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El nacimiento de un sistema político mafioso

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Congreso

Decir que la década autoritaria de los noventa solo fue obra de los políticos es una manera disimulada de obviar que el régimen fujimorista fue una coalición entre políticos y militares.

En medio de la borrasca que viene creando la denuncia de la Procuradora Adjunta Yeni Vilcatoma, respecto al favoritismo del gobierno hacia Martín Belaunde Lossio y otros personajes, y el pánico que se habría creado en las alturas, hay algunos hechos igualmente importantes que han pasado desapercibidos.

Uno de ellos ha sido el Memorándum de Entendimiento que el gobierno ha firmado en estos días en México con la OECD, esta suerte de “Club Nacional” de los países ricos. Otro ha sido el apoyo abierto al presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, cuando la opinión pública de ese país e internacional vienen condenando la masacre de los estudiantes de Ayotzinapa y al propio Presidente.

También se puede sumar la poca importancia que el presidente Humala le ha prestado al reciente encuentro de Unasur en Ecuador. El gobierno durante la COP 20 ha ratificado que su interés principal es la Alianza del Pacífico y no la Unasur, renunciando así a ejercer un liderazgo regional en dicha conferencia.

Sin embargo, la fresa en la torta han sido las declaraciones del Presidente sobre las Fuerzas Armadas en el Día del Ejército. Ollanta Humala ha dicho que las FF.AA. no deben ser usadas políticamente. Asimismo, que se tiene que reparar el daño que los políticos les hicieron a las Fuerzas Armadas en los 90. “No permitiremos jamás que vuelvan a tocar nuestras Fuerzas Armadas” (Perú 21: 10/12/14), ha dicho el Presidente con un tono exculpatorio del papel que cumplieron en esos años los militares.

Con estas declaraciones el Presidente no solo revisa la historia y la del propio fujimorismo sino también limpia de cualquier responsabilidad política que tuvieron las FF.AA. en esos años. Ahora resulta que fueron los políticos los que utilizaron a unas FF.AA. aparentemente indefensas y hasta inermes frente a unos políticos que se movían por “ambiciones personales”, como ha dicho el Presidente en este discurso.

Se puede pensar que estas declaraciones son dichas por alguien que, además de Presidente, es militar y que está en su interés una defensa corporativa de su institución. También hay otra explicación que no contradice a la anterior: en momentos de dificultades y de grandes temores por los que pasa el gobierno, el Presidente opta por fortalecer su alianza con las FF.AA. como uno de sus principales respaldos políticos.

Qué importa que para ello tenga que reescribir la historia y olvidarse o, mejor dicho, desdecirse de lo que dijo en el pasado, incluyendo el tema de los derechos humanos y las reparaciones a las víctimas durante el conflicto armado.

Así como guardó en un cajón sus promesas de transformar el país, subordinándose a los grandes empresarios y a la derecha, esta vez Ollanta Humala ha hecho lo mismo: clausurar cualquier posibilidad de reforma militar y terminar por subordinarse a los militares.

Decir que la década autoritaria de los noventa solo fue obra de los políticos es una manera disimulada de obviar que el régimen fujimorista fue una coalición entre políticos –no solo fujimoristas sino también de empresarios, políticos de derecha y medios de comunicación- y los militares.

Es decir, un nuevo militarismo, luego de la lucha antiterrorista, que tenía como uno de sus principales características, además de la corrupción, ser lo contrario al militarismo velasquista como lo mostró el famoso “Plan Verde” a finales de los ochentas.

La mejor demostración de todo esto fue el importantísimo papel que cumplieron Vladimiro Montesinos, un exmilitar, los altos mandos de las FF.AA. y sus aparatos de inteligencia durante esos años.

Por eso si el gobierno sigue por ese camino, el gobierno de Humala podría comenzar a tener un aire de familia con el fujmorismo y con el aprismo. Los que los une no son solo el apego a los militares, a los grandes empresarios, a la derecha y el olvido a sus promesas electorales sino también la corrupción.

Y es que el caso que involucra a Martín Belaunde Lossio y a otros personajes comprometidos en negocios turbios, más allá como dice un reciente artículo de La Mula que detrás de las denuncias de Yeni Vilcatoma esté posiblemente la mano del APRA; o este otro escándalo que vincula al congresista nacionalista y exministro de Defensa José Urquizo, a Raúl Salazar y al exasesor presidencial Adrián Villafuerte con el operador montesinista Óscar López Meneses, podrían terminar ambos casos implicando a la propia pareja presidencial.

Y si bien todo ello es importante, lo que también hay que destacar es este proceso que combina, por un lado, corrupción e impunidad como reglas principales de la política y de la mayoría de los políticos y, por otro, la pretensión de cerrar el sistema político con una reforma electoral que en lugar de democratizarlo lo restringe aún más y se lo entrega a las organizaciones políticas que están involucradas en el negocio de la corrupción y de la impunidad. Dicho de otra manera, un sistema político mafioso, compuesto por clanes antes que por partidos, que se mueven en la más absoluta opacidad y hasta ilegalidad.

