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El nuevo golpismo

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En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

Hace unos días, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y un grupo importante de congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, firmaron una moción (N° 12588) en la que, luego de criticar la misión de la Unasur en Venezuela y condenar al gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos, “recomiendan” al Poder Ejecutivo dos acciones: a) que se aparte de la actual conducción de ese organismo, y b) que “mientras persista la situación” (se refieren al tema de los derechos humanos y las protestas), el Perú debería suspender su participación en dicho organismo de integración regional.

Si bien la actual situación en Venezuela, además de dramática es polémica y criticable en varios aspectos, cabe llamar la atención que la moción es presentada días después de que el gobierno del presidente Obama diera a conocer un Decreto Ejecutivo en el cual señala que EEUU se ha declarado en “emergencia” porque Venezuela, curiosamente, representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional y la política exterior”.

Con ello, los congresistas firmantes se han puesto no solo del lado de la grosera injerencia estadounidense en los asuntos internos de un país soberano, de la oposición más dura en Venezuela, sino que se ponen también de espaldas a la mayoría de países de la región.

Llama la atención el tono de franca beligerancia de la moción que apuntala a quienes persiguen una salida violenta y anticonstitucional a la crisis política venezolana. Si se leen con un mínimo de serenidad los últimos comunicados de la Unasur se puede concluir que prima en ellos la ponderación, y el esfuerzo para que la crisis en Venezuela se resuelva en el marco democrático y así evitar escenarios de violencia que tendrían una repercusión negativa y perturbadora para toda la región.

El primer comunicado de Unasur, referido a la continuación del diálogo político en Venezuela, afirma que este debe realizarse con todas las fuerzas democráticas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la actual situación debe ser resuelta mediante los mecanismos democráticos previstos en la Constitución; y que las próximas elecciones parlamentarias deben mantener el orden constitucional así como la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, “principios fundamentales de Unasur”.

El segundo comunicado, que rechaza el famoso Decreto Ejecutivo del gobierno de Obama porque considera que es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, manifiesta que se respete el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención; y que EE.UU. “ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela”.

Por eso creo que la moción presentada, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, representaría un enorme retroceso para nuestro país en el ámbito de la integración regional.

El nuevo golpismo

Afirmar, como sostiene la propuesta de estos congresistas, que la campaña represiva del gobierno de Maduro consiste en “el asesinato generalizado de estudiantes y amas de casa contrarios a su gobierno” o condenar la actuación del secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, porque supuestamente pretende “dejar de lado a la oposición” y “consolidar una tiranía desembozada” es, sinceramente, no solo un despropósito sino también una gran falsedad.

Los lamentables hechos de violencia en Venezuela no se pueden comparar con los sucedidos en México -para mencionar un país cercano- y la misión de Unasur se ha comprometido a defender los derechos políticos de la oposición dentro de los marcos institucionales.

La moción de este grupo de congresistas peruanos avala, finalmente, la política torpe e irresponsable que EEUU desarrolla frente a Venezuela y a otros países de la región, como ya se ha comenzado a reconocer en ese país, y se alinea con los sectores golpistas que quieren una solución al margen de los mecanismos constitucionales. Es estar con Leopoldo López y Corina Machado y no con Henrique Capriles quien, desde la oposición, está buscando una salida negociada y constitucional.

Por eso lo que se juega hoy en Venezuela no es solo la suerte de un gobierno que ha cometido errores, entre ellos encarcelar a los opositores violentos, sino también la de otros gobiernos de América latina. Se busca romper la continuidad democrática en la región a través de una nueva modalidad de golpe de Estado.

En América del Sur las crisis políticas que terminaron con la salida o renuncia de presidentes se solucionaron, por lo general, con el camino constitucional. Eso sucedió en Perú en el año 2000, como también en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Hoy no solo Venezuela está bajo presión. También lo está el gobierno de Dilma Rousseff donde un sector pide no solo la salida de la presidenta sino también un golpe militar. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno argentino que soporta en estos días las manifestaciones de la derecha y los intentos de los sectores más conservadores y de los grandes medios para involucrar interesadamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal Alberto Nisman que estaba investigando el atentado de la AMIA de 1994.

Por eso la moción de los congresistas sobre Venezuela no está tanto motivada por sus preocupaciones democráticas, como lo demostraría la firma de la mayoría de fujimoristas, que avalaron en su tiempo y que hoy día defienden lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino más bien por la intención de poner fin a los gobiernos progresistas de la región.

Lo que está en juego en la región es la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos contra aquellos nostálgicos de las soluciones golpistas autoritarias. Esa es la disyuntiva: democracia o golpismo.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Vizcarra piensa en presentar cuestión de confianza para sacar a todos del CNM

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Martín Vizcarra Cornejo

Fuentes cercanas a Palacio de Gobierno indicaron al Diario UNO que el presidente de la República, Martín Vizcarra, está viendo la posibilidad de presentar una cuestión de confianza a fin de remover a los miembros titulares del Consejo Nacional de Magistratura y los suplentes y hasta cargos administrativos de la entidad estatal en crisis.

