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El mundial de la impunidad y la corrupción

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¡Cada vez más cerca! Y no necesariamente de Rusia, sino del posible indulto a Alberto Fujimori. Los toques de pelota orientados a ese fin, vienen siendo dados con mucha más precisión y con mucho cálculo, no matemático, sino político.

La nueva re-conformación de la Comisión de Gracias Presidenciales, es un paso orientado a lograr la libertad a través del indulto humanitario que tanto persigue Kenji Fujimori. Un cambio que se da en medio de especulaciones sobre si el presidente Pedro Pablo Kuczynski  otorga, o no, el indulto.

Y para seguir alimentando esas especulaciones, las últimas declaraciones de PPK, afirma que no quiere “un nuevo Leguía”, y que por lo tanto, se están revisando las condiciones médicas del exdictador a fin de determinar si es posible otorgarle la gracia presidencial.

Mis amigos historiadores no podrán negar que comparar a ambos personajes dista abismalmente y que lo único compartido entre ambos es haber sido Presidentes del Perú y ser apresados. Eso no niega la dureza con la que Leguía gobernó y repatrió a personajes importantísimos como el Amauta Mariátegui. Pero mientras uno repatriaba, Fujimori ordenaba asesinar, delitos por los que ha sido condenado y cuya sentencia ha sido ratificada en todas las instancias judiciales y por ello cumple condena por crímenes de lesa humanidad, en una cárcel dorada. Leguía fue tratado de manera inhumana sin un cuerpo médico dedicado exclusivamente a su servicio, sin computadora, sin internet, sin twitter y sin las amplias concesiones que han motivado dos amplias movilizaciones de la sociedad civil. En fin, ojalá no nos hagan una mala jugada aquí.

Por otro lado, el día que enfrentábamos a Argentina en el estadio más simbólico e histórico de ese país, el fujimorismo volvió a hacer de las suyas en el Hemiciclo del Congreso de la República, donde aprovecha -en cada ocasión- “ser local” para salirse con la suya. Aprobaron una ley, ya bautizada como “la ley táper”, con la cual se minimiza las sanciones para quienes entreguen dádivas durante una campaña electoral. Lo que en pocas palabras es un elogio a la impunidad, al establecer que el infractor, no podrá ser excluido del proceso electoral inicial, solo si es reincidente. El candidato o candidata que viole la norma será multado con 30 Unidades Impositivas Tributarias (UIT),equivalente a más de S/ 120 mil. No se establece una sanción si incumple el pago. ¡Tápers a la vista!

El dictamen será sometido a segunda votación en un lapso mínimo de siete días, en cumplimiento del reglamento del Congreso. De ser aprobado -nuevamente- será aplicado en los comicios 2018, en los que participarían más de 100 mil candidatos para las elecciones regionales y municipales. ¿Qué otra atrocidad nos depara esta reforma electoral parcializada?

Pero aún hay más juegos que comentar. La escandalosa vinculación que investiga el Ministerio Público, a nueve funcionarios que ocuparon puestos estratégicos durante el segundo gobierno de Alan García, en el marco de la Operación Lava Jato, de los cuales 7 están involucrados tras recibir pagos mayores a US$10 millones de manos de Odebrecht (a través de la Banca Privada de Andorra). Dos de ellos tuvieron vinculación estrecha con Alan García. Pero García no sabía nada, dice.

Así mismo, la Comisión Lava Jato, citará a García y a Keiko Fujimori, para que puedan responder, sobre presuntos vínculos con la empresa brasileña Odebrecht, que como recordaremos, se encargó de pagar favores políticos, por la aproximada suma de 788 millones de dólares en 12 países de América Latina y África. En el Perú se entregaron, alrededor de 29 millones de dólares entre los años 2005 y 2014 como soborno a funcionarios peruanos. Un escándalo estratosférico a nivel regional y mundial.

Keiko Fujimori, cabe recordar, tiene tres investigaciones abiertas en el Ministerio Público. Dos en la Fiscalía de Lavado de Activos (Caso Joaquín Ramírez y financiamiento vía cocteles) y una en la 16° Fiscalía Penal, respecto a presuntos aportes fantasmas en el 2011. A ello se suma la investigación preliminar que acaba de abrir la Fiscalía por el caso “aumentar Keiko para 500 e eu fazer visita”.

AG, solo el por Twitter
Alan García hace uso de sus redes en la prensa, escribiendo columnas para convencernos, la Fiscalía decidió abrirle proceso por presuntamente encabezar una organización criminal. Consideran que hay indicios de la existencia de una red delictiva que desde el año 1991 blanquea bienes y dinero provenientes de crímenes de corrupción de funcionarios, con un líder y tres niveles de testaferros. El círculo se le va cerrando a García.

El país entero está jugando no solo la merecida clasificación al mundial, sino que también -diversos sectores de la sociedad civil organizada- libran una abierta batalla contra la impunidad, la injusticia y el macabro intento de re-escribir la historia por quienes operan a favor de la corrupción, violación de derechos humanos y lobbies. Un partido que nos debe convocar a los 30 millones de peruanos. ¡Sí se puede!

