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El nuevo golpismo

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En América Latina está en juego la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos.

Hace unos días, miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y un grupo importante de congresistas, tanto de la oposición como del oficialismo, firmaron una moción (N° 12588) en la que, luego de criticar la misión de la Unasur en Venezuela y condenar al gobierno de Nicolás Maduro por violación a los derechos humanos, “recomiendan” al Poder Ejecutivo dos acciones: a) que se aparte de la actual conducción de ese organismo, y b) que “mientras persista la situación” (se refieren al tema de los derechos humanos y las protestas), el Perú debería suspender su participación en dicho organismo de integración regional.

Si bien la actual situación en Venezuela, además de dramática es polémica y criticable en varios aspectos, cabe llamar la atención que la moción es presentada días después de que el gobierno del presidente Obama diera a conocer un Decreto Ejecutivo en el cual señala que EEUU se ha declarado en “emergencia” porque Venezuela, curiosamente, representa una “amenaza inusual y extraordinaria” para su “seguridad nacional y la política exterior”.

Con ello, los congresistas firmantes se han puesto no solo del lado de la grosera injerencia estadounidense en los asuntos internos de un país soberano, de la oposición más dura en Venezuela, sino que se ponen también de espaldas a la mayoría de países de la región.

Llama la atención el tono de franca beligerancia de la moción que apuntala a quienes persiguen una salida violenta y anticonstitucional a la crisis política venezolana. Si se leen con un mínimo de serenidad los últimos comunicados de la Unasur se puede concluir que prima en ellos la ponderación, y el esfuerzo para que la crisis en Venezuela se resuelva en el marco democrático y así evitar escenarios de violencia que tendrían una repercusión negativa y perturbadora para toda la región.

El primer comunicado de Unasur, referido a la continuación del diálogo político en Venezuela, afirma que este debe realizarse con todas las fuerzas democráticas, con el pleno respeto al orden institucional, los derechos humanos y el Estado de Derecho; que la actual situación debe ser resuelta mediante los mecanismos democráticos previstos en la Constitución; y que las próximas elecciones parlamentarias deben mantener el orden constitucional así como la democracia y la más plena vigencia de todos los derechos humanos, “principios fundamentales de Unasur”.

El segundo comunicado, que rechaza el famoso Decreto Ejecutivo del gobierno de Obama porque considera que es una “amenaza injerencista a la soberanía y al principio de no intervención en los asuntos internos de otros Estados”, manifiesta que se respete el derecho internacional, la solución pacífica de controversias y el principio de no intervención; y que EE.UU. “ponga en práctica alternativas de diálogo con el gobierno de Venezuela”.

Por eso creo que la moción presentada, de ser aprobada por el Pleno del Congreso, representaría un enorme retroceso para nuestro país en el ámbito de la integración regional.

El nuevo golpismo

Afirmar, como sostiene la propuesta de estos congresistas, que la campaña represiva del gobierno de Maduro consiste en “el asesinato generalizado de estudiantes y amas de casa contrarios a su gobierno” o condenar la actuación del secretario general de la Unasur, el expresidente colombiano Ernesto Samper, porque supuestamente pretende “dejar de lado a la oposición” y “consolidar una tiranía desembozada” es, sinceramente, no solo un despropósito sino también una gran falsedad.

Los lamentables hechos de violencia en Venezuela no se pueden comparar con los sucedidos en México -para mencionar un país cercano- y la misión de Unasur se ha comprometido a defender los derechos políticos de la oposición dentro de los marcos institucionales.

La moción de este grupo de congresistas peruanos avala, finalmente, la política torpe e irresponsable que EEUU desarrolla frente a Venezuela y a otros países de la región, como ya se ha comenzado a reconocer en ese país, y se alinea con los sectores golpistas que quieren una solución al margen de los mecanismos constitucionales. Es estar con Leopoldo López y Corina Machado y no con Henrique Capriles quien, desde la oposición, está buscando una salida negociada y constitucional.

Por eso lo que se juega hoy en Venezuela no es solo la suerte de un gobierno que ha cometido errores, entre ellos encarcelar a los opositores violentos, sino también la de otros gobiernos de América latina. Se busca romper la continuidad democrática en la región a través de una nueva modalidad de golpe de Estado.

