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El nuevo golpismo

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En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

Hace unos días, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y un grupo importante de congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, firmaron una moción (N° 12588) en la que, luego de criticar la misión de la Unasur en Venezuela y condenar al gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos, “recomiendan” al Poder Ejecutivo dos acciones: a) que se aparte de la actual conducción de ese organismo, y b) que “mientras persista la situación” (se refieren al tema de los derechos humanos y las protestas), el Perú debería suspender su participación en dicho organismo de integración regional.

Si bien la actual situación en Venezuela, además de dramática es polémica y criticable en varios aspectos, cabe llamar la atención que la moción es presentada días después de que el gobierno del presidente Obama diera a conocer un Decreto Ejecutivo en el cual señala que EEUU se ha declarado en “emergencia” porque Venezuela, curiosamente, representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional y la política exterior”.

Con ello, los congresistas firmantes se han puesto no solo del lado de la grosera injerencia estadounidense en los asuntos internos de un país soberano, de la oposición más dura en Venezuela, sino que se ponen también de espaldas a la mayoría de países de la región.

Llama la atención el tono de franca beligerancia de la moción que apuntala a quienes persiguen una salida violenta y anticonstitucional a la crisis política venezolana. Si se leen con un mínimo de serenidad los últimos comunicados de la Unasur se puede concluir que prima en ellos la ponderación, y el esfuerzo para que la crisis en Venezuela se resuelva en el marco democrático y así evitar escenarios de violencia que tendrían una repercusión negativa y perturbadora para toda la región.

El primer comunicado de Unasur, referido a la continuación del diálogo político en Venezuela, afirma que este debe realizarse con todas las fuerzas democráticas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la actual situación debe ser resuelta mediante los mecanismos democráticos previstos en la Constitución; y que las próximas elecciones parlamentarias deben mantener el orden constitucional así como la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, “principios fundamentales de Unasur”.

El segundo comunicado, que rechaza el famoso Decreto Ejecutivo del gobierno de Obama porque considera que es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, manifiesta que se respete el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención; y que EE.UU. “ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela”.

Por eso creo que la moción presentada, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, representaría un enorme retroceso para nuestro país en el ámbito de la integración regional.

El nuevo golpismo

Afirmar, como sostiene la propuesta de estos congresistas, que la campaña represiva del gobierno de Maduro consiste en “el asesinato generalizado de estudiantes y amas de casa contrarios a su gobierno” o condenar la actuación del secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, porque supuestamente pretende “dejar de lado a la oposición” y “consolidar una tiranía desembozada” es, sinceramente, no solo un despropósito sino también una gran falsedad.

Los lamentables hechos de violencia en Venezuela no se pueden comparar con los sucedidos en México -para mencionar un país cercano- y la misión de Unasur se ha comprometido a defender los derechos políticos de la oposición dentro de los marcos institucionales.

La moción de este grupo de congresistas peruanos avala, finalmente, la política torpe e irresponsable que EEUU desarrolla frente a Venezuela y a otros países de la región, como ya se ha comenzado a reconocer en ese país, y se alinea con los sectores golpistas que quieren una solución al margen de los mecanismos constitucionales. Es estar con Leopoldo López y Corina Machado y no con Henrique Capriles quien, desde la oposición, está buscando una salida negociada y constitucional.

Por eso lo que se juega hoy en Venezuela no es solo la suerte de un gobierno que ha cometido errores, entre ellos encarcelar a los opositores violentos, sino también la de otros gobiernos de América latina. Se busca romper la continuidad democrática en la región a través de una nueva modalidad de golpe de Estado.

En América del Sur las crisis políticas que terminaron con la salida o renuncia de presidentes se solucionaron, por lo general, con el camino constitucional. Eso sucedió en Perú en el año 2000, como también en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Hoy no solo Venezuela está bajo presión. También lo está el gobierno de Dilma Rousseff donde un sector pide no solo la salida de la presidenta sino también un golpe militar. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno argentino que soporta en estos días las manifestaciones de la derecha y los intentos de los sectores más conservadores y de los grandes medios para involucrar interesadamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal Alberto Nisman que estaba investigando el atentado de la AMIA de 1994.

Por eso la moción de los congresistas sobre Venezuela no está tanto motivada por sus preocupaciones democráticas, como lo demostraría la firma de la mayoría de fujimoristas, que avalaron en su tiempo y que hoy día defienden lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino más bien por la intención de poner fin a los gobiernos progresistas de la región.

Lo que está en juego en la región es la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos contra aquellos nostálgicos de las soluciones golpistas autoritarias. Esa es la disyuntiva: democracia o golpismo.

(*) Parlamentario Andino

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