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El mito de la Reforma Institucional

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Gente caminando

Historiador e investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP).

Con la expresión “reforma institucional”, a la que también se refieren con “reformas de segunda generación” y recientemente con “el fin de las cuerdas separadas”, se quiere indicar que después de las reformas de estabilización y liberalización de la economía de los noventa (privatizaciones, reinserción en el mercado internacional, etc.), corresponde implementar aquellas reformas que optimicen el funcionamiento de las instituciones estatales:

La reingeniería organizacional de la administración pública, la profesionalización de la burocracia y su adecuación a un régimen laboral estandarizado, así como el fortalecimiento de los sectores de salud, educación, transporte y seguridad que son los que afectan directamente la vida de los ciudadanos.

Es decir, mientras que las “reformas de primera generación” crearon el entorno favorable a la inversión privada, el desarrollo empresarial y el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI), las de “segunda generación” favorecerían la calidad de vida de la población, cerrando la “brecha institucional” y acercándonos a las sociedades de clase media.

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¿POR QUÉ DEMORA TANTO?

Planteada la situación de esa manera, el problema se reduce a un asunto de “reforma” dentro del propio sistema, de manera que el “orden neoliberal” queda reguardado del cuestionamiento de sus presupuestos básicos. Evidentemente, estamos ante un “caramelo ideológico”, una “falsa consciencia”, permítanme el arcaísmo, que encubre el problema y justifica nuestra aversión a las innovaciones.

La pregunta que salta inmediatamente es, ¿por qué demora tanto implementar estas reformas?, ¿por qué los tecnócratas y neoliberales que controlaron el Estado durante el fujimorismo, no realizaron dichas reformas institucionales? ¿Y por qué los gobiernos del período posfujimorista, pese al crecimiento espectacular de los últimos años, tampoco lograron implementarlos?

Pues bien, a esta altura de los hechos, debería resultar evidente que dichas reformas no se implementarán, por lo menos en el corto plazo, y que la situación que estamos viviendo es la “manera neoliberal” de organizar la economía y la sociedad: fortalecimiento de aquellas instituciones funcionales a la estabilidad de la economía y al mundo de los negocios (las denominadas “islas de eficiencia”: MEF, BCRP, la SBS, etc.).

Mientras tanto, las instituciones vinculadas a los servicios sociales carecen de la infraestructura y de los recursos humanos necesarios para un funcionamiento profesional y eficiente. Y es que la reforma institucional implicaría la modificación del “esquema neoliberal”, en un punto en el que difícilmente harán concesiones: la política tributaria.

Vendedores ambulantes

TRIBUTACIÓN, LA CLAVE

Como sabemos, el Perú es uno de los países con la menor recaudación tributaria de América Latina: alrededor del 15% del PBI. Cualquier reforma tendrá que elevar la presión fiscal porque no hay reforma institucional sin caja.

Y es que, permítanme el defecto de historiador, la experiencia histórica señala que los países que lograron la modernización de sus instituciones son aquellos que construyeron un aparato fiscal capaz de recaudar impuestos del sector empresarial.[1]

En el Perú, los ideólogos neoliberales nos han convencido que la elevación tributaria ahuyenta las inversiones, por lo cual la reforma institucional se mantiene en la esfera de la retórica y es constantemente postergada la solución de los diversos problemas en educación, salud y seguridad que afectan a la ciudadanía e impiden nuestro afianzamiento como nación.

MODERNIDAD E INSTITUCIONALIDAD

De otro lado, existe una relación entre economía e institucionalidad sobre la cual es imprescindible detenernos: por lo general, los países que se constituyeron como naciones modernas son aquellos que modernizaron sus economías, es decir, que promovieron las manufacturas y tecnificaron sus agriculturas.

El Perú, en cambio, persiste en la exportación de materias primas y la mayoría de la población se emplea en el sector informal, en el que debemos incluir las actividades ilegales, como el contrabando y la minería ilícita. Difícilmente se pueden construir instituciones modernas sobre esta estructura económica y social.

La reforma institucional, entonces, no puede hacerse aisladamente. No existe experiencia histórica de naciones con instituciones sólidas, sin una economía relativamente industrializada y tecnificada, y sin un aparato fiscal capaz de recaudar los recursos necesarios para el funcionamiento eficiente del Estado. En este sentido, hablar de reformas de segunda generación, sin modernizar y formalizar, y sin elevar la recaudación fiscal, es un mito. (El Gran Angular).

