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El nuevo golpismo

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En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

Hace unos días, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y un grupo importante de congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, firmaron una moción (N° 12588) en la que, luego de criticar la misión de la Unasur en Venezuela y condenar al gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos, “recomiendan” al Poder Ejecutivo dos acciones: a) que se aparte de la actual conducción de ese organismo, y b) que “mientras persista la situación” (se refieren al tema de los derechos humanos y las protestas), el Perú debería suspender su participación en dicho organismo de integración regional.

Si bien la actual situación en Venezuela, además de dramática es polémica y criticable en varios aspectos, cabe llamar la atención que la moción es presentada días después de que el gobierno del presidente Obama diera a conocer un Decreto Ejecutivo en el cual señala que EEUU se ha declarado en “emergencia” porque Venezuela, curiosamente, representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional y la política exterior”.

Con ello, los congresistas firmantes se han puesto no solo del lado de la grosera injerencia estadounidense en los asuntos internos de un país soberano, de la oposición más dura en Venezuela, sino que se ponen también de espaldas a la mayoría de países de la región.

Llama la atención el tono de franca beligerancia de la moción que apuntala a quienes persiguen una salida violenta y anticonstitucional a la crisis política venezolana. Si se leen con un mínimo de serenidad los últimos comunicados de la Unasur se puede concluir que prima en ellos la ponderación, y el esfuerzo para que la crisis en Venezuela se resuelva en el marco democrático y así evitar escenarios de violencia que tendrían una repercusión negativa y perturbadora para toda la región.

El primer comunicado de Unasur, referido a la continuación del diálogo político en Venezuela, afirma que este debe realizarse con todas las fuerzas democráticas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la actual situación debe ser resuelta mediante los mecanismos democráticos previstos en la Constitución; y que las próximas elecciones parlamentarias deben mantener el orden constitucional así como la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, “principios fundamentales de Unasur”.

El segundo comunicado, que rechaza el famoso Decreto Ejecutivo del gobierno de Obama porque considera que es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, manifiesta que se respete el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención; y que EE.UU. “ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela”.

Por eso creo que la moción presentada, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, representaría un enorme retroceso para nuestro país en el ámbito de la integración regional.

El nuevo golpismo

Afirmar, como sostiene la propuesta de estos congresistas, que la campaña represiva del gobierno de Maduro consiste en “el asesinato generalizado de estudiantes y amas de casa contrarios a su gobierno” o condenar la actuación del secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, porque supuestamente pretende “dejar de lado a la oposición” y “consolidar una tiranía desembozada” es, sinceramente, no solo un despropósito sino también una gran falsedad.

Los lamentables hechos de violencia en Venezuela no se pueden comparar con los sucedidos en México -para mencionar un país cercano- y la misión de Unasur se ha comprometido a defender los derechos políticos de la oposición dentro de los marcos institucionales.

La moción de este grupo de congresistas peruanos avala, finalmente, la política torpe e irresponsable que EEUU desarrolla frente a Venezuela y a otros países de la región, como ya se ha comenzado a reconocer en ese país, y se alinea con los sectores golpistas que quieren una solución al margen de los mecanismos constitucionales. Es estar con Leopoldo López y Corina Machado y no con Henrique Capriles quien, desde la oposición, está buscando una salida negociada y constitucional.

Por eso lo que se juega hoy en Venezuela no es solo la suerte de un gobierno que ha cometido errores, entre ellos encarcelar a los opositores violentos, sino también la de otros gobiernos de América latina. Se busca romper la continuidad democrática en la región a través de una nueva modalidad de golpe de Estado.

En América del Sur las crisis políticas que terminaron con la salida o renuncia de presidentes se solucionaron, por lo general, con el camino constitucional. Eso sucedió en Perú en el año 2000, como también en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Hoy no solo Venezuela está bajo presión. También lo está el gobierno de Dilma Rousseff donde un sector pide no solo la salida de la presidenta sino también un golpe militar. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno argentino que soporta en estos días las manifestaciones de la derecha y los intentos de los sectores más conservadores y de los grandes medios para involucrar interesadamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal Alberto Nisman que estaba investigando el atentado de la AMIA de 1994.