El dato, es que la crisis actual que comprometería seriamente al gobierno y a la pareja presidencial, bien puede apurar el nacimiento de este sistema político mafioso como una manera de poner fin a todos estos problemas. Y eso es, justamente, lo que buscan el aprismo, el fujimorismo y la derecha.

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Política

De poder a poder: confianza y reformas o nuevo Congreso

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César Villanueva

El presidente del Consejo de Ministros, César Villanueva, presentará esta mañana la cuestión de confianza para la ejecución de las reformas judicial y política que impulsa el gobierno, sin que el principal y mayor grupo parlamentario opositor, así como la pequeña representación de Acción Popular hayan decidido apoyarla o rechazarla, por lo que no se descarta un curso de colisión grave de poderes del Estado.

LA SUERTE ESTÁ ECHADA

Ayer la presidencia del Congreso no hizo pública su respuesta al oficio Nº 257- 2018- PCM- DPCM, mediante el cual Villanueva solicitó ser recibido mañana a las 8 de la mañana para sustentar la cuestión de confianza a fin de ejecutar “Los ejes 1 y 2 de la Política General de Gobierno, aprobada mediante Decreto Supremo Nº 056-2018-PCM sobre la integridad, lucha contra la corrupción y fortalecimiento institucional para la gobernabilidad, sustentados en los cuatro (4) Proyectos de Ley de Reforma Constitucional presentados por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República”.

En el documento, Villanueva enrostró al Congreso haber afectado grave e irrazonablemente a la política del Gobierno al no haber aprobado en 40 días ninguno de los proyectos y determinó que este es el segundo pedido de confianza del régimen y que no se encuentra comprendido en las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso.

Esto quiere decir que del lado del Gobierno prosigue su propósito de formalizar la cuestión de confianza y que, de ser negada, el Jefe del Estado quedará facultado para disolver el Congreso y convocar de inmediato a nuevas elecciones parlamentarias dentro de los cuatro meses siguientes.

Ante la prensa, el presidente del Poder Legislativo, Daniel Salaverry, dijo que invitó a Villanueva a asistir a la plenaria de mañana para que “explique” (no uso el verbo presentar) en el contexto del estado de sesión permanente en que se ha declarado el Congreso, con lo cual dejó de lado la convocatoria del Jefe del Estado a una “sesión extraordinaria”.

CORRELACIÓN DE FUERZAS

En términos de bancadas, cinco de las siete existentes, han anunciado que aprobarán el otorgamiento de confianza al Gobierno. Son las de Frente Amplio, Nuevo Perú, Partido Aprista, Alianza Para el Progreso y la oficialista Peruanos Por el Kambio, aunque esto no garantiza que el pedido de confianza sea atendido.

Y si a esto se añade el anuncio de que la bancada fujimorista acordó anoche respaldar la creación de la cámara de senadores y la no reelección de congresistas –dos temas desagradables para numerosos legisladores– es posible imaginar que el curso de colisión podría diluirse hacia un final positivo para el país.

FP Y AP EN VEREMOS

Sin embargo, la portavoz del grupo mayoritario fujimorista, Úsula Letona, declaró que su bancada decidirá su voto tras escuchar los argumentos de Villanueva, y Acción Popular tiene la misma posición.

También hay que tener en cuenta que sobre el referéndum solicitado por el gobierno para el 8 de diciembre, a fin de que sea la ciudadanía la que decida la reforma política, nadie de la oposición ha dicho esta boca es mía.

EL REGLAMENTO DEL CONGRESO

La sesión de hoy se regirá por el reglamento del Congreso, que tiene rango de ley. Villanueva acudirá acompañado de todo el gabinete ministerial y, luego de su exposición, su planteamiento podrá ser debatido en el acto o en una siguiente plenaria.

Sin embargo en este trance podrían surgir los problemas. Antes del debate, cualquier legislador, en particular de Fuerza Popular o de sus aliados, podría plantear una cuestión previa o una cuestión de orden, a fin de que el Congreso decida si, en aplicación del inciso 86 de su reglamento, la cuestión de confianza debe ser declarada improcedente.

Lo mismo podría ocurrir con el tema de si este es el segundo pedido de confianza del régimen iniciado el 28 de julio de 2016 o si es el primero del gobierno de Martín Vizcarra, aunque el sentido común dice que se trata de una sola administración, la elegida en 2016.Al respecto, la fujimorista Letona declaró ayer, con énfasis: “La cuestión de confianza que presentará mañana Villanueva es la primera del gobierno de Vizcarra, de acuerdo a los expertos. Pero esto se analizará también”. Del mismo criterio es el legislador aprista, aliado del fujimorismo, Mauricio Mulder.

En esta línea de confrontación, fundada en los 62 votos de Fuerza Popular y sus adherentes, la cuestión de confianza, puede ser declarada improcedente en mérito al reglamento del congreso o puede ser rehusada, sobre la base de que se trata de la primera del régimen de Vizcarra, y no implica la disolución del legislativo.

En uno u otro caso, se trataría de dos opciones de altísimo riesgo para los legisladores.