[1] Tilly, Charles. Coerción, capital y los estados europeos: 990:1990. Madrid: Alianza Editorial, 1992.

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Política

Podrían pedir la disolución de Fuerza Popular

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Keiko Fujimori, fujimoristas Fuerza Popular

El Poder Judicial aceptó el pedido fiscal para incorporar a Fuerza Popular a las investigaciones por lavado de activos en el caso Cócteles. Próxima acusación del Ministerio Público podría solicitar la suspensión del partido y hasta su disolución.

El Poder Judicial decidió declarar fundado el requerimiento del Ministerio Público para incorporar a Fuerza Popular como persona jurídica en el proceso de investigación por el caso Cócteles, donde se habría cometido el delito de lavado de activos a partir de la recepción de dinero ilegal de la empresa brasileña Odebrecht.

Según la resolución del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado, el juez Víctor Zúñiga determinó aceptar el pedido fiscal por considerar que la organización política Fuerza Popular se encuentra conectada con el delito de lavado de activos a partir de la recepción del dinero ilegal.

La autoridad judicial indicó en el documento que, con la emisión de la resolución, no se afecta la democracia en el país en tanto las consecuencias que pudiera tener la persona jurídica no convierte a todos sus integrantes, miembros o votantes en responsables de lo que hayan podido realizar algunas personas, ya que de acuerdo a la Fiscalía “se instrumentalizó al partido político para satisfacer los fines delictivos de la organización criminal”.

La decisión del Poder Judicial de incorporar a Fuerza Popular en la investigación por lavado de activos podría traer como consecuencia que en la acusación fiscal el fiscal José Domingo Pérez se incluya el pedido de disolución de la persona jurídica, de acuerdo al artículo 105 del Código Penal. Otras consecuencias accesorias podrían ser eventualmente una suspensión temporal del partido político, o una multa que podría llegar hasta S/ 1 millón 260 mil.

Cabe recordar que la solicitud para incluir a Fuerza Popular en las investigaciones por lavado de activos fue presentada por el fiscal Pérez el 31 de julio, y se sustentó en Acuerdo Plenario 1-2017 en materia penal para sostener que “sí constituye una organización criminal en tanto los dirigentes se aparten del derecho y creen una organización criminal con estructura propia, con cobertura de la estructura partidaria”.

ACUSACIÓN ANTES DE FIN DE AÑO

A criterio del abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), Carlos Rivera, la acusación que debe presentar la Fiscalía podría darse incluso antes de fin de año, tomando en cuenta el tiempo que ya lleva la investigación y la acumulación de posibles medios probatorios.

“Ahora hay la obligación legal de la empresa y de sus funcionarios, porque están actuando de manera corporativa, de brindar toda la información que resta para que ocurra algo que va a ser importante que comience a ocurrir desde fines de este año e inicios del próximo: la formulación de las acusaciones”, afirmó en entrevista con Radio Nacional.

Rivera indicó que el tiempo de las investigaciones en promedio son dos años y que, aparte del caso de Toledo y el de Humala-Heredia donde ya está discutiendo la acusación, en el resto ameritaría que ya la fiscalía entre ya al terreno de cerrar la investigación y formular acusación. Eso ayudaría a colocar los casos en otra dimensión, en otra etapa procesal”, apuntó.

NUEVA PRISIÓN PREVENTIVA

En tanto, tras las declaraciones que el excongresista Daniel Salaverry y el empresario Antonio Camayo brindaron al Ministerio Público, a criterio del exmagistrado del Tribunal Constitucional, Fernando Calle, el fiscal Pérez podría solicitar nuevamente la prisión preventiva para Keiko Fujimori, ya que existirían “hechos nuevos”.

“Domingo Pérez ha cuestionado la decisión del TC respecto al caso de Keiko Fujimori. Yo le diría que pida la detención preventiva de nuevo porque hay hechos nuevos, porque aquí se está buscando ir al fondo” manifestó en entrevista con Radio Nacional.