Por eso la moción de los congresistas sobre Venezuela no está tanto motivada por sus preocupaciones democráticas, como lo demostraría la firma de la mayoría de fujimoristas, que avalaron en su tiempo y que hoy día defienden lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino más bien por la intención de poner fin a los gobiernos progresistas de la región.

Lo que está en juego en la región es la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos contra aquellos nostálgicos de las soluciones golpistas autoritarias. Esa es la disyuntiva: democracia o golpismo.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Hacen el ridículo postulantes a Junta Nacional de Justicia

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Aníbal Quiroga - Gonzalo García

A pesar del entusiasmo en la convocatoria, el examen de conocimientos para la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) -organismo que reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM)- arrojó resultados alarmantes; de 104 evaluados, solo aprobaron tres. Consultados por Diario UNO coinciden en la rigurosidad del examen pero también en la preocupación de que muchos fiscales no estén a la altura de la lucha contra la corrupción.

“FIASCO” Y “RIDÍCULO”

El abogado constitucionalista Aníbal Quiroga, calificó de “fiasco” y “un ridículo” la convocatoria al examen de conocimiento para conformar la JNJ ya que lo fiscales que salgan elegidos serán quienes deban destituir al fiscal supremo Pedro Chávarry”.

“Es realmente un fiasco y un ridículo. Estaba visto que iba a ocurrir eso. Imagínese que estos fiscales son los que deberán destituir al fiscal Pedro Chávarry”, señaló el jurista al Diario UNO.

Tras afirmar que hubo un pésimo diseño del proceso de selección y que ello es responsabilidad de la Comisión Especial que convocó al concurso, Quiroga sostuvo: “Preocupa mucho porque no va a haber la entidad que reemplace al Consejo Nacional de la Magistratura ni van a quedar los mejores juristas”.

FAVORECIENDO A CHÁVARRY

El expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, Gonzalo García, afirmó que el primer favorecido sería el fiscal Pedro Chávarry, en caso no se revise íntegramente el diseño de la convocatoria y convoque nuevamente a concurso público en los plazos más breves.

“Salvo mejor parecer, debería revisarse íntegramente el diseño de la convocatoria, invitar a juristas y, sobre esa base, convocar nuevamente a concurso en los plazos más breves porque, de lo contrario, el primer favorecido sería el fiscal Pedro Chávarry”, sostuvo a Diario UNO.

Tras asegurar que los resultados indican que las preguntas del examen han sido severamente exigentes, García recordó que en el concurso no participaron muchos de los principales juristas que tendrían competencia para una tarea como que exigen la JNJ.

104 POSTULANTES Y SOLO 3 APROBARON

El examen de conocimientos para la conformación de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) arrojó resultados alarmantes; de los 113 postulantes habilitados, asistieron 104 y solamente aprobaron tres.

El examen de conocimientos realizado en el Centro de Tecnología de la Información y Comunicación (CTIC) de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), contemplaba 50 preguntas de dos puntos cada una, con un total de 100 puntos. Para aprobar debían tener como mínimo 66 puntos. La evaluación comprendía preguntas de Derecho constitucional y derechos humanos; sistema peruano de impartición de justicia; derecho administrativo y derecho administrativo sancionador; derecho civil y derecho penal; y gestión pública y gestión del talento humano.

SE REQUIERE DE 14

Gonzalo García recuerda que para constituir la JNJ se requiere 14 miembros elegidos- 7 titulares y 7 suplente- y que habiendo pasado solamente tres, “no hay ninguna capacidad para nombrar el número de consejeros que es indispensable para que sean válidos los acuerdos en la junta”.

Por su parte, Aníbal Quiroga asegura: “El examen ha sido tan complicado que ni siquiera los propios miembros que convocaron a concurso lo habrían pasado. La convocatoria fue mala y ahora los resultados son pésimos. Va a tener que rehacerse el proceso”.

SON SEIS ETAPAS

El reglamento del concurso consta de seis etapas: convocatoria de postulantes y evaluación de conocimientos; esta última tiene el valor del 30%. Falta la evaluación curricular (30%), pruebas de confianza y finalmente la entrevista personal (40%) y publicación del cuadro de méritos.