Este documento totalmente válido tiene que entregarse al Congreso mediante el premier César Villanueva antes de que el Parlamento empiece la sesión para debatir la remoción de todos los integrantes del CNM. La idea surgió porque en el Congreso los apristas y fujimoristas están moviendo sus hilos para que el Congreso no alcance los 87 votos reglamentarios que se necesitan para remover por falta grave a los integrantes titulares y suplentes y cuerpo administrativo del CNM.

Guillermo Olivera Díaz

El jurista Guillermo Olivera Díaz dijo al Diario UNO que es totalmente legal que el premier Villanueva agregue al documento enviado el lunes que su pedido es con “carácter de confianza”, es decir, con un documento simple, el Ejecutivo puede explicar que su planteamiento para remover a los miembros titulares y suplentes del CNM es una cuestión de confianza.

Dijo que en este caso se cumpliría perfectamente el debido proceso. “El presidente del Congreso recibe el documento y señala que la remoción tiene carácter de confianza; convocan a los miembros del CNM que pueden acudir con sus abogados y luego se debate y vota. Si es que con la votación no se logra sacar a los miembros titulares y suplementes del CNM entonces como el pedido ha sido con carácter de confianza Vizcarra puede disolver el Congreso porque el primer pedido de confianza rechazado fue el de Zavala y ahora sería el de Villanueva. Se cierran las puertas del Congreso porque ha sido disuelto y habrá nuevas elecciones solo parlamentarias”, indicó.

A su vez, el analista Carlos Monge dijo que el presidente Vizcarra debe decirle al Congreso que su pedido para ver el caso CNM tiene carácter de confianza. “Eso es lo que el presidente Vizcarra debería hacer, que su propuesta de despido de todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) es una cuestión de confianza. Si el Parlamento se opone, el Presidente tiene la potestad de cerrar el Congreso”, dijo

“Sería la segunda vez que le niegan un cuestión de confianza porque este no es un nuevo gobierno, no ha habido una nueva elección, es el mismo gobierno pero sin el Mandatario que ha sido reemplazado por un mecanismo constitucional. Si el Legislativo rechaza la propuesta del presidente Vizcarra, él tiene la facultad de convocar a nuevas elecciones congresales y esto puede permitirnos una nueva correlación”, manifestó.

“Y eso sería una gran cosa, porque hoy, políticamente hablando, el principal obstáculo para ir a una reforma profunda del CNM y del Poder Judicial, es la mayoría parlamentaria. Entonces, la disolución del Parlamento y el adelanto de las elecciones congresales es un mecanismo constitucional, que puede permitirnos tener un Congreso mejor e impulsar las reformas necesarias para liberarnos de las mafias que manejan esa parte del aparato estatal”, manifestó.

DEBIDO PROCESO

Olivera Díaz dijo que para aplicar el Artículo 157° de la Constitución Política y remover a los miembros del CNM no se requiere de ley complementaria que la desarrolle u otra norma.

“El debido proceso que allí se establece solo requiere un acuerdo del Congreso, mayoría calificada y que existan elementos de convicción de que se está ante una falta grave de quienes haya que remover, en este caso los del CNM, siempre venido a menos. Claro, con la defensa de los que incurren en falta. No hay período probatorio, tal como sucede en el proceso constitucional de amparo”.

“Los numerosos audios son suficientes para esa acreditación, como lo es condenar al hallado en FLAGRANCIA, donde no se requiere nada más. Su negativa no enerva nada. Cada caso tiene su debido proceso como es en procesos sumario y ordinario, así como en hábeas corpus y amparo. Ninguna norma legal o constitucional precisa los linderos del debido proceso”.

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Política

Cuidado con la elección del nuevo ministro

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Martín Vizcarra Cornejo y Salvador Heresi

El presidente Vizcarra dijo que el nuevo ministro de Justicia que ingresará a la cartera en reemplazo Salvador Heresi Chicoma, se conocerá esta semana y será idóneo para el cargo.

Fuentes del Ministerio de Justicia dijeron a este diario que una de las voceadas para reemplazar es María Elena Portocarrero Zamora, profesora de la Universidad Garcilaso de la Vega, y postuló al CAL llevando como jefe de campaña al abogado del cono norte Sergio Córdova, el mismo que fue jefe de campaña de Guido Águila a la presidencia del CNM.

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Política

Lo que había dicho Rosa María Palacios

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Rosa María Palacios

“En esta crisis, con mayoría fujimorista, se hace una cuestión de confianza. El presidente de la República, Martín Vizcarra, a través de su premier César Villanueva hace de su pedido público, un pedido formal que se presente en una moción, convocando a sesión extraordinaria en el Congreso de la República, el reglamento de este poder lo faculta, puede hacerlo hoy. Con un punto único de agenda, discutir una moción para que se aplique el artículo 157 de la Constitución con carácter de confianza”, dijo antes de que el presidente convocara la sesión extraordinaria.

“Si no quieren remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) y sus accesitarios y no quieren liquidar al personal administrativo, porque de eso se trata la moción, no hay problema. No le dan la confianza al Presidente, pierde su gabinete pero se disuelve el Congreso, porque sería la segunda cuestión de confianza, ya lo hicieron con el gabinete de Fernando Zavala, si lo hacen con Villanueva van dos. Y el presidente Vizcarra puede disolver el Congreso, convocar elecciones y tener legisladores que sí estén dispuestos a liquidar el cáncer de corrupción que tenemos”, manifestó.

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