golpistas autoritarias. Esa es la disyuntiva: democracia o golpismo.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Despilfarro en el Congreso

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Luis Galarreta y Mauricio Mulder

Suele decirse que el Congreso de la República es una de las más importantes instituciones democráticas del país. Sin embargo, queda en evidencia que en el Perú ha dado mucho que hablar por la poca capacidad de sus integrantes. Además, por los escándalos que ha suscitado en los últimos años.

Por ejemplo: durante la gestión de Luz Salgado, de Fuerza Popular, como presidenta del Legislativo, los parlamentarios solicitaban dos mil soles y después tenían que rendir cuentas de estos gastos de representación. Sin embargo, este mecanismo cambió cuando asumió la presidencia Luis Galarreta, también de Fuerza Popular, acompañado de Mauricio Mulder (Apra), Mario Mantilla (Fuerza Popular) y Richard Acuña (Alianza para el Progreso).

La suma, con ellos, pasó a dos mil 800 soles, líquidos con la retención del impuesto a la renta. Esto fue visto con malos ojos en la actual gestión de Salaverry, donde se ha generado una discusión que llegó a niveles de escándalo que trascendió las paredes del Congreso.

Esto ocurrió cuando se supo que el legislador tenía que devolver el saldo de la suma recibida en la época de Salgado. Empero, el 13 de setiembre de 2017 los arriba mencionados, aprobaron por unanimidad lo que llegó a convertirse en un privilegio.

La suma se elevó a dos mil 800 soles. Lo grave es que los congresistas recibían un cheque y no había control sobre si ese dinero era utilizado o no en sus viajes de representación.

EL AUMENTO FUE DE 4 MIL

Para que los congresistas reciban el líquido de 2.800 soles, se subió a 4 mil. Con el descuento del impuesto a la renta, la suma quedaba en 2.800 y ningún congresista protestó porque “otorongo no come otorongo”.

Incluso Galarreta habló con varias bancadas informando sobre el referido incremento salarial encubierto sin rendir cuentas. Se dice que esto se generó durante la gestión de César Zumaeta, en el periodo 2006-2011, cuando el Apra controlaba el Congreso.

El 17 de agosto del 2010, la Mesa Directiva encabezada por Zumaeta adoptó el Acuerdo Nº 018-2010-2011, para brindar “apoyo logístico” para los despachos congresales, “para las actividades de la semana de representación”.

Esto es una muestra en pequeño de cómo el Congreso de la República no legisla para el pueblo, según las necesidades de la ciudadanía, sino para sus propios bolsillos e intereses.

Porque, por ejemplo, los maestros, los trabajadores y otros sectores, exigen un aumento de sueldo pero no les hacen caso pese a sus reclamaciones

ALGO MÁS

La noticia del aumento fue dada a conocer por el congresista suspendido Kenji Fujimori, quien dijo que se concretó cuando Galarreta era presidente. Al lado de él estaban Mulder, Acuña y Mantilla.

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Política

Vicepresidenta Aráoz mete la pata

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Mercedes Aráoz

Mercedes Aráoz, vicepresidenta y congresista, dijo que había cometido un error al relacionar la honradez de un funcionario con el dinero y que el aumento a los parlamentarios sea de acuerdo a la inflación.

“Nunca he pedido aumento de sueldos para los congresistas. Sí que se sinceren las remuneraciones y se acaben las ‘asignaciones’. Cometí un error al relacionar la honradez de un funcionario con el monto de su sueldo. Les ofrezco sinceras disculpas”, fue lo que dijo en su cuenta de Twitter.

Además, pidió un imposible: que los legisladores ganen de acuerdo a la inflación, algo que indigna a los ciudadanos, para mala suerte de la imagen del Congreso.

“Hace tiempo propuse hablar de un sinceramiento porque realmente los salarios de los congresistas están atrasados, son más de 15 años que no han cambiado. En el 2006 se congelaron. La intención era darle una posibilidad de que se mejore”, dijo Aráoz horas antes.

Y agregó: “Se lo digo con todo el corazón. Un congresista mal remunerado es la tentación para los lobbies, para que alguien haga trampas. […] Los que no hacemos trampas no queremos estar en eso y consideramos que debería haber un pago justo, una buena remuneración de acuerdo al costo de vida”.

Esta insinuación a inclinarse por el mal camino, fue rectificada, pero la espina quedó clavada allí, donde los peruanos sufren más, que es la falta de efectivo para cubrir sus necesidades básicas.

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Política

Zeballos en la boca del lobo

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Vicente Zeballos

Esta mañana Vicente Zeballos, ministro de Justicia, será interpelado en el Congreso. Deberá responder a 21 preguntas, que tienen la intencionalidad de bajarse el acuerdo firmado con Odebtrecht.

La autora de esta medida es Yeni Vilcatoma en un vano afán por hacer fracasar la lucha contra la corrupción. Decimos vana, porque como dijo Rafael Vela, coordinador de la Comisión Especial Lava Jato, la interpelación está desvinculada jurídicamente y los fiscales tienen una carta bajo la manga de sus investigaciones.

El ministro Zeballos afirmó que el “Ministerio de Justicia no tiene competencia en el acuerdo con Odebrecht”. El Pleno del Congreso recibirá al Ministro de Justicia hoy jueves 21 de marzo a partir de las 9 de la mañana.

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