DISOLVER

Considerando que para el Gobierno está definido que se trata del segundo pedido de confianza y que no le son aplicables las causales de improcedencia del inciso 86 del reglamento del Congreso, las opciones negativas anotadas tendrían que ser asumidas como un rehusamiento a atender el pedido, con su consecuencia inmediata de la disolución del Parlamento y la convocatoria a elecciones congresales.

 

ELMER OLÓRTEGUI

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Política

Plantean cargos menores para “cuellos blancos”

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Oracio Pacori

El informe final del congresista Oracio Pacori sobre las denuncias por infracciones constitucionales y corrupción de funcionarios, contra el vocal supremo César Hinostroza y cuatro ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, solo habría hallado responsabilidad en ellos por los delitos de tráfico de influencias y negociación incompatible.

Trascendió que el documento exculpa a los denunciados César HinostrozaPariachi, Sergio Iván Noguera Ramos, César Guido Aguila Grados, Julio Gutiérrez Pebe y Orlando Velásquez Benites del cargo de infracción constitucional al artículo 143 de la Constitución y recomienda que la denuncia respectiva debe archivarse porque la norma constitucional supuestamente quebrantada se refiere a la organización del Poder Judicial y no hay elementos probatorios de su perjuicio.

Pacori plantea también archivar a favor de los denunciados, “la denuncia por delito de cohecho activo específico descrito en el Art. 398 del Código Penal puesto que sanciona al sujeto común y no a los altos funcionarios, por el ofrecimiento de algún medio corruptor a un magistrado u otros de carácter especial y regulados en dicho artículo”.

Según Pacori , “los denunciados sí han infringido gravemente otros artículos de la Constitución, además de la presunta comisión de diversos delitos, los mismos que requieren ser investigados”.

El legislador ponente entregó su informe a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento, solicitando a su presidente César Segura, de Fuerza Popular, programar de urgencia el debate y aprobación de su documento.

Segura dijo que eso se hará mañana o el viernes.

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Política

Aprueban reformas del CNM

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Comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento

Con 112 votos a favor, votación unánime, el Pleno del Parlamento aprobó anoche el proyecto de reforma constitucional para fortalecer la composición y funciones del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).

Antes del debate, los dictámenes fueron aprobados por las comisiones de Justicia y Constitución del Parlamento. La propuesta que prevaleció y se consolidó en un único texto sustitutorio fue la de Constitución presidida por la parlamentaria fujimorista Rosa Bartra. Así el texto final quedó listo para ser sometido a referéndum.

El texto sustitutorio cambia los artículos 154, 155 y 156 de la Constitución Política, que se refieren al Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Ahora pasa a llamarse Junta Nacional de Justicia (JNJ).

MERITOCRACIA

En el artículo 154, sobre las funciones de la Junta Nacional de Justicia, se establece que este organismo nombre, previo concurso público de méritos y evaluación personal, a los jueces y fiscales de todos los niveles.

La Junta Nacional de Justicia (JNJ)además ratificará, con voto público y motivado, a los jueces y fiscales de todos los niveles cada siete años. Asimismo, efectúa “conjuntamente con la Academia de la Magistratura la evaluación parcial del desempeño de los jueces y fiscales de todos los niveles cada tres años [y] seis meses”. Y en el punto 2 del artículo 154 dice: “Los no ratificados o destituidos no pueden reingresar al Poder Judicial ni al Ministerio Público”.

La JNJ aplica “la sanción de destitución a los jueces de la Corte Suprema y fiscales supremos; y, de oficio o a solicitud de la Corte Suprema o de la Junta de Fiscales Supremos, respectivamente, a los jueces y fiscales de todas las instancias”.

COMISIÓN DE ALTO NIVEL

El artículo 155 determina que la Junta Nacional de Justicia estará integrada por siete miembros titulares seleccionados por concurso público de méritos y por un período de cinco años. La reelección está prohibida.

El concurso público de méritos está a cargo de una comisión especial conformada por: el Defensor del Pueblo (quien la presidirá), el titular del Poder Judicial, el Fiscal de la Nación, el Presidente del Tribunal Constitucional y el Contralor.

Asimismo: un rector elegido en votación por los rectores de las universidades públicas licenciadas con más de 50 años de antigüedad, y un rector elegido en votación por los rectores de las universidades privadas licenciadas con más de 50 años de antigüedad.

Y en el artículo 156, sobre los requisitos para ser miembro de la JNJ, se establece que deben ser abogados que tengan una experiencia profesional no menor de 25 años o que hayan ejercido la cátedra universitaria por no menos de la misma cantidad de años o hayan ejercido la labor de investigador en materia jurídica por no menos de 15 años.

ALGO MÁS

Marisa Glave, legisladora de Nuevo Perú, destacó la aprobación de la reforma constitucional sobre el CNM. Sin embargo aseguró que su bancada planteó una cuestión previa para que no se excluya el equilibrio entre hombres y mujeres en la representación, pero fue rechazada. “69 congresistas votaron en contra. Solo 42 a favor. Seguiremos luchando por una democracia con paridad”, destacó Glave.

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