La Comisión Especial tiene la capacidad de resolver las tachas e impugnaciones, proclamar los resultados y tomar juramento a los miembros elegidos.

Los postulantes tienen plazo hasta el jueves 23 de mayo para presentar sus Declaraciones Juradas para la Gestión de Conflicto de Intereses y de Ingresos, Bienes y Rentas, en horario de oficina y en los lugares establecidos en las bases del concurso.

Al respecto, Gonzalo García es tajante en señalar que no hay manera de seguir evaluando porque ha habido eliminación de concursantes. “Si no se pasa el examen de conocimiento no hay necesidad de evaluar su currículum ni entrevistarlo personalmente”.

LOS TRES ÚNICOS

Los tres postulantes que consiguieron superar la presente etapa del concurso fueron David Dumet, Víctor Cubas y Pedro Patrón.

Según el cronograma, el viernes 19 de julio se estaría tomando juramento a la nueva JNJ; sin embargo, para Gonzalo García, uno de los problemas de la JNJ será resolver la situación de los tres abogados a quienes se les abre la posibilidad de ejercer su derecho de pasar a la siguiente instancia, “pero tampoco tiene juego convocar a tres y luego convocar a otro concurso. Opino que se debe anular el concurso y empezar de cero en un plazo inmediato”, acotó.

Finalmente, el expresidente del CNM aseguró que salvo que se dé un dispositivo legal de transición, el actual escenario favorece a todos aquellos que tienen problemas disciplinarios “ya que no hay instancia que los trate porque la junta no puede efectuar las competencias que le asigna la ley”.

 

ERNESTO TOLEDO BRÜCKMANN

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Política

Afectará a 500 mil familias de trabajadores de la caña de azúcar

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Agricultor campesino caña de azúcar

TLC CON GUATEMALA

El Régimen Laboral de los Trabajadores de la Actividad Agraria no es el único que perjudica a los trabajadores del campo. Por la implementación del Tratado de Libre Comercio firmado con Guatemala, los campesinos de las empresas agroindustriales serán afectados, porque se importará 400 mil toneladas de azúcar, lo que implicará una disminución de la producción nacional y la consecuente desaparición de los puestos de trabajo de los cañeros. Al respecto Diario UNO entrevistó a Alberto Sedano, secretario general del sindicato de trabajadores de la empresa agroindustrial Laredo.

caña de azúcar

—¿Cuál es el problema del TLC con Guatemala?

—El Gobierno peruano firmó un TLC con Guatemala el 2011, el 2013 Guatemala presentó una queja ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por el tema de la franja de precios, y el Perú lo perdió.

Entonces, entre los compromisos que debe cumplir nuestro país por haber perdido ese proceso, está el permitir el ingreso de varios productos, entre ellos el azúcar que no estaba contemplada en el TLC, y el Estado accede a esto por no verse denunciado por el incumplimiento del tratado.

El acuerdo establece que el primero año van a ingresar 20 mil toneladas de azúcar libres de aranceles, y en 10 años serán 400 mil toneladas.Esto representa la producción total de las empresas Laredo, Casagrande, Cartavio y Paramonga, entonces si se implementa quebrará la producción nacional.

—Mientras Guatemala subsidia a sus agricultores…

—Por eso esa azúcar importada se vendería acá a mitad de precio, mientras a nosotros nadie nos subsidia. Y eso perjudicaría a las empresas azucareras y perderíamos nuestros puestos de trabajo.

Por eso es que protestamos, y vamos a tomar medidas extremas, tampoco nos vamos a quedar con los brazos cruzados, hay miles de familias que dependen económicamente de la existencia de las empresas azucareras. No es justo que nos generen esa crisis económica.

Protesta de trabajadores de caña de azúcar

—¿Cuáles serán las principales regiones que serán afectadas?

—Todas las empresas azucareras van a verse afectadas. Los que hemos levantado la voz de protesta desde el inicio son: Cartavio, Casagrande, Laredo y Paramonga. Hay una resolución que dice que la información es secreta, y nos preguntamos ¿por qué no es información abierta?, ni que fuese un secreto de Estado. Eso nos da mala espina.