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Política

Toledo se salvaría

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Alejandro Toledo Manrique

Alejandro Toledo, expresidente de Perú y examigo de Maiman, se paseaba y bebía el mejor licor en los EEUU, como Pedro en su casa. Pero fue detenido y pasado mañana se verá su caso por el pedido de su extradición en Perú.

Sin embargo, si se comprueba que tiene doble nacionalidad o que ya renunció a la peruana por la norteamericana, el pedido de extradición se verá entrampado porque EEUU siempre defiende a sus connacionales.

Si no ha sucedido lo anterior, dependerá del cuadernillo de extradición presentado por el abogado sobre su caso y, al parecer, está mejor fundamentado y documentado.

De ser así, se habrán acabado las gollerías de las que gozaba. Y no solo él, también su esposa Eliane Karp y su suegra Eva Fernenbug, quienes estarían en la danza por Ecoteva.

DEPENDERÁ DEL CUADERNILLO

“El pago de la fianza va a depender mucho de la corte de los EEUU y del acervo documentario que haya presentado la Fiscalía para determinar la vinculación del delito por el cual está siendo investigado Toledo, que permita establecer una suerte de veracidad para el tribunal americano”, comentó el abogado Juan José Quispe del Instituto de Defensa Legal(IDL).

“Hay una posibilidad de que pagando una fianza podría (lo pongo en condicional) seguir su proceso en libertad, una caución bastante elevada que fácilmente la podría pagar con todo lo que se ha llevado”, precisó.

“Lo importante es que la Fiscalía ha hecho acopio de mayor información de su examigo Maiman y que ya está el pedido de homologación en el Poder Judicial, así como se hizo con el acuerdo con Odebrecht; cuando una persona se acoge a la colaboración eficaz, la Fiscalía, una vez que ha corroborado la información, ha llegado a un acuerdo, este tiene que ser validado por el Poder Judicial”, explicó.

“La Fiscalía tiene ese pedido o se lo va hacer al Poder Judicial, porque ha corroborado, ha comprobado, que toda la información que tiene y que le ha dado el examigo de Toledo, es cierta”, anotó.

NO SE DESCARTA LA CAUCIÓN

“Va a depender mucho de esta primera audiencia que va a tener Toledo… Yo no descartaría la caución, lo que seguramente su defensa va a solicitar al tribunal de los EEUU”, sostuvo.

“Si por delitos más graves ha habido caución, entonces por un delito de corrupción también pueden ponerle una caución. Podría librarla Toledo, pero todo está condicionado a lo que el abogado contratado por el Estado peruano presente ante el tribunal”, subrayó.

“Yo creo que en este caso se va a presentar un segundo pedido de extradición por Ecoteva, con pruebas mucho más fehacientes. En resumen, le está llegando la hora, pero este procedimiento demorará por lo menos un año en que podamos traer a Toledo”, afirmó.

¿LE LLEGÓ LA HORA?

“Pero, vuelvo a reiterar que le llegó la hora al señor Toledo. Pero, las cosas se podrían complicar si él demuestra la nacionalidad norteamericana. Eso sería grave para los fines de extradición, porque todos sabemos que EEUU protege a sus connacionales bastante fuerte”, advirtió.

“Y en ese sentido -agregó- sería un doble trabajo en caso Toledo pase a la nacionalidad americana. Vamos a ver ahora si nuestro expresidente sigue siendo peruano o ya es americano-peruano o ya renunció a la nacionalidad peruana. No lo sabemos”, declaró.

“En este procedimiento vamos a poder comprobar dos cosas: uno, si sigue siendo peruano o tiene ambas nacionalidades; y dos, si la Fiscalía se ha preocupado a través de conductos que establecen los medios procesales allá en el país y asociarla a un mayor acervo documentario concerniente a Toledo, con el cual se le está vinculando, y con la acusación de Ecoteva que debe sumarse a la anterior”, subrayó.

ALGO MÁS

“Solo así podemos pedir la extradición, en caso contrario, Toledo estaría fuera con una elevada caución”, dijo el jurista Quispe.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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Política

Fue detenido por recibir sobornos de Odebrecht

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Odebrecht

El expresidente peruano, Alejandro Toledo, fue detenido el martes 16 de julio por las autoridades estadounidenses, a solicitud de la Fiscalía de Perú que ha apelado a la cooperación internacional con la finalidad de facilitar su proceso de deportación.

Toledo, cuyo mandato abarcó el período 2001-2006, es señalado de recibir sobornos por el conocido caso de la empresa brasileña Odebrecht, que ha salpicado a mandatarios de toda la región, incluyendo a sus homólogos Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y el fallecido, Alan García.

LAVADO DE DINERO

La justicia peruana también señala a Toledo por los delitos de lavado de dinero a través de la creación de la empresa Ecoteva, con sede en Costa Rica y representada por su suegra, Eva Fernenbug, detalla Europa Press. En el caso también se señala a su esposa, Eliane Karp.