En América del Sur las crisis políticas que terminaron con la salida o renuncia de presidentes se solucionaron, por lo general, con el camino constitucional. Eso sucedió en Perú en el año 2000, como también en Brasil, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Argentina y Paraguay.

Hoy no solo Venezuela está bajo presión. También lo está el gobierno de Dilma Rousseff donde un sector pide no solo la salida de la presidenta sino también un golpe militar. Lo mismo se puede decir sobre el gobierno argentino que soporta en estos días las manifestaciones de la derecha y los intentos de los sectores más conservadores y de los grandes medios para involucrar interesadamente a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la muerte del fiscal Alberto Nisman que estaba investigando el atentado de la AMIA de 1994.

Por eso la moción de los congresistas sobre Venezuela no está tanto motivada por sus preocupaciones democráticas, como lo demostraría la firma de la mayoría de fujimoristas, que avalaron en su tiempo y que hoy día defienden lo que sucedió durante el gobierno de Alberto Fujimori, sino más bien por la intención de poner fin a los gobiernos progresistas de la región.

Lo que está en juego en la región es la posibilidad de seguir llevando adelante cambios sociales dentro de los cauces democráticos contra aquellos nostálgicos de las soluciones golpistas autoritarias. Esa es la disyuntiva: democracia o golpismo.

(*) Parlamentario Andino

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Política

Caso Becerril: prueba de fuego de Fuerza Popular contra la corrupción

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Héctor Becerril

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales votará mañana el informe que recomienda destituir e inhabilitar por cinco años al congresista fujimorista Héctor Becerril, quien es actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Parlamento, por haber presionado a un miembro del Consejo Nacional de la Magistratura para que votara por un determinado candidato a la presidencia de ese organismo.

El informe presentado el último viernes por el legislador ponente César Vásquez, de la Alianza Para el Progreso, concluyó que al realizar ese acto, Becerril cometió los delitos de tráfico de influencias y cohecho activo genérico e infringió varios artículos de la Constitución.

El “Caso Becerril”

A principios del año IDL- Reporteros reveló que el Consejero del CNM Guido Aguila se había reunido con el legislador Becerril, para tratar el tema de la elección del nuevo presidente de ese organismo encargado de nombrar, ratificar y sancionar a los magistrados del Poder Judicial y del Ministerio Público, así como de nombrar al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales ONPE. Ambos personajes lo negaron frontalmente y no pasó nada, por falta de pruebas.

Audio confirmatorio

Sin embargo, el 15 de julio último, como parte de la vorágine de la difusión de los “CNM Audios”, el mismo IDL – Reporteros divulgó grabaciones de conversaciones entre Aguila y el consejero Baltazar Morales, en las que ambos claramente confirman que aquella reunión sí se realizó, con lo cual Becerril resultó implicado en actos de tráfico de influencias con el propósito de manipular la elección.

Ratificación de Morales

Tres días después, ante el desmentido de Becerril, el consejero Morales, en una conferencia de prensa, confirmó que en febrero aceptó asistir a la casa de su colega Aguila para conversar con “una persona honorable”, sin que jamás imaginara que se trataría de Becerril, a quien así conoció en persona por primera vez.

Morales reafirmó que el legislador fujimorista intentó convencerle de que votara por Julio Gutiérrez Pebe para presidente del CNM, por el solo hecho de que era “el candidato del fujimorismo”. A esto respondió ratificando que no votaría por Gutiérrez, pues no era el adecuado para el cargo.

Ante esto, la legisladora Indira Huilca, de Nuevo Perú, y Wilbert Rozas, del Frente Amplio, denunciaron a Becerril por infringir los artículos de la Carta Magna, 43 y 45, sobre separación de poderes; el 39 y 44, contra la corrupción y el 150, sobre la independencia del CNM.

Trance difícil

Este es el peor trance que Becerril enfrenta en su vida política, convertido en el fujimorista de mayor rango, confianza y cercanía a su jefa Keiko Fujimori implicado en graves delitos de corrupción, justo cuando ella proclama que es toda una luchadora contra esa conducta delictiva.