—¿El ingreso de azúcar importada implicaría reducir la producción, desempleo y desaparición gradual del sembrío?

—Nosotros producimos 1 millón 300 mil toneladas de azúcar, y el mercado nacional necesita 1 millón 200 mil. Pagamos todos los impuestos de ley y tenemos la mejor calidad de azúcar a nivel de Sudamérica y de Centroamérica.

Lo que estamos analizando es que esa azúcar viene subsidiada y a mitad de precio, entonces las industrias le van a comprar a ellos, sin importarle la calidad porque así van a bajar sus costos de producción. ¿Y nosotros a quien le vamos a vender?

—El principal favorecido con esta importación no será el Estado que perderá los impuestos sino un grupo reducido de importadores…

—Esto tiene un nombre detrás, porque el Estado no puede tomar una decisión así. Creo personalmente que puede deberse a un lobby con intereses.

—¿Hay fecha para el inicio de esta importación?

—Nosotros hemos conversado con la ministra de Agricultura Fabiola Muñoz y nos dijo que aún no conocía el tema de fondo, por ser nueva, pero que iba a buscar una solución.

Ellos tienen que encontrar la solución; también hemos conversado con funcionarios del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), le hemos expuesto las consecuencias económicas y el impacto social de este tratado. Y nos han dicho que no se va a aceptar por el momento, que en 3 o 4 meses se implementaría, pero no han negado que se vaya a implementar.

Es responsabilidad del Estado solucionar este problema, el Estado no nos da ninguna protección, a nosotros todo nos cuesta.

En otros países como Argentina o Pakistán se protege a la agricultura con medidas cuando los precios caen, en cambio nosotros competimos sin apoyo estatal.

—De ingresar el azúcar de Guatemala, sería una tragedia social…

—Van a ser afectadas cerca de 500 mil familias de manera directa, sin contar con el resto de la cadena productiva.

Es un tema muy delicado, hay congresistas que nos van a apoyar, esperamos tener una reunión el 13 de junio, tenemos invitación de la bancada del Frente Amplio para exponer nuestro problema y de igual modo con otros congresistas como Luis Iberico o Marisol Espinoza.

—Esta sería la principal reivindicación para participar en un paro nacional agrario?

—Sí, nosotros vamos a participar en el paro y si no nos escuchan ya tomaremos otras medidas. Si quieren que tomemos carreteras, porque eso es lo que aparentemente les gusta, lo vamos a hacer. Si no nos escuchan vamos a tomar acciones más radicales, porque de esto comen nuestros hijos.

 

YÁSSER GÓMEZ CARBAJAL

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Política

¿Quién podrá tumbar a Pedro Chavarry?

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Pedro Gonzalo Chávarry

Chávarry tiene un poder por encima de todos los poderes. Y Marco Arana lo dijo muy claro: “Está súper blindado”, porque nadie lo puede mover. Solamente lograron sacarlo del cargo de Fiscal de la Nación y nada más.

Arana agregó: “Mi impresión es que hasta ahora Chávarry puede más que los fiscales, puede más que las fuerzas políticas de oposición que estamos presentando acusaciones en su contra”.

“Chávarry -agregó- se halla súper blindado en el Congreso, vamos a ver cómo se debate el informe de Juan Sheput”, que se realizará hoy en la Subcomisión de Denuncias Constitucionales.

Es más, se refiere a la denuncia de Zoraida Ávalos, fiscal de la Nación: “Aquí hay hechos nuevos, graves, como por ejemplo, el tema de destituir a los fiscales anticorrupción, lo que hace es volver más solvente la acusación en torno a que el fiscal Chávarry habría entorpecido las investigaciones, habría tenido la intencionalidad de que no se avance en la pesquisa anticorrupción”.

INVESTIGACIÓN DE SHEPUT ES EXTRAÑA

“Hay un tema que no logramos entender. A partir de julio se van a reestructurar las comisiones en el Congreso, mientras tengamos esas comisiones vamos a seguir perdiendo porque todas están con una mayoría fujimorista y una alianza aprofujimorista”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal (IDL).