El exmandatario ha negado tales acusaciones y ha instado a presentar las pruebas que lo incriminan. Sin embargo, el testimonio de su amigo de infancia, el empresario israelí Josef Maiman, confirmó la intención de Toledo de crear el consorcio en una transacción calculada en 20 millones de dólares.

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Política

Pueblo quiere Congreso sin requisitoriados

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Congreso de la República del Perú

No se trata del levantamiento de la inmunidad para la detención o continuar con el juzgamiento de un congresista por los procesos iniciados antes de su elección. En tales casos, no se requiere pronunciamiento alguno de la Corte Suprema o del Congreso.

Actualmente, el procedimiento está a cargo del propio Congreso, poder del Estado que, de acuerdo a las estadísticas, rechaza la mayoría de las solicitudes de levantamiento de fuero parlamentario, como se ha observado en recientes casos escandalosos

“La primera de las reformas aprobadas impone una suerte de valla a la presencia de personajes corruptos en el Congreso en la medida que impide candidatear si hay una sentencia firme”, afirmó Carlos Monge, analista político.

“Allí había una primera valla. El tema de la inmunidad parlamentaria tiene que ver con la manera como el Congreso ha venido usando sus prerrogativas para protegerlo de acciones en curso sobre delitos que se han cometido antes de ser parlamentarios”, acentuó.

QUE NO SEA EL CONGRESO

“Como se sabe cuando hay una investigación abierta sobre un delito cometido fuera de la función parlamentaria el Poder Judicial no puede directamente investigar al congresista, sino que tiene que oficiar al propio Parlamento y el Parlamento a su Comisión de Ética para que decida si le levantan o no la inmunidad parlamentaria”, explicó.

“Como el Parlamento tiene la capacidad de decir que no, porque no le parece suficiente, está utilizando mecanismos de la inmunidad parlamentaria para convertirlo en un mecanismo de impunidad, de protección”, remarcó.

“La reforma que el Ejecutivo plantea es que ya no sea el propio Congreso el que decida si se le quita o no la inmunidad parlamentaria al congresista frente al requerimiento del Poder Judicial”, puntualizó.

“El planteamiento original era que sea la Corte Suprema o cualquier entidad que no sea el propio Congreso, porque allí hay conflicto manifiesto de intereses. Porque en la práctica se ha usado como un mecanismo para asegurar impunidad de los amigos de la mayoría”, denunció.

ESTO ES MUY IMPORTANTE

“Creo que esto es muy, muy importante porque hemos visto en estos años cómo la mayoría fujimorista, sobre todo, ha tenido la capacidad para proteger y dejar fuera de investigaciones judiciales a un grupo ya bastante grande de parlamentarios, que obviamente han cometido delitos de toda índole, incluidos delitos electorales a la hora de candidatear, falsificando documentos y datos. Es un tema absolutamente fundamental”, anotó.

“No está en juego en realidad, eso hay que aclararlo, la inmunidad parlamentaria. No está en juego que el parlamentario esté protegido de acusaciones debido a sus funciones parlamentarias, de que alguien quiera sacarlo del Parlamento por una discrepancia. Eso no está en juego”, deslindó.

“Eso hay que protegerlo, porque el parlamentario tiene que poder tener la confianza de legislar y fiscalizar, sin tener miedo de la venganza, de un particular o de un sector del Estado”, aclaró.

FUJIMORISMO Y EL CABALLAZO

“Lo que es inaceptable es que yo falsifiqué toda la información sobre mi educación a la hora de presentar mi documentación y ese es un delito cometido antes de ser elegido parlamentario; ahora puedo durante cinco años evadir la justicia, con el agravante de que la Comisión de Ética no me levante la inmunidad”, observó.

“Eso es lo que se quiere evitar dándole la decisión a un ente que no sea el Congreso y sea por ejemplo la Corte Suprema. Se comparte la preocupación de muchos, porque estamos a 16 y se supone que el día 25 se acaba la Legislatura. Quedan pendientes 2 o 3 reformas, que son complejas, que son importantes”, advirtió.

“Me da la impresión de que el fujimorismo está jugando con llegar a la última hora y llegar al límite para aprobar al caballazo cualquier cosa. Lo que falta ver, además, es cómo reacciona el presidente Vizcarra y el Ejecutivo frente a lo que se está aprobando”, indicó.

“Le dieron el voto de confianza, pero en la reforma de las primarias el Congreso ha reformado groseramente las propuestas. Los partidos registrados se la llevan fácil y los nuevos tienen que registrar votos de la ciudadanía. Eso es completamente inconstitucional; no se le puede poner vallas a los partidos nuevos”, analizó.

ALGO MÁS

¿Qué va hacer Vizcarra contra eso? Dirá ‘bueno, eso es lo que se ha podido conseguir’, o decir ‘se han burlado de la confianza’ y disolvería el Congreso o podría convocar a un referéndum para que la gente sea la que decida. Yo creo que este es el camino”, concluyó Monge.

 

FÉLIX GRIJALBA SATO

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