Según lo afirmado por Calle, se podría pedir la prisión preventiva siempre y cuando no sea por hechos ya juzgados. Respecto a los testimonios aludidos por el exmagistrado, hay que indicar que el empresario automotriz e implicado en el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, Antonio Camayo, reafirmó el viernes ante el fiscal Pérez que utilizó el apelativo de Señora K para referirse a Keiko Fujimori en una conversación con el exjuez César Hinostroza.

Para Carlos Rivera, era claro que Camayo cumplía con un papel de bisagra y operador a la vez. “Es una persona con un vínculo directo y amical con personajes de Fuerza Popular o vinculados al partido, y juega como bisagra o puente con César Hinostroza para facilitar encuentros ilegales e indebidos y luego facilitar actos de corrupción”, señaló.

Por su parte, el expresidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, utilizó sus redes sociales para cuestionar cómo fue que Keiko Fujimori llegó a acceder a la agenda personal del expresidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, como afirmó el excongresista Daniel Salaverry al Equipo Especial Lava Jato. “La señora K ejerció su poder, desde el Congreso que controló, sin limitación legal y sin pudor. En ese sentido fue una alumna aplicada de su padre y Montesinos, agregó.

Como se recuerda, Salaverry relató que Keiko Fujimori le había entregado un sobre cerrado con documentos para que sea entregado al exfiscal de la Nación, Pedro Chávarry. Sin embargo, el sobre nunca llegó a su irregular destinatario y fue entregado por Salaverry a un equipo de fiscales.

 

José Alfredo Madueño

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Política

Queremos asegurar un país unido y con oportunidades para todos los peruanos

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Queremos asegurar un país unido y con oportunidades para todos los peruanos

Desde las alturas del distrito de Uchuraccay (Ayacucho), el primer ministro Vicente Zeballos reiteró sus disculpas por la ausencia del Estado durante varias décadas y acordó con autoridades y dirigentes “trabajar para sacar adelante proyectos de irrigación, conectividad y salud en beneficio de la población”.

“Desde aquí nos proponemos hacer nuestro mejor esfuerzo para tener un país unido, con equidad y oportunidades para todos. También la ciudadanía tiene que asumir un compromiso”, manifestó.

En diversas publicaciones de su cuenta oficial de Twitter, precisó que la principal tarea es “reconciliarnos y comprendernos”.

“Desde Uchuraccay podemos visualizar nuestro país y, como Gobierno, ratificar en honor a estos mártires del periodismo nuestro respeto y defensa irrestricta a la libertad de expresión”, agregó.

POBREZA EXTREMA

Zeballos llegó al distrito de Uchuraccay donde visitó el camposanto y santuario ecológico en honor a los mártires del periodismo, donde estuvo acompañado por el gobernador regional de Ayacucho, Carlos Rúa Carbajal.

Al igual que muchas poblaciones de la región, Uchuraccay fue una de las zonas más golpeadas por la violencia política en los años 80; sin embargo, un hecho en particular la puso en los ojos del país, el 26 de enero de 1983 asesinaron en sus tierras a ocho periodistas de diferentes medios nacionales.

Después de 33 años de ese acontecimiento, pareciera que ha superado todos sus problemas, logró convertirse en distrito el 2015 y el 11 de julio del mismo año cumplirá su primer aniversario de creación institucional como tal.

ALGO MÁS

Sin embargo, los problemas y dificultades para esta población persisten. Hasta la fecha no pudieron superar sus altos índices de pobreza extrema y desnutrición crónica infantil. Sin embargo, una luz de esperanza encendió el Premier Zeballos en el ahora distrito de Uchuraccay.

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Política

Vicente Zeballos viajará a Argentina

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Vicente Zeballos

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, representará al Perú en la ceremonia de transmisión de mando en la que asumirá funciones el presidente electo de Argentina, Alberto Fernández.

Según la resolución suprema 217-2019-PCM, publicada en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, se autoriza el viaje del jefe del Consejo de Ministros del 9 al 10 de diciembre.

El dispositivo establece que la asunción de mando presidencial a donde acudirá el titular del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, se desarrollará en la ciudad de Buenos Aires, el 10 de diciembre.

Los considerandos de la norma indican que el alto nivel de representación en dichos actos oficiales pone en manifiesto la importancia que el Perú otorga a su relación con Argentina.

De otro lado, mientras dure la ausencia del jefe del gabinete ministerial se hará cargo de su despacho el titular de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza-Cuadra.

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