Hay quienes esperan que los fujimoristas exculpen a Becerril haciendo uso de su mayoría en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, puesto que no disponen de recurso alguno que destruya las evidencias de la presunta actuación delictiva de Becerril.

Usando su mayoría, la semana pasada lo excluyeron de la investigación al exconsejero del CNM, Guido Aguila, por el mismo caso, argumentando que tenía su propia interpelación.

Si su partido lo encubre, la ciudadanía, muy sensibilizada contra la corrupción, percibirá esa acción como una reincidencia del comportamiento del fujimorismo de siempre tapar las acciones delictivas de sus representantes o de tratarlos con guantes de seda.

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Política

Premier y Ministro de Justicia a Constitución

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Vicente Zeballos

El presidente del Consejo de Ministros César Villanueva confirmó su presencia hoy y la del ministro de Justicia, Vicente Zeballos, en la Comisión de Constitución presidida por la congresista de Fuerza Popular Rosa Bartra, que servirá para explicar la posición que posee el Gobierno en relación al tema de la bicameralidad.

Villanueva manifestó que mantiene una actitud positiva en relación a la aprobación de las reformas planteadas por el Gobierno. Asimismo, dejó en claro que en el Ejecutivo se muestran abiertos a eventuales cambios o mejoras que se hagan para avanzar con dichas propuestas.

“Nosotros nunca hemos dicho: ‘Vayan al pie de la letra, no le quiten ninguna coma’. Lo que hemos dicho es: ‘Háganlo rápido y no desnaturalicen’”, destacó el presidente del Consejo de Ministros.

Asimismo, aseguró que espera con gran optimismo que se cumplan los plazos establecidos por el Congreso en lo que refiere a aprobar hasta el próximo 4 de octubre las cuatro reformas constitucionales propuestas por el presidente Martín Vizcarra.

“El plazo concreto ya lo pusieron los voceros de todas las bancadas para tener listo todos los dictámenes a más tardar el 4 de octubre, dicho por ellos y declarado por ellos. Entonces ya no era necesario estar insistiendo en poner una fecha, porque ya ellos habían autodecidido en cuanto a un cronograma”, agregó el Premier.

El debate de la Comisión de Constitución referido a la bicameralidad se detuvo en el tercer acápite del artículo 90, en el que el gobierno plantea que “el territorio de la República se divide en macrodistritos electorales para la elección de senadores y en microdistritos electorales para la elección de diputados. Así, la participación de César Villanueva y Vicente Zeballos ayudará a brindar mayores detalles en relación a este tema.

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Política

Entre el show de Reggiardo y una soporífera mesa redonda

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Debate elecciones municipales asiento vacío

El primer grupo de los candidatos que postulan a la alcaldía de Lima participó del debate electoral municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con el fin de promover el voto informado y conocer sus propuestas para Lima. Pese a trasladarse hasta el Centro de Convenciones de Lima, sede del evento, Renzo Reggiardo, quien lidera las preferencias de la ciudadanía (apenas con 17%), decidió no participar.

Renzo Reggiardo

TALK SHOW

Faltando 10 minutos para que se inicie el debate municipal, programado para las 19:00 horas, el candidato de Perú Patria Segura (PPS), Reggiardo, salió de su vivienda y caminó hasta el Centro de Convenciones, en San Borja, pero solo para entregar una carta al JNE, en la que explica su decisión de no participar del evento.

El excongresista quien al iniciar su campaña se comprometió –a través de firmar el Pacto Ético Electoral del JNE- de participar del debate, se excusó pues dijo ser víctima de “ataques arteros” de sus rivales políticos.

“Me han dicho cobarde, estafador y hasta de pretender incendiar un vehículo. (…) no puedo sentarme en el mismo lugar, darle la mano y tomarme la foto porque es lo políticamente correcto. ¿Qué pasa con mi moral, con mi honor, con mi decencia? Eso no es democracia”, sostuvo Reggiardo al ser abordado por la prensa.

Según el candidato de PPS, sus oponentes han incumplido más de un artículo del Pacto Ético Electoral y acusó al JNE de no tomar oportunamente las medidas correctivas. Incluso calificó el debate de ayer como un “talk show”.