“Además, con algunos miembros que ya se están sentando en las subcomisiones, como la bancada Concertación Parlamentaria de Sheput. Desde ahora ya se va avizorando cómo va a ser a partir de julio”, afirmó.

“Este grupo Concertación, el Apra y los fujimoristas van a volver a tomar el control del Congreso con una nueva mayoría en el Pleno. Nosotros esperamos nuevos cambios, cuando no nos damos cuenta que las comisiones seguirán blindando al señor Chávarry”, observó.

“No esperemos algo de lo que no hay. Pensamos: ‘ahora ya tenemos las pruebas’, considerando la nueva denuncia de la Fiscal de la Nación y el mismo Sheput, que curiosa y extrañamente pide su destitución”, subrayó.

“Vamos a ver si en la nueva Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y la Comisión Permanente se pasa el filtro. Yo pensaba que el fujimorismo había perdido el control del poder dentro del Congreso, pero seguía manteniendo el liderazgo y el poder en las subcomisiones”, declaró.

ALGO EXTRAÑO OCURRE EN LA JNJ

“El único que ha nadado contra la corriente es Salaverry, que ya se ha dado cuenta que está solo porque Salaverry no va a ser reelecto en julio. Porque el reconocido simpatizante fujimorista, Víctor García Belaunde ‘Vitocho’ o Sheput o la misma señora Bartra, son los que tendrán el control nuevamente”, advirtió.

“La única salida que veo a este blindaje, que en el fondo es un delito, es que la propia Fiscal de la Nación abra una investigación preliminar contra Segura y Bartra, porque están cometiendo delitos y hay flagrancia en los delitos; considero que se puede abrir investigación preliminar”, puntualizó.

“Yo sé que muchos grandes abogados no se quieren presentar al examen de postulación a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y se ve porque los resultados de hoy (ayer) son extraños. No es posible que reconocidos magistrados, como la doctora Tello, no hayan aprobado. Algo extraño está pasando”, concluyó el jurista.

CHÁVARRY ES EL ALFIL FUJIAPRISTA

“En realidad Chávarry fue puesto en la Fiscalía de la Nación por la alianza aprofujimorista. Él ha sido el principal alfil. Allí hay una alianza muy estrecha. No es que ahora lo están blindando, no, el siempre ha sido un alfil del fujimorismo”, dijo el analista Vicente Otta.

“Él estuvo en la Fiscalía mientras tuvo poder y ha hecho todo lo posible por evitar las investigaciones, por boicotearlas. Hay que recordar la destitución de Vela y Pérez. Eso fue decidido por Chávarry, que tuvo que retroceder por la movilización ciudadana”, expresó.

También Otta se refirió al fiscal jefe de la Cooperación Internacional, Alonso Peña, que era un hombre de Chávarry y que tuvo que salir después. “Pero todo el manejo de la Fiscalía, a cargo de Chávarry, ha sido para entorpecer y detener el proceso Lava Jato contra Keiko Fujimori, Alan García y el propio Kuczynski”, sostuvo.

VIZCARRA TRANZA CON LA CORRUPCIÓN

“El otro problema es la actitud pusilánime de Vizcarra que salta la lucha contra la corrupción, se blinda él para mejorar su imagen en las encuestas, pero en realidad, lo que está haciendo es tranzar con la corrupción”, criticó.

“Yo creo que no hay reforma política verdaderamente anticorrupción con esta Constitución. La única manera de combatir la corrupción y hacer reformas políticas que democraticen la organización política del país, es cambiando la Constitución”, sugirió.

“Es necesario una Asamblea Constituyente para cambiar una Constitución, para organizar la vida social y política del país. Porque actualmente no hay un buen filtro, y este es el caso de la JNJ que se parece a la antigua CNM. O sea, el remedio es igual o peor que la enfermedad”, concluyó Vicente Otta.

ALGO MÁS

Si bien muchos peruanos y el propio fiscal José Domingo Pérez, confían que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) destituirá a Chávarry, ello será solamente un deseo trunco si vemos lo que está ocurriendo en la elección de los integrantes de la JNJ, que parece que será lo mismo que la CNM.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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