“Solamente por venir al debate, el (JNE) te limpia de todos los incumplimientos violados al pacto ético ¿es eso correcto de parte del ente electoral que ha estado involucrado en casos de corrupción? Lo que se está dando hoy (debate) es un talk show en el que las personas se agreden mutuamente. Yo no voy a hacer parte de ese show”.

Al respecto, Enrique Bernales, titular del Tribunal de Honor del Pacto Ético, respondió a Reggiardo y resaltó que no era una obligación firmar el Pacto Ético y que a través de este no se puede condicionar al JNE.

“El Pacto Ético no es una obligación firmarlo. Se lee. Se propone. Y se firma y adquiere un compromiso real con el elector de cumplirlo. (…) lo que no puede decirse (al JNE) es ‘o usted hace esto o tomo una actitud díscola’, los compromisos son para cumplirlos”, aseguró.

PROPUESTAS

El Debate Municipal 2018 se dividió en seis bloques de temas: visión de Lima al 2022, seguridad ciudadana, movilidad y transporte, pregunta ciudadana, población vulnerable y tema libre. Los participantes tuvieron 1 minuto para exponer sus propuestas sobre dichos puntos.

En el debate de ayer, y según sorteo elaborado por el JNE, participaron un primer grupo de postulantes: Luis Castañeda Pardo (Solidaridad Nacional), Jorge Villacorta (Peruanos Por el Kambio), Jaime Salinas (Alianza para el Progreso), Esther Capuñay (Unión por el Perú), Jorge Muñoz (Acción Popular), Daniel Urresti (Podemos Perú), Juan Zurek (Somos Perú), Luis Ocrospoma (Perú Nación), Renzo Reggiardo (Perú Patria Segura) y Pablo Silva(Frepap).

El candidato Salinas López Torres propuso crear un foro de empresas por Lima para apoyar la seguridad e implementar cámaras de videovigilancia con reconocimiento facial. También adelantó que emitirá una ordenanza para que se respete a los peatones y promoverá multas de tránsito ejemplares.

En lo referido a transporte, Jorge Villacorta dijo que su gestión aliviará el caótico tránsito en la ciudad regulando las horas de circulación de camiones y vehículos pesados. Asimismo, aseguró que su gestión terminará las obras pendientes, como la extensión del Metropolitano desde la estación El Naranjal hasta el distrito de Carabayllo, la Vía Expresa hasta la Panamericana, y agilizar la línea 1 del Metro de Lima.

Por su parte, Muñoz dijo que aplicará su plan Lima 360 de seguridad que prioriza la coordinación con la Policía Nacional y empodera a la mujer en acciones de prevención. Exhortó al electorado no dejar en “manos de improvisados” el futuro próximo de la ciudad capital.

Mientras que Daniel Urresti propuso señalizar correctamente toda la ciudad, la instalación de cuatro mil semáforos, y solucionar 600 intersecciones que actualmente son un embudo. Además, de regular el tránsito de camiones y vehículos pesados para que solo puedan circular en horas de la noche.

Esther Capuñay dijo que instalará cámaras e iluminará las calles para enfrentar la inseguridad ciudadana. Asimismo, adelantó que de llegar a la alcaldía implementará escuelas metropolitanas de seguridad que capacitarán al Serenazgo.

El candidato por Perú Nación, Luis Ocrospoma, aseveró que impondrá un toque de queda para jóvenes menores de 16 años de edad que salgan a las calles sin permiso de sus padres. Dijo que su gestión estará enfocada en una Lima verde, donde las familias se sientan seguras.

El próximo domingo se continuará con el debate y el segundo grupo de candidatos. Ojalá haya un intercambio de propuestas y no shows personales ni una invitación al sueño.

ALGO MÁS

Pablo Silva, candidato del Frepap, propuso convertir a Lima en una ciudad moderna, sostenible e inclusiva. Por su parte, Zurek, subrayó que su propuesta para instalar una red de teleféricos reducirá en gran medida el tiempo que los limeños emplean para trasladarse de un lugar a otro de la capital. Mientras que Castañeda Pardo ofreció la instalación de semáforos inteligentes y el fortalecimiento del servicio del Metropolitano y los corredores